Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.166-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución Nº 759/2011 (DE ASAT) dictada en la Actuación SIGEA Nº 12042-2361-2006 – ADGA 1999- 439.859, mediante la cual se resolvió no hacer lugar a la devolución de la suma de $3.696,70 solicitada por la firma BLAISTEN S.A., en concepto de tasa de estadística, relativa al despacho de importación N° 162.017-9/94, del registro de la Aduana de Buenos Aires. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-131654994-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Noviembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “BLAISTEN S.A. c/D.G.A. s/Recurso de apelación ”, Expediente N° 30.166-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 5/6vta. se presenta por apoderado la firma BLAISTEN S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 759/2011 (DE ASAT) mediante la cual no se hizo lugar a la devolución de la suma de $3.696,70 en concepto de tasa de estadística relativa al DI N° 162.017-9/94. Plantea la nulidad de la resolución recurrida en virtud de que la tramitación de la Actuación se derivó a la División Registro de Importación, Secretaría de Procedimientos Técnicos, alterando el número de sumario y su radicación, sin intervención ni notificación de la parte. Expresa que no se dio cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 1037 inc. i) y j) y 1076 del CA. En ese orden de ideas, esgrime que once años después, un funcionario con insuficientes facultades rechazó la repetición por insuficiencia documental, cuando a la fecha de la operación dichos instrumentos habían sido admitidos por el servicio aduanero. Considera que tal circunstancia ha conculcado los derechos de propiedad y de defensa en juicio. Resalta que en la presente causa se ha omitido la agregación del Dictamen N° 2532/99. Advierte que la norma empleada para el rechazo de la devolución es el Acuerdo 91 CR ALADI suscripto el 10/10/1997; con lo cual, teniendo en cuenta que la operación data del año 1994, el ente aduanero hizo aplicación de legislación con efecto retroactivo. Pone de relieve que ha prescripto para la Aduana la oportunidad de objetar la documentación empleada, más cuando se ha acreditado en tiempo oportuno el extremo exigido para la repetición. Asegura que resulta inexplicable la resistencia del servicio aduanero a hacer lugar al reclamo y el desoír de la jurisprudencia de la CSJN que se ha pronunciado en forma favorable sobre la materia. Ofrece prueba y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 18/26 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todas y cada una de las argumentaciones vertidas por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Expone que la resolución apelada ha sido dictada conforme las facultades que derivan del art. 1020 del CA y de la Disposición AFIP N° 725/05. Afirma que de la lectura de los arts. 1 y 2 de la citada Disposición surge que el Jefe del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires se encuentra facultado para dictar los actos administrativos de alcance individual que resuelvan el procedimiento previsto en el art. 1020 del CA. Indica que la incorporación del sistema de informatización SIGEA solamente procedió a asignar un número a cada actuación administrativa pero que no alteró número de las mismas.
Arguye que la actora incurre en un error al referirse al Dictamen N° 2532/99 (DV DRTA), que no consta en las actuaciones administrativas. Subraya que a pesar de haberse intimado a la apelante a que acompañe la documentación pertinente, dicha parte no cumplió con lo dispuesto por la Resolución General ANA N° 3428/1996, que determina la forma en que debe iniciarse el procedimiento de repetición y la documentación que se debe acompañar. Rechaza el argumento relativo a que se ha empleado legislación con retroactividad. Da cuenta de que si bien las operaciones se documentaron en el año 1994, el Acuerdo 91 CR ALADI fue suscripto por nuestro país el 21/11/1988, es decir, con anterioridad a la fecha de oficialización del despacho en trato.
Describe que una vez iniciado el procedimiento de repetición a instancia de la actora, el servicio aduanero tiene la facultad de revisar las operaciones objeto de solicitud a fin de acceder o denegar el pedido; por ende, el planteo de prescripción resulta improcedente. Postula que la realidad de los hechos es la que surge de las actuaciones administrativas: la recurrente abonó sin cuestionamiento alguno la tasa de estadística del 10%, que ahora pretende repetir. Sostiene que el servicio aduanero no pudo verificar si a las mercaderías importadas le correspondía la preferencia invocada por no contar con la documentación complementaria: certificado de origen, factura comercial y conocimiento de embarque.
