Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 33.673-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 3793/2013 (DE PRLA) dictada en la Actuación N° N° 12072-2076-2005 y, por ende, los Cargos FI Nº 562/05 y 563/05. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-113676434-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Octubre de 2022 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “BLANCANUEZ S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 33.673-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Llegan a conocimiento del Tribunal estas actuaciones con motivo del recurso de apelación interpuesto por la firma BLANCANUEZ S.A. contra la Resolución Nº 3793/2013 (DE PRLA), que rechaza la impugnación impetrada y confirma los Cargos formulados en concepto de diferencias de IVA, en relación a los D.I. Nros. 03 001 IC05 032891 Y y 03 001 IC05 033515 X.
II. A fs. 8/18 la firma actora relata que al oficializar los despachos de importación, la alícuota del Impuesto al Valor Agregado fue determinada automáticamente por el SIM y procedió a abonar las sumas que se le indicaron en cada caso. Sostiene que las nueces, almendras y avellanas con cáscara constituyen un subtipo de fruta fresca y les correspondía, por lo tanto, la alícuota de IVA con valor recudido (10,5%), es decir, se encontraban incluidas en el tratamiento impositivo previsto en el art. 28, cuarto párrafo, inc. a) punto 3 de la Ley del Impuesto al valor Agregado. Indica que la Nota Nº 172/05, en que se fundan los cargos, constituye una modificación en la interpretación del art. 28 de la ley del IVA y se dictó con posterioridad a las operaciones en trato, por lo que no corresponde su aplicación de forma retroactiva. Finalmente, resalta que la resolución aquí apelada fue dictada sin contar con el dictamen jurídico correspondiente, por lo que resulta nula.
III. A fs. 27/32 la representación fiscal, en su responde, señala que las operaciones analizadas consisten en importaciones de fruta seca, a las cuales les resulta aplicable la alícuota general del IVA del 21% y no la reducción especial establecida del 10,5%, por cuanto la misma es solo aplicable la fruta fresca. Se refiere al análisis de la cuestión efectuado por la Dirección de Asesoría Técnica. Niega que el reajuste de alícuota haya vulnerado los derechos adquiridos de la actora. Sostiene que no se trata de la aplicación retroactiva de una norma, sino de hacer cumplir de manera correcta la normativa vigente en la fecha de registro.
IV. A fs. 44 se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala G, que los pasa a sentencia a fs. 50.
V. La Actuación N° 12072-2076-2005 se inicia con la emisión de los Cargos FI Nº 562/05 y 563/05 obrantes a fs. 1/18 y correspondiente notificación a fs. 20. A fs. 21/34 obra la impugnación interpuesta por Blancanuez S.A. contra los cargos formulados. A fs. 66 obra la carpeta del D.I. Nº 03 001 IC05 032891 Y y a fs. 69 la carpeta del D.I. Nº 03 001 IC05 033515 X. A fs. 71/71vta. se tiene por deducida la impugnación y se provee la prueba ofrecida. A fs. 74 se dá por decaído el derecho a producir la prueba ofrecida atento la inactividad de la impugnante y el tiempo transcurrido. A fs. 79/81 obra Opinión de la Dirección de Asesoría Técnica. A fs. 84/85 se agrega la Nota Nº 007/13 (SE INAG) de la División Bienes Intermedios y de Consumo. A fs. 89/91 se dicta la Resolución Nº 3793/2013 (DE PRLA), apelada en autos.
VI. En primer término corresponde rechazar el agravio de la actora en relación a la nulidad de la resolución, planteado con fundamento en la falta de emisión de dictamen jurídico previo al dictado de la misma en razón de que quien suscribe la resolución apelada, es abogado y en este sentido el art. 1040 del C.A. dispone que es requisito necesario el dictamen jurídico cuando administrador (funcionario competente para resolver la cuestión cfme. art. 1023 del CA), no fuere abogado. Por ello corresponde rechazar la nulidad opuesta.
VII. La cuestión de fondo radica en determinar si las almendras y las avellanas con cáscara, importadas mediante los despachos cuestionados, deben tributar la alícuota reducida de 10,5% prevista por el art. 28 de la ley de IVA, o bien, la general del 21%.
