Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de los imputados y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio (arts. 45, 127, 168 y 210, Cód. Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 530, 531 y concs., CPP).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal Sala V 0104-2-22
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux, Ricardo Maidana y Víctor Violini, a los efectos de dictar sentencia en la causa N°135.379 caratulada “Boado o Boado Bravo Rocío Salomé, Frías, Sergio Daniel y Ojeda, Iara Abigail s/Recurso de Casación”, conforme al siguiente orden de votación:
BOUCHOUX - MAIDANA -VIOLINI.
El Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Azul, con integración unipersonal, condenó -en el marco de un juicio abreviado- a Sergio Daniel Frías a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de asociación ilícita, extorsión, extorsión en grado de tentativa y explotación económica de la prostitución y a la pena única de quince años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la dispuesta en la presente y de la pena de diez años y seis meses de prisión impuesta por el Tribunal en lo Criminal N°5 del departamento judicial La Matanza en el marco de la causa N°1581/15. Asimismo, condenó a Iara Abigail Ojeda y a Rocío Salome Boado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, por resultar coautoras responsables del delito de asociación ilícita. Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial de los imputados, Adriana Angélica Hernández, interpuso recurso de casación.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Juez Bouchoux dijo:
I. La recurrente plantea que la prueba reunida no permite acreditar que sus asistidos conformaron una asociación ilícita para estafar, pedir dinero y/o extorsionar a las supuestas víctimas.
Sostiene que no resultó corroborado que los acusados fueron quienes llamaron a Segundo González. En ese sentido, menciona que el relato de la víctima en cuanto manifestó haber sido estafada no resultó corroborado por ninguna otra prueba que indicara que ello realmente sucedió.
En particular, cuestiona el peso otorgado a los testimonios de los agentes policiales Corti y Rivero. Entiende que son “testigos de oídas” que no pudieron acreditar que sus defendidos realizaron las llamadas ni que lo hicieron en forma organizada y tampoco que hubiera un acuerdo previo. Asimismo, objeta que se hayan utilizado como elementos de cargo informes o documentación que, a su criterio, no pueden ser atribuidos directamente a su asistido, por corresponder -según sostiene- a integrantes de su familia.
Aduce que no se probó el protagonismo de Sergio Frías en el hecho y, en consecuencia, solicita su absolución.
En cuanto a Roció Salomé Boado y a Iara Abigail Ojeda, plantea que no se ha producido ninguna prueba que permita afirmar que fueron autoras o que prestaron una participación indispensable.
Al respecto, opina que no fue acreditado que Frías conformó junto a Ojeda y Boado una asociación ilícita. Alega, que no se probó la existencia de una estructura organizada, tampoco la permanencia ni el acuerdo necesario para subsumir sus conductas en el tipo previsto en el artículo 210 del Cód. Pena. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. Con base en los puntos anteriores, la defensa solicita la absolución de sus asistidos.
Por último, en lo que respecta a Frías peticiona que se revoque la medida que le prohíbe el uso de teléfonos móviles dentro del Servicio Penitenciario, argumentando que no hay evidencia de que su uso represente un riesgo procesal.
Formula reserva del caso federal.
II. A su turno, la Señora Fiscal Adjunta de Casación, Daniel E. Bersi, propició el rechazo del recurso interpuesto.
Sostiene que, al tratarse de un juicio abreviado, el contenido de los agravios que ahora formula la defensa resulta incompatible con la vía procesal escogida y carece de un interés legítimo para recurrir, por lo que corresponde aplicar la doctrina de la responsabilidad por los actos propios. Considera que en los casos en que los imputados y su Defensa hayan prestado oportuna y expresa conformidad respecto a la calificación legal y al monto de la pena a imponer en ese contexto; no podrían con posterioridad interponer recurso de casación cuestionando tales puntos, siempre que el a quo, al sentenciar, no se hubiera apartado arbitrariamente de las pautas convenidas por las partes.
Sin perjuicio de lo expuesto se aboca a responder el agravio puntual respecto de la calificación legal, coincidiendo con la asignada por el A Quo, esto es, asociación ilícita.
Manifiesta que, se probó la existencia de una organización de más de dos personas, dedicada a realizar actividades ilícitas en forma coordinada, organizada y con una evidente distribución de tareas. Cita jurisprudencia de este Tribunal.