Destaca que el régimen especial y de excepción que es el goce de la preferencia arancelaria y la reducción de la tasa de estadística están subordinadas a la acreditación correcta del origen de la mercadería mediante el certificado de origen. Se refiere a la finalidad de tal documento como requisito indispensable para acreditar el origen zonal de la mercadería y que su incumplimiento implica tener por no acreditado el origen, debiendo tributar conforme el régimen general. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 35 se declara la causa de puro derecho. A fs. 38 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 39 se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12042-2361-2006 – ADGA 1999-439.859 se inicia en fecha 21/10/1999 con la solicitud de devolución de importes percibidos indebidamente en concepto de tributos a la importación peticionada por la firma BLAISTEN S.A. respecto del DI Nº 162.017-9/94 por la suma de $3.696,70, oficializado ante la Aduana de Buenos Aires el 11/08/1994. A fs. 11 la solicitante funda el pedido de repetición y acompaña copia del DI referenciado (fs. 6/9). A fs. 37 luce la Nota N° 2336/07 (SE RECR). A fs. 38/41 se agrega copia certificada del DI N° 162.017-9/94. A fs. 42 la Nota N° 480/07 –DVDEAD informa que la papelería del DI año 94 ha superado el plazo precaucional de conservación. A fs. 45 y 47 constan las Notas N° 682/08 (SE COCP) y N° 772/08 (Ramo 5). A fs. 51 se intima a la firma importadora a que acompañe copia de la documentación complementaria correspondiente al DI referenciado, a saber: factura comercial, documento de transporte, certificado de origen. A fs. 54 la firma contesta el requerimiento y manifiesta que han caducado las obligaciones fiscales de guarda de documentación. A fs. 56 la Div. Verificación manifiesta la imposibilidad de reconstruir la documentación complementaria de la destinación en trato sin que se agregue fotocopias simples de la misma. Por tal razón, no puede manifestar su conformidad con la devolución interpuesta. A fs. 60 y 62 se glosan las Notas N° 3190/2010 (DV CEDI) y N° 2541/10 (DV DRTA). A fs. 64/65, el 19/11/2011 se dicta la Resolución N° 759/2011 (DE ASAT).
V. Que en cuanto a la nulidad invocada por la recurrente, genéricamente, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad debe existir un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, a fin de que pueda tener lugar la anulación de lo actuado (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Que en este entendimiento, cabe destacar que la derivación a los departamentos técnicos aduaneros no implica un vicio en el procedimiento, no habiendo acreditado la recurrente las defensas de las cuales se habría privado de oponer, que pudieren tornar el acto en nulo.
Que en razón de ello, no corresponde hacer lugar a la nulidad solicitada, no correspondiendo imposición de costas al respecto, de acuerdo al modo en que se resuelve la cuestión.
VI. Que la actora documentó mediante el despacho de importación N° 162.017-9/94, la importación para consumo de mercadería que declaró originaria y procedente de Brasil.
Que la importadora liquidó y pagó la tasa de estadística, aplicando la alícuota establecida por el Decreto Nº 1998/92, que fijaba aquélla en un 10% y, con posterioridad, solicitó la devolución de la diferencia pagada, según su criterio, en demasía, argumentando que la alícuota correspondiente era la del 3% establecida en el ACE Nº 14. Dicho pedido fue rechazado por el servicio aduanero en atención a que no se acompañó la documental complementaria que acredite el origen de la mercadería.
Que, al respecto, la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero informó que toda vez que la documentación complementaria necesaria para efectuar el análisis –esto es: factura comercial, certificado de origen, conocimiento de embarque– no pudo ser agregada así como tampoco fue aportada por el administrado, no resultaba posible expedirse respecto de la aplicación del régimen invocado. Por ello, en opinión del servicio jurídico no correspondía hacer lugar a lo peticionado (fs. 62 act. adm.). En dicho sentido, la Aduana entendió que resultaba procedente la aplicación de la alícuota del 10% en concepto de tasa de estadística prevista en el Decreto Nº 1998/92, que se encontraba vigente al momento del registro de la operación de importación.
Que, cabe destacar, que en la copia del despacho importación en cuestión, se consigna “AAP/ACE 14… según certificado adjunto” en alusión al certificado de origen, empero, tal documento no se encuentra agregado a las actuaciones administrativas ni a estos autos.
VII. Que la actora no ha aportado prueba a estos autos que permitan examinar la correspondencia o no del porcentaje de alícuota en concepto de tasa de estadística.
Que, en efecto, cabe recordar que rigen las disposiciones del AAP.CE N° 14 y, en particular, de su Anexo V -Régimen de Origen-, modificado, a la fecha de la operación en trato, por el Decimoséptimo Protocolo Adicional -que comenzó a regir desde la fecha de su suscripción, el día 4/5/1993- norma que con carácter específico regula el origen de las mercaderías importadas al amparo de dicho Acuerdo, sin perjuicio de lo que al respecto también regula la resolución CR Nº 78/87, “Régimen General de Origen para la Asociación Latinoamericana de Integración”, de la ALADI -cuyo texto fuera posteriormente consolidado y ordenado por la Resolución CR N° 252/99-, que reviste carácter supletorio. Que dicho Acuerdo dispone que para que la importación de los productos incluidos en él puedan beneficiarse de las reducciones de gravámenes y restricciones otorgadas entre sí por los Estados signatarios, deberá constar una declaración que acredite el cumplimiento de los requisitos de origen, declaración que será expedida por el productor final o el exportador y certificada por una repartición oficial o entidad gremial con personalidad jurídica, habilitada por el Gobierno del país exportador. A continuación establece que los certificados de origen emitidos tendrán plazo de validez de 180 días, a contar desde la fecha de su expedición (arts. 10 a 12 del Anexo V del AAP.CE n° 14). Igual disposición contiene el art. 7°, párrafo 3º, de la resolución CR Nº 78/87 de la ALADI, al decir que los certificados tendrán plazo de validez de 180 días, a contar desde la fecha de certificación por el órgano o entidad competente del país exportador. Que, el Decimoséptimo Protocolo Adicional al AAP.CE Nº 14, en su capítulo II "De las solicitudes de certificado de origen", art. quinto, establece: "Las solicitudes de certificación de origen deberán estar precedidas por una declaración jurada u otro instrumento jurídico de efecto equivalente (…) la cual deberá indicar las características y componentes del producto y los procesos de su elaboración, conteniendo como mínimo los siguientes requisitos básicos: a) nombre de la empresa o razón social, b) domicilio legal, c) denominación del producto a exportar, d) valor FOB y e) elementos demostrativos de los componentes del producto”.
