Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 179.970
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar -parcialmente- al recurso de nulidad interpuesto por la actora a fs. 438/439 y, por ende, dejar sin efecto el laudo arbitral de fs. 427/435 exclusivamente en las partes en las que alude al rechazo de la demanda (v. considerando "C" -"Conclusión"- y parte dispositiva -"sentencia arbitral"- a fs. 435) y devolver la causa al tribunal arbitral para que ordene el archivo de las actuaciones (arts. 270, 352 inc. 1, 798, 799 y conc. del C.P.C.C.; 1656 y 1657 del CCyC; 41, 46, 47 y conc, del R.T.A.).
II. Imponer las costas en un 80% a la actora y el restante 20% al demandado (arts. 68 y 71 del CPCC).
EXPEDIENTE N° 179.970. TRIBUNAL ARBITRAL (C.A.M.D.P.).
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "LA BLANQUEADA DEL SUD S.A. C/ ZIMMERMAN IGNACIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es procedente el recurso de nulidad contra el laudo arbitral de fs. 427/435?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el laudo atacado el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de esta ciudad rechazó la demanda promovida por "La Blanqueada del Sud S.A." contra Ignacio Zimmerman, con costas a la actora vencida.
Comenzó por destacar que la competencia del tribunal estaba dada por el contrato arbitral contenido en la cláusula vigésima primera del contrato de gerenciamiento celebrado entre las partes el 31-1-2020. Allí se preveía su intervención para entender en cualquier cuestión que se suscitara a partir de la entrada en vigencia del contrato. Explicó que las partes pactaron que el límite de su competencia quedaba circunscripto a las controversias que se pudieran producir a partir del 31-1-2020, pero no a las que hubieran acontecido antes. De no respetarse este límite temporal el laudo podría tornarse nulo por aplicación del art. 47 inc. "a" del reglamento del tribunal arbitral (en adelante R.T.A.).
Agregó que las partes se comportaron manera cuidadosa y previsora en la redacción del contrato, no sólo en cuanto a los términos de la cláusula compromisoria ya citada, sino también con respecto la cláusula décimo novena (en la que las partes reconocieron la existencia de deudas recíprocas pendientes y la compensación entre ellas), lo que refuerza aún más el hito temporal a partir del cual los conflictos podían ventilarse en sede arbitral. Concluyó que a raíz de que todos los incumplimientos endilgados al demandado se habrían generado con anterioridad al 31-1-2020, el análisis y juzgamiento de aquéllos excedían la competencia del tribunal.
II. La actora dedujo el recurso de nulidad a fs. 438/439 y lo fundó a fs. 442/456. La réplica de la contraria tuvo lugar a fs. 459/463. Aseveró que el laudo infringió gravemente el derecho de defensa en juicio de su parte (art. 47 inc. "b" del R.T.A.) y vulnerando también el alcance interpretativo del art. 47 inc. "a" del R.T.A.
Las quejas fueron individualizadas de la siguiente manera, a saber:
II.1. Preclusión:
Refirió que el Tribunal Arbitral rechazó la demanda por estimar que no resultaba competente para entender en la controversia en razón de la fecha en que se produjeron los hechos denunciados en la demanda y el alcance del compromiso arbitral pactado en el contrato. Destacó que la oportunidad para declarar su incompetencia se encontraba precluida, porque el propio tribunal había dictado con anterioridad una resolución interlocutoria (2-12-2020) que rechazaba un planteo de incompetencia formulado por el demandado y luego rechazó el recurso de reposición deducido por éste (v. fs. 210 y ss.). Agregó que en dicha oportunidad no hizo ninguna salvedad sobre otra defensa que sería analizada al dictar el laudo, ni la contraria requirió que se declarara la incompetencia en razón de la fecha en que sucedieron los hechos y tampoco quedaba comprendido en el supuesto del art. 15 del R.T.A.
II.2. Resolución ultra petita:
Sostuvo que la parte contraria no sólo no efectuó en su contestación de la demanda la defensa sobre la que el tribunal se pronunció, sino que planteó la inexistencia de la responsabilidad contractual por aludir a hechos anteriores a la firma del contrato y que a todo evento se habría configurado la prescripción a su respecto.
Remarcó que de los términos de la resolución interlocutoria de fecha 2-12-2020 (v. fs. 210 y ss.) se desprendía con claridad que ni el tribunal tenía que resolver una cuestión de competencia en razón de las fechas y el alcance del compromiso arbitral, ni la contraparte lo pidió con ese alcance.
Enfatizó que la decisión objeto de la nulidad no fue materia de defensa, al dictar la resolución del 2-12-2020 no se dejó para un momento posterior y por lo tanto aquella devenía extemporánea (por preclusión) y ultra petita).
II.3. Principio de congruencia:
Expresó que más allá de los vicios destacados con anterioridad, si el tribunal consideró que resultaba incompetente para dirimir las controversias denunciadas, debió limitar los alcances del laudo a dicha materia y no rechazar la demanda.
Puso de relevancia que lo resuelto afectaba el principio de congruencia porque el laudo debía ser una pieza única en sus resultandos, considerandos y parte dispositiva, lo que no acontecía en el caso.
III. De los antecedentes de la causa encuentro que:
III.1. A fs. 4/90 (16-9-2020, v. fs. 209) obra glosada la demanda promovida por la Sra. María Cristina Galli, en nombre y representación de "La Blanqueada del Sud S.A.", contra el Sr. Ignacio Zimmermann por la suma de $29.214.000 (o lo que más o en menos resultare de la prueba a producirse) sustentada en la responsabilidad atribuida como gerenciador y administrador societario de hecho, por los daños y perjuicios ocasionados a la firma accionante por alejarse del estándar del buen hombre de negocios y de quien teniendo mayor deber de conocer poseía mayor responsabilidad derivadas de los hechos. Explicó los antecedentes fácticos acaecidos entre las partes, practicó la liquidación de la acreencia reclamada, ofreció prueba y fundó en derecho. En el punto "IV" destacó que la competencia del tribunal arbitral se desprendía de la cláusula vigésima primera del contrato de gerenciamiento suscripto entre las partes el 31-1-2020 adjuntado como prueba documental.
III.2. A fs. 91/92 (26-10-2020) el tribunal arbitral corrió traslado de la demanda al accionado.
III.3. A fs. 183/200 (12-11-2020) el Sr. Zimmermann opuso la excepción de incompetencia como de previo y especial pronunciamiento fundada en que existía un proceso laboral por despido indirecto y arbitrario sustentado en los mismos hechos y causas de este juicio arbitral que se estaba ventilando en el Tribunal de Trabajo nro. 2 de esta ciudad, por lo que no podía sustraerse de su conocimiento en atención al orden público laboral. Por otra parte, alegó la nulidad del contrato de gerenciamiento y, por ende, de la cláusula compromisoria allí prevista, inserta en él, a raíz del vicio de la voluntad derivado de las presiones, el maltrato y el hostigamiento que habría recibido de los actores con la finalidad de suscribir aquél.
Finalmente, contestó la demanda de manera subsidiaria y, en ese contexto, alegó que los daños y perjuicios reclamados se cimentaban en hechos anteriores a la firma del contrato cuando la jurisdicción arbitral allí prevista estaba destinada a regir para las controversias sobrevinientes a su firma, de modo que el tribunal arbitral resultaba incompetente.
III.4. A fs. 201 (12-11-2020) el tribunal arbitral tuvo por contestada la demanda y corrió traslado de la documentación acompañada y de la excepción de incompetencia opuesta.
III.5. A fs. 203/205 (24-11-2020) la actora contestó la excepción pidiendo su total rechazo.
III.6. A fs. 210/212 (2-12-2020) el tribunal arbitral resolvió rechazar la excepción de incompetencia con costas al demandado. Destacó que entre el juicio laboral y la demanda arbitral no había coincidencias respecto de las partes intervinientes ni el objeto demandado, por lo que no se configuraba una situación que llevara a sentencias contradictorias.
III.7. A fs. 215/217 (14-12-2020) El Sr. Zimmermann dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio. Insistió en la nulidad del contrato de gerenciamiento y, por ende, de la cláusula compromisoria allí prevista, por mediar un vicio de la voluntad derivado de las presiones, el maltrato y el hostigamiento que habría recibido de los actores. Sin perjuicio de ello, expuso que los supuestos hechos que se le imputaban eran anteriores a la firma del contrato, por lo que no quedaban alcanzados por la previsión de la cláusula compromisoria. Aclaró que el contrato fue suscripto el 31-1-2020 y fue rescindido en el mes de marzo de dicho año [rectius: 17-4-2020, v. fs. 242 y ss.], por lo que su vigencia temporal se limitó a ese escaso intervalo de tiempo. Refirió, en consecuencia, que los pretensos daños y perjuicios anteriores a ese período que se le atribuían en la demanda quedaban fuera del alcance del arbitraje.
III.8. A fs. 218 (16-12-2020) el tribunal arbitral desestimó ambos recursos, sin perjuicio de lo cual refirió que ello no le impedía al demandado demostrar en la etapa procesal probatoria los agravios de fondo vinculados al vicio de su voluntad al contratar. Se hizo hincapié que con ello se le garantizaban el debido proceso y el derecho de defensa en juicio al permitirle acreditar su planteo en la etapa pertinente.
III.9. A fs. 256/257 (8-3-2021) el tribunal arbitral dispuso la apertura a prueba por el término de 30 días y proveyó las ofrecidas por las partes. El Actuario certificó el vencimiento del término probatorio a fs. 401 (9-10-2023), en tanto que la actora y el demandado presentaron sus respectivos alegatos a fs. 406/422 (6-12-2023) y a fs. 423/425 (12-12-2023), respectivamente.
III.10. A fs. 427/435 (2-2-2024) el tribunal arbitral dictó el laudo objeto de la apelación bajo análisis.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. La concesión del recurso de nulidad contra el laudo arbitral atribuye jurisdicción a un tribunal diferente del que dictó el laudo al solo efecto de verificar si se cumplieron las condiciones de validez a que la ley lo somete (Sagrario, Ramiro, "Las causales de anulación del laudo arbitral son las establecidas taxativamente en la ley procesal", La Ley 27-10-2017, cita en línea AR/DOC/2741/2017).
Su objeto no es corregir eventuales errores in iudicando sino invalidar el pronunciamiento arbitral por carecer de los requisitos que la legislación impone, de suerte que suscita un control limitado que impide al tribunal de alzada entrar a valorar el acierto o desacierto de la decisión, debiendo circunscribirse a declarar su validez o su nulidad (Caivano, Roque, "La revisión de la validez de los laudos arbitrales ¿irrenunciable o indisponible?", JA 2007-II-1250). De lo contrario, como bien señala destacada doctrina platense, se desnaturalizaría el instituto del arbitraje (Méndez Héctor y Méndez Agustina, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado y anotado" Director: López Mesa Marcelo Coordinador: Rosales Cuello Ramiro, editorial La Ley, 1° edición, año 2014, tomo VI, pág. 513).
Desde un punto de vista normativo, el control judicial sobre el arbitraje se ejerce en los términos del art.1656 del CCyC, con fundamento en los arts. 792, 798 y 799 del C.P.C.C., y -en el caso- en el art. 47 del R.T.A.
De las constancias de autos se desprende que las partes han acordado someterse a la competencia del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados departamental, cuyo reglamento dispone en el art. 47 (art. 1657 del CCyC) que contra el laudo no se admitirá recurso alguno a excepción de su nulidad bajo las causas establecidas en el mismo artículo, a saber: a) que el laudo se refiera a una cuestión no incluida en la cláusula o el compromiso; b) que se haya infringido gravemente el derecho de defensa de la parte afectada; c) que se haya omitido una prueba esencial producida en el proceso; d) que el tribunal no estuviera constituido en debida forma o e) que el laudo se expidiera sobre materias no susceptibles de ser sometidas a arbitraje o que hubiera violado el orden público.
A su vez, de los arts. 798 y 799 del código de rito se desprende que las causales en las que puede sustentarse el recurso de nulidad son: 1) haberse incurrido en una falta esencial del procedimiento; 2) haber fallado los árbitros fuera de plazo, 3) haber fallado sobre puntos no propuestos o 4) contener el laudo decisiones incompatibles entre sí en la parte dispositiva.
IV.2. En lo atinente a las dos primeras causales invocadas por el recurrente para fundar la nulidad (violación de la preclusión y resolución ultra petita), encuentro que el tribunal arbitral al decidir que el análisis y juzgamiento de los pretensos incumplimientos excedían su competencia, no incurrió en una falta esencial del procedimiento ni ha producido una violación a las reglas del debido proceso.
Ello es así pues en oportunidad de dirimir la excepción de incompetencia se limitó a analizarla en los mismos términos en los que el propio demandado la había formulado al contestar la demanda, esto es, en que existía un proceso laboral por despido indirecto que se estaba ventilando en el Tribunal de Trabajo nro. 2 de esta ciudad, sustentado en los mismos hechos y causas de este juicio arbitral (v. fs. 183/200, 12-11-2020). Sin embargo, luego de cotejadas las constancias en ambas causas, concluyó que no mediaban coincidencias respecto de las partes intervinientes ni el objeto demandado, por lo que no se configuraba una situación de escándalo jurídico que pudiera llevar a sentencias contradictorias (v. fs. 210/212, 2-12-2020).
Fue ante esa decisión que el accionado dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio, sustentándolos en que al contestar la demanda también formaban parte de su reclamo defensivo dos cuestiones que no fueron tenidas en cuenta al analizarse la competencia arbitral, a saber: a) la nulidad del contrato de gerenciamiento y, por ende, de la cláusula compromisoria allí prevista, a raíz del vicio de la voluntad derivado de las presiones y el hostigamiento que habría recibido de los actores con la finalidad de suscribir aquél y b) que los daños y perjuicios reclamados se cimentaban en hechos anteriores a la firma del contrato cuando la jurisdicción arbitral allí prevista estaba destinada a regir para las controversias sobrevinientes a su firma (v. fs. 215/217, 14-12-2020). Si bien es cierto que tales embates fueron desestimados, también lo es que el tribunal arbitral destacó que ello no le impedía al demandado demostrar en la etapa procesal probatoria los agravios de fondo vinculados al vicio de su voluntad al contratar. Es más, hizo mención explícita a que de esa manera se le garantizaban el debido proceso y el derecho de defensa en juicio al permitirle acreditar su planteo en la etapa pertinente (v. fs. 218, 16-12-2020).
Aun cuando se piense que el tribunal bien pudo resolver la incompetencia fundada en la fecha atribuida por la propia actora a los hechos que habrían generado responsabilidad, lo cierto es que -de hechopostergó la decisión al respecto hasta el dictado del laudo y habiendo comprobado la validez del acuerdo, se pronunció correctamente.
Por ello, en sintonía con tal decisión, al dictar el laudo definitivo cuya nulidad se persigue (v. fs. 427/435, 2-2-2024), los árbitros analizaron, en primer lugar, la validez del contrato de gerenciamiento y concluyeron que las alegadas pretensiones de que hubiera sido suscripto de forma abusiva, simulada, fraudulenta y contra la voluntad del demandado, no fueron corroboradas con ninguna prueba; como así tampoco se denunció que se hubiera promovido alguna acción autónoma a su respecto que persiguiera la declaración de ineficacia de tal acto jurídico (art. 383 del CCyC; fs. 433 vta.).