Solicita que se rechacen los agravios planteados y se confirme la condena de Rocío Salome Boado, Sergio Daniel Frías y de Iara Abigail Ojeda.
III. La sentencia recurrida fue dictada en el marco de un juicio abreviado acordado por las partes.
Así las cosas, como he indicado anteriormente (c. 133.216, “Agüero”, sent. del 24-IX-2024) nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de procedimientos indicando que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En nuestro sistema procesal, la adopción del procedimiento abreviado no exige admisión de los hechos y participación por parte del imputado, pero sí supone que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica. En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y sus fundamentos se expresarán sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del C.P.P.).
En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de la parte con el alcance allí indicado.
III.a. Preliminarmente, cabe señalar que de las constancias de autos, se desprende que el fiscal, la defensa y los imputados arribaron a un acuerdo de juicio abreviado en el cual pactaron la calificación de los hechos, para el caso de Frías como asociación ilícita (hecho I), extorsión en grado de tentativa (hecho II.a), extorsión (hecho II.b) y explotación económica de prostitución (hecho III) en los términos de los arts. 210, 168, 42 y 127 del Código Penal y la imposición de la pena única de quince años de prisión y para Boado y Ojeda, como asociación ilícita en los términos del art. 210 del Código Penal con la imposición de una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas para ambas.
Sentado ello, el sentenciante a la luz de las probanzas incorporadas durante la investigación penal preparatoria tuvo por acreditado que: “ una banda integrada por al menos cinco personas, mayores de edad, identificadas tres de ellas como Sergio Daniel Frías, Iara Abigail Ojeda y Rocío Salome Boado, formaban parte de una asociación, poseyendo un acuerdo previo de voluntades, teniendo como finalidad la planificación y realización de delitos (estafas) -utilizando datos no autorizados de tarjetas de crédito de diversas personas con las cuales compraban mercadería que luego retiraban con la acreditación de identidad mediante DNI falsos, y finalmente vendían generando una nueva ganancia-; y extorsiones -a sujetos de sexo masculino, luego de contactarlos mediante un perfil falso de Facebook o desde un abonado de WhatsApp, se los seducía intercambiando imágenes íntimas e información personal, y finalmente se los contactaba simulando autoridad pública, para exigirle el pago de una suma de dinero con la excusa de detener las actuaciones policiales o judiciales iniciadas por denuncia de los padres de la menor, intimidándolos con el envío de audios, videos, documental citaciones que supuestamente acreditaban la existencia de la denuncia (por grooming o pedofilia-), cuantitativamente indeterminados y con cierto grado de permanencia y estabilidad, para una vez consumados - al lograr que las víctimas efectuaran transferencias de dinero en forma inmediata a distintas cuentas bancarias cuyos datos eran brindados por sus interlocutores- proceder a su extracción, y posterior distribución del mismo entre los integrantes de la banda.
Que el conjunto de individuos implicados ha actuado de manera coordinada y con distribución de tareas que se mantuvo incólume, a los fines de perpetrar cada una de las acciones típicas descriptas anteriormente. Iara Ojeda y la persona no identificada con perfil ‘Flor Llamadas’ efectuando el engaño telefónico y aportando datos de tarjetas; Rocío Boado recepcionando mercadería adquirida por Sergio Frías, aportando en varios casos documentación falsa y los datos de distintas cuentas bancarias donde se transfería dinero; el apodado ‘Rakum’ falsificando DNI y registros; y Frías utilizando material pornográfico obtenido de Florencia Benítez, para darle contenido visual y credibilidad al perfil falso de Facebook ‘Lurdes García’, con el cual realizaban extorsiones y obtenían ganancias ilícitas, y asimismo era el encargado de recolectar y distribuir el dinero obtenido de los ilícitos emprendidos por la banda” (sic).
III.b. Estimo que le asiste parcialmente razón a la defensa.
En primer lugar, el A Quo valoró la denuncia formulada por Segundo González en la que dio cuenta de un intento de extorsión ejecutado mediante comunicaciones telefónicas que simulaban provenir de autoridades judiciales y policiales.
