Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 49.573-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos en un 50% peticionado por la Sra. Biondi Maria Luz. Costas por su orden.
2Intimar a la actora para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de pesos cuatrocientos cinco mil cincuenta y seis con 0,1/100 ($405.056,01) en concepto de la tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar el respectivo certificado de deuda (conf. Artículo 7 de la Ley N° 25.964).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-105418607-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 3 de Octubre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y el Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Expediente N° 49.573-I, caratulado “BIONDI MARIA LUZ s/ Incidente de Beneficio de Litigar sin Gastos”:
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 48/53 la recurrente solicita beneficio de litigar sin gastos con fundamento en la imposibilidad de afrontar los gastos del proceso judicial que se ha iniciado ante este Tribunal, en razón de ser jubilada y que sus ingresos le permiten vivir de modo austero y sin excedentes económicos.
Expresa que la tasa de actuación a ser abonada resulta desproporcionada en razón de los montos exorbitantes que se le reclaman en el expediente principal, y que el juzgamiento de las posibilidades económicas del solicitante no debe hacerse en forma abstracta, sino con especial referencia al proceso respecto del cual se pretende su otorgamiento.
Toda la situación que detalla, más la prueba que acompaña y la que ofrece, acreditan a su criterio, que carece de medios económicos para afrontar el gasto que requiere este proceso, por lo que solicita se haga lugar al beneficio exentivo establecido en el artículo 78 y concordantes del C.P.C.C.N.
Expone el derecho en el que sustenta su petición y ofrece prueba. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 57/69 se presenta y toma intervención el Fisco Nacional. A fs. 72 se tiene por agregada la prueba documental, informativa y testimonial acompañada y se eleva el presente a consideración de la Sala “A”.
III. Que es menester señalar que la petición de la recurrente se encuentra dirigida a obtener un beneficio que lo exima de abonar la tasa de actuación establecida por la Ley N.° 25.964. Dicho texto legal establece en su artículo 9 la exención del pago de la tasa de actuación a las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos.
Aquel beneficio —contemplado en el artículo 78 del C.P.C.C.N— es la franquicia que se concede a ciertos justiciables de actuar sin la obligación de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones incluidas en las costas, sea en forma definitiva o provisional.
Esta institución está contemplada para quienes —por insuficiencia de medios económicos— no estén en condiciones de afrontar el pago de los gastos que ocasiona la sustanciación de un proceso y reposa en la existencia de dos preceptos de raigambre constitucional, a saber: la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley (artículos 18 y 16 de la Constitución Nacional) y pretende asegurar la prestación del servicio de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes. (Cfr. C.S.J.N., “Siderman, Jose y otros c/ Nación Argentina y Provincia de Tucuman s/ daños y perjuicios”, 09/08/1988, entre otros). Como sostiene Couture, resulta evidente que la posibilidad de acceder a la justicia se vería frustrada si la ley privase de amparo a quienes no se encuentran en condiciones económicas de requerir a los jueces una decisión acerca del derecho que entienden los protege, asegurando la prestación de justicia a los pobres y a los ricos sin distinción (“Estudios de Derecho Procesal Civil”, T° I, pág. 114).
IV. Que es criterio de nuestro Alto Tribunal que la “Concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la convicción sobre la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas” (Conf. “Coihue S.R.L. c/ Provincia de Santa Cruz”, 11/06/2006).
Ello así toda vez que el legislador omitió hacer referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, pues este, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En definitiva, frente a cada situación concreta, el juzgador deberá efectuar un examen exhaustivo y pormenorizado de las probanzas acompañadas a fin de determinar si quien pide la exención carece de recursos o se encuentra en la imposibilidad de obtenerlos para hacer frente a los gastos que demanda la sustanciación del proceso. En particular, debe tenerse en cuenta que la circunstancia de ser propietario de bienes inmuebles o de un rodado no resulta determinante para excluir al interesado de la obtención del beneficio, sino que deben entenderse incluidos en la previsión normativa del artículo 78 del C.P.C.C.N., aquellos que no están en condiciones de solventar los gastos del juicio sin comprometer los de su propia subsistencia. En la misma dirección, no es necesario demostrar un estado de indigencia o insolvencia patrimonial absoluta, sino una situación económica que no permita afrontar los gastos del proceso (conf. Fallos 317:1020), más aún si para pagarlos resulta necesario que el litigante se desprende de ellos.
V. Que en ese contexto, corresponde analizar la prueba acompañada y producida en el presente incidente, con la finalidad de establecer si resulta procedente la concesión del beneficio solicitado. Mediante la prueba documental, la incidentista acredita su condición de jubilada y acompaña a tal efecto el recibo de haberes jubilatorios correspondiente al mes de noviembre de 2018 (vide fs. 41). Con respecto a los bienes, con las pruebas de informes dirigidas al Registro de la ´Propiedad Inmueble y al Registro de la Propiedad Automotor (vide fs. 42 y 43, respectivamente), la recurrente acredita no poseer bienes de su titularidad.
Asimismo, con los testimonios que adjunta (vide fs. 44/47), pretende aseverar la insuficiencia de recursos para afrontar el pago de la tasa de actuación.
Ello así, los elementos aportados para acreditar que se encuentra ante una situación de incapacidad de pago si bien no resultan contundentes para conceder el beneficio peticionado en su totalidad, dejan traslucir una situación precaria en la capacidad económica de la incidentista, por lo que teniendo en cuenta la circunstancias alegadas y demás constancias arrimadas a esta incidencia, corresponde otorgar el 50% del beneficio solicitado. Las costas se imponen en el orden causado.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzman.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos en un 50% peticionado por la Sra. Biondi Maria Luz. Costas por su orden.
2. Intimar a la actora para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de pesos cuatrocientos cinco mil cincuenta y seis con 0,1/100 ($405.056,01) en concepto de la tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar el respectivo certificado de deuda (conf. Artículo 7 de la Ley N° 25.964). Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el artículo 59 del RPTFN, por encontrarse vacante la Vocalía de la 3era Nominación.
Regístrese y notifíquese.-
Date: 2022.10.03 18:32:45 -03:00 Date: 2022.10.03 19:19:18 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.03 19:19:19 -03:00
Fin de la sentencia