Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121517
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.517, "Iborra, Lucas Javier contra Bistro S.A. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, admitió parcialmente la acción deducida, con costas a la demandada (v. fs. 438/465 vta.).
Se interpuso, por ésta, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 478/497 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Lucas Javier Iborra y condenó a Bistro S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de sueldo anual complementario, vacaciones, diferencias salariales, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 53 ter de la ley 11.653. Dispuso además que dicha suma devengaría intereses a la tasa pasiva digital que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días (v. fs. 438/465 vta.).
Por no mediar controversia sobre la existencia del contrato de trabajo, el a quo tuvo por cierto que el actor prestó servicios para la demandada, cumpliendo tareas de mozo de salón (art. 9.1., CCT 389/04) en el restaurante "Kansas Grill & Bar" situado en la localidad de Acassuso, que corresponde a la categoría "A". Luego se abocó a examinar los aspectos concernientes a la extensión del vínculo, jornada y remuneración sobre los que discreparon las partes (v. vered., fs. 438 vta. y 439).
I.1. En aras de despejar la disputada fecha de inicio de la relación, toda vez que el actor la situó el día 1 de marzo del año 2004, en tanto la demandada lo hizo el día 27 de abril del mismo año, el tribunal interviniente evaluó la prueba pericial contable (punto 3 del informe que daba cuenta que el señor Iborra estaba registrado con fecha 27 de abril de 2004) y los recibos de haberes, concluyendo que tales elementos de juicio carecían de respaldo en el libro previsto en el art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y, por ende, no resultaban idóneos para desvirtuar la operatividad del art. 39 de la ley 11.653 a los fines de acreditar la fecha de ingreso del trabajador (v. vered., fs. 439 y vta.).
A su vez, ponderó el instrumento agregado por la empleadora (v. fs. 121) y reconocido por la contraria (v. acta, fs. 298), correspondiente a la solicitud de empleo como camarero en el establecimiento accionado presentada por el actor el día 30 de marzo de 2004, en la que éste consignaba como probable fecha de inicio de la prestación laboral el día 31 de marzo de 2004. Ante ello, tuvo por demostrado que el accionante comenzó a cumplir su débito a favor de la demandada el día 1 de abril de 2004, cediendo así la presunción a favor de las afirmaciones contenidas en la demanda acerca del hecho que debió consignarse en la documentación laboral (v. vered., fs. 439 vta.).
I.2. En lo que respecta a la jornada cumplida, observó que el trabajador había denunciado que su desempeño se extendía de 11:30 a 17 hs. de lunes a viernes, y de 10:30 a 19:30 hs. los sábados y domingos, con un franco semanal rotativo, mientras que la demandada alegaba una prestación de servicios part time que alcanzaba ciento veintiocho horas mensuales, en algunos períodos de menor cantidad, en horarios rotativos con distinta extensión de acuerdo a las exigencias y en una jornada que se prolongaba de cuatro a siete horas con un franco durante una semana y dos a la siguiente (v. vered., fs. 440).
Señaló que el art. 8 del Convenio Colectivo 389/04 remite al régimen de jornada establecido por la ley 11.544 (art. 1) y por el art. 196 de la Ley de Contrato de Trabajo, el que fija un máximo de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, de modo que quien pretenda beneficiarse con una jornada reducida (media jornada, part time , etc.) o con trabajo extraordinario, en exceso de la jornada legal, tiene sobre sí la carga de la prueba. Señaló luego que por vía de remisión al art. 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, el citado convenio, en su art. 8.1., admite la reducción de la jornada máxima legal, disponiendo que pueden asignarse jornadas reducidas de entre cuatro y siete horas de tareas (v. vered., fs. cit.).
En ese marco, luego de analizar las declaraciones testimoniales brindadas en la causa, tuvo por verificado que el trabajador gozaba de un franco una semana y a la siguientes de dos, continuando de ese modo hasta la finalización del mes, lo que totalizaba seis francos al mes en forma rotativa. Puntualizó que los testigos habían sido contradictorios e imprecisos respecto del horario de trabajo, y que su evaluación debía efectuarse conjuntamente con la prueba pericial contable (v. fs. 325/332) de la que surgía la falta de exhibición de las planillas horarias. Sin perjuicio de ello, refirió que aquellas agregadas por la empleadora (v. fs. 336/360), evidenciaban discrepancias e inconsistencias, tales como que algunas daban cuenta que el señor Iborra había concurrido a laborar determinadas fechas y en otras figuraba que no había prestado servicios tales días, además de consignar mayor cantidad de francos mensuales (v. vered., fs. 440 vta./441 vta.).
Consideró que la demandada no logró probar que hubiera contratado al actor para desempeñar las tareas asignadas en jornada reducida (art. 375, CPCC) y que, si bien no resultaba exigible indicar el horario laboral en el libro previsto por el art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, tratándose en el caso del supuesto excepcional autorizado por el art. 8 del convenio colectivo aplicable, estaba a su cargo demostrar dicho extremo (v. vered., fs. 442).
Entendió que la actitud de la empleadora generaba a favor del trabajador la presunción prevista en el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque dentro de sus obligaciones se encuentra la de consignar la extensión del horario laboral (arts. 6, ley 11.544 y 52 inc. "g", LCT). Destacó que el principal debe aportar la prueba que desvirtúe los dichos del actor respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, convenios colectivos o laudo con fuerza de tal, o respecto a los datos que debe contener la documentación laboral cuando no es exhibida a requerimiento judicial o incumple las condiciones reglamentarias o legales y siempre que los hechos controvertidos se refieran a los datos que deben constar en esa documentación (v. vered., fs. cit.).
Adunó a lo expuesto que era el empleador quien se encontraba en mejores condiciones de acreditar la realidad de lo convenido, exhibiendo los instrumentos respectivos. Por mayoría de fundamentos, concluyó que debía tenerse por cierta la jornada en la extensión denunciada por el demandante (arts. 6, ley 11.544 y 52 y 55, LCT; v. vered., fs. 442 vta.).
I.3. Luego, juzgó que la mejor remuneración percibida por el dependiente correspondía al mes de marzo del año 2014 ($7.934,43). En cambio, consideró que el mejor salario devengado debía fijarse sobre la base de las horas laboradas el mes de noviembre de ese año; por lo tanto, según su categoría (mozo de salón, art. 9.1., CCT 389/04), la del establecimiento "A", el horario laboral, los francos e incrementos remunerativos y no remunerativos (conf. resol. 1.390/14), con más los adicionales correspondientes (arts. 11.3., 11.5. y 11.6., CCT 389/04) y en vista a que ese mes el accionante había prestado servicios por un total de 156,5 horas, lo que implicaba que laboró en exceso de la jornada prevista en el art. 8 del convenio aplicable, superando dos terceras partes de la habitual, tomando la remuneración de un trabajador de jornada completa (art. 92 ter, LCT), determinó su importe en la cantidad de $12.232,92 (v. vered., fs. 442 vta. y 443).
Sentado ello, sin perjuicio de tener por constatado que el señor Iborra poseía conocimiento de la prohibición respecto a las propinas, tuvo por acreditada su recepción y que alcanzaban el importe mensual de $5.000. A continuación, teniendo en cuenta la categoría, jornada, adicionales, escalas salariales informadas a fs. 375/424, recibos de sueldo agregados a la causa y la pericia contable, efectuó el cálculo de las diferencias derivadas del salario efectivamente percibido y el devengado de acuerdo a la cantidad de horas laboradas desde el mes de diciembre del año 2012 hasta el mes de diciembre del año 2014 (v. vered., fs. 443 vta./444 vta.).
I.4. Ya en la sentencia, habiéndose acreditado que el dependiente laboraba una jornada mayor a aquella por la cual se hallaba registrado y que por esa razón devengó una remuneración superior a la que efectivamente percibía, en tanto esos defectos registrales generaron una merma en su salario, concluyó que había resultado justificada su decisión de colocarse en situación de despido ante la injuria que le provocara la indebida registración y la deuda salarial (arts. 63, 74 y 242, LCT; v. sent., fs. 455 vta./456 vta.).
Sentado ello, dispuso el progreso de la multa contemplada en el art. 10 de la ley 24.013, por considerar que, aunque el actor no hubiera denunciado en la misiva intimatoria el verdadero monto de su salario, al individualizar la jornada y categoría, el demandado pudo verificar de acuerdo a la escala salarial vigente a esa época la cuantía del haber reclamado. Asimismo, y teniendo en cuenta que el distracto se produjo en el lapso previsto en el art. 15 de la citada ley, también admitió el progreso de la indemnización contenida en dicha norma (v. sent., fs. 460 y vta.).
Sin embargo, desestimó el reclamo por la sanción del art. 9 de la referida ley 24.013, en tanto consideró incumplido un recaudo imprescindible, cual es: el de denunciar la fecha exacta en que tuvo inicio el vínculo laboral. Agregó que tampoco distaba sustancialmente la fecha registrada (27 de abril de 2004) de aquella que se tuvo por verificada en autos (1 de abril de 2004; v. sent., fs. 460 vta. y 461).
Luego, toda vez que quedó demostrado que el empleador no dio íntegro cumplimiento a la obligación del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, hizo lugar a la sanción y a la entrega de los certificados contenidos en la citada norma (conf. art. 80 incs. 1, 2 y 3, LCT; v. sent., fs. 461/462 y 463 vta. y 464).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de las normas y la doctrina legal que identifica (v. fs. 478/497 vta.).
Impugna la interpretación realizada por el tribunal a quo sobre la jornada cumplida por el actor y la conclusión en orden al déficit registral afincado en tal motivo. Alega errónea atribución de la carga probatoria, señalando que el vínculo se encontraba registrado en los libros de la empresa.
Considera arbitrario el cálculo realizado en la sentencia para arribar a las diferencias salariales supuestamente adeudadas por la empleadora. Refiere que no se advierte ni surge expuesto cómo se estimaron tales importes, destacando la ausencia de respaldo en constancias objetivas de la causa.
Insiste en que estaba a cargo del actor demostrar la jornada invocada al demandar, lo que -aduce- en modo alguno consiguió con la prueba reunida en el proceso. Refiere que todos los testigos resultaron contradictorios e imprecisos al respecto.
Y aun situados en la hipótesis contraria, afirma haber satisfecho aquel imperativo, toda vez que la documentación laboral estuvo disponible para la perito contadora. Afirma que tales instrumentos no revelan las inconsistencias señaladas por los magistrados, por cuanto, en definitiva, ellos convergen en la idea de que el actor cumplía una jornada reducida.
Impugna además que se enmarcara al establecimiento dentro de la categoría "A", por cuanto no estaba controvertido en autos que "Kansas Grill & Bar" pertenece a la categoría "B", como lo establece el decreto 6.838/74. Refiere que tal categorización le causa perjuicio porque influye en la base tenida en cuenta para realizar el cómputo de los rubros salariales e indemnizatorios admitidos e implica un antecedente jurisprudencial que acepta una categoría distinta a la real y legalmente reconocida.
Se agravia del salario fijado por el juzgador como mejor remuneración devengada en el último año de relación en el mes de noviembre de 2014 (156,5 horas) y, por ende, de la estimación de las indemnizaciones que declaró procedentes.
Controvierte que se admitieran las multas previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013. Argumenta sobre la finalidad de la citada ley y aduce que en el caso no se verifican configurados los presupuestos previstos en dicha normativa.
Objeta lo resuelto en torno a la fecha de ingreso del actor. Postula que no resultan de aplicación al caso las presunciones de los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo. Expresa que la fecha de ingreso del trabajador (27 de abril de 2004) estaba debidamente registrada en sus libros laborales, conforme surge de la pericia contable y de sus recibos de sueldo.
Cuestiona que se admitiera la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y se lo condenara a entregar nuevos certificados. Entiende que su parte cumplió con la obligación contenida en la norma.
Objeta que se fijara en el pronunciamiento la tasa de interés pasiva digital. Refiere que tal decisión vulnera la doctrina sentada por este Tribunal en las causas que cita. Impugna también la imposición de las costas y los honorarios regulados al apoderado de la contraria y al perito contador. Aduce además que el total del importe fijado por las costas excede el tope del 25% de la condena.
III. El recurso prospera con el alcance que sigue.
III.1. Dejando a un lado el orden en que han sido expuestos los agravios, cabe analizar el vinculado a la fecha de ingreso del trabajador.
III.1.a. En mérito a la apreciación efectuada de la pericia contable (v. fs. 331), el tribunal de grado entendió que la información recabada por la experta sobre la fecha de ingreso del señor Iborra (27 de abril de 2004), se apoyaba en elementos (alta temprana y recibos de haberes) carentes de idoneidad para enervar la operatividad del art. 39 de la ley 11.653. No obstante, juzgó que lo manifestado por aquel en la solicitud de empleo presentada a la demandada el día 30 de marzo de 2004 en cuanto consignaba el día 31 de marzo de 2004 como fecha probable en la que podía iniciar la prestación de servicios, resultaba suficiente para tener por verificado el comienzo de su débito laboral a favor de la accionada desde el día 1 de abril de 2004, desvirtuando dicho instrumento la aplicación al caso de las presunciones a favor del trabajador (arts. 52 y 55, LCT y 39, ley 11.653; v. vered., fs. 439 y vta.).