González no solo relató en detalle el modo en que fue contactado (mediante WhatsApp desde los abonados 011-68512803 y 011-53893844), sino que aportó copia del historial de las conversaciones que incluyeron mensajes de texto, audios y fotografías. Así, especificó que fue contactado por una persona que se dio a conocer como “Comisario Torres” quien le refirió que su teléfono celular estaba intervenido y que estaba imputado en un delito de grooming y pedofilia, contando con pruebas para detenerlo por cuatro años. Añadió que le dijeron que sabían que vivía en General Alvear, que tenían más datos y que debía colaborar con una suma de veinte mil pesos para borrar las pruebas. Aclaró que luego de varios mensajes de whatsapp similares, comenzó a recibir fotografías de policías deteniendo a un masculino y a una femenina que provenían del abonado 1153893844. Señaló que, en esa oportunidad, se dio a conocer como un fiscal de turno que le solicitaba veinte mil pesos para cerrar la causa. Explicó que no depositó el dinero.
El restante damnificado, Alfredo Javier Palacios, reconoció haber sido víctima de una extorsión. Dijo que efectuó depósitos de dinero a la cuenta de Margarita Guerrero, supuesta madre de la menor Lurdes García con quien se había contactado por Facebook. Palacios identificó los números desde los que fue contactado (1125806847 y 1127860272). Aclaró que, en las conversaciones que mantenía, le enviaban fotos personales. Explicó que, quien lo contactaba desde el abonado 1127860272, se hacía pasar por un tal Subcomisario Torres de la DDI de Azul. Señaló que el sujeto le manifestó que la progenitora de la menor con quien había mantenido contacto, lo había denunciado y que lo iban a detener por el delito de grooming y pedofilia, lo cual podía evitar si enviaba trescientos mil pesos en un determinado tiempo. Añadió que el sujeto también le refirió que sabían que tenía familia y un taller, solicitándole incluso que empeñara los papeles de alguno de los automóviles para que les enviara el dinero. Aclaró que recibió fotografías de un supuesto oficio judicial y de policías uniformados trabajando. Aseguró que comenzó a enviarles dinero a un CBU que correspondía a Margarita Guerrero. Especificó que hizo más de diez envíos de dinero por más de sesenta mil pesos y que le pedían más. Añadió que en un momento envió dinero a otro CBU.
Lo expuesto por las víctimas resultó respaldado por elementos documentales incorporados desde el inicio de la causa, cuya coherencia fue tenida en cuenta por el Tribunal sumado a los testimonios del personal policial, oficiales Corti y Rivero. En relación a los nombrados, estimo que -a diferencia de lo que plantea la recurrente- tratándose del personal policial a quien se le encomendó la realización de las tareas de investigación sobre los aparatos celulares pertenecientes a las víctimas, la credibilidad de las explicaciones que aportaron no puede ser valorada bajo los estándares de la apreciación de la prueba testimonial “de oídas” en tanto dieron cuenta de la actividad por ellos desarrollada.
Así, en sus distintas declaraciones testimoniales, Corti explicó la dinámica de las conductas desarrolladas por los acusados. En ese andarivel, advirtió que los documentos enviados por los sujetos activos eran burdos montajes (falsos oficios judiciales, con errores formales, sin sello ni firma auténtica y sin indicación de juzgado competente) y que empleaban giros lingüísticos en los mensajes que relacionaba con cierta jerga que atribuyó al ámbito carcelario (“se la voy a hacer corta”, “yo le estoy hablando bien, con respeto”.
Asimismo, Corti verificó que la fotografía del perfil del abonado 1153893844 (que mantuvo contacto con González) correspondía a un fiscal jubilado de la provincia de Córdoba. En cuanto a uno de los CBU provistos (0000003100021008655955), señaló que estaba registrado a nombre de Jorge Ezequiel Matamala, con domicilio en Glew, información que permitió identificar a un posible colaborador logístico en la maniobra defraudatoria. También dio cuenta de la asociación de dichas líneas telefónicas con dos IMEI específicos y analizó que esas coincidencias técnicas ocurrieron precisamente en momentos en que se llevaban a cabo las comunicaciones extorsivas. Esta circunstancia fue valorada por el Tribunal como un elemento objetivo que vinculaba los dispositivos con las maniobras denunciadas. El Tribunal también valoró el acta de allanamiento realizada en el domicilio de calle Castañon 3759, residencia de Margarita Guerrero (madre de Frías), donde se secuestraron aparatos electrónicos, pendrives, notebooks y anotaciones vinculadas al modus operandi delictivo. Estos materiales sirvieron de base para las pericias técnicas que permitieron establecer la conexión entre los dispositivos secuestrados y las maniobras extorsivas.
En ese andarivel, el juzgador destacó que, en su extenso testimonio de fs. 59/68 del principal, Corti analizó el informe de la DAIC de fs. 47/56 y reconstruyó de manera técnica y detallada quienes utilizaron los dispositivos implicados. En concreto, identificó el IMEI 355519070848750 como inicialmente utilizado por Hugo Frías y posteriormente, por una femenina de su entorno, posiblemente menor de edad. Determinó también que ese mismo IMEI fue asociado con los abonados utilizados para extorsionar a González. Del mismo modo, vinculó el IMEI 35681372434510 con el abonado 11538993844, empleado en un segundo intento extorsivo y con el abonado 1168514223, registrado a nombre de Hugo Frías.
Al analizar uno de los celulares secuestrados en el domicilio familiar, perteneciente a Margarita Guerrero, reveló comunicaciones con abonados usados por Hugo Frías, Malena González y el propio Sergio Frías. En ese dispositivo se hallaron mensajes en los que Guerrero advertía a Hugo Frías que no continuara pasando su CBU a Sergio ya que “estaba haciendo cosas muy feas y los iba a complicar a todos”, lo que evidenció que el entorno familiar se encontraba al tanto de las maniobras ilícitas protagonizadas por el encartado.
En cuanto al informe técnico elaborado por el Oficial Corti, el Tribunal consideró que el perito relevó la existencia de una estructura delictiva basada en la suplantación de identidad de funcionarios públicos -falsos comisarios y fiscales-, el empleo de lenguaje amenazante y la simulación de proceso judiciales.
Además, se constató que desde el teléfono secuestrado a Frías se accedía a un perfil de Facebook Lite denominado “Lurdes García” (ID cuentas de WhatsApp con la imagen del imputado, consolidando el vínculo entre él y los hechos.
A ello se sumó el informe de la DAIC que resultó ilustrativo en cuanto al trazado de los movimientos de las líneas telefónicas que mantuvieron contacto con la victima González. No sólo se identificaron los abonados involucrados, sino también se aportó información respecto a su titularidad que permitió determinar la relación entre esos números y el grupo investigado.
En esa línea el oficial Rivero vinculó directamente a Frías con las maniobras investigadas. Señaló que operaba desde la Unidad Penal de Sierra Chica. Ese dato fue corroborado por las planillas carcelarias (fs. 148/151), que acreditaron su alojamiento en dicha unidad al momento de los hechos.
Así, el análisis del abonado 1127860272 (que conforme declaró Palacios era uno de los abonados que lo contactaron) fue especialmente relevante. Aunque no constaba en el VAIC el IMEI utilizado, se acreditó que ese número mantuvo quince llamadas y quince mensajes con el abonado de Palacios (2345447143), todos con apertura de antenas en Sierra Chica, en fechas coincidentes con la detención de Frías en esa unidad.
A ello se añadió el informe de Mercado Libre de fs. 36/40, en el que cual se indicó que la cuenta proporcionada por González para transferir el dinero estaba activa a nombre de Jorge Matamala. En esa cuenta se registraron solo dos transferencias, provenientes de una misma persona - eventualmente otra víctima-, lo que fue valorado como indicio de reiteración del patrón delictivo.
En lo que respecta a la propiedad del dispositivo secuestrado, el Tribunal consideró suficientemente acreditado que pertenecía a Sergio Frías, no sólo a partir del acta de allanamiento de su celda, sino también por múltiples elementos que vincularon de modo directo su uso con el imputado. Entre ellos, las pericias realizadas por la DAIC, la declaración del oficial Corti y los registros de comunicaciones mantenidas con su círculo íntimo -su padre, su madre, su hermano y la madre de su hijo- que permitieron descartar cualquier hipótesis de utilización por parte de un tercero. Específicamente, se documentaron sesenta comunicaciones con el abonado Hugo Frías (su padre), catorce con su hermano Julio, doce con Margarita Guerrero y treinta y seis con una línea asociada a Yamila Gimena Bogado, su pareja o expareja. Esta secuencia comunicacional consolidó la certeza de que era Frías quien operaba el equipo desde el establecimiento penitenciario.
En ese contexto, la defensa se desentiende de la propia declaración del acusado quien detalló las maniobras que llevaba a cabo: admitió haber comprado celulares y obtenido tarjetas en la red Telegram. Explicó que los mandaba a Olavarría al domicilio de Rocío Boado quien se encargaba de recibirlos a nombre del titular de la tarjeta que empleaban. Añadió que Rocío los vendía, que ella se quedaba con el cincuenta por ciento del dinero y el declarante con el resto. Dijo que Iara Abigail sabía que hacía extorsiones con un perfil falso. Refirió que también había otra persona que hacía las llamadas a quien conoció por las redes sociales, aunque había perdido contacto a fines de 2022. Especificó que esa persona fue la encargada de hablar con Palacios y con González, tarea por la que le dio parte del dinero. Señaló que “Rakum” era un contacto que había conocido por Telegram a quien le encargaba los DNI falsos que usaba para recibir las cosas. Especificó que esos DNI se los enviaba a Boado por si el repartidor le pedía el DNI de la persona titular de la tarjeta que empleaban.
El análisis del dispositivo secuestrado a Frías permitió corroborar su relato. En ese sentido, se acreditó el uso de perfiles falsos en plataformas como Telegram, Facebook y WhatsApp Business, en las que Frías se hacía pasar por mujeres, generalmente utilizando imágenes íntimas de Florencia Benítez, para ejecutar extorsiones. Las transferencias obtenidas mediante ests maniobras eran canalizadas a través de cuentas virtuales a nombre de terceros, entre ellas una perteneciente a Johanna Maguna, hermana de Boado. Asimismo, el secuestro del celular Motorola (modelo XT1962, IMEI 352184100 594395) permitió establecer que empleaba distintos perfiles en Telegram para comercializar datos de tarjetas y utilizarlos bajo la modalidad de carding. Ello fue explicado por el Oficial Corti en su testifical de fs. 254/255 en la que detalló las distintas conversaciones mantenidas por el imputado.
Complementariamente se tuvo en cuenta la declaración del oficial Corti de fs. 321/322 vta. y el informe técnico de fs. 362/363, de los que surgió una reconstrucción precisa del entramado de comunicaciones -en las que se utilizaban identidades de terceros para evitar trazabilidad- y transferencias financieras que sustentaron la participación de los tres imputados. El análisis de las líneas telefónicas permitió establecer que Frías operaba diversos abonados, como el 1162825443 (“Fiesta Hot”), que registraba aperturas de antenas desde Sierra Chica y estaba vinculado con la comercialización no consentida de contenido sexual de Florencia Benítez. Dicha línea -conforme lo explicado por Corti-, registrada a su nombre, confirma el uso personal desde la unidad penitenciaria sumado a que, como resultó demostrado, su pertenencia quedó sobradamente acreditada no solo por el contexto del hallazgo -en poder del propio imputado, junto a chips, anotaciones y documentación de interés-, sino también por el contenido del dispositivo, donde se constató una intensa actividad compatible con las maniobras denunciadas y los perfiles falsos desde los cuales se cometían las extorsiones que involucraron a las acusadas.
En consecuencia, respecto de la supuesta intervención de familiares de Frías, tal como lo reconoció la sentencia, si bien se constataron vínculos y comunicaciones con su entorno más cercano, ello en modo alguno diluye su responsabilidad personal ni implica que la prueba solo lo relacione de forma indirecta con las maniobras investigadas. Por el contrario, la participación de Frías se acreditó de forma directa a partir del contenido de los chats, los perfiles utilizados, las transferencias bancarias y su propia declaración, que lejos de exculparlo, aportaron detalles que ratifican el funcionamiento interno de la organización y la intervención de las coimputadas.
Ahora bien, circunscripto el ámbito de actuación del acusado Sergio Frías que, a diferencia de lo que plantea la impugnante, resultó acreditado - conforme fue analizado- sin lugar a dudas, corresponde analizar la subsunción legal de la conducta atribuida al nombrado y a las acusadas Rocío Salomé Boado y Iara Abigail Ojeda para determinar si válidamente pueden ser considerados miembros de una asociación ilícita.
Respecto a Rocío Salomé Boado, los elementos de prueba reunidos permitieron corroborar que no sólo cumplía tareas relacionadas con el retiro y envío de mercadería adquirida ilegalmente por Frías desde el interior del establecimiento carcelario, sino que además ponía a disposición cuentas bancarias propias y de terceros (como su hermana) para que el imputado pudiera efectuar transacciones.