La actora documentó mediante el D.I. Nº 03 001 IC05 032891 Y, la importación de 20.412 kg de almendras con cáscara de la P.A. 0802.11.00.900P (“Las demás- Con Cáscara- Almendras: LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O MONDADOS”).
Asimismo, mediante el D.I. Nº 03 001 IC05 033515 X, documentó la importación, en el ítem 1, de 9.979,20 kg. de avellanas con cáscara de la P.A 0802.21.00.900D (“Las demás- Con cáscara- Avellanas (Corylus spp.): LOS DEMÁS FRUTOS DE CÁSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CÁSCARA O MONDADOS”).
Al momento de oficializar las destinaciones, la actora tributó el 10,5% en concepto de IVA (además de 0,43% de IVA Ad.), por considerar aplicable la reducción de la alícuota prevista en el punto 3, párrafo cuarto, del art. 28 de la Ley del Impuesto al valor Agregado (t.o. 1997), que señala: “Estarán alcanzados por una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida en el primer párrafo: … 3. Frutas, legumbres y hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas, que no hayan sido sometidas a procesos que impliquen una verdadera cocción o elaboración que los constituya en un preparado del producto”.
La recurrente sostiene que las nueces, almendras y avellanas son frutas secas que constituyen un subtipo de las frutas frescas y por ello, encuadran en la norma mencionada, agregando además que al oficializar las destinaciones, el SIM aplicó automáticamente el IVA con la reducción señalada.
VIII. Así las cosas, conviene recordar que el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284 y su Decreto Reglamentario Nº 2126/71) en el artículo 887 define el concepto de “Fruta” y la clasifica en fresca, seca, desecada y deshidratada. Dice que: “Se entiende por fruta destinada al consumo, el fruto maduro procedente de la fructificación de una planta sana". A su vez, define a la fruta fresca como: “la que habiendo alcanzado su madurez fisiológica, de acuerdo al Art. 887 bis, presenta las características organolépticas adecuadas para su consumo al estado natural. Se hace extensiva esta denominación a las que reuniendo las condiciones citadas se han preservado en cámaras frigoríficas". Respecto de la fruta seca dice que: “Es aquella que presenta, en su estado natural de maduración un contenido de humedad tal, que permite su conservación sin necesidad de un tratamiento especial. Se presentan con endocarpio más o menos lignificados, siendo la semilla la parte comestible (nuez, avellana, almendra, castaña, pistacho, entre otras)", y luego define los conceptos de fruta desecada y fruta deshidratada.
Además, el Código Alimentario Argentino clasifica a las frutas secas como un tipo dentro del concepto general de frutas y las regula -en forma específica- en los arts. 894 al 903 bis del citado plexo normativo. Contrariamente a lo sostenido por la actora, no se observa que en el C.A.A. se clasifiquen a las frutas secas como un subtipo de las frutas frescas, sino que aquellas tienen una regulación propia.
En atención a lo reseñado, no corresponde aplicar a las almendras y avellanas con cáscara la reducción de la alícuota de IVA.
IX. Corresponde analizar ahora el agravio de la actora respecto a que la alícuota reducida del IVA fue determinada automáticamente por el SIM, sin que el importador ni el despachante de aduana, tuvieran la capacidad de modificarla con carácter previo a su despacho a plaza, señalando asimismo que la AFIP pretendió aplicar retroactivamente los criterios resueltos, con posterioridad a la oficialización del despacho.
X. En las condiciones reseñadas, la primera de las cuestiones a abordar en el sub examine se refiere a la prohibición del venire contra factum proprium, aplicable a la Administración en aquellos casos en los cuales pretenda contradecir su conducta.