III.1.b. La crítica que ensaya la recurrente en torno a esta definición resulta acertada.
Comparto la apreciación de la interesada en orden a que la definición de origen se exhibe apartada de los hechos determinantes de la presunción prevista en el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es: inexistencia del libro especial del art. 52 y/o negativa a exhibirlo frente al requerimiento de la autoridad administrativa o judicial, o del art. 39 de la ley 11.653.
Sin perjuicio de lo cual, el desvío del pronunciamiento queda patentizado ni bien se repara que la conclusión del judicante en este aspecto tampoco deriva de la apreciación de prueba alguna con virtualidad para desactivar la presunción legal examinada, desde que la decisión del a quo de fijar el comienzo de la relación laboral el día 1 de abril de 2004, exhibe como único sustento lo manifestado por el accionante al solicitar empleo a la demandada el día 30 de marzo de 2004. Surge evidente que el hecho de que el trabajador hubiera señalado en dicha presentación que estaría disponible para empezar a laborar desde el día siguiente (31 de marzo de 2004), no conduce, de por sí, a tener por acreditado el comienzo de la relación el día 1 de abril de 2004. De allí la absurdidad de la conclusión en pugna.
Por el contrario, habida cuenta que en el caso la demandada exhibió la documentación laboral, que según indicó la perito contadora era llevada en legal forma (v. pericia, fs. 330 vta. y 331), va de suyo, entonces, que la fecha de ingreso del accionante debe situarse el día 27 de abril de 2004 como consta en el registro de la demandada y en los recibos de sueldo suscriptos por el propio actor.
III.2. Sigue examinar el agravio referido a la jornada de trabajo.
III.2.a. Como sostiene la recurrente, el actor cimentó su reclamo en el cumplimiento de servicios encuadrables en la categoría de "camarero-mozo de salón a jornada completa", según la cual le correspondía percibir una remuneración superior a la abonada por su empleadora. De tal modo puso en crisis el encuadramiento del vínculo en los términos del art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo (v. demanda, fs. 40 vta.).
La cuestión a dilucidar estaba dada por determinar si las tareas prestadas por el trabajador como mozo en el restaurante "Kansas Grill & Bar" habían sido cumplidas en jornada completa o en horario reducido, conforme a lo alegado por cada parte.
Hallándose entonces controvertida la extensión de la jornada en exceso de la modalidad contractual prevista en el convenio de aplicación al caso (CCT 389/04), el tribunal de origen adjudicó a la demandada la carga de desvirtuar lo alegado por el accionante.
Como se indicó en el anterior apartado, surge del informe pericial que la demandada llevaba sus libros laborales en legal forma, sin que hubiera mediado en este aspecto, objeción de las partes. También es posible advertir que en su dictamen la experta detalló los salarios percibidos por el demandante durante los últimos dos años de relación laboral, coincidentes con los recibos de haberes cuyo importe respondía a la cantidad de horas cumplidas mensualmente según el valor horario del salario básico del convenio aplicable (con más los adicionales correspondientes) para la categoría profesional (mozo de salón) reconocida por ambas partes (v. pericia contable, fs. 325/332).
Luego, dadas las características propias de la actividad involucrada, la normativa del régimen convencional aplicable al caso (CCT 389/04), los términos de las respectivas postulaciones y los alcances de la pretensión aquí ventilada, surge clara la incorrecta atribución de la carga probatoria que llevó al tribunal de origen -por mayoría- a evaluar (y descalificar) los elementos de juicio obrantes en la causa.
En lugar de analizar si los elementos probatorios adquiridos en el curso del trámite (pericial contable, testimonial y documental) avalaban la tesis invocada al demandar, el órgano de grado tuvo por cierto los extremos allí argüidos con motivo de una defección probatoria endilgada a la contraparte.
En efecto, se observa la violación del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, en la medida que atribuyó a la emplazada la demostración de los extremos que incumbían a la contraria: la causa jurídica del reclamo.
Como fuera enunciado, el accionante puso en crisis la modalidad part time del trabajo cumplido -y la consecuente retribución- pretendiendo el reconocimiento de un encuadramiento disímil: mozo a jornada completa.
En este sentido, y sin abrir juicio acerca de su aplicación en el caso, he de recordar que esta Corte ha señalado que respecto de la determinación de la jornada de trabajo y horario de labor no opera la inversión de la carga de la prueba ni la presunción iuris tantum a favor de las afirmac
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