Particularmente reveladora fue la conversación en la que Frías le anunció el envío de un celular, le indicó el destino final en la ciudad de Buenos Aires, le anticipó como se dividirían las ganancias -la “astilla”- y aclaró que el propósito del envío era cometer extorsiones.
Del mismo modo, se verificó que el abonado 2284727268 estaba registrado a nombre de Rocío Boado desde el 10/05/2022, y figuraba agendado como “ROCHII” en el celular de Frías. Esa línea mantenía comunicaciones habituales con otras utilizadas por Frías y por su entorno familiar (como el 2284721526, correspondiente a una familiar directo de Boado).
También se acreditó que Boado retiraba los productos ilícitamente adquiridos, tal como se desprendió del mensaje en el que Frías le indicó: “ahora más tarde me hacen el DNI y te paso para que vallas a buscar a Andreani”-, utilizando documentación apócrifa provista por él y el CBU de su hermana para mover el dinero.
En el caso de Iara Abigail Ojeda, la prueba reunida durante la investigación, en especial los múltiples tramos de las conversaciones extraídas, permitió identificarla como la voz femenina utilizada para dotar de verosimilitud al perfil falso desde el cual se ejecutaban las maniobras extorsivas y también como receptora de las sumas de dinero provenientes de dichas maniobras, sea a través de cuentas bancarias propias o de terceros con los que operaba. En esa línea, se registraron transferencias al CBU 0120701430070109457451, de su titularidad, así como la utilización conjunta con Frías de la cuenta de Facebook denominada “Lurdes”, a la que accedía con la contraseña que él mismo le proporcionaba. Se determinó fluidez en las comunicaciones entre ambos, coordinación de envíos de dinero e intercambios en clave sobre nuevas potenciales víctimas. Asimismo, el informe sobre la cuenta UALA de Johanna Maguna, relevó múltiples ingresos provenientes de Ojeda (Banco Industrial) y egresos hacia cuentas a su nombre en el Banco Nación y Mercado Pago. Se documentaron veinticinco transacciones por un total de $42900.
También se constataron ingresos de Boado a la misma cuenta.
Conforme se señaló, el magistrado de la instancia estimó que, de conformidad al acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado las partes, correspondía calificar los hechos atribuidos a Frías, Boado y Ojeda como asociación ilícita en los términos del artículo 210 del Cód. Penal. Asimismo, determinó que el imputado Frías era autor de los delitos de extorsión, extorsión en grado de tentativa y explotación económica de la prostitución (arts. 42, 127 y 168, Cód. Penal).
Consideró que “la asociación ilícita constituye un injusto de peligro que se perfecciona ‘por el solo hechos de formar parte’ de una asociación destinada a cometer delitos e independientemente de que tales delitos sean efectivamente cometidos” y que “la exigencia del artículo 210 del Código Penal de tomar parte en la asociación ilícita, como elemento subjetivo del tipo requiere que exista coincidencia intencional entre los miembros sobre los fines de la organización de cometer delitos indeterminados”. Sobre el punto, estimo que asiste razón a la recurrente.
Si bien es cierto que la asociación ilícita es una figura penal singularmente polémica, una interpretación restrictiva en orden a su acreditación, permite ajustar la norma bajo cuestión a los estándares constitucionales. En ese sentido, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia nacional (S. 471. XXXVII, Fallos: 324:3952), doctrina convalidada por nuestro Máximo Tribunal provincial.
Siguiendo dichos lineamientos, debe tenerse en cuenta que se trata de una figura que protege la tranquilidad social y que, por lo tanto, debe reunir la virtualidad suficiente para violar el bien jurídico que se intenta proteger -el orden público- de manera inmediata, ya que ello la diferencia de cualquier delito que afecta esa tranquilidad social, pero de manera mediata al lesionar bienes o personas.
Entonces para que el bien jurídico protegido se vea afectado, es necesario que los delitos a los que está destinada comprometan el orden público y que el peligro sea grave dado que la difusión de la banda, su organización, dinámica, estructura, amplia disposición de medios lesivos e indefinición de los delitos que eventualmente puedan cometerse es lo que impide la defensa posible, propia de la utilización de los elementos societarios.
Por otra parte, para considerar la existencia de una asociación ilícita, es preciso probar que su actividad no quedó limitada al desarrollo de un plan que comprenda un determinado número de hechos específicos, ya que - reitero- lo que tipifica a la asociación delictiva es el peligro de la variedad y de la repetición de los atentados criminales, es decir, el peligro de divulgación del crimen -en virtud del bien jurídico protegido-. Y esto, precisamente, es lo que distingue la asociación delictiva del concurso de varias personas en el delito.
