Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1 de la Resolución n° 242/16 (AD LAPL), recaída en el expediente administrativo n° 12073-379-2011/1, con costas a la importadora.
2Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución n° 242/16 (AD LAPL), con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas a las co-actoras en relación a los rubros confirmados.
3Revocar parcialmente el art. 3° de la citada Resolución, en cuanto exige los rubros de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, conforme a lo señalado en el Considerando VI del voto del Vocal Preopinante, con costas a la demandada.
4Ordenar a la demandada para que practique la liquidación correspondiente, en los términos del art. 1166 del C.A., y de conformidad con lo resuelto en el Considerando VI del voto del Vocal Preopinante.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-60265955-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 4 de Junio de 2025 GABRIELA ALFONSINA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Horacio J. Segura, para dictar sentencia en los autos caratulados “BLANQUEZ BRIZUELA GABRIELA ALFONSINA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 37167-A, y su acumulado “ALBA CIA.
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, expte. n° 37189-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 9/14, se presenta por apoderados, la firma epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD LAPL) n° 242/16, recaída en las actuaciones administrativas n° 12073-379-2011/1, en cuanto se la condena al pago de multa y tributos por presunta infracción al art. 970 del C.A. respecto de la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación n° 10 033 IT11 000150 Y. Se refiere a los hechos que motivaron el sumario administrativo y la imposibilidad de reexportar parte de la mercadería involucrada dentro del plazo fijado. Realiza consideraciones respecto de la improcedencia del derecho adicional y la normativa aplicable. Ofrece prueba Cita jurisprudencia y doctrina. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada con costas a la demandada.
A fs. 27/49 vta., se presenta por apoderado, la firma aseguradora, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD LAPL) n° 242/16, recaída en las actuaciones administrativas n° 12073-379-2011/1, en cuanto se le exige el pago de tributos por configurarse, presuntamente, la infracción al art. 970 del C.A. respecto de la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación n° 10 033 IT11 000150 Y, ello en virtud en su carácter de garante de la obligación tributaria. Se refiere a que su obligación tiene carácter de accesoria a la conducta realizada por un tercero. Realiza consideraciones respecto de la responsabilidad diferente a la del tomador, ello en relación de los tributos exigidos –IVA, IVA Adicional y Ganancias-, el límite de la póliza otorgada –N° 591397-, la improcedencia del reclamo del derecho adicional, la improcedencia de efectuar la determinación tributaria en dólares y el cálculo de intereses. Cita jurisprudencia y doctrina. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada con costas a la demandada.
II. A fs. 66/72 vta., la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de las corecurrentes. Realiza consideraciones acerca de la infracción endilgada, la obligación de la aseguradora, la exigencia de la percepción de IVA e Impuesto a las Ganancias. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 76 la causa se abrió a prueba producida a fs. 99. A fs. 100 se clausura el periodo probatorio. A fs. 109 se eleva la causa a la Sala “F”, se dispone que el tenor de la prueba producida no amerita los alegatos, quedando en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas n° 12073-379-2011/1 resulta que, con motivo del informe de la División Comprobación de Destino, a fs. 6 se formula el acta de denuncia formulado respecto de una serie de operaciones de importación temporaria por presunta infracción a lo establecido en los arts. 970 y 994 del C.A. -dentro de las cuales se encuentra la cuestionada en autos-. A fs. 18 se agrega la primera liquidación realizada respecto de la destinación involucrada –D.I. 10 033 IT11 000150 Y cuyo vencimiento operaba en fecha 19/02/2011-. A fs. 32 se agrega el print de la CONSULTA DECLARACIÓN DETALLADA. A fs. 34 obra la liquidación de tributos y multa. A fs. 36/37 se instruye el sumario y se dispone la corrida de vista, notificados en fecha 08/06/2012 a la importadora y 13/06/2012 a la aseguradora. A fs. 43 se presenta la importadora y manifiesta que se encontraba abocada a la tarea de recopilación de datos y elementos en relación a la destinación temporal denunciada. A fs. 52/62 vta. la firma aseguradora contesta la vista conferida. A fs. 79 se realiza nuevamente el aforo. A fs. 80/81 se agrega la póliza de caución n° 591397. A fs. 82 se dispone una nueva corrida de vista a la importadora. A fs. 85/86 la aseguradora amplia la defensa. A fs. 91 se realiza nuevamente la liquidación de tributos y multa. A fs. 95/99 la importadora contesta la vista conferida, señala la nulidad de notificación y la “virtual” nulidad del procedimiento sumarial, realiza consideraciones respecto del cálculo de la multa y tributos, la improcedencia del derecho adicional y la moneda en que se realiza la liquidación y exigencia de los tributos. A fs. 105/108 se agrega en copia la solicitud de prórroga realizada por la importadora por ante la Secretaría de Comercio. A fs. 117/120 se agrega el dictamen jurídico. A fs. 121/125 se dicta la Resolución 242/16 (AD LAPL) apelada en autos.
V. Que, visto ello, corresponde a esta instancia expedirse si la resolución apelada en autos es ajustada a derecho.
En tal sentido y por razones metodológicas, en primer término corresponde analizar si se configuró la infracción imputada, para proseguir con el análisis de lo que, como consecuencia de la infracción al régimen, la administración reclama tributariamente a las aquí apelantes.
Cabe señalar a modo de introducción que, el principal deber del importador frente al servicio aduanero radica en acreditar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de este régimen especial, con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado y, tratándose de un supuesto de importación temporaria, es indudable (tal como está establecido por pacífica jurisprudencia) que es al importador de la mercadería a quien le incumbe la carga de la prueba de haber cumplido la obligación de reexportar o importar para consumo cancelando la obligación tributaria de la mercadería en término.
El mecanismo idóneo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas es mediante la “descarga” de la DIT -eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debidacon su mención y la de la respectiva cantidad de insumo, en el o los permisos de embarque por los que se documentara la exportación para consumo del producto elaborado con dicho insumo; o mediante los despachos de importación para consumo de la mercadería importada, sin perjuicio de las facultades de control aduanero sobre lo declarado en tal sentido.
Asimismo, resulta indispensable la presentación del Certificado de Tipificación y Clasificación, por cuanto sin él no se puede determinar la relación insumo/producto entre la mercadería importada temporariamente y la exportada bajo una nueva forma, como también las mermas, sobrantes y pérdidas resultantes del proceso de transformación.
Como se mencionó, el servicio aduanero imputó a la firma importadora –la co-recurrente BLANQUEZ BRIZUELA GABRIELA ALFONSINA- el incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación 10 033 IT11 000150 Y. Concluida la etapa sumarial, la Aduana condenó a la importadora por la infracción a lo establecido en el art. 970 del C.A. al pago de una multa y le exigió tributos conjuntamente con la firma aseguradora ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. –co-recurrente en autos-, quien garantizó su pago mediante la Póliza n° 591397.
Tal como surge de las presentaciones recursivas, las partes no controvierten la configuración de la infracción. La importadora se limitó a manifestar que se vio imposibilitada de reexportar “parte” la mercadería involucrada.
Lo cierto es que no fue aportado en ninguna de las dos instancias elemento probatorio alguno a efectos de considerar el cumplimento parcial de las obligaciones respecto del régimen involucrado.
Por ello, cabe estar al incumplimiento de las obligaciones asumidas frente a este régimen especial y no advirtiendo motivo alguno para morigerar la graduación de la sanción, no cabe más que tener por configurada la infracción imputada y confirmar el art. 1 de la Resolución 242/16 (AD LAPL).
VI. Resuelto lo precedente, corresponde analizar los agravios de las co-recurrentes respecto de la liquidación tributaria exigida.
Cabe recordar que, conforme lo prevé nuestro Código de fondo en relación a la operación analizada, el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada temporariamente sin mediar el cumplimiento de las obligaciones, presupone que la mercadería involucrada, a los efectos tributarios, se considere importada para consumo en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del C.A. Así las cosas, los agravios de las co-recurrentes en tal sentido, radican en el cuestionamiento de la exigencia del rubro Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, determinación tributaria en dólares y el cálculo de intereses.
Respecto de ello, y en relación al Derecho Adicional, por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente, corresponde revocar su exigencia con costas a la demandada.
En relación a los rubros IVA adicional y Ganancias, conforme el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación caratulado “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, los magistrados entendieron que a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Las mismas constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Por ello, cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), por cuanto en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal.
Por lo expuesto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, fundamento por el cual, corresponde revocar su exigencia con costas a la demandada.
En cuanto al agravio relativo a la determinación tributaria en dólares, cabe recordar que los tributos que gravan la importación y exportación se determinan y liquidan en dicha moneda y que conforme lo establecido en el art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991) modificó, en lo que aquí respecta, el art. 639 del C.A., se estableció que, a los efectos del pago de los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y exportación, corresponde aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago -esto es, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al efectivo pago-.
Por ello, conforme la pacífica jurisprudencia dictada en tal sentido y teniendo en consideración que la obligación asegurada fue expresada en dólares, ello por cuanto la póliza se otorgó en relación a una operación documentada mediante la destinación en cuyo cuerpo se encuentran expresadas los rubros en moneda en cuestión, el agravio formulado no puede prosperar.
VII. Que, en cuanto al agravio respecto de la responsabilidad de la co-recurrente, el suscripto ha sostenido en números casos donde se ventilaban cuestiones de la misma índole que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (conf. CNCom, Sala A, nov. 26-981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. De SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG: c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, la Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata. teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado). Ello así, y habiendo quedado configurada la infracción endilgada a la importadora, prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la co-recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación para consumo de la mercadería importada temporariamente.
Que en virtud de la garantía otorgada, la aseguradora responde por todos los tributos adeudados por la importadora, que gravaban la importación para consumo de la mercadería al tiempo de producirse el siniestro, esto es al tiempo de la infracción (Art. 274).
Aclarado ello, cabe señalar que mediante la póliza de seguro de caución n° 591397, cuya copia obra agregada a fs. 80/51 de las act. adm., la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
aseguró a la AFIP-DGA el pago de tributos ante eventual incumplimiento por parte del tomador de las obligaciones respecto de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. aquí involucrado, hasta la suma máxima de DOLARES CIENTO TREINTA MIL (u$s130000), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A.
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
es hasta el monto máximo garantizado mediante la póliza mencionada, con más los intereses del art. 794 del C.A. y la cláusula 5 de las condiciones generales de la póliza, teniendo en consideración los rubros cuya improcedencia fue decretada en el considerando precedente.
Por último y respecto del planteo en relación a los intereses, cabe señalar que no se visibilizan ni se acreditan los extremos que permitan a este Tribunal sostener que la autoridad de aplicación, al fijar las tasas cuestionadas, hubiera excedido el límite impuesto en la mencionada norma del C.A.
En tal sentido corresponde traer a colación el precedente de la Sala III de la Excma. CNACAF, causa “Procesadora de Boratos … (expte. 21840/2012-TFN28181-A) donde señala, en su parte pertinente que “…En efecto la aplicación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de orportunidad, mérito y conveniencia que no son susceptibles de revision judicial, y solo corresponde a los jueces controlar la ilegitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN Fallos 308:2246 y sus citas 311:2128;321:1252 espec. Consid. VII y sus citas) …”, lo que permite concluir que “…resulta razonable que los intereses superiores a aquellos por los cuales puedan los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa claramente perniciosa para el bien común- de obtener un financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias…”. Por lo expuesto, los intereses adeudados por la aseguradora e importadora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez (10) días desde la notificación de la corrida de vista del sumario –conf. art. 794 del CA.-.
VIII. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la importadora en relación a la multa, y las corecurrentes importadora y aseguradora respecto de los tributos, con la salvedad de los rubros de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, las que deben ser soportadas por la demandada vencida.
En relación a los montos adeudados, notificada que sea la presente, ordenar a la demandada para que practique la liquidación correspondiente, en los términos del art. 1166 del C.A., y de conformidad con lo resuelto en el considerando VI.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar el art. 1 de la Resolución n° 242/16 (AD LAPL), recaída en el expediente administrativo n° 12073-379-2011/1, con costas a la importadora.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución n° 242/16 (AD LAPL), con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas a las co-actoras en relación a los rubros confirmados.
3. Revocar parcialmente el art. 3° de la citada Resolución, en cuanto exige los rubros de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, conforme a lo señalado en el Considerando VI, con costas a la demandada.
4. Ordenar a la demandada para que practique la liquidación correspondiente, en los términos del art. 1166 del C.A., y de conformidad con lo resuelto en el considerando VI.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que habida cuenta el modo en que se decide y los fundamentos esbozados por el suscripto -en disidencia- in re “Alpemar S.R.L.”, del 21 de diciembre de 2018, adhiero en lo sustancial, al voto que antecede, salvo en relación a lo manifestado en el Considerando VII, respecto a la tasa de interés aplicable en la especie.
No obstante, en atención a lo manifestado en el Pto. VI del voto preopinante, corresponde dejar sentado que, de plena conformidad con la postura que vengo adoptando desde mi voto como Juez Subrogante de la Sala E en la causa “La Mercantil Andina S.A.” de fecha 31/7/2012 -y a los cuales me remito en mérito a la brevedad-, el Derecho Adicional de Importación deviene inconstitucional, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental.
II. Que en relación a lo señalado en el Considerando VII, en relación a la tasa de interés aplicada en la especie, y sin perjuicio de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Orazio Arcana“, del 18/03/1986 (Fallos: 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A.”, del 9/11/2000 (Fallos: 323:3412), la que indudablemente ha respondido, en cada oportunidad, al contexto económico y social en el que dichos pronunciamientos fueron emitidos, cabe colegir que la utilización de tasas con guarismos diferenciales de la magnitud de las que se aplican en los supuestos donde interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado patentizan un evidente contraste y marcan una desproporción totalmente irrazonable , no cumpliendo con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino que más bien constituyen un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares; máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnívodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
III. Que, por lo tanto, en virtud de estrictas razones de equidad y justicia tributaria, la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, (mutatis mutandi voto del suscripto –en disidencia- de fecha 21 de diciembre de 2018 in re “Alpemar S.R.L., entre otros, que tramitara por ante la Vocalía de la 16°Nominación, donde se redujo la tasa de interés resarcitorio en dólares que aplica el Fisco Nacional en caso de mora del contribuyente del 3% al 1% mensual), principalmente bajo el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera.
IV. Que, por ello, la tasa de interés resarcitorio aplicable a la obligación fijada en dólares estadounidenses objeto de la presente litis debe ser del 1% mensual (12 % anual) desde los 10 días posteriores a la corrida de vista) hasta el 17 de julio de 2019; y para todos los períodos involucrados a partir del 18 de julio de 2019, deberá estarse a las tasas dispuestas por la Resolución Nro. 598/2019 del Ministerio de Hacienda, modificada por las Resoluciones del Ministerio de Economía Nros. 559/2022 (B.O. 25/8/2022), 3/2024 (B.O. 22/1/2024) y 199/2025 (B.O. 28/2/2025). ASÍ LO VOTO.
El Dr. Segura dijo:
Adhiero al voto del Vocal Preopinante. Así lo voto.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, SE RESUELVE:
1. Confirmar el art. 1 de la Resolución n° 242/16 (AD LAPL), recaída en el expediente administrativo n° 12073-379-2011/1, con costas a la importadora.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución n° 242/16 (AD LAPL), con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas a las co-actoras en relación a los rubros confirmados.
3. Revocar parcialmente el art. 3° de la citada Resolución, en cuanto exige los rubros de Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, conforme a lo señalado en el Considerando VI del voto del Vocal Preopinante, con costas a la demandada.
4. Ordenar a la demandada para que practique la liquidación correspondiente, en los términos del art. 1166 del C.A., y de conformidad con lo resuelto en el Considerando VI del voto del Vocal Preopinante.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.05.30 16:43:22 -03:00 Date: 2025.06.03 13:25:39 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Date: 2025.06.04 15:33:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.04 15:33:53 -03:00
Fin de la sentencia