XI. Evidentemente, se presenta una antinomia entre distintos principios aplicables que deben ser ponderados en el caso en concreto a fin de lograr una decisión que armonice prudencialmente los distintos intereses involucrados. En ese marco de comprensión, no puede pasar desapercibido que, proteger la posición de un administrado que obtuvo una ventaja a partir del yerro del accionar administrativo, traduciría una desproporción del reparto de las cargas públicas en función de los mandatos establecidos por el legislador. Así las cosas, si bien la entidad de la conducta administrativa puede tener relevancia jurídica, no es menos cierto que no puede hacer sucumbir el principio de juridicidad. No en vano es propio de las prerrogativas exorbitantes administrativas la posibilidad de ir contra sus propios actos y revocar sus actos ilícitos en su propia sede cuando el destinatario del acto conoció su irregularidad. Solamente los actos administrativos dictados en ejercicio de facultades materialmente jurisdiccionales pueden sustraerse de los efectos de una revisión de su legalidad a posteriori. Es que, en efecto, aun los actos administrativos firmes y consentidos son susceptibles de ser revisados, excepto que el legislador expresamente cohíba su revisión a posteriori como en el caso de los ajustes tributarios que resultan precedidos de una determinación de oficio.
XII. Desde esta óptica, no encuentro óbice para que el ente administrativo pueda desentenderse de lo actuado previamente si, finalmente, el obligado tributario terminó cumpliendo su obligación en una medida inferior a la que demandaba el régimen jurídico aplicable. Tengo para mí que, por el contrario, existe la necesidad de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad. En definitiva, como ya he señalado, no está en discusión que el impuesto se determinó sobre una alícuota que no correspondía.
XIII. Tal enfoque de la cuestión, no desatiende el derecho que asiste a los administrados a la protección de su confianza legítima, aspecto éste que ha preocupado inicialmente a la doctrina administrativista y que, por cierto, últimamente también ha sido objeto de tratamiento por la doctrina tributaria. La formulación del principio de confianza legítima parte del caso de la “viuda de Berlín” en el que, a la afectada, se le exigía la devolución de las sumas de su pensión percibidas indebidamente pero de buena fe debido a la información oficial equivocada que se le había proporcionado. En el caso que la falta de servicio de la autoridad administrativa hubiera generado una expectativa que resultara frustrada, el camino adecuado sería la iniciación de una acción de responsabilidad del estado por los eventuales daños acaecidos, pero no puede predicarse de esa situación el mantenimiento de una situación absolutamente irregular. En definitiva, no debe olvidarse que, el mantenimiento o protección de un beneficio conseguido al margen de la disposiciones vigentes, implica un quebrantamiento de las reglas de la justicia distributiva y, en particular, de la regla constitucional que impone la igualad ante las cargas públicas, como también del principio de legalidad, acentuado en el campo tributario por la vigencia del principio de reserva de ley, que impide a la administración la creación de situaciones jurídicas que no fueron previstas por el legislador al tiempo de instituir la gabela, ya que frente a la vigencia irrestricta del principio de reserva a los fines del pago del tributo según la ley, es imposible que esa regla sea pospuesta en función de la confianza que pudo tener el interesado frente al actuar erróneo de los funcionarios cuando fueran contrarios a las previsiones del legislador.
XIV. En esta inteligencia del asunto, se ha expresado que “La doctrina del venire contra factum proprium non valet no puede vincular a la Administración cuando la conducta precedente no se ajusta a la ley imperativa aplicable al caso, ya que la tutela de las expectativas generadas en los administrados no puede primar sobre el principio de legalidad al que se encuentra sometida la actividad del Estado” (del voto de la Jueza Elena Highton de Nolasco in re "Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/EN - PJN y otro s/amparo ley 16.986” - CAF 011174/2020/1/RS00103/11/2020).
XV. En ese orden de ideas, procede recordar que es regla elemental de hermenéutica jurídica la que aconseja que, frente a distintos criterios de interpretación posibles, se privilegie aquel que permite armonizar la norma en cuestión con el orden jurídico restante y con las previsiones de la Constitución Nacional.
XVI. Sin perjuicio de lo anterior, es menester tratar la incidencia que tiene la conocida doctrina del efecto liberatorio del pago. Al respecto, es necesario hacer notar que su aplicación en la materia tributaria resulta circunscripta a dos casos específicos: a) Cuando se pretende aplicar un tributo con efecto retroactivo y el contribuyente ya ha cumplido con la prestación tributaria sobre la base de la legislación vigente al tiempo de la efectiva cancelación y b) Cuando la diferencia que se reclama proviene de un error determinativo del ente fiscal o de la rectificación de criterios interpretativos de las normas aplicables. Si bien en este último caso no estamos ante un acto de naturaleza jurisdiccional que pudiere encontrarse amparo por la cosa juzgada material, lo cierto es que, por razones de política legislativa, se pondera que debe privilegiarse, en ese caso específico, la estabilidad del acto administrativo determinativo de la obligación fiscal.
Las conclusiones referidas surgen de la doctrina establecida por la jurisprudencia de la Corte en los Fallos "Don Pedro Ordoqui. Su sucesión" (Fallos: 151:103); "Don Manuel Manrique y otros contra la Provincia de Buenos Aires, sobre devolución de dinero -Impuesto a la herencia-" (Fallos: 152:268); "Don Ignacio Guillermo Parera contra la Provincia de Buenos Aires, por inconstitucionalidad del impuesto a la herencia" (Fallos: 161:270); "Sociedad Anónima Luis Magnasco y Compañía contra la Provincia de Buenos Aires, sobre devolución de sumas pagadas por contribución territorial" (Fallos: 167:5); "Banco Español del Río de la Plata v. Municipalidad de la Capital s. repetición" (Fallos: 180:16); "Rosa Curioni de Demarchi v. Provincia de Córdoba" (Fallos: 209:213); "Gerónimo Avelino Quirno v. Prov. de Santa Fé" (Fallos: 210:611); "S.A. Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal v. Gobierno de la Provincia de Salta" (Fallos: 237:556); "Bemasconi Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera, Financiera, Comercial, Inmobiliaria e Industrial v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 321 :2933) y "Susana Ernestina Teresa Guerrero de Louge v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (Fallos: 321:2941), entre muchos otros. En los casos citados, si bien se hizo hincapié en que los pagos efectuados por la contribuyente de acuerdo a las liquidaciones realizadas por el Fisco local poseen efectos liberatorios pues, de no ser así, se lesionarían principios de raíz constitucional como el derecho de propiedad y el de seguridad jurídica, lo cierto es que, esa doctrina, no es aplicable al caso bajo examen toda vez que la valuación es responsabilidad del obligado tributario. El error provocado por un organismo administrativo que es ajeno a la relación tributaria puede tener repercusión en otras esferas, pero no puede tener efectos en el vínculo enjuiciado en el sub examine dado que no es automática la doctrina del efecto liberatorio del pago que, por el contrario, debe llevarse adelante caso por caso para establecer si encuentra amparo en la garantía que consagra el artículo 17 de la Constitución Nacional.
XVII. En línea con lo expuesto precedentemente, cabe añadir que los cargos cuya procedencia se debate fueron formulados en ejercicio de las facultades previstas en el art. 9 ap. 2 inc. d) del Decreto 618/97 conforme el cual, es atribución del Director General de Aduanas, efectuar la revisión de las actuaciones y documentos aduaneros una vez concluida su tramitación ante las aduanas, de conformidad con las disposiciones aplicables, formular rectificaciones y cargos, así como disponer las devoluciones y reintegros que correspondieren. Tal disposición, en armonía con lo previsto en el art. 792 del C.A. en cuanto dispone en forma expresa que el pago no extingue la obligación tributaria aduanera cuando su importe fuere inferior al debido, refuerzan mi convicción en torno a la improcedencia de la aplicación de la invocada doctrina de los actos propios y del efecto liberatorio del pago.
En orden a los argumentos expuestos en este voto considero que corresponde confirmar la resolución apelada.
XVIII. Las costas deben imponerse por su orden en atención a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el tema.
Por lo expuesto, voto por:
Confirmar la Resolución N° 3793/2013 (DE PRLA) dictada en la Actuación N° N° 12072-2076-2005 y, por ende, los Cargos FI Nº 562/05 y 563/05. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N° 3793/2013 (DE PRLA) dictada en la Actuación N° N° 12072-2076-2005 y, por ende, los Cargos FI Nº 562/05 y 563/05. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.10.24 12:40:59 ART Date: 2022.10.24 15:31:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.24 23:27:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.24 23:27:22 -03:00
Fin de la sentencia