En virtud de lo expuesto, observo que el juzgador no explicó de manera lógica y precisa los motivos por los cuales consideró que las conductas concretas analizadas revistieron la extrema peligrosidad que habilita a tipificar los actos como delito autónomo para que la subsunción practicada respete los principios de legalidad y proporcionalidad. Al analizar la vinculación existente entre los acusados, el sentenciante consideró que “formaron parte” de una asociación ilícita. Sin embargo, advierto que la acción de formar parte o conformar una asociación criminal exige aportar activamente a la vida de la agrupación mediante actos que contribuyan a su funcionamiento. La permanencia en la convergencia de voluntades es uno de los requisitos que permite distinguir esta figura de la participación en la comisión de un delito determinado.
Es decir, se requiere la voluntad final del sujeto de asociarse exteriorizada y direccionada hacia la consecución de los fines propuestos, lo que excluye la participación accidental en alguno de los hechos que la banda cometa, por ejemplo, proporcionando instrumentos. Huelga añadir que se exige que la prueba avale la existencia de dicho acuerdo criminoso. Esto significa que no cualquier acuerdo en torno a la comisión de delitos asumirá el carácter de asociación ilícita, sino el que sea indicativo de una relativa o cierta continuidad que -como dije- la distingue de la convergencia transitoria referida a uno o más hechos específicos, propia de la participación.
A su vez, implica una mínima cohesión entre los integrantes, ya que si hablamos de criminalidad organizada, sus integrantes acuerdan cometer diversos injustos y la asignación a cada uno de diferentes roles se relaciona con la mayor eficiencia en los resultados anhelados.
Asimismo, otra nota característica de la figura está dada por la finalidad delictiva de la asociación -destinada a cometer delitos como fin único y excluyente o como medio para conseguir otros propósitos- en tanto la ejecución de un hecho concreto no agota sus fines. Así, exige distinguir entre la pluralidad de planes delictivos y la pluralidad de delitos: los planes delictivos deben ser varios, esto es, el acuerdo de voluntades no debe implicar la connivencia propia de la participación en uno o más delitos determinados, sino que requiere unidad de acuerdo y pluralidad de contextos delictivos a realizar sucesivamente.
En consecuencia, la asociación ilícita no requiere de otros delitos consumados ni principio de ejecución por lo que las maniobras delictivas que se llevan a cabo deben distinguirse de ese acuerdo criminal.
En síntesis, a diferencia de lo que interpretó el sentenciante, la exigencia del artículo 210 del Código Penal de “tomar parte” en la asociación como elemento subjetivo del tipo, requiere la prueba de que existe coincidencia intencional entre los miembros sobre los fines de la organización, esto es, el propósito corroborable de cometer delitos indeterminados. El requisito indispensable es comprobar su “ánimo corporativo”, cohesivo y excluyente de integrar la asociación con carácter estable o perdurable en el tiempo de al menos tres miembros.
Dado el análisis probatorio antes reseñado, considero que el juzgador refirió la existencia del acuerdo de voluntades de manera dogmática sin hacer alusión al caso concreto. En efecto, la prueba reunida demostró el acuerdo requerido sobre el modo de cometer ciertas extorsiones (Frías las organizaba desde su lugar de detención y se valía de la colaboración de ambas mujeres que lo proveían de los elementos que necesitaba:
documentos de identidad, tarjetas, celulares, perfiles falsos, cuentas bancarias, audios de voz), propio de la participación, y no aquel necesario para constituir una sociedad criminal de fuerte organización interna, que exige deberes de los integrantes hacia ella y su sentido de pertenencia debido a que su finalidad específica constituye una meta de la asociación diferenciable de la finalidad particular que cada asociado pudiera anhelar. Del conjunto de prueba disponible no surge que Boado y Ojeda tuvieran una vinculación con Frías que respondiera a un acuerdo de voluntades de las características que requiere la figura analizada, sino que se trató de pactos transitorios necesarios para cometer determinadas extorsiones que eran dirigidas por el acusado. Muestra de ello, resulta la conversación que Frías mantuvo con Rocío Boado interrogándola acerca de su cuenta y que ante la pregunta “Para qué”, el imputado respondió “Para hacer extorsiones”. Asimismo, en el diálogo que Frías mantuvo con el contacto “Flor llamadas”, le consultó si entendía lo que era una extorsión y lo que necesitaba para llevarla a cabo.
Tampoco el Tribunal se encargó de desarrollar cómo consideraba acreditada la permanencia de la convergencia de voluntades exigida por el artículo 210 del Código Penal, información que no se suministró en la descripción de la materialidad ilícita endilgada ni puede asimilarse a las fechas concretas en las que se produjeron los hechos extorsivos denunciados.
Del mismo modo, no se observa en qué medida dichas extorsiones - una de las cuales ni siquiera llegó a consumarse debido a que la víctima al percatarse, formuló la denuncia- podría afectar el bien jurídico protegido. Por último, debo añadir que tratándose del recurso de la defensa y en virtud de la garantía de la prohibición reformatio in pejus, me veo impedido de formular otras consideraciones respecto a la participación que les cupo a Boado y Ojeda en los hechos calificados como extorsión y tentativa de extorsión en los que resultó autor Sergio Frías.
III.c. En cuanto al agravio dirigido a cuestionar la prohibición del uso de teléfonos celulares a Frías, considero que no puede prosperar. El Protocolo del uso de celular por parte de personas privadas de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense en su artículo 5 establece que la inobservancia reiterada de lo dispuesto en el reglamento o la posible participación en un delito penal mediante la utilización del dispositivo móvil dará lugar a la inmediata incautación del teléfono celular y al labrado de las actuaciones administrativas y/o denuncia penal correspondiente.
En ese sentido, en el caso concreto, se comprobó que el imputado utilizó el celular para coordinar actividades delictivas, lo cual representaba un peligro inminente de que se perpetuaran conductas que pudieran evadir el control institucional y generar nuevos ilícitos.
Por ello, la medida adoptada se orienta a prevenir conductas delictivas y mantener al interno con estricto apego a la normativa que autoriza restricciones en función del riesgo comprobado.
III.d. En función de lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar procedente el recurso de casación interpuesto, casar el fallo recurrido y absolver a Sergio Daniel Frías, a Rocío Salomé Boado y a Iara Abigail Ojeda como coautores del delito de asociación ilícita por el que venían condenados.
En consecuencia, corresponde asumir competencia positiva y, teniendo en cuenta las agravantes valoradas -la existencia de antecedentes condenatorios y la realización de las conductas reprochadas desde su lugar de detención-, disminuir la pena impuesta a Sergio Daniel Frías, la que se fija en seis años de prisión, accesorias legales y costas, y a la pena única de catorce años de prisión, accesoria legales y costas, comprensiva de la dictada en la presente y de la pena de diez años y seis de prisión impuesta por el Tribunal en lo Criminal Nº5 del departamento judicial La Matanza en el marco de la causa Nº1581/15.
En relación a Roció Salomé Boado y a Iara Abigail Ojeda, ordenar el cese de la excarcelación en términos de libertad condicional y conceder la inmediata libertad que deberá hacerse efectiva en el día de la fecha, desde el lugar de alojamiento, previo labrar el acta de rigor y constatar que sobre las nombradas no exista impedimento legal alguno (captura, detención, etc) en cuyo caso deberán quedar anotadas a exclusiva disposición del Magistrado/s requirente/s con inmediata noticia a éste, al Tribunal en lo Criminal N°1 de Azul y a este Tribunal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PICDP; 15 y 171, Const. prov; 40, 41, 42, 45, 127, 168 y 210, Cód. Penal; 1, 106, 209, 210, 448, 451, 460, 463, 530, 531 y concs., CPP).
Así lo voto.
A la primera cuestión, el señor juez Maidana expresó:
Adhiero parcialmente al voto emitido por el Dr. Bouchoux, en cuanto declara la admisibilidad del recurso (punto III) y en el rechazo de los motivos de agravios expuestos con relación a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal en lo Criminal.
Sin embargo, me aparto de la solución propuesta con respecto a la calificación de los hechos, al considerar que la prueba reunida es insuficiente para tener por realizado el tipo de asociación ilícita atribuida (punto III.B). En efecto, del examen integral de los elementos probatorios, no encuentro que el tribunal haya incurrido en una valoración arbitraria de la prueba.
Explicitó con claridad los fundamentos de su decