Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., revócase la sentencia apelada. ADMÍTASE PARCIALMENTE la demanda. Condénase a Miguel Eduardo Habitante y Cerealera Azul S.A.C.I.A.F. e I., a pagar al actor Enzo Daniel Blanco, dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique, la suma de $ 8.950 (correspondiente al 50% de $ 17.900), con intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos. HÁGASE EXTENSIBLE la condena a la aseguradora citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.” (art. 118 ley 17.418). IMPÓNGANSE las costas en ambas instancias en el 50% a cada parte (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.). DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Causa nº 57.885 “Blanco, Enzo Daniel c/ Habitante, Miguel Eduardo y otro/a s/ Daños y Perjuicios”.
Juzg. Civ. y Com. Nº 2 – Azul.
Reg....40......Sent. Civil.
En la ciudad de Azul, a los 23 días del mes de Abril del año Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Jorge Mario Galdós –encontrándose excusado a fs. 313, con posterioridad al sorteo, el Dr. Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 de la ley 5827)- para dictar sentencia en los autos caratulados “BLANCO, ENZO DANIEL C/ HABITANTE, MIGUEL EDUARDO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (CAUSA Nº 57.885), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós - Dr. Peralta Reyes (excusado) - Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
- C U E S T I O N E S -
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 268/276 vta.?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
- V O T A C I Ó N -
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. La sentencia de Primera Instancia desestimó, con costas, la demanda resarcitoria de daños y perjuicios promovida por Enzo Daniel Blanco contra Miguel Eduardo Habitante y Cerealera Azul S.A.C.I.A.F. e I. y contra la aseguradora citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.”.
Para así decidir consideró, en lo sustancial, que la única causa en la producción del accidente acaecido el 12 de Febrero de 2010, en la intersección de las calles San Martín y Constitución de esta ciudad, radicó en el comportamiento del actor que no respetó la prioridad del accionado que circulaba por la derecha. En efecto el choque se produjo entre el automotor marca Ford Falcon dominio WIW-159 conducido por el actor Enzo Daniel Blanco –que transitaba por calle San Martín- y el camión marca Mercedes Benz 1114/4 dominio VZL-605, con acoplado marca Salto dominio DWP-709 que lo hacía por calle Constitución. Aplicando la teoría del riesgo creado y en base al criterio dirimente de la Suprema Corte de Buenos Aires sobre la prioridad de paso de quien circulaba por la derecha, entendió que el actor no respetó la previsión de los arts. 41 y 50 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 –aplicable según ley provincial 13.927- porque la prioridad de paso rige independiente de quién llegue primero a la bocacalle y el conductor del Ford Falcon estaba obligado a frenar y ceder el paso al que lo hacía por su derecha. Menciona el art. 64 de la ley 24.449 y sostiene que no es decisivo que el impacto sea en el lateral derecho trasero del auto revistiendo el camión el carácter de embistente y concluye que “al analizarse la conducta asumida por Enzo Daniel Blanco en las coordenadas de tiempo y lugar en la que se produjo la colisión y con el marco circunstancial en la cual ocurriera, ineludiblemente la conclusión a la que ha de arribarse no puede ser otra que afirmar que el evento dañoso se produjo como consecuencia exclusiva del hecho de la víctima y que –por consiguiente- la demanda deducida no puede ser receptada favorablemente, debiendo ser desestimada (arts. 901, 902, 1111, 1113 y concds. del Código Civil)” (sic. fs. 276). Impuso las costas al actor vencido y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad. Contra ese pronunciamiento el actor perdidoso interpuso recurso de apelación a fs. 284, el que fue concedido a fs. 285, expresando sus agravios a fs. 305/306 los que fueron contestados a fs. 308/310.
La disconformidad de la actora se centra en la omisión de ponderar prueba que demuestra que el automotor embestido había pasado más de la mitad de la intersección de las calles y que el camión con acoplado recién detuvo su marcha a más de 40 metros del lugar. Acota que “los conductores de camiones y sobre todo en este caso, que se trataba de un equipo cargado, deben extremar los recaudos y avanzar cumpliendo estrictamente la normas de tránsito”; que “las normas de tránsito exigen que se respete la velocidad máxima, que en el lugar del hecho, no podía superar los 40 kilómetros” y “que si el conductor del vehículo embestidor hubiera avanzado a la velocidad normal y no a la velocidad que lo hacía, no sólo Blanco habría transcurrido totalmente la intersección de las calles sin ningún problema, sino que, el cumplimiento de las normas en cuanto a velocidad, le hubiera permitido por cierto, frenar y no arrasar con todo lo que encontraba a su paso como lamentablemente lo hizo” (sic. fs. 305 vta.). Dice que los testigos presenciales del hecho declararon que Blanco había pasado la mitad de la calle y que circular con prioridad de paso no confiere un bill de indemnidad, máxime que el exceso de velocidad del camión le impidió tener su control. Por ello dice que la responsabilidad debe distribuirse entre ambas partes por lo que –en definitiva- solicita se revoque la sentencia apelada.
Contestados los agravios y firme el llamamiento de autos para sentencia, el expediente se encuentra en condiciones de ser decidido (fs. 311/312).
II.- 1.- El recurso es parcialmente fundado.
No está en discusión que el accidente de tránsito tuvo lugar el 12 de Febrero de 2010, aproximadamente a las 15 hs. y lo protagonizaron el automotor Ford Falcon dominio WIW-159, modelo 1971 que conducía el actor –Enzo Daniel Blancopor la calle San Martín de esta ciudad, en dirección Noroeste a Sudeste. Por la derecha, por calle Constitución, en sentido Sudoeste Noreste, transitaba el camión Mercedes Benz 1114/48, modelo 1980, dominio VZL-605, con acoplado marca Salto, modelo 2001, dominio DWP-709 que manejaba Miguel Eduardo Habitante. Las discrepancias y puntos de litigio residen en la forma de acaecimiento del choque. La sentencia de Grado desestimó la pretensión resarcitoria interpuesta por Blanco atribuyendo a su inconducta la única causa generadora del hecho, porque el demandado tenía prioridad de paso por circular con el camión por la derecha (art. 41 Ley Nacional 24.449, a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires por Ley 13.927) y mientras que el actor intentó cruzar por la izquierda. El conductor del auto estaba obligado a frenar y ceder el paso al camión, independientemente de quién llegue primero al cruce de calles, debiendo desplazarse en condiciones de tener siempre el control y dominio de su vehículo (arts. 41, 50 y 64 Ley Nacional citada 24.449). Acota el Sr. Juez de Grado en el núcleo argumental de su razonamiento que no impide esa conclusión la circunstancia de que el auto fuera impactado en su parte lateral trasera por el camión porque es indiferente cuál vehículo ingresó primero a la bocacalle. La presunción del art. 64 de la ley 24.449 recae en contra de quién carecía de paso y el carácter de embistente-embestido por sí sólo no es elemento que permita atribuir responsabilidad a quien tiene prioridad de paso.
Por su lado los agravios de la actora perdidosa cuestionan la omisión del sentenciante de ponderar que los testigos manifestaron que el automotor había pasado más de la mitad de la intersección, que el camión circulaba a velocidad inapropiada y que tener prioridad de paso no constituye ningún bill de impunidad. Antes que nada, y del cotejo entre el meollo argumental del fallo con el escrito de expresión de agravios, partiendo del criterio amplio y flexible de este Tribunal, entiendo que debe reputarse –al menos mínimamente- suficiente la pieza recursiva (arts. 260 y 261 C.P.C.). Insisto que esta Sala anteriormente sostuvo que “la expresión de agravios resulta idónea ‘en tanto aborde y desarrolle un piso mínimo de crítica con respecto a aquellas pretensiones por las cuales la demanda prosperó’” (esta Sala causa nro. 54.255, del 26/08/10, “Carrizo…”, y causa nro. 55.509, del 28/09/11, “Chasco D’Anna...”). En esa línea ha expresado Loutayf Ranea que “en caso de duda sobre si el escrito en que se expresan los agravios reúne o no los requisitos para tenerlo por tal, ha de estarse por la apertura de la segunda instancia. En la sustentación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga cumplidos aún frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado; por ello, si la apelación cumple en cierta medida las exigencias del Código Procesal (...) cabe estimar que la carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva” (Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, 2ª Ed., Ed. Astrea, Bs. As., 2009, Tomo I. pág. 62 y jurisprudencia allí citada; esta Sala, causas nº 58.439, “H.S.B.C. Bank Argentina S.A....” y nº 57.474, “Bonachi...”).
A fines de fundar mi opinión de que medió contribución causal de ambos conductores, en partes iguales, tengo en cuenta dos aspectos puntualizados en el agravio: la velocidad inapropiada del camión del demandado y la circunstancia de que el actor había traspuesto el centro de la intersección de ambas arterias (arts. 36, 39 inc. b, 41, 50, 51 inc. e punto 1º, 64 y concs. ley 24.449 adoptada por la Provincia de Buenos Aires por ley 13.927).
En lo relativo a esto último (es decir el mayor avance del auto), tiene importante valor probatorio el croquis glosado a fs. 225 por el perito mecánico Ing. Juan C. Garro en su dictamen de fs. 226/227 que ubica el lugar del impacto del auto Ford, como embestido, en la parte trasera delantera, lo que -sin dudas- se corresponde con la localización de los daños que exhiben las fotos glosadas a fs. 15/20 (arts. 384 y 474 C.P.C.). Ambos medios de prueba, y particularmente las fotos que constituyen prueba elocuente, ponen de relieve que el impacto lo recibió el Ford Falcon en la parte lateral trasera, a partir de la puerta del acompañante y hacia atrás. A ello se añade el resultado de la prueba testimonial rendida en autos. A fs. 153 el testigo Ulises Oscar Monasterio dijo “que el Falcon (de Blanco) había pasado en la esquina y el camión lo choca en la cola” (preguntas 5ª, 6ª, fs. 153), agregando que “el camión después del choque ‘siguió’ (su marcha) y ‘paró como a 30-40 metros’” (1ª y 2ª ampliación fs. 153; arts. 384 y 456 C.P.C.C.). El Sr. Néstor A. Giles –empleado de Blanco y que lo acompañaba en el auto- de modo coincidente dice que “Blanco fue chocado ‘superando calle Constitución’” y que, tras la embestida, ”el camión siguió la marcha hasta detenerse, lo que hizo ‘a 30-40 metros aproximadamente’” (fs. 154 pregunta 6ª; ampliaciones 1ª y 2ª; arts. 384 y 456 C.P.C.). Puntualizo, al pasar, que habiendo presenciado el hecho dos testigos, la circunstancia de que uno de ellos sea dependiente –a ese momento- de la parte no supone su automática descalificación (esta Sala, causa nº 44.651 del 24/10/02). Por ello y sin perjuicio de ser más riguroso en la apreciación de sus dichos, no advierto razones para no tener en cuenta el testimonio del dependiente máxime como son coincidentes con el restante testigo y las otras pruebas (art. 384 y 456 C.P.C.). “La relación de dependencia de los testigos respecto la parte demandada no conlleva a prescindir de sus declaraciones sino sólo a una valoración más estricta de sus dichos (Cám.Civ.y Com. Trenque Lauquen, 10/2/87 “Forte, José Emilio c/Faura, José B. y otro s/Daños y Perjuicios”, JUBA B2201848; Cám.Civ.y Com. La Plata, Sala 2ª, 4/5/95, “Municipalidad de Quilmes c/Expreso Libertad s/Desalojo”, JUBA 151482; Morello Augusto – Sosa Gualberto – Berizonce Roberto “Códigos Procesales”, T. V-B- pág.318 letra K)” (cf. esta Sala, causa nº 44.651, 24/10/02, “Las Heras...”).
De lo dicho hasta aquí se desprende que “ya en el centro de calle San Martín el vehículo Ford Falcon es impactado en su lateral trasero por el camión” (pericia fs. 226; arts. 384 y 474 C.P.C.), verificándose una embestida en el lateral trasero del auto, lo que ocurrió porque estaba más adelantado que el camión (fotos fs. 15/20 y testigo cit. fs. 153 y 154 Sres. Monasterio y Giles a tenor del interrogatorio de fs. 152; arts. 384 y 456 C.P.C.).
A esa circunstancia (el mayor adelantamiento del automóvil) se añaden los elementos indiciarios que revelan que el camión transitaba a excesiva velocidad o, en otras palabras, a velocidad inapropiada según las circunstancias (arts. 36, 39 inc. b, 50, 51 inc. e punto 1 ley 24.449 cit.). En efecto, el desplazamiento del auto chocado (en la parte trasera) a raíz del impacto para terminar en la vereda y la imposibilidad de detención del camión, que lo hizo recién a 30 o 40 metros, demuestran esa circunstancia fáctica (art. 165 inc. 5 C.P.C.).
Dice el perito mecánico que “por el efecto de la fuerza de impacto (la que no pasó por el centro de gravedad del automóvil), se produce un movimiento de giro el cual provoca una rotación en sentido horario en el automóvil Ford y un desplazamiento hacia el Este, de tal forma que dicho vehículo choca con su parte trasera la ochava Este de la encrucijada quedando en su posición de reposo sobre la vereda y la ochava mencionada” (sic. pericia fs. 226). También es demostrativa de la velocidad inapropiada del camión su detención que ocurrió recién de 30 a 40 metros del lugar de producirse la embestida (conf. testigos Giles y Monasterio a fs. 153 y 154, a tenor de la 2ª y 3ª pregunda ampliatoria). En definitiva: si bien pericialmente no se pudo determinar la velocidad de circulación de los vehículos intervinientes (pericia cit. fs. 226/227), lo cierto es que el recorrido posterior del auto (que se detuvo en la vereda, arrastrado por la fuerza del choque) y del camión que recién pudo frenarse totalmente a los 30 o 40 metros, denota que el demandado no tuvo el efectivo dominio de su vehículo (arts. 39 inc. b, 51 inc. e, punto 1) y 64 y concs. ley cit. 24.449).
En reiterada doctrina de este Tribunal se sostuvo que “la velocidad excesiva no se mide tanto en relación al kilometraje horario sino a la real posibilidad del conductor de controlar el rodado según las contingencias razonables del tránsito o, como lo prescribe el art.76 ley 11.430 (T.O.) de modo que tenga siempre el total dominio de su vehículo (arts.47, 51 inc. e, punto 1), 76 y concs. ley cit.), lo que en última instancia se vincula con la posibilidad de detener la marcha en el momento oportuno” (esta Sala, causa N°51507, 04/03/08 “Gaitán”; en el mismo sentido, y con sus citas y remisiones causa N°45193, 25/02/03 “Santillán” y nº 53.360, 03/08/10, “Duarte...”). Más recientemente la Casación Bonaerense reiteró esa doctrina al decidir que “pesa sobre el conductor de mantener en todo momento el más absoluto dominio del vehículo, y que en el caso encuentra apoyo en lo normado en el art. 76 de la ley 11.430 (aplicable al caso atento la fecha de acaecimiento del evento dañoso)”. Acotó que “no se trata de que el automovilista pueda atrincherarse en cifras permisivas de velocidades máximas admitidas por la ley, pues ellas están circunscriptas por un conjunto de circunstancias que obligan al conductor a manejarse con una cautela tanto más extremada cuanto lo exijan las peculiaridades del caso, que son las que van a decidir, en definitiva, si la velocidad es o no excesiva y a determinar en consecuencia la concurrencia de la imprudencia” (S.C.B.A., Ac. C. 105.756, 29/6/2011, "Organtini, Liliana y otro contra Hilal, Diego y otros. Daños y perjuicios" (por unanimidad, voto Dr. Hitters).
De modo que si bien no existe prueba directa de la velocidad del camión (pericia fs. 226 vta.) lo cierto que la demostración de su velocidad inadecuada, de conformidad con las circunstancias (transitar en la planta urbana con un camión con acoplado), surge indiciariamente del ulterior desplazamiento del auto (impactado en su lateral trasero derecho que por la fuerza de la embestida terminó contra la vereda) y de la posterior detención del camión, alejado a varios metros del punto de encuentro (arts. 163 inc. 6, 384, 456, 474 y concs. C.P.C.).
En definitiva: la responsabilidad debe distribuirse entre el actor y el demandado, en partes iguales, es decir en un 50% para cada uno, porque el actor no respetó su obligación de frenar al arribar al cruce con la derecha y el camión por embestir al Ford Falcon cuando ya había traspuesto la parte delantera del rodado, circulando Habitante (en el camión) a velocidad inapropiada (arts. 36, 39 inc. b, 41, 50, 51 inc. e punto 1, 64 y concs. ley 24.449). Añado, al pasar, que la velocidad precautoria legal en el cruce de dos arterias sin semáforos no es la que informó el perito sino que no debe ser “nunca superior a 30 km./h” (art. 51 inc. e punto 1 ley 24.449).
2. Cabe señalar que el criterio dirimente empleado se ajusta a la doctrina legal casatoria, aplicada obligatoriamente por este Tribunal, sobre la prioridad de paso de quien circula por la derecha.
“La prioridad de paso –decidió la jurisprudencia vinculante de la Casación local- establecida por el art. 57 de la ley 11.430 que -en principio- es absoluta, no puede ser evaluada en forma autónoma sino por el contrario imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad por daños” (S.C.B.A., Ac. C. 97.950, 2/7/2008, "Figueroa, Gabriel Adrián contra Dutto, José Vicente. Daños y perjuicios"; por unanimidad, voto Dr. Soria al que adhirieron los Dres. Genoud, Negri y Kogan).
En precedente trasladable analógicamente, la Suprema Corte, analizando la aplicación de su doctrina legal sobre prioridad de paso, consideró que se había incurrido en absurdo en la valoración de la prueba ya que “se encuentra demostrado que el menor manejó imprudentemente a una velocidad antirreglamentaria y que, pese a que transitaba por la derecha, no se encontraba en la bocacalle para aplicar la regla de prioridad de paso.La mecánica que siguió el evento generador del daño cabe atribuirla exclusivamente a la grave inconducta del menor, quien embistió sorpresiva y violentamente a la actora (art. 1113, 2da. parte, C.C.)” (S.C.B.A., Ac. C. 103.016, 21/12/2011, "López de Ciancaglini, Lucrecia Inés contra P. , J. A. y otros. Daños y perjuicios" (por mayoría), voto Dr. de Lázzari al que adhirieron los Dres. Negri, Soria y Kogan).
En parecida orientación, en otra oportunidad y en ocasión de verificar la aplicación de la doctrina legal al caso en juzgamiento, concluyó que “analizadas las circunstancias de la causa (la velocidad desarrollada, los daños de los rodados intervinientes y la prioridad de paso), no se ha vulnerado en el fallo la doctrina legal…”. Por ende reiteró su jurisprudencia casatoria citada que dispone que “las particularidades del caso aconsejan evaluar dicha prioridad no en manera autónoma sino inserta en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación con los preceptos del derecho de fondo que regulan la responsabilidad por daños (conf. Ac. 63.493, sent. del 1-XII-1998). Ello así pues, la regla derecha antes que izquierda no representa ningún "bill de indemnidad" que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo, a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda pues, tanto el mentado art. de la ley 5800 como el art. 57 de la ley 11.430, imponen al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad, la que rige tanto para el que se aproxima por la derecha como para el que lo hace por la izquierda (conf. Ac. 71.179, sent. del 22-XII-1999; Ac. 78.370, sent. del 27-XI-2002; etc.). .C.B.A., Ac. C. 101.279, 22/10/2008, "Cirulli, Fernando Gabriel contra Cairnie, Hernán y otro. Daños y perjuicios" (por unanimidad), voto Dr. Negri, al que adhirieron los Dres. Genoud, Kogan y Pettigiani). Por lo expuesto, y en definitiva, juzgo que medió contribución causal paritaria de ambos vehículos al inobservar el actor la regla de precaución al arribar al cruce y el demandado –por su lado- demostró un comportamiento imperito al circular a velocidad que le impedía el control del camión con acoplado (arts. 901, 902, 906, 1111, 1113 2º párr. “in fine” Cód. Civil; arts. 36, 39 inc. b, 41, 50, 51 inc. e punto 1, 64 y concs. ley 24.449).
En consecuencia, la demanda debe prosperar parcialmente, es decir por el 50% de responsabilidad del accionado (arts. 901, 901, 1111, 1113 2º párr. y concs. Cód. Civil).
III. Con relación a los daños resarcibles -ingresando al análisis de los puntos no abordados en Primera Instancia en razón del resultado al que se arribó- los daños materiales del automotor son procedentes.
En efecto y pese a que se omitió proponer puntos de pericia para que el experto se pronuncie, los daños y su cuantía surgen de la valoración en conjunto de las fotografías glosadas a fs. 15/20 y de los presupuestos obrantes a fs. 12/13 y reconocidos como auténticos con las declaraciones testimoniales de fs. 159 y 161 (arts. 384, 385, 386, 456 y concs. C.P.C.).
“En lo atinente a la prueba de la correspondencia y cuantía de los daños derivados de accidentes de tránsito -se resolvió antes citando a Zavala de Gonzálezlos tribunales han sentado presunciones de causalidad y de adecuación….La segunda introduce presunciones de adecuación entre los importes consignados en presupuestos o facturas y los valores en plaza, inferencia que debe ser enervada por la demostración adversa a cargo del demandado” (Zavala de González Matilde, “Daños a los automotores”, T.I p.35)…. Ese criterio es admitido por la jurisprudencia que resolvió que “corresponde tener por exacta la inversión que el damnificado efectuó en las reparaciones mencionadas en el documento del taller, con motivo del accidente, si nada hace presumir exageraciones en el costo y no se ha traído prueba en contrario” (E.D. T.93, p.600; E.D. T.14, p.1163 Nº2400; 2401; 2402; J.A. 1976-I p.143; L.L. 1981-A p.561 sum.35754-S; ídem 1981-C p.655 sum.35925-S, E.D. T.44, p.323)”, (conf. esta Sala causas Nº37547, 13/8/96 “Cuesta Timoteo c/Dacosta José s/Daños y Perjuicios”, D.J.J. 152-63; N°44517, 22/10/02 “Acuña, Néstor Alfredo c/Tecma S.R.L. Daños y Perjuicios”). En sentido coincidente se puntualizó que “la prueba del daño corre por cuenta del actor damnificado y, en principio, consiste en la demostración del costo de reparación o reposición de la cosa afectada, generalmente mediante presupuesto o recibo expedido por comercio o taller especializado, debidamente reconocido mediante testimonial de su titular. La validez y eficacia de este medio probatorio finca en que el testigo aclara sobre un hecho de su conocimiento personal, bajo juramento y las prevenciones de sanción penal. Incumbe al demandado neutralizarla mediante prueba contraria de similar o mayor fuerza de convicción, ya que en defecto de ello habrá de estarse a la producida por el demandado” (C.Civ.Com. y Contenc. de Río Cuarto, 30/11/93 “Podestá”; en esa orientación C.Nac.Civ. Sala H, 26/04/02 “González...”; cf. esta Sala, causa nº 55.841, 16/02/12, “Etchegaray...”).
Por consiguiente el monto total del daño material del Ford Falcon está representado, al 18 de febrero de 2010, por la suma de $ 14.400 en concepto de reparación total de chapa y pintura y repuestos (arts. 1066, 1067, 1068, 1083, 1094, 1095, 1110 y concs. Cód. Civil).
También procede el otro rubro reclamado: el daño material por privación de uso (arts. 1094, 1095, 1110 y concs. Cód. Civil). Acreditadas las roturas (fs. 15/20), la necesidad de reparación y el tiempo de sesenta días estimado para su arreglo (conf. fs. 12) –el que además se presume en atención a la entidad y magnitud de los daños- opera la presunción de que quién usa un automotor y se ve privado de su disponibilidad un tiempo, sufre un daño material (arts. 163 inc. 5 y 384 C.P.C.). Más aún cuando, en el caso, el actor afectaba su vehículo a sus tareas laborales de albañil (cf. testimonios unánimes de fs. 153/154 y 156/158, declaraciones de Monasterio, Giles, González y Pucheta).
Por ello, y conforme surge de la realidad económica circundante, es razonable mensurar el monto en $ 3.500 en total (arts. 1066, 1067, 1068, 1069, 1110 y concs. Cód. Civil).
Por lo expuesto la demanda debe prosperar por el 50% del monto total de condena $ 17.900 (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. Cód. Civil). Esa suma devengará intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de descuento, y ello así por cuanto “cabe recordar que este Tribunal, siguiendo invariable doctrina casatoria obligatoria, tiene resuelto que “la tasa que debe aplicarse es la pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días para las imposiciones a treinta días” (S.C.B.A. C96831, 14/4/2010 “Ocon” más recientemente Ac.95.720, 15/09/10 “Ferreyra”; esta Sala causas N° 53.713, 03/08/2010, “Artola, Mabel c/ Bejomac S.A. s /Daños y Perjuicios” y Nº 54.049 del 14/10/10 cit.).
En las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sentencias del 21-X-2009) la Suprema Corte decidió -por mayoría- ratificar la doctrina que sostiene que a partir del 1 de abril de 1991, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Código Civil) con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928 -modificada por ley 25.561-; 622, Código Civil; S.C.B.A., Ac. C. 103.555, 22/5/2013, "Romero, Walter Oscar y otro contra Kotula de Wasylikone, María y otro. Daños y perjuicios" (voto de la mayoría del Dr. Negri, al que adhirieron los Dres. Kogan, Soria y Hitters por sus fundamentos). Las costas se impondrán en el 50% a cada parte (arts. 68 y 71 C.P.C.). La condena será extensible al empleador del demandado (Cerealera Azul S.A.C.I.A.F. e I.; art. 1113 C.C.) y a la citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.” en la medida del seguro (art. 118, ley 17.418).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Señora Juez Doctora Longobardi, por los mismos argumentos, votó en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde revocar la sentencia apelada y admitir parcialmente la demanda, y condenar a Miguel Eduardo Habitante y Cerealera Azul S.A.C.I.A.F. e I., a pagar el 50% de $ 17.900 (o sea $ 8950) al actor Enzo Daniel Blanco, dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique, con intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos. Condena extensible a la aseguradora citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.” (art. 118 ley 17.418). Con costas en ambas instancias en el 50% a cada parte (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Señora Juez Doctora LONGOBARDI, por los mismos argumentos, votó en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
Azul, 23 de Abril de 2014. -
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., REVÓCASE la sentencia apelada. ADMÍTASE PARCIALMENTE la demanda. CONDÉNASE a Miguel Eduardo Habitante y Cerealera Azul S.A.C.I.A.F. e I., a pagar al actor Enzo Daniel Blanco, dentro del plazo de diez (10) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique, la suma de $ 8.950 (correspondiente al 50% de $ 17.900), con intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos. HÁGASE EXTENSIBLE la condena a la aseguradora citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.” (art. 118 ley 17.418). IMPÓNGANSE las costas en ambas instancias en el 50% a cada parte (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.). DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Firmado: María Inés Longobardi - Presidente - Cám. Civ. y Com. Sala II – Jorge Mario Galdós – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Marcos Federico García Etchegoyen – Auxiliar Letrado – Cám. Civ. y Com. Sala II.-------------------------------------------------------------------------------
Fin de la sentencia