Que, por su parte la Resolución 2114/94 de la A.N.A., Anexo XII “B”, determina que dichos instrumentos deberán reunir los siguientes requisitos; a) el formulario sea del tipo que esté vigente, b) la entidad otorgante esté autorizada para ello, c) se haya presentado por duplicado u original y fotocopia, d) las normas de origen sean las correspondientes al Acuerdo, e) la posición arancelaria esté indicada, f) coincidan el número de factura comercial establecido en el certificado y el de la que se agregue al despacho, g) en los casos de mercaderías que estén sujetas a requisitos específicos de origen, conste tal circunstancia en el respectivo Certificado de Origen.
Que a los fines de examinar si la mercadería se encontraba al momento de su oficialización amparada por la normativa precitada, resulta necesaria la documental pertinente a tal efecto, a fin de evaluar si se cumplen con los requisitos de validez establecidos. Tal como quedó expuesto, no se encuentran agregados el correspondiente certificado de origen, ni la factura comercial, como así tampoco, el conocimiento de embarque del país proveedor.
Que, en dicho sentido, la recurrente no ha aportado ni produjo prueba ante esta instancia que permita demostrar el origen de la mercadería en trato.
Que la importadora se agravia por cuanto se encontraba precluida la posibilidad del Fisco para objetar el certificado de origen. Al respecto, al momento de realizarse las operaciones se ha pagado a satisfacción del criterio aduanero, por lo que, inversamente, lejos de objetarse la documentación, la misma resulta necesaria a los efectos de la devolución de los conceptos que se intentan repetir.
Que rige en la materia el principio de indisponibilidad del crédito fiscal prohíbe “que por razones de oportunidad o conveniencia, los organismos recaudadores y el Poder Ejecutivo, en general, no cobren el tributo legislativamente creado. De ese modo, están imposibilitados de conferir perdones, rebajas o moratorias, excepto que su posibilidad esté prevista en la ley. También el principio se refiere a que los jueces y tribunales no deben resolver en contra del Fisco, sin planteo concreto de los interesados” (García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, Tomo I, ps. 504/505, 3ª edición, LexisNexis, Buenos Aires, 2007).
Que en razón de ello, corresponde confirmar el decisorio aduanero, atento a que no se ha contado con la documentación pertinente, ni se han producido pruebas al respecto, que permitan demostrar fehacientemente el origen de las mercaderías en trato, a los efectos de la devolución de capital en concepto de tasa de estadística fundada en un régimen preferencial que así lo exige.
VIII. Que en razón de las particularidades del caso, y atención a que se resuelve por la imposibilidad de compulsar la documental pertinente, cuya ausencia podría deberse a la dilación en el tiempo del procedimiento administrativo en cuestión, propicio que las costas sean dispuestas por su orden. Sobre las facultades del Tribunal en relación a la forma de imposición de costas, corresponde remitirse a los fundamentos de los votos de la mayoría en la sentencia de la Sala “E” de este T.F.N. en la causa Nº 10.694-A “Molinos Río de la Plata”, de fecha 16/11/00.
Por ello, VOTO POR:
Confirmar la Resolución Nº 759/2011 (DE ASAT) dictada en la Actuación SIGEA Nº 12042-2361-2006 – ADGA 1999- 439.859, mediante la cual se resolvió no hacer lugar a la devolución de la suma de $3.696,70 solicitada por la firma BLAISTEN S.A., en concepto de tasa de estadística, relativa al despacho de importación N° 162.017-9/94, del registro de la Aduana de Buenos Aires. Costas por su orden.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
Confirmar la Resolución Nº 759/2011 (DE ASAT) dictada en la Actuación SIGEA Nº 12042-2361-2006 – ADGA 1999- 439.859, mediante la cual se resolvió no hacer lugar a la devolución de la suma de $3.696,70 solicitada por la firma BLAISTEN S.A., en concepto de tasa de estadística, relativa al despacho de importación N° 162.017-9/94, del registro de la Aduana de Buenos Aires. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2025.11.27 10:56:34 ART Date: 2025.11.27 18:18:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.27 19:35:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.27 19:35:56 -03:00
Fin de la sentencia