Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 30.293-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución-Fallo N° 770/2011 en cuanto imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a la mercadería amparada por el DIT Nro. 07 038 IT14 000583 P, intimando el pago de multa cuyo monto asciende a la suma de pesos cincuenta mil ochocientos cincuenta y uno con 48/100 ($ 50.851,48) y el pago de tributos por la suma de pesos cincuenta mil ochocientos cincuenta y uno con 48/100 ($ 50.851,48) con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben computarse desde el 12 de marzo de 2010 hasta la fecha de efectivo pago y revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias que la Aduana le intima.
2Las costas se imponen a la actora en cuanto a los montos que se confirman y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan.
3Por presentado el Sr. Ulises Sabato, por parte, en su carácter de Presidente de la firma “Blueberries S.A” y por ratificada la presentación obrante a fs. 332/334.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-12941107-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 3 de Febrero de 2023 Expte. nro. 30.293-A.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Cora M. Musso, Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia de la Sra. Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados “Blueberries S.A c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”; Expte. nro. 30.293-
A.
La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que a fs. 21/33vta la actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución-Fallo N° 770/2011, dictada en el expediente Nro. 12447-864-2009 (SA-38-10-007) por el Administrador de la Aduana de Mendoza, mediante la cual se le imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA y se le intima el pago de la suma de $ 50.851,48 en concepto de multa y de $ 144.297,01 en concepto de tributos, con más los intereses previstos en el art. 794 del CA, en relación al DIT Nro. 07 038 IT14 000583 P.
Efectúa un breve relato de los antecedentes del caso y señala que mediante el DIT aludido precedentemente importó temporalmente envases plásticos a fin de envasar los arándanos que luego exporta. Expresa agravios manifestando que su mandante produce arándanos de exportación en la Provincia de Entre Ríos, más precisamente en Concordia y que la producción de esta exquisita fruta, encuentra su desarrollo muy vulnerable a cuestiones de carácter climático. Al respecto indica que las emergencias agropecuarias han sido reconocidas por los períodos comprendidos entre mayo 2006 a mayo 2007 por sequía (por Resolución Conjunta nº 67 y 2/2007 del Ministerio de Economía e Interior), desde el 15 de septiembre de 2007 al 15 de septiembre de 2008 por heladas vividas en junio del 2007 (por Decreto Provincial n° 6490) y desde el 1 de octubre de 2008 al 31 de marzo del 2009 por sequía (Resolución nº 70/2009 Ministerio de Producción, y otras como Decreto Nro. 201/09 y 2820/09 de la Provincia).
Destaca que condiciones inesperadas, impensadas, imprevisibles, no pudieron ser revertidas y, como consecuencia de ello, se vio imposibilitada de cumplir y regularizar el remanente de envases importados para embalar y acondicionar la cantidad de fruta que había previsto exportar. Es decir que, habiendo padecido la provincia sequías y heladas, la emergencia agropecuaria viene simplemente a constatar esos hechos climáticos, que indudablemente afectaron a todos los sectores. Agrega que los desastres de la naturaleza durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009, configuran en el caso particular los eximentes de caso fortuito y fuerza mayor permitiendo que sea contemplada, por éste Tribunal, la absolución lisa y llana de su representada.
Plantea que el caso fortuito, en sentido estricto, es el resultado o consecuencia que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas pero que, no obstante ello, no ha podido preverse al ejecutarse el hecho y la fuerza mayor es el resultado o consecuencia que no acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, y que no ha sido tenido en miras al ejecutarse el hecho, siendo estas circunstancias que se deben tener fundamentalmente en cuenta a los efectos de poder dar cabida a la petición de su representada. Sostiene que su mandante introduce el análisis del impacto del clima en su propia producción como un claro eximente de responsabilidad y en orden a lo expuesto, y encontrándose debidamente acreditado en autos y reconocidas por la ley circunstancias imprevisibles, inevitables, impensadas; solicita se analice dicha cuestión.
Cita el art. 731 del C.A, y transcribe el mismo .."Cuando el exportador acreditare fehacientemente que no ha podido exportar en los plazos, formas y condiciones contemplados en el art. 730 por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo correspondiente o exceptuarlo de dicha obligación de exportación " explayándose sobre lo manifestado por la doctrina al respecto. Por otro lado, en el hipotético caso que éste Tribunal considere que existe responsabilidad de la interesada, interpreta que no puede escapar de su análisis un grado de duda suficiente para la aplicación del principio de "in dubio pro reo", garantía penal rememorada por el art. 898 del Código Aduanero, planteando que aún en caso de resultar dificultoso poder acreditar fehacientemente los motivos que eventualmente imposibilitaron el cumplimiento "total" de la destinación en análisis -recordando que una parte de la mercadería fue debidamente exportada- los argumentos conllevan a un inevitable estado de duda manifiesta.
Refiere a la existencia de la buena fe, al procurar probar el efectivo cumplimiento de la destinación de interés, como asimismo, con relación al remanente de mercadería, su manifiesta buena voluntad al aportar toda aquella documentación que acredita en forma fehaciente la imprevisibilidad, inevitabilidad, etc. de los hechos que imposibilitaron, eventualmente, el cumplimiento en tiempo y forma de la DIT. Solicita, en subsidio, la aplicación del artículo 916 del C.A, por carecer de antecedentes infraccionales y por las explicaciones dadas en su recurso. Hace mención a la incorrecta aplicación de la percepción al impuesto al valor agregado y ganancias señalando que lo que se procura es gravar es una presunta importación y, en caso de ser así, habría operado en un período fiscal histórico por el cual el contribuyente ya abonó el respectivo IVA y obviamente ganancias, de manera que mal puede percibirse un tributo en expectativa cuando ello corresponde a un período fiscal que ya concluyó.
Añade que ambos conceptos no corresponden y por lo tanto corresponde su expresa revocación. Asimismo, entiende que no corresponde aplicar el derecho adicional del 2% previsto por el Dto. Nro. 1330, que establece un régimen especial de importación temporaria con objetivos promocionales, citando el artículo 20 del mencionado Dto. y expresando que no existen dudas que se esta frente a un nuevo hecho imponible que aún no ha sido suficientemente debatido dentro de la orbita de quienes constitucionalmente tienen atribuida la facultad del dictado de las leyes. Plantea su inconstitucionalidad, toda vez que el Congreso de la Nación no intervino en su imposición. Por último, cuestiona la liquidación efectuada en las actuaciones administrativas ya que la misma incorpora a la base de cálculo para liquidar IVA, IVA adicional y ganancias, el eventual derecho adicional que no corresponde, habida cuenta que aquellos tributos se liquidan solo sobre los que gravan la importación a consumo, siendo el derecho adicional un concepto caprichoso que no debe incorporarse en dicha base de cálculo.
Finalmente formula reserva del Caso Federal, ofrece prueba y solicita que oportunamente se disponga la revocación de la resolución apelada y la absolución de su mandante, revocando los cargos, con costas.
II. Que a fs. 184/191, previo emplazamiento, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa un breve relato de las actuaciones administrativas que acompaña como prueba documental y niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Refiere a las normas de emergencia agropecuaria dictadas citando la resolución conjunta 70/2009, 93/2009 y 15/2009 y manifiesta que, habiendo la actora procedido a la cita de la resolución arriba mencionada, corresponde su análisis, del cual surge que la misma define las áreas, departamento, regiones que se consideraran inmersos en la emergencia, entre los cuales, para el decreto nro. 20/09, 2820/09 no figura concordia, lugar de producción de los arándanos de la firma “Blueberries S.A”.
Agrega que la misma, se encuentra mencionada en el Decreto Nro. 6490/07 que declara la emergencia entre el 15/09/07 y hasta el 15/09/08. En segundo lugar destaca que la emergencia declarada es para la actividad ganadera, lo cual no compete a la actora de autos, y por último argumenta que el articulo 2º de la resolución manifiesta que; "los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo." siendo que esta carga es impuesta a los productores en todos los decretos mencionados por la actora. Señala que de la documentación aportada en autos no surge que la actora haya efectuado el pertinente tramite en el que conste que su predio se encuentra comprendido en los casos previstos en la mencionada resolución.
Hace referencia al artículo 514 del C.C, procediendo al análisis del mismo y considerando que no puede calificarse de imprevisible un hecho que se viene manifestando en la zona de Entre Rios desde el año 2006, como es la sequía, lo cual también alcanza al punto en el cual el hecho debe ocurrir al tiempo en que hay que cumplir con la obligación. Plantea que cuando se oficializo el DIT aquí involucrado -08/11/2007-, la situación de sequía invocada por la actora, ya era manifiesta en la zona y aun así la actora tomo la decisión de ingresar el DIT contando con la supuesta reexportación de la mercadería. Indica que debe recordarse que la mercadería objeto del DIT, es decir aquella que debía ser reexportada en el plazo dado son las cajas que hubieran servido de contenedores de los arándanos por lo que, los contenedores o cajas podrían haber sido reexportados por la actora de otro modo.
Cita el art. 315 del C.A, en cuanto no considera a la mercadería irremediablemente perdida, aún cuando no pueda ser recuperada por su propietario, cuando esta pueda ser utilizada en plaza por un tercero, así también siendo la especie fungible, posibilita su comercialización en el mercado interno. Agrega que el mismo Decreto Nro. 1330, por el cual se ingresó el DIT aquí involucrado habilita en su articulado la opción de entregar las mercaderías, objeto de la importación temporaria, para su procesamiento a un tercero, a los fines de cumplir con la temporal. Respecto a la liquidación y al cobro del Derecho Adicional; en principio se agravia de la aplicación que hace la contraria de Dto. Nro. 1330/04, ya que es claro que el interesado (la firma aquí actora) conocía que su obligación estaba pactada e incluía el derecho adicional, Cita abundante jurisprudencia en relación a ello y se explaya en relación a ello.
Finalmente ofrece prueba las actuaciones administrativas del caso, formula reserva del Caso Federal y solicita que oportunamente se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 192 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 212/214 y 228/267, habiéndose, a fs. 320, dado por decaído el derecho a producir la prueba ordenada en el punto 7 de fs. 192. A fs. 324 se declara cerrado el periodo probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 327 se ponen los autos para alegar, obrando a fs. 332/334 y 335/338 los alegatos de la actora y el fisco respectivamente. A fs. 340 se intima al apoderado de la firma actora para que suscriba o ratifique la presentación de fs. 332/334 y se pasan los autos a sentencia. A fs. 343/346 se presenta el representante legal de la firma, Sr. Ulises Sabato, y ratifica lo actuado por los letrados patrocinantes a fs. 332/334 y a fs. 347/351 se acompaña la documentación que acredita la personería invocada.
IV. Que el expediente administrativo Act. Nro. 12447-864-2009 (SA-38-10-007) se inicia con la Nota Nro. 437 (REGS MEND), de fecha 16 de diciembre de 2009, en la que se indica que la totalidad de la mercadería importada mediante la destinación DIT 07 038 IT14 000583 P no registra cancelación, quedando en consecuencia un saldo sin reexportar de 863.520 envases de plásticos descartables-. Asimismo, se remiten las actuaciones a la Sección V a efectos de proceder al aforo correspondiente. A fs. 4 se glosa la carpeta del DIT Nro. 07 038 IT14 000583 P oficializado el 08/11/2007 con vencimiento el 29/10/2009, mediante el cual se documentó la importación temporal de 863.520 unidades artículos para el transporte o envasado de plástico de la PA 3923.10.90.110T todo ello al amparo del Dto.
Nro. 1330, por el plazo de 360 días y cuyo vencimiento operaba el 29 de octubre de 2009 ya que el vencimiento fue prorrogado por expediente SIGEA 12447-966-2008, conforme se desprende de la documentación obrante dentro del sobre contenedor del DIT. A fs. 5 se afora la mercadería en presunta infracción al momento imponible -29/10/2009- informándose que la mercadería era de importación permitida por el régimen general y a fs. 6 se practica la liquidación determinando que se adeudaban $ 144.297,01 en concepto de tributos y una multa mínima de $ 50.851,48. A fs. 11/12, con fecha 01/02/2010, se dicta la Resolución Apertura Nro. 07/10, mediante la cual, en el artículo 1, se instruye sumario, en los términos del art. 1090 inc c) del C.A, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a las 863.520 unidades de la mercadería documentada con el DIT en cuestión.
A fs. 14, con fecha 17-02-2010, se corre vista de las actuaciones a la firma “Blueberries S.A” informándole que el monto mínimo de la multa asciende a $ 50.581,48 y que el monto de los tributos asciende a la suma de $ 144.297,01. A fs. 19/20 se agregan los avisos de recibos dirigidos a la firma “Blueberries S.A” y a la aseguradora, que fueran recepcionados con fechas 25 y 24 de febrero de 2010 respectivamente. A fs. 21/24 obra la contestación de la vista efectuada por la compañía aseguradora y a fs. 30, con fecha 21 de abril de 2010, se presenta la firma importadora solicitando se la tenga por presentada y cese el estado de rebeldía. A fs. 64 el Administrador de la Aduana de Mendoza tiene por contestada la vista por parte de la aseguradora y de la importadora en forma extemporánea, ordenando que pasen los autos a resolver.
A fs. 69/71 se emite el Dictamen Nro. 792/2011 y a fs. 72/75 se dicta la Resolución-Fallo N° 770/2011 apelada en autos, que dispuso, en el artículo 1, condenar a la firma “Blueberries S.A”, por infracción al art. 970 del C.A, al pago de una multa de $ 50.851,48 y, en el artículo 3, intimar a la misma y a la firma aseguradora, en su carácter de garante, al pago de $ 144.297,01 en concepto de tributos, con más los intereses establecidos por el art. 794 del C.A.
V. Que corresponde resolver en la causa si la Resolución-Fallo N° 770/2011, en cuanto le imputa a la actora la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a la totalidad de la mercadería documentada con el DIT Nro. 07 038 IT14 000583 P, resulta ajustada a derecho.
Que mediante el DIT Nro. 07 038 IT14 000583 P la firma “Blueberries S.A” documentó la importación temporaria de 863.520 envases plásticos para el acondicionamiento de arándanos frescos al amparo del Decreto Nro. 1330/04 por el plazo de 360 días. Mediante SIGEA n° 12447-966-2008, que obra agregado en la carpeta del DIT, se prorroga el plazo hasta el 29-10-2009.
Que, el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido.
Que la actora reconoce el incumplimiento de las obligaciones asumidas en consecuencia del régimen de importación temporaria y, al respecto, invoca que por razones de emergencia decretada en la provincia de Entre Ríos a raíz de condiciones climáticas, caso fortuito y fuerza mayor no pudo reexportar parte de la mercadería. Que si bien en su recurso manifiesta que parte de la mercadería fue reexportada cabe señalar que, tal como se indica en el auto de instrucción se sumario, la denuncia se formuló por el total de la mercadería importada - 863.520 envases plásticos- y en la resolución apelada se imputa la infracción por dicha cantidad, no resultando acreditado en la causa que se hubiera dado cumplimiento en forma parcial, tal como invoca la actora.
VI. Que la actora, en primer lugar, ante esta instancia refiere a normativa que decretó la emergencia agropecuaria en la Provincia de Entre Ríos citando la Resolución Conjunta nº 67 y 2/2007 del Ministerio de Economía e Interior, Resolución Conjunta 70/2009, 93/2009 y 15/2009, Decreto Provincial n° 6490 y Decretos Nros. 20/09 y 2820/09.
Que corresponde aclarar que, tal como lo reconoce la propia actora, a través de la Resolución Conjunta 67 y 2/2007 del Ministerio de Economía y Producción y Ministerio del Interior, dictada el 13 de febrero de 2007, se declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario en la Pcia de Entre Ríos en el período comprendido desde el 2 de mayo de 2006 y hasta el 5 de mayo de 2007, es decir todo ello con anterioridad a que se oficializara el DIT involucrado, lo que permite inferir que al momento de realizar la operación de autos la actora ya conocía la situación de sequía por la que atravesaba la Pcia. de Entre Ríos.-
Que aclarado lo que antecede, debe señalarse que la Resolución Conjunta 70/2009, 93/2009 y 15/2009 estableció en su artículo 1 que “A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 22.913: Dase por declarado en la Provincia de ENTRE RIOS, el estado de emergencia o desastre agropecuario a la actividad ganadera afectada por intensa sequía en los Departamentos La Paz, Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala e Islas del Ibicuy y a los Distritos Achiras y Banderas, al norte de la Ruta Nº 127 del Departamento Federal; Distritos Mojones Norte, Mojones Sur y Raíces, todos ellos al oeste de la Ruta Nº 6 y al norte de la Ruta Nº 18 y Distrito Vergara al sur de la Ruta Nº 130, todos del Departamento Villaguay, desde el 1 de octubre de 2008 y hasta el 31 de marzo de 2009.”, el Decreto Nro. 20/2009 en su artículo 1 estableció lo siguiente “Declarase el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda de acuerdo a la evolución de los cultivos, desde la fecha del presente decreto y hasta el 30 de Junio de 2009, a los productores agrícolas en todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos para los cultivos de soja y sorgo campaña 2008/2009 cuya producción fuera afectada por la intensa y prolongada sequía acaecida durante el año 2008 y lo que transcurre de 2009.”, el cual fue prorrogado, por el Dto. Nro. 2820/2009, desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009.
Que ello permite afirmar que la Resolución Conjunta 70/2009, 93/2009 y 15/2009 decretó el estado de emergencia solamente para la actividad ganadera y que asimismo el Departamento de Concordia no se encuentra incluído dentro de la misma, que el Decreto Nro. 20/2009 declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para los cultivos de soja y sorgo de la campaña 2008/2009 cuya producción fue afectada por la intensa y prolongada sequía acaecida durante el año 2008 y lo que había transcurrido de 2009, por lo que claramente el cultivo de arándanos no se encontraba previsto en la legislación mencionada.
Que resulta importante señalar que la citada Resolución Conjunta establece que los productores afectados deberían presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo y el Decreto Nro. 20/2009, en su artículo 4 determinó que deberían presentar una Declaración Jurada con los datos requeridos a tal fin por la Secretaria de la Producción, la cual debería ser avalada por una entidad provincial representativa y/o vinculada al sector agropecuario y sus datos verificados individualmente por los profesionales y técnicos de la Dirección General de Agricultura y Dirección General de Ganadería y Avicultura.
Que solamente el Dto. Nro. 6490/2007 estableció, desde el 15 de septiembre de 2007 y hasta el 17 de septiembre de 2008, el estado de emergencia para los productores citrícolas del Departamento de Concordia, pero también al igual que toda la normativa que fuera reseñada en el párrafo que antecede dispuso, en el artículo 2, que los productores citrícolas cuyas explotaciones se encontraran situadas en las zonas afectadas deberían presentar una declaración jurada con los datos requeridos por la Secretaría de Producción, requisitos que no fueron acreditados haber sido cumplidos por la aquí actora, ni ante esta instancia ni tampoco en sede administrativa.
VII. Que la actora pretende invocar la existencia de caso fortuito o fuerza mayor desconociendo las obligaciones emergentes del Decreto nro. 1330/04 al cual se encontraba sometida al documentar el DIT en trato. Que el caso fortuito y la fuerza mayor a la que hace referencia el citado Dto. Nro. 1330/04, en su artículo 17, aluden a la mercadería importada temporariamente, que en este caso en particular son los envases plásticos para acondicionar los arándanos, los cuales no sufrieron ninguna de las inclemencias indicadas por la actora y por ende, la situación descripta por la importadora, no encuadra en las previsiones de la citada normativa. Que no constituyendo los alegados hechos causal de fuerza mayor, a efectos del cumplimiento del régimen de importación temporaria si bien la actora solicitó prórroga del plazo de permanencia, frente al vencimiento del plazo de esa prórroga, a fin de regularizar la situación de la mercadería la actora pudo haber nacionalizado o reexportado dicha mercadería.
VIII. Que por no haber sido reexportada la mercadería antes del vencimiento del plazo acordado o importada oportunamente para consumo, cabe concluir que se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero.
IX. Que producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación para consumo irregular, y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero en relación a la mercadería importada mediante el DIT en trato.
X. Que debe aclararse que en los términos del art. 1164 del CA este Tribunal no puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad planteada por la actora.
Que con relación al pago de derecho adicional previsto en el art. 20 del Dto 1330/04 (ídem art 15 Resol MeyOsp 72/92 y art 23 del Dto 1439/96) y en razón de que es doctrina de la CSJN que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las conclusiones de la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (art. 100 CN y art. 14 de la ley 48) por razones de economía procesal y seguridad jurídica, considero aplicable al caso de autos el fallo del Alto Tribunal recaído en la causa “IEF Latinoamericana SA” sent. del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “Frisher SRL” del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago solo en los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y en este sentido señaló que “...quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del CA pues tal conducta constituye -en principio - una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal...” y, revocar el derecho adicional que se exige en la causa, con costas.
XI. Que asimismo, con relación a las percepciones de IVA adicional y Ganancias que se reclaman en estos autos, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sent del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
“Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, por lo expuesto, resultando de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la CSJN ha precluído, corresponde revocar las percepciones exigidas por la Aduana, con costas al fisco (IG-2021-13-E-AFIP-AFIP).
XII. Que en consecuencia corresponde liquidar los tributos exigibles en relación a la mercadería del despacho de importación temporal no regularizada, teniendo en consideración la liquidación practicada por el servicio aduanero (ver fs. 6 de las act. adm.).
Liquidación de multa y Tributos:
BI: u$s 30.683,20 (cfme fs. 6 de las act. adm.).
Dchos. 18% u$s 5.522,98 Estadística 0,5% u$s 153,42 Base de IVA: u$s 36.359,59 IVA 21% u$s 7.635,51 Total tributos: u$s 13.311,91 x 3,820 = $ 50.851,48 Total multa: u$s 13.311,91 x 3,820 = $ 50.851,48 XIII. Que sobre el importe de los tributos que se confirman corresponde el pago de intereses establecidos en el art. 794 del CA que deben computarse sobre el capital desde el vencimiento del plazo de diez (10) días computados a partir del 25/02/2010, fecha de notificación de la corrida de vista –ver fs. 19 de las Act. Adm.-.
XIV. Que en razón de los agravios esgrimidos por la recurrente, corresponde afirmar que la graduación de la multa impuesta por la Aduana fue fijada en una (1) vez el importe de los tributos de la mercadería en cuestión por lo que cabe desestimar las manifestaciones vertidas al respecto por la actora.
Que por los motivos expuestos corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a la mercadería amparada por el DIT Nro. 07 038 IT14 000583 P, intimando el pago de una multa, cuyo monto asciende a la suma de pesos cincuenta mil ochocientos cincuenta y uno con 48/100 ($ 50.851,48) y el pago de tributos por la suma de pesos cincuenta mil ochocientos cincuenta y uno con 48/100 ($ 50.851,48) con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben computarse desde el 12/03/2010 hasta la fecha de efectivo pago y revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias.
XV. Que las costas se imponen a la actora en cuanto a los montos que se confirman y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan.
Por ello VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución-Fallo N° 770/2011 en cuanto imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a la mercadería amparada por el DIT Nro. 07 038 IT14 000583 P, intimando el pago de multa cuyo monto asciende a la suma de pesos cincuenta mil ochocientos cincuenta y uno con 48/100 ($ 50.851,48) y el pago de tributos por la suma de pesos cincuenta mil ochocientos cincuenta y uno con 48/100 ($ 50.851,48) con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben computarse desde el 12 de marzo de 2010 hasta la fecha de efectivo pago y revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias que la Aduana le intima.
2. Las costas se imponen a la actora en cuanto a los montos que se confirman y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan.
3. Por presentado el Sr. Ulises Sabato, por parte, en su carácter de Presidente de la firma “Blueberries S.A” y por ratificada la presentación obrante a fs. 332/334.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Musso, salvo respecto de las costas por el derecho adicional y las percepciones de IVA y de ganancias, que considero deben ser impuestas por su orden.
Que conforme se señala en el voto que antecede, corresponde revocar el derecho adicional que exige la aduana, por aplicación al caso de autos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14/08/13 citado en el Considerando X.
Que en ese aspecto, considero que resulta procedente la imposición de costas en el orden causado, en virtud de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de fecha posterior al dictado de la Resolución-Fallo 770/11 del 14/10/11, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso (22/11/11).
Que, asimismo, con respecto a las percepciones IVA adicional y ganancias, por aplicación de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia in re “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A)”, del 26/11/19, corresponde revocar dichas percepciones, también con costas por su orden, en virtud de que dicho pronunciamiento es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso. El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución-Fallo N° 770/2011 en cuanto imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a la mercadería amparada por el DIT Nro. 07 038 IT14 000583 P, intimando el pago de multa cuyo monto asciende a la suma de pesos cincuenta mil ochocientos cincuenta y uno con 48/100 ($ 50.851,48) y el pago de tributos por la suma de pesos cincuenta mil ochocientos cincuenta y uno con 48/100 ($ 50.851,48) con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero que deben computarse desde el 12 de marzo de 2010 hasta la fecha de efectivo pago y revocarla en cuanto a la exigencia del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y Ganancias que la Aduana le intima.
2. Las costas se imponen a la actora en cuanto a los montos que se confirman y al fisco nacional en cuanto a los importes que se revocan.
3. Por presentado el Sr. Ulises Sabato, por parte, en su carácter de Presidente de la firma “Blueberries S.A” y por ratificada la presentación obrante a fs. 332/334.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2023.02.02 13:19:52 -03:00 Date: 2023.02.02 16:04:15 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.03 14:06:09 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.03 14:06:10 -03:00
Fin de la sentencia