Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 50299
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Receptar parcialmente los recursos de apelación deducidos por los codemandados, y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada de fs. 637/648, en lo que respecta al fondo del asunto, y modificarla en la imposición de costas por las reconvenciones admitidas, que son cargadas íntegramente a Mario Raúl Blasco (art. 68 del C.P.C.C.).
II. Las costas de Alzada corresponde imponerlas, por la pretensión originaria, íntegramente a los codemandados; y por las pretensiones introducidas por reconvención, al accionante (art. 68 del C.P.C.C.).
Expte. N°: 50299 BLASCO MARIO RAUL C/ FARINA ORLANDO RAFAEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.INCUMP.CONTRACTUAL(EXC.ESTADO)(80)
N° Orden: 60 Libro de Sentencia Nº: 57 /NIN, a los 21 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces que integran en autos la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, FERNANDO H. CASTRO MITAROTONDA Y LAURA J. PANIZZA en causa Nº 50299 caratulada: "BLASCO MARIO RAUL C/ FARINA ORLANDO RAFAEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJ.INCUMP.CONTRACTUAL(EXC.ESTADO)(80)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Mitarotonda y Panizza .-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. A fs. 637/648 dictó sentencia el Juez de primera instancia, por la que, en lo que a los recursos interesa: a) Hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada por Mario Raúl Blasco contra Orlando Rafael Farina y José Luis Cornago, condenando a éstos últimos en forma concurrente al pago de la suma de $ 100.000 en concepto del valor de las reparaciones y $ 30.000 en concepto de daño moral, con más intereses calculados a la tasa pasiva BIP que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en su operatoria digital, desde la fecha del reclamo incoado por carta documento. Impuso las costas a los demandados. b) Asimismo, hizo lugar a la reconvención deducida por José Luis Cornago, condenado al acto a abonarle la suma de $ 4.570, con más los intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires, denominada "Activa restantes operaciones", a partir de la mora que opera con la deducción de la reconvención. Con costas en el orden causado. Y por último, c) Hizo lugar a la reconvención articulada por Orlando Rafael Farina, admitiendo la misma por la suma de $ 14.450 en concepto de trabajos adicionales, y $ 6.600, correspondientes al saldo del precio de la obra primitivamente pactada. Ello con más los intereses a la tasa pasiva BIP que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en su operatoria digital. Con costas por su orden.
De este modo, el Dr. Rodolfo J. Sheehan resolvió las pretensiones cruzadas de las partes, originadas en la relación contractual que los uniera, por la cual el actor Blasco, le encomendó a los codemandados Farina, como constructor, y Cornago, como proyectista y director de la obra, la construcción de una vivienda sita en calle Las Gallaretas Nº1450 de esta ciudad. Teniendo por objeto este proceso, por un lado, el reclamo actoral por los daños y perjuicios causados por la deficiente construcción de la vivienda, y por el otro, introducidos por vía reconvencional, los reclamos de Farina y Cornago por el precio impago.
La pretensión de daños y perjuicios fue subsumida por le sentenciante en el art. 1646 del C.C., explicando que el concepto de ruina abarca todos los defectos que presente una construcción que la hagan inaceptable para el destino previsto; y que los obligados pasivos son el constructor y el proyectista, siendo su responsabilidad concurrente. Con las actas notariales agregadas y con la pericia arquitectónica producida, tuvo por acreditado los problemas constructivos, a saber: revoques interiores y de cielorraso deteriorados a causa de filtraciones de agua, fisuras en revoques exteriores, grietas horizontales a la altura de la losa, rajaduras en la vereda perimetral; y como causa de ello, la dilatación de la losa, a la que coadyuvó la colocación de palos de palmera en el frente, y el hecho de haber cedido los cimientos.
Por otra parte, dijo que la utilización de materiales no convencionales -palos de palmera- no enerva siquiera parcialmente la responsabilidad, desde que si con una correcta técnica constructiva no era posible evitar sus efectos perjudiciales sobre los revoques, tanto el constructor como el proyectista debieron negarse a emplearlos. Y además, aclaró, que esos elementos ya se hallaban previstos en el plano de obra, cuya aprobación es previa al inicio de las actuaciones, por lo que debe descartarse la versión de la demandada de que los troncos fueron incorporados como un cambio en las condiciones originales de contratación. Por ello, también descartó la declaración, que en sentido contrario, realización los testigos ofrecidos por la demanda, quienes además, son familiares o dependientes de Farina.
Para fijar la indemnización correspondiente al costo de los trabajos de reparación, se basó en los valores informados por la perito Alfonso, actualizándolos con el índice de precios para la construcción que publica el INDEC, desde la fecha de la pericia hasta la de la sentencia. En tanto que para el reclamo de daño moral, valoró el destino de la construcción - vivienda- y el aspecto ruinoso y poco acogedor que presentó la misma, considerando obvio que ello debe haber provocado angustia y sufrimientos al propietario.
Por otro lado, para receptar la reconvención interpuesta por Cornago por el pago de sus honorarios, aún cuando encontró presunciones respecto a la inexistencia de la deuda (amistad, ausencia de reclamo anterior) no las consideró suficientes para tener por acreditado el pago invocado defensivamente.
Por último, en relación a la reconvención deducida por Farina, en lo que al recurso importa, desestimó el reclamo por el pago del precio por la realización de los siguientes trabajos: la sustitución de mesadas en baño y cocina -por considerarlo incluido en el proyecto original-, y la colocación de super iggam en lugar de revoques grueso y fino -porque no resultó útil para el propietario, al tener que ser removido-.
II. Este pronunciamiento fue apelado por ambos demandados a fs. 672 y fs. 673, recursos que concedidos libremente, motivaron la elevación de las actuaciones.
Radicados los autos en esta instancia, José Luis Cornago presentó la expresión de agravios a fs. 696/703.
La crítica se centró, en primer lugar, en el análisis de la prueba rendida, que permite tener por acreditado que se negó a la utilización de troncos en la construcción, destacando que los testigos Villar y Christins son absolutamente idóneos y no quedan comprendidos en la generales de la ley en relación a él.
En segundo lugar, sostuvo que el sentenciante se equivocó al afirmar que los palos estaban previstos en el proyecto, cuando en realidad los troncos no figuran en el plano, ni en la memoria descriptiva ni en la planilla de cómputo y presupuesto. Circunstancia que es corroborada por los testigos citados, e incluso por el testigo Rao propuesto por la actora, quien dijo que los bosquejos o dibujos fueron hechos por el actor. En tercer lugar, se agravió del mecanismo utilizado para la actualización de los costos, aplicando índices que no fueron solicitados en la demanda, y soslayando los valores surgentes de la pericia realizada por la arquitecta Annan; por lo que entiende que la sentencia fue más allá de lo pedido. Además, entendió que al actualizar los importes periciales y luego aplicarles intereses, se configura un enriquecimiento sin causa del accionante.
En cuarto lugar, cuestionó la imposición de costas por su orden de la reconvención receptada, en la inteligencia de que no hay elementos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota.
En último lugar, se agravió de la indemnización otorgada en concepto de daño moral, señalando que no se produjo prueba al respecto, y el criterio restrictivo que debe primar en materia de responsabilidad contractual.
III. A fs. 704/723 presentó la expresión de agravios Orlando Rafael Farina.
El primer agravió se dirigió a la valoración de la prueba, la que considera absurda, debido a que entiende demostrado que la causa de las distintas deficiencias, al menos de las más importantes, se debieron a la colocación de palos de madera, que fuera desaconsejada por ambos codemandados, y que, como hecho nuevo introducido en la contestación de demanda no fuera negado ni rebatido por el actor al contestarlo; circunstancia que luego fuera corroborada con las declaraciones testimoniales producidas, que no pueden descalificarse sólo porque los testigos son comprendidos por la generales de la ley. En el segundo agravio, cuestionó el encuadre legal, afirmando que en el proyecto original no se encontraba prevista la colocación de los palos de palmera, insistiendo con que fue una modificación impuesta y asumida por Blasco, hecho que provoca la ruptura del nexo causal, y que a los efectos de la asunción de la responsabilidad por parte del dueño de la obra, basta con advertirle la posibilidad de daños, pero no puede exigirse que la resistencia se traduzca en el abandono de la obra.
El tercer agravio, se apuntaló sobre la violación del principio de congruencia, porque la determinación del resarcimiento como una obligación de valor no fue solicitada en la demanda. A todo evento, solicita se apliquen los valores fijados por la perito Annan.
En cuarto lugar, criticó la determinación de responsabilidad, alegando que no se trata de un caso de responsabilidad concurrente, cuando se está en condición de atribuir los porcentajes que le corresponde a cada uno de los demandados, porque en el caso de autos Cornago era además del arquitecto que confeccionó los planos, el director de la Obra, reposando sobre él la responsabilidad absoluta de toda la ejecución. En quinto lugar, se agravió de la tasa pasiva de interés aplicada sobre el monto por el que prosperó la reconvención, destacando que se hizo una infundada diferenciación con los intereses de los honorarios de Cornago, cuyo cálculo se ordenó en base a la tasa activa para restantes operaciones. En sexto lugar, criticó el rechazo de alguno de los rubros reclamos como "extras", cuando la realización de los mismos ni siquiera se encuentra controvertida. Agregó que las tareas en la cocina y ante baño se encuentran acreditadas por la pericia y por las declaraciones testimoniales; al igual que la colocación del igamm en la parte exterior. Por otro lado, en relación a este último, calificó de incomprensible el argumento dado por el a-quo para la desestimación, en el sentido de que no resulto útil para el locatario de la obra, al no entender porque debió realizar gratuitamente el trabajo, abonando a las personas que subcontrató, y además, abonar la condena por ese rubro.
Por último, cuestionó la imposición de costas por su orden de la reconvención receptada, argumentando que no cabe apartarse del principio objetivo de la derrota.
Corrido el traslado de la reseñadas fundamentaciones, recibieron réplica actoral a fs. 727/731, luego de lo cual se dictó el llamado de autos para sentencia a fs.758, cuya firmeza dejó las presentes actuaciones en condición de ser resueltas (art. 263 del C.P.C.C.).
IV. En esa tarea y recordando que la CSJN ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tiene el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), paso a ocuparme de las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto, inclinándome por los medios probatorios que produzcan mayor convicción. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama "jurídicamente relevantes" (su obra "Proceso y derecho procesal", Ed. Aguilar, Madrid, 1960, p. 971, párr. 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei ("La génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", ps. 369 y ss.). La locación de obra es un contrato por el cual una de las partes, denominada locador de obra (empresario, constructor, contratista y, en su caso, profesional liberal, autor, artista), se compromete a alcanzar un resultado material o inmaterial, asumiendo el riesgo técnico o económico, sin subordinación jurídica, y la otra parte, denominada el locatario de la obra (dueño, propietario, comitente, patrocinado, cliente), se obliga a pagar un precio determinado o determinable, en dinero (conf. art. 1629, Cód. Civil). (Spota, A. G., "Instituciones de derecho civil", "Contratos", vol. V, p. 284, Ed. Depalma, 1979).
El opus califica la actividad del contratista que no se agota en si misma sino que debe expresarse en el resultado eficaz convenido (tal como señala ahora el art. 1252 del CCCN aunque con cierta contradicción con la categoría que para casos excepcionales incorpora el art. 774 inc. b del nuevo cuerpo normativo: ver López Mesa Marcelo "Responsabilidad de ingenieros, arquitectos y constructores por vicios de edificación" La Ley 4/4/2016 AR/DOC/608/2016; Compagnucci de Caso Ruben en "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado" de Rivera-Medina La Ley To. III p. 110; Lamber Rubén "Código Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado Ed. Astrea-FEN To. 3 p. 290)
Si ese resultado no se obtuvo (por defectos en la calidad convenida u otros vicios - advertibles o no a la recepción de la obra-, vicios redhibitorios que son aquellos ocultos que por su gravedad hacen a la cosa impropia para su destino o disminuyen su utilidad y aquellos que generan ruina total o parcial; sin perjuicio del distinto régimen jurídico a que están sujetas cada una de esas clases - con diferencias marcadas pero con una regulación no lo suficientemente precisa tanto en el viejo como en el nuevo código- en cuanto a plazo de garantía, denuncia y prescripción, tópicos éstos no comprometidos recursivamente) existe incumplimiento y responsabilidad del empresario salvo que ello obedezca a causa ajena. De la pericia de la Arq. Alfonso (prueba anticipada fs. 202/205) surge que en la construcción por la que se reclama "existen problemas constructivos claramente a la vista. Dichas fallas se manifiestan en revoques interiores y cielorraso deteriorados (causados por filtraciones de agua), fisuras en revoques exteriores, grietas horizontales a la altura de la losa, vereda perimetral con rajaduras, entre otras", que "los movimientos producidos por la losa (dilatación) empujaron los muros exteriores provocando rajaduras", "que el colocar los palos de palmera, como un objeto de decoración ayudó a debilitar la pared y favoreció la aparición de las grietas y fisuras", respecto a las grietas inferiores observadas en los muros " se deben a que los cimientos han cedido" y las grietas en la vereda perimetral exterior de cemento obedecen a "los movimientos de cimientos y suelo". En la contestación a aclaraciones pedidas (fs. 213) manifiesta que "existen múltiples causas que podrían haber ocasionado que los cimientos hayan cedido, por ejemplo, las napas de agua estén altas o que los cimientos sean inadecuados o insuficientes, entre otros".
Aunque atribuyéndole mayor relevancia causal en relación a las fisuras al hecho de haber amurado palos redondos de madera dura con fines decorativos, la pericia de arquitectura de la perito Annan es en lo sustancial coincidente. Esta experta en su informe de fs. 561/572 señala que "la losa ha trabajado" por cambios de temperatura y "al no tener juntas de dilatación estos movimientos producen fisuras horizontales a la altura de la losa"; que el aglobamiento del cemento alisado en paredes de piso a techo "el comportamiento del material depende de varios factores: proporción de materiales utilizados en el mortero, forma de ejecución, mantenimiento, etc". En lo que hace al amuramiento de los palos apunta que es "sin el debido tratamiento para que no absorba humedad" -"se les debe colocar varias manos de producto que lo convierte en impermeable y no absorba el agua de lluvias"- y los sectores donde se amuraron "se convirtieron en sectores vulnerable a rajaduras horizontales y filtraciones". En el mismo sentido se había expedido la Arq. Alfonso cuando dice que el tratamiento de los mismos "no ha sido suficiente al poderse constatar que los mismos se han mojado y dilatado, incrementando de esta forma los problemas de las grietas y del ingreso de humedad" aclarando también que los palos de palmera no son elemento usual de construcción en nuestro país.
De lo reseñado resulta que los daños que ha sufrido la construcción, encuadrados por el sentenciante de grado como ruina en su concepción amplia (art. 1646 C. de Vélez ref. por ley 17711), etiológicamente pueden obedecer a la concurrencia de factores, sin que se haya podido deslindar con las pruebas arrimadas a este proceso un nexo causal específico para cada uno de ellos, que pueden ser resumidos en suelo, materiales (palos) y construcción (losa y alisado).
Como recuerda López Mesa (trabajo citado) la edificación es un proceso complejo, en el que intervienen numeroso agentes, entre los que median relaciones jurídicas diversas, que pueden ser configurados como contratos de obra, de servicios - cuando se encarga a un arquitecto la dirección técnica de la construcción-, mixtos o complejos - cuando se encarga al arquitecto la elaboración del proyecto y también la dirección técnica- y subcontrataciones.
El art. 1646 del Código de Vélez ref. por la ley 17.711 - aplicable al sublite en razón de la fecha de ocurrencia de los daños art. 7 CCCN- " menciona como sujeto pasivo de la responsabilidad en primer lugar, como es obvio al constructor que es quien ejecuta materialmente la obra" (Aparicio Juan Manuel " La locación de obra y las reformas introducidas al Código Civil por la ley 177711" Plus Ultra p. 48). "En principio, el locador de obra material responde por vicios de construcción, por vicio del suelo y por la mala calidad de los materiales, por cuanto su responsabilidad emana del incumplimiento de la obligación fundamental que ha contraído, de ejecutar la obra en la forma debida, exenta de vicios que provoquen su deterioro o ruina" (Molina Quiroga- Viggiola en Código Civil y leyes complementarias Dir.
Belluscio-Zannoni Ed. Astrea To. 8 p. 229). En razón de la división de trabajos en la construcción de la obra, que se traduce en la diferenciación de diversas tareas: la elaboración del proyecto, la ejecución de la obra y la dirección de ella, el precepto recogiendo la doctrina anterior establece que esa responsabilidad puede ser extendida según las circunstancias del caso al proyectista y al director. Los vicios del suelo son incluidos por Spota (obra citada To. II n° 319) dentro de la categoría más amplia de vicios del proyecto, ya que al realizar los estudios para elaborarlo debieron advertirse los inconvenientes que el mismo presentaba. Debe reputarse como una obligación inherente a su cometido, verificar el terreno donde debe ejecutarse la obra a fin de proyectar con un criterio técnico fundado, las providencias y los trabajos que sean necesarios para que el suelo soporte la construcción sin que la misma se vea afectada (Aparicio obra citada p. 49, Molina Ines Elena "Responsabilidad de los profesionales de la construcción por ruina" Ed.
Abaco p. 64/65; Molina Quiroga-Viggiola ídem p. 231). Si bien, algunos autores (vgr. Borda Contratos To. II n° 1139 p. 112) dejan a salvo la responsabilidad del constructor cuando aquellos defectos pueden pasar inadvertidos a un empresario experimentado, esa diferenciación aquí se vuelve innecesaria, en lo que se refiere a la responsabilidad de Farina toda vez que en lo que hace al movimiento causante de las fisuras los cimientos pueden haber cedido por resultar insuficientes o inadecuados, es decir por defectos constructivos a él exclusiva y objetivamente imputables. De ser esta la única causa tampoco se eximiría el Arq. Cornago como Director de Obra: "el supuesto de que el director de obra pueda exonerarse de responsabilidad es muy excepcional.
Si el constructor resulta imputable, habiendo director de obra, generalmente éste también lo será, pues los vicios de la construcción o de los materiales no habrían podido pasarle inadvertidos si hubiese efectuado una correcta dirección de obra" (Nicolau Noemí en Código Civil de Bueres-Highton To. 4A p. 650), no existiendo prueba alguna de que esos vicios en los cimientos igualmente se hubieran producido a pesar de ser la vigilancia del director de obra todo lo asidua y diligente que era dable exigir y que el dueño de la obra le confió para asegurarse que se hará con todas las reglas del arte ( Molina Quiroga- Viggiola ídem p. 226 y 230)
Lo dicho al final del párrafo precedente es plenamente aplicable en relación a los vicios en la losa y el aglobamiento en el alisado: como constructor material y Director de obra ambos demandados son responsables.
Respecto a los palos amurados, aunque no figuran en la memoria y planilla de cómputo, coincido con el sentenciante de grado de que fueron previstos en el proyecto originario. Claramente se los visualiza en el plano de fs. 67. Sin perjuicio de ello aun en el supuesto de que su colocación sobreviniera, siendo impuestos por el comitente nada cambiaría (Luigi Abello Locazione To. IV p. 686 citado por Jorge F. Nuñez "Contrato de Locación de obra" Depalma p. 81) La mala calidad de los materiales a que hace referencia el artículo no se vincula solamente con que los mismos sean defectuosos sino también cuando resultan inadecuados o impropios para la construcción (Aparicio ídem p. 45). "El constructor responderá por la mala calidad de los materiales, ya sea que los haya provisto personalmente o que le hayan sido entregados por el dueño de la obra…En este último supuesto será responsable de la ruina por "haber empleado" los materiales de mala calidad, puesto que sabiéndolo no debió ejecutar la obra con ellos.
La mala calidad de los materiales debe ser advertida al comitente y si éste insiste en que la obra se ejecute con tales elementos, el constructor deberá negarse a hacerlo, porque si no deberá al dueño de todos modos la garantía legal prevista en el art. 1646. El director de la obra será responsable, en el mismo sentido, puesto que por sus conocimientos técnicos debió advertirlo y no solo informarlo al dueño sino oponerse a que sean empleados" (Molina Inés E. obra citada p. 66/67). Puede verse en ello una aparente contradicción con el art. 1630 cuya última parte solo lo responsabiliza "si no advirtió de ello al propietario" que los suministró. Homero Rondina ("La responsabilidad civil y el contrato de construcción" Depalma p. 299/3009 lo entendió reflejamente reformado, señalando que "de cualquier manera corresponde al constructor, al profesional o al empresario negarse a utilizar los materiales indebidos, aun cuando el comitente insista en introducirlos en la obra.
En primer lugar por una razón de moral profesional que hace que quien conozca los resultados de un hecho que puede resultar perjudicial debe abstenerse de producirlo" Otros (vgr. Nuñez ídem p. 83; Molina Quiroga- Viggiola ídem p. 222) en cambio consideran que en caso de edificio u obra en inmueble destinado a larga duración se aplica estrictamente el art. 1646 que impone una garantía específica excluyendo a la norma genérica determinada por el art. 1630. También están (vgr. Borda To. II n° 1118, Nicolau ob. cit. p. 586) quienes consideran que esa advertencia está limitada estrictamente al pago de la remuneración por lo que suceda antes de la terminación del trabajo.
Como vemos, cualquiera sea la tesis que se sostenga y aun teniendo por comprobada en un marco de informalidad esa advertencia, igual subsistirá esa responsabilidad del constructor y del director de obra. Empero estimo que existe otra circunstancia que confluye o desplaza la misma inadecuación propia de los palos amurados. Que no sean un elemento usual de construcción en nuestro país como dijo la Arq. Alfonso en todo caso demuestra impericia en su colocación (art. 512 CCiv. de Vélez) pero no importa per se la incompatibilidad del material con un buen resultado de haberse seguido una correcta técnica constructiva. No es un dato menor que ambas expertas hayan determinado una insuficiente impermeabilización, es decir su tratamiento previo para evitar dilatación e ingreso de humedad.
En base a lo que llevo dicho, considero correctamente establecida la responsabilidad concurrente o indistinta del constructor y el arquitecto -ya como proyectista ya como director de obra-, sin que sea viable en este proceso en función de su plataforma probatoria establecer la cuota que cada uno le corresponde sin mengua por supuesto de que ello pueda ser dilucidado en la acción de regreso que cualquiera de ellos pueda intentar.
V. Confirmada la atribución de responsabilidad, corresponde avocarse a los agravios dirigidos contra los rubros indemnizatorios, comenzando por el correspondiente al valor de las reparaciones. Tratándose de una obligación de valor (conf. Atilio Aníbal Alterini, Oscar José Ameal y Roberto M. López Cabana, "Derecho de obligaciones", ed. Abeledo Perrot, pág. 552/553), el juez debe cuantificarla al momento de la sentencia (Garrido Cordobera Lidia M. R., "La cuantificación de daños. Un debate inconcluso", LL 2007-D, 1204; Conclusiones XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil Bahía Blanca 2015: El momento para la cuantificación de la deuda de valor será el determinado por las partes en el contrato, o la sentencia en el caso de deudas judiciales - unánime-). Por esta razón, habiendo transcurrido un importante lapso de tiempo entre la pericia y el acto jurisdiccional, potenciado por el notorio proceso inflacionario que está sufriendo la economía del país, lógico es que el juez recurra a las herramientas para mantener incólume ese valor, tomando como pauta a los fines de su estimación en este caso un índice que refleja la variación de los costos, precisamente, en el rubro objeto de reclamo.
Tampoco representa un enriquecimiento sin causa la adición de intereses al rubro indemnizado. En este sentido, nuestro Superior Tribunal ha resuelto que: "Cuando se alude a los intereses moratorios no se hace referencia a un rubro resarcitorio proveniente del daño. No nos hallamos, pues, frente a la cuantificación de un rubro indemnizatorio, por cuanto una cosa es el daño que el ilícito provoca, cuya valoración y cuantificación a los fines de su reparación plena debe efectuar el juez de la instancia de grado en cada caso en concreto, y que se impone como materia de su propia incumbencia irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, y otra, diferente, al menos en lo conceptual, es el menoscabo que el acreedor experimenta a raíz del retardo imputable al deudor en repararlo." Juba B32093, SCBA LP C 101774 S 21/10/2009, "Ponce, Manuel Lorenzo y otra c/Sangalli, Orlando Bautista y otros s/Daños y perjuicios", el resaltado es propio).
En el mismo orden de ideas, la Sala 1º de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, tiene dicho que: " La obligación de resarcir el daño contractual o extracontractual tiene naturaleza de obligación de valor. La deuda de valor permite la adecuación de los valores debidos y su traducción en dinero al momento del pago. Dicho proceso, que puede contemplar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, se orienta a mantener incólume el valor debido. Nada obsta a que la deuda de valor pueda también generar intereses, compensatorios o moratorios, según los casos, los que debe calcularse sobre el valor actualizado. La actualización de la deuda de valor obedece al mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, en tanto los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado." (Sumario Juba B2551314, CC0001 LZ 65990 RSD-434-8 S 16/12/2008, "Escalada María c/Carbajal, Manuel y otros s/Daños y Perjuicios", el resaltado el propio).
En conclusión, estimo que la indemnización por el valor de las reparaciones necesarias en el inmueble ha sido correctamente estimada, y asimismo, se impone confirmar la adición de intereses moratorios sobre dicha suma establecida (arts. 508, 509 del C.C.).
VI. Pasando al cuestionamiento de la indemnización otorgada en concepto de daño moral, adelanto que no será de recibo.
Vale remarcar que la vivienda es el lugar en donde las personas desarrollan su existencia individual y familiar; y por lo tanto, es lógico a ella se liguen legítimas afecciones de los moradores, cuyo menoscabo es susceptible de generar un daño moral, en tanto y en cuanto los deterioros causados en el inmueble tengan entidad suficiente como para generar una alteración disvaliosa del espíritu.
En este caso, el estado de ruina de la vivienda (que surge de las fotografías acompañadas a fs. 31/50, así como de las pericias ya citadas), indudablemente tiene aptitud para generar una perturbación anímica indemnizable en el accionante, aún con el criterio estricto que según los apelantes debería primar para la recepción de este tipo de reclamos en el ámbito contractual, máxime cuando estamos aquí frente a un deber de garantía de fuente legal (arts. 522 y 1078 CCivil de Vélez).
Con respecto a la cuantía del resarcimiento, su determinación no es tarea sencilla, ya que como el interés lesionado no es susceptible de mensuración económica, no tiene una equivalencia en dinero. Por lo tanto, para fijar la suma reparatoria debe atenderse a los costos que irrogarían determinadas satisfacciones compensatorias (por ejemplo: comodidades, descansos, diversiones, distracciones, etc.) que pueden ayudar a la víctima a sobrellevar ese momento de aflicción.
Si bien el monto reparatorio queda librado al prudente arbitrio del juez, quien deberá sopesar las concretas circunstancias de cada caso, no debe fijarse una suma simbólica que no permita a la víctima la obtención de alguna satisfacción compensatoria ni tampoco una suma exagerada que de lugar a su enriquecimiento (conf. Jorge Mosset Iturraspe y Miguel Alberto Piedecasas, "Código Civil Comentado. Doctrina-Jurisprudencia- Bibliografía." vol., "Responsabilidad Civil", págs. 111/114).
De acuerdo a tales lineamientos, teniendo en cuenta: la honda preocupación y el notorio malestar que es dable presumir que debe haber padecido Mario Raúl Blasco debido a la ruina de su vivienda recientemente construida; y la angustia y el temor que también es dable presumir por el mismo motivo; estoy convencido de que efectivamente el reclamante ha soportado un daño moral, cuya reparación ha sido prudentemente fijada en la suma de $ 30.000.
VII. La misma suerte debe correr el agravio que Orlando Rafael Farina ensaya respecto del precio de tareas no receptadas en la sentencia. En primer lugar, cabe señalar que la presentación de fs. 314/317, si bien lacónica, no implica un reconocimiento de los hechos alegados por el reconviniente (arg. art. 354 del C.P.C.C.).
En segundo lugar, tampoco la prueba rendida permite tener por probado el presupuesto de hecho alegado el constructor Farina, que es la falta de pago del precio por la realización de tareas que no estaban incluidas en el proyecto original -ver fs. 291 y ss.- (art. 375 del C.P.C.C.). Llego a tal conclusión, valorando el dictamen pericial presentado por la Arquitecta María Rita Annan a fs. 571/572, en donde la experta dictamina, por un lado, que en la memoria descriptiva presentada al Banco Provincia se incluyeron mesadas de cemento alisado; y por otro, que en la planilla de cómputo y presupuesto entregada al Banco "dice revoque exterior grueso hidrófugo y fino, y en realidad se hizo superigam", aclarando que: "aquí no habría plus puesto que este producto le da la terminación exterior a la pared y reemplaza el revoque grueso y el fino". Además, en relación a la colocación de Iggam en lugar de los revoques, vale agregar que la de consulta de los valores de mano de obra que publica el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba en su sitio de internet (www.colegio-arquitectos.com.ar), se extrae que su precio es similar al de colocación de revoque grueso y fino para exterior, como originalmente se pactara.
En consecuencia, no habiendo motivos para apartarse de la pericia (arg. art. 474 del C.P.C.C.), cabe tener por acreditado que la realización de las mesadas de cemento alisado estaban incluidos en el proyecto original, y por tanto, comprendidas en la retribución originalmente pactada; y que la colocación de igamm en lugar de revoques grueso y fino, aún cuando haya sido una modificación al proyecto, no genera un plus que deba ser retribuido en forma independiente.
VIII. Resta tratar el agravio vertido por el constructor Farina, referido a la tasa de interés fijada en la sentencia para la reconvención por el cobro de trabajos "extras".
Adelanto que el mismo no puede prosperar, ya que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto invariablemente, sentando de tal modo doctrina legal, que a los créditos reconocidos judicialmente que estén pendientes de pago, debe aplicárseles la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación (causa C. 116.814 "Villarruel, Alicia B. c/ Caparrós, Oscar A. s/ Daños y Perjuicios", entre muchas otras), y más recientemente, ha admitido la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días través del sistema Banca Internet Provincia, esto es, la tasa pasiva en la indicada variante denominada "digital", señalando que no vulnera la doctrina legal antes citada (SCBA LP Rl 118615 I 11/03/2015, "Zocaro, Tomas Alberto contra Provincia A.R.T. S.A. y otro/a. Daños y perjuicios").
IX. Por último, trataré en forma conjunta los agravios que ambos codemandados dirigen contra las imposiciones de costas por las reconvenciones.
En este punto, considero que no existen elementos en ninguna de las dos pretensiones receptadas que justifiquen el apartamiento del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).
El apoyo que hace el magistrado de origen en las supuestas dudas en torno a la existencia de la deuda carece de asidero si consideramos que en la misma sentencia -que en este aspecto arriba firme- entendió que los indicios (vgr. la amistad entre Blasco y Cornago, la ausencia de reclamo oportuno) no eran suficientes para acreditar el pago.
En lo demás, la escasa importancia económica de los trabajos reclamados pero no receptados, tampoco justifica una distribución distinta para la reconvención deducida por Farina, que debe considerarse exitosa.
X. Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo la recepción parcial de los recursos de apelación deducidos por los codemandados, y en consecuencia, modificar la sentencia apelada de fs. 637/648, imponiendo las costas de las reconvenciones admitidas a Mario Raúl Blasco (art. 68 del C.P.C.C.).
Las costas de Alzada corresponde imponerlas, por la pretensión originaria, íntegramente a los codemandados; y por las pretensiones introducidas por reconvención, al accionante (art. 68 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Castro Mitarotonda y Panizza, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
I.-Receptar parcialmente los recursos de apelación deducidos por los codemandados, y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada de fs. 637/648, en lo que respecta al fondo del asunto, y modificarla en la imposición de costas por las reconvenciones admitidas, que son cargadas íntegramente a Mario Raúl Blasco (art. 68 del C.P.C.C.).
II. Las costas de Alzada corresponde imponerlas, por la pretensión originaria, íntegramente a los codemandados; y por las pretensiones introducidas por reconvención, al accionante (art. 68 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Castro Mitarotonda y Panizza, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, FERNANDO H. CASTRO MITAROTONDA Y LAURA J. PANIZZA (Jueces), Ante mí, DR. PABLO MARTIN DEMARIA (Auxiliar Letrado).-
//NIN, (Bs. As.), 21 de Abril de 2016.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve: I-Receptar parcialmente los recursos de apelación deducidos por los codemandados, y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada de fs. 637/648, en lo que respecta al fondo del asunto, y modificarla en la imposición de costas por las reconvenciones admitidas, que son cargadas íntegramente a Mario Raúl Blasco (art. 68 del C.P.C.C.).
II. Las costas de Alzada corresponde imponerlas, por la pretensión originaria, íntegramente a los codemandados; y por las pretensiones introducidas por reconvención, al accionante (art. 68 del C.P.C.C.). Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, FERNANDO H. CASTRO MITAROTONDA Y LAURA J. PANIZZA (Jueces), Ante mí, DR. PABLO MARTIN DEMARIA (Auxiliar Letrado).-
Fin de la sentencia