De allí que, una vez soslayada la controversia atinente a la validez del contrato de gerenciamiento por no advertirse vicios que lo tornaran ineficaz, el tribunal procedió a analizar, en segundo lugar, el restante argumento del demandado vinculado al límite de la competencia arbitral previsto en la cláusula vigésimo primera, vinculada a la fecha a partir de la cual los conflictos que pudieran suscitarse con la interpretación o aplicación del contrato quedarían sometidos a su conocimiento.
En ese sentido, se remarcó que las cuestiones que las partes acordaron someter al arbitraje eran las que podrían producirse a partir del 31 de enero de 2020 (fecha de celebración del contrato, v. fs. 133/136). Ello se desprendía no sólo de la profusa negociación previa entre aquéllas puesta de manifiesto por la actora en la demanda (v. fs. 24 vta.) y a los términos del contrato redactados en tiempo verbal futuro (cláusulas octava, novena, décima, décima tercera, entre otras), sino también al hecho de la compensación de deudas recíprocas pactada en la cláusula décimo novena, lo que denotaba que ambas partes se comportaron de manera previsora y cuidadosa al suscribir el contrato.
En atención a que todos los incumplimientos atribuidos al demandado que habrían generado daños indemnizables se habrían producido antes de la entrada en vigencia del contrato (31-1-2020), los árbitros estimaron que el análisis y juzgamiento de aquéllos excedían su competencia, de lo contrario la decisión sería pasible de nulidad por aplicación de los arts. 47 inc. "a" del R.T.A., 1656 y 1657 del CCyC. En suma, luego de que se rechazara la excepción de incompetencia a fs. 210/212 (cuyo análisis se circunscribió al argumento vinculado al juicio laboral que en paralelo se había denunciado), al desestimar los recursos de reposición con apelación en subsidio el tribunal arbitral dejó claramente establecido que la eficacia jurídica del contrato sólo podía ser ameritada luego de producida las pruebas ofrecidas, por lo que la suerte del planteo atinente al límite temporal de la cláusula vigésimo primera quedaba sujeto a la previa determinación de la validez del contrato cuya eficacia se difería hasta el dictado del laudo definitivo. Y es así como se procedió, tal como lo reseñé en los párrafos anteriores.
Es por ello que las quejas alusivas a la violación de la preclusión y al dictado de una resolución ultra petita resultan improcedentes, en tanto la actuación del tribunal y el trámite del procedimiento llevado por éste resguardó las garantías del debido proceso (adjetivo y sustantivo) y el derecho de defensa en juicio (arts. 18 CN y 8.1 CADH).
IV.3. Finalmente, el tercer argumento formulado para cimentar la nulidad merece prosperar.
El recurrente sostiene la violación del principio de congruencia porque si el tribunal se consideró incompetente para dirimir las controversias entre las partes debió limitar los alcances del laudo a dicha materia y no rechazar la demanda.
El art. 15 del R.T.A. regula la incompetencia como una excepción de previo y especial pronunciamiento y dispone que debe interponerse con la contestación de la demanda o reconvención. De manera excepcional el tribunal arbitral puede diferir la resolución para tratar la excepción para el momento de laudar sobre la cuestión de fondo.
Finalmente, contempla la facultad del tribunal para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje.
A su vez, el art. 16 del R.T.A. prevé la aplicación subsidiaria de las normas del código de rito provincial en el trámite de la controversia en sede arbitral.
En función de los alcances de ambos cánones advierto que el art. 352 inc. 1ro. del CPCC prevé que de prosperar la excepción de incompetencia corresponde remitir el expediente al tribunal considerado componente, si perteneciere a la jurisdicción provincial o, en caso contrario, disponer su archivo.
En el caso, al tratarse de una cláusula compromisoria por la que las partes eligieron al Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de esta ciudad para dirimir las controversias que pudieran suscitarse entre ellas con motivo del contrato de gerenciamiento a partir de la fecha de su celebración, la incompetencia decidida por razón del tiempo en que habrían sucedido los hechos por los que se endilga la responsabilidad al demandado, implica que el tribunal no debió rechazar la demanda sino limitarse a disponer el archivo de las actuaciones (arts. 352 inc. 1 del CPCC; 15 y 16 del RTA).
Al no proceder de ese modo se incurrió en una contradicción, pues luego de que el tribunal arbitral concluyera que el análisis y juzgamiento de la pretensión deducida excedía su competencia, en lugar de disponer el archivo de la causa, resolvió rechazar la demanda en todas sus partes, vulnerando los previsto en los arts. 47 del R.T.A. y 798 y 799 del código de rito, al contener el laudo decisiones incompatibles entre sí en la parte dispositiva.
Sin embargo, advierto que la nulidad del laudo es sólo parcial.
De acuerdo a lo establecido en el art. 389 del CCyC “Nulidad total es la que se extiende a todo el acto. Nulidad parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas, si son separables. Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes”.
En relación a esta doble clasificación, hay que analizar el contexto pleno y determinar si el acto se encuentra en un estado de unidad indivisible, o bien es posible aislar a una de sus partes, independizándola de lo demás, y no resulta afectada su integridad (Bueres, Alberto J., “Código Civil y Comercial”, Buenos Aires, Hammurabi – José Luis Depalma, 2016, t. 1B, p.595). En el supuesto bajo análisis, es posible deslindar la parte del laudo en la que se posiciona el vicio en cuestión, sin alterar la unidad lógica que la decisión debe conformar, ya que el resto del laudo resulta autosuficiente (esta Sala, causas nro. 134.912 del 17-10-2006; nro. 148.046 del 29-9-2011; nro. 157.967 del 26-3-2015, entre otras; SCJBA; Ac. 38.534 del 3-5-1988). La anulación de la parcela del laudo referida al rechazo de la demanda en nada afecta al resto del pronunciamiento, por contar con un basamento jurídico autónomo. Puede escindirse perfectamente del resto del laudo que tuvo por válido el contrato de gerenciamiento y por incompetente al tribunal arbitral en virtud de los términos y alcances de la cláusula vigésima primera, en cuyo caso debió ordenar el archivo de las actuaciones en lugar de desestimar íntegramente la demanda (arts. 242, 246, 270, 798, 799 y conc. del C.P.C.C.; 1656 y 1657 del CCyC; 41, 46, 47 y conc, del R.T.A.). Por todo lo expuesto VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde hacer lugar -parcialmente- al recurso de nulidad interpuesto por la actora a fs. 438/439 y, por ende, dejar sin efecto el laudo arbitral de fs. 427/435 exclusivamente en las partes en las que alude al rechazo de la demanda (v. considerando "C" -"Conclusión"- y parte dispositiva -"sentencia arbitral"- a fs. 435), devolver la causa al tribunal arbitral para que ordene el archivo de las actuaciones e imponer las costas en un 80% a la actora y el restante 20% al demandado (arts. 68, 71, 270, 352 inc. 1, 798, 799 y conc. del C.P.C.C.; 1656 y 1657 del CCyC; 41, 46, 47 y conc, del R.T.A.). Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) hacer lugar -parcialmente- al recurso de nulidad interpuesto por la actora a fs. 438/439 y, por ende, dejar sin efecto el laudo arbitral de fs. 427/435 exclusivamente en las partes en las que alude al rechazo de la demanda (v. considerando "C" -"Conclusión"- y parte dispositiva -"sentencia arbitral"- a fs. 435) y devolver la causa al tribunal arbitral para que ordene el archivo de las actuaciones (arts. 270, 352 inc. 1, 798, 799 y conc. del C.P.C.C.; 1656 y 1657 del CCyC; 41, 46, 47 y conc, del R.T.A.). II) Imponer las costas en un 80% a la actora y el restante 20% al demandado (arts. 68 y 71 del CPCC). REGÍSTRESE.
NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia