Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 37172-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los recursos interpuestos y confirmar la decisión de fs. 84/87vta., con costas.
2Imponer astreintes a la importadora con arreglo a lo dispuesto en el considerando 7º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 25196/2023 BLANQUEZ BRIZUELA, GABRIELA ALFONSINA (TF 37172-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 29 de junio de 2023.
1. Que, a fs. 84/87vta., el Tribunal Fiscal de la Nación precisó que en la causa se hallaba fuera de discusión la configuración de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación de importación temporaria 10 033 IT11 892E y, entonces, por mayoría:
(i) confirmó parcialmente la resolución (AD LAPL) 308/16 con respecto al reclamo formulado a la importadora Blanquez Brizuela Gabriela Alfonsina y a la aseguradora Alba Compañía Argentina de Seguros SA en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y declaró que el importe adeudado ascendía a la suma de U$S 50.807,19, que debería convertirse al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, calculados desde el 19/10/15 hasta la fecha del efectivo pago;
(ii) revocó el reclamo del derecho adicional y las percepciones de tributos interiores;
(iii) declaró que el monto exigible a Alba Compañía Argentina de Seguros SA era la suma máxima garantizada mediante la póliza 601800 ($500.000) o, en su caso, el importe determinado en el punto i, convertido al tipo de cambio del día anterior al de efectivo pago, si resultase inferior, ello más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero;
(iv) impuso las costas a las co-actoras en cuanto al monto confirmado, y al Fisco por los rubros de la liquidación que fueron revocados.
En cuanto es de interés señalar, rechazó la oposición de la aseguradora a la determinación de los tributos en dólares estadounidenses y al tipo de cambio aplicable para la conversión. Consideró que el artículo 20 de la ley 23.905 había modificado el artículo 639 del Código Aduanero y era suficientemente claro sobre la cuestión.
Por otra parte, desestimó su cuestionamiento hacia las tasas de interés aplicables sobre los tributos así determinados. Al respecto, planteó que no se habían ofrecido pruebas que permitiesen acreditar que la autoridad de aplicación, al fijar las tasas cuestionadas, hubiera excedido el límite impuesto en el artículo 794 del Código Aduanero. A ello agregó que tampoco se había producido prueba idónea para justificar el reemplazo de los porcentajes fijados mediante las resoluciones ministeriales 492/06 y 841/10 por otros menores; lo que –a criterio del tribunal del 1 origen– hubiese importado sustituir a la Administración en su ámbito de discrecionalidad, sin sustento fáctico y jurídico suficiente.
2. Que, disconformes con la decisión, tanto la importadora como la aseguradora interpusieron recursos de apelación (fs. 95 y 98); que fueron concedidos a fs. 96 y 107, respectivamente; fundados a fs. 102/105vta. y 113/121; y replicados a fs. 128/131vta.
Ambas plantearon que la determinación de los tributos en dólares estadounidenses con arreglo a lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905, sumado al hecho de que se reclamase un interés superior al 2% mensual, constituía un doble sistema de actualización; lo cual se hallaba prohibido por la ley 23.928, y además afectaba palmariamente el derecho de propiedad y los principios de legalidad y razonabilidad que debían primar en materia tributaria.
Citaron doctrina y jurisprudencia en sustento de su planteo de inconstitucionalidad.
En particular, la aseguradora sostuvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no se había expedido acerca de si la conversión dispuesta en el artículo 20 de la ley 23.905 también debía emplearse para determinar el monto sobre el cual se computan los intereses y, en ese marco, planteó las siguientes alternativas: a) Interpretar que el artículo 20 de la ley 23.905 únicamente se aplica a las liquidaciones originarias de tributos, mientras que las liquidaciones suplementarias deben convertirse a pesos con arreglo a lo previsto en el artículo 639 del Código Aduanero; es decir, computando el tipo de cambio vigente a la fecha del hecho imponible.
b) Interpretar que el artículo 20 de la ley 23.905 extiende sus efectos tanto a las liquidaciones originarias como suplementarias, pero únicamente en lo que respecta al capital; en cambio, la base para el cálculo de los intereses debería ser el importe nominal de los tributos convertido a pesos según el tipo de cambio previsto por el artículo 639 del Código Aduanero.
c) Interpretar que el artículo 20 de la ley 23.905 extiende sus efectos a las liquidaciones originarias y suplementarias, tanto en lo que respecta al cálculo del capital como de los intereses, pero aplicando retroactivamente la tasa de interés de la resolución MH 598/19, o incluso una menor.
3. Que, el 21/6/23, dictaminó la Fiscalía General sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad, con lo que quedaron las actuaciones en estado de resolver.
4. Que, en la causa V.312.XLV “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, resuelta el 23 de agosto de 2011, la Corte –siguiendo el dictamen del Ministerio Público Fiscal– entendió que el artículo 20 de la ley 23.905 no había sido dejado de lado por la ley 23.928 pues, a tenor de lo dispuesto en su artículo 7º, ella CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 25196/2023 BLANQUEZ BRIZUELA, GABRIELA ALFONSINA (TF 37172-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO sólo se dirigía a las obligaciones de dar sumas de dinero determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se discutía en esa causa debían determinarse en dólares.
Allí aclaró también que la ley 23.905 era posterior al dictado de los artículos 637, 638 y 639 del Código Aduanero, y que la vigencia de su artículo 20 ya había sido determinada implícitamente en la causa B.828.L.XLIII, “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16674-A) c/ DGA”, sentencia del 27/4/2011.
Esto impide acceder a cualquier planteo que involucre aplicar un tipo de cambio distinto al previsto por el artículo 20 de la ley 23.905 a los efectos de convertir y pagar el importe en dólares estadounidenses de los tributos aduaneros.
5. Que no pasa desapercibido que el agravio que se expresa ante esta Cámara consiste –en sustancia– en que la aplicación conjunta del artículo 20 de la ley 23.905 y las tasas de interés previstas por las resoluciones (MEyP) 492/06 y (MEyFP) 841/10, en un contexto de fuerte inestabilidad del valor de la moneda y extensa duración de los procesos, es lo que termina por configurar un resultado disvalioso, que afectaría tanto la garantía de inviolabilidad de la propiedad, como la razonabilidad de las leyes y sus reglamentaciones.
Si bien el Tribunal admitió la formulación de este planteo en un estado avanzado del procedimiento, también indicó —con sustento en precedentes de la Corte— que la tacha de inconstitucionalidad basada en la cuantía excesiva de las tasas de interés fijadas por la autoridad administrativa debía desestimarse a falta de una clara y concreta demostración de sus efectos confiscatorios sobre el patrimonio; lo que únicamente podía evidenciarse a partir de la comparación entre el resultado final al que se arribaba por la aplicación integral de las normas impugnadas, y aquél que arrojaba el mecanismo que se proponía como adecuado. A ello agregó que debían acreditarse circunstancias que hubieren impedido acudir a la opción prevista por el artículo 796 del Código Aduanero; de lo contrario, la existencia de esa alternativa excluía la posibilidad de aceptar el agravio basado en el irrazonable detrimento patrimonial sufrido (cfr. esta Sala, causa 21771/12 “Procesadora de Boratos Argentinos SA”, sent. del 24/5/16; entre muchas otras).
En el caso, las actoras no efectuaron cálculos numéricos para demostrar que las sucesivas tasas de interés fijadas por la autoridad competente, aplicadas sobre el capital determinado con arreglo a lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905, generasen un resultado excesivo o desproporcionado con relación al monto de la deuda tributaria. Tampoco formularon la necesaria comparación entre ese resultado y el que hubiera surgido de las alternativas que propusieron; ni se hicieron cargo de la 3 facultad prevista por el ordenamiento aduanero para eludir el devengamiento de intereses mientras se cuestionaba la deuda.
En esas condiciones no es posible acceder a lo solicitado, ya que importaría ejercer la más delicada de las funciones judiciales, y sustituir el régimen legal vigente por otro que los recurrentes estiman más conveniente, sin que se encuentren fehacientemente acreditados los extremos que justifican una declaración de tal gravedad (doctr. Fallos: 297:108; 302:355; 324:920; entre otros).
Por lo expuesto, se rechazan los recursos interpuestos y se confirma la decisión de fs. 84/87vta. en cuanto fue materia de agravios.
6. Que las costas de alzada se imponen a las actoras vencidas, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 68, primer párrafo, CPCCN).
7. Que, por último, en atención a la intimación cursada en el punto V del proveído del 30/5/23, notificada a la importadora el 31/5/23, sin que aquélla cumpliere con la obligación de liquidar la suma abonada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes a Gabriela Alfonsina Blanquez Brizuela de $100 diarios, a partir del quinto día de notificada la presente y hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, y por considerar que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto exigible. Asimismo, para que se expida sobre la liquidación y el pago efectuado por la aseguradora.
Por lo expuesto, y oído el Fiscal General, SE RESUELVE:
1. Rechazar los recursos interpuestos y confirmar la decisión de fs. 84/87vta., con costas.
2. Imponer astreintes a la importadora con arreglo a lo dispuesto en el considerando 7º.
El juez de cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese –a las partes y a la Fiscalía General– y pasen los autos al Representante del Fisco a los fines indicados en el considerando 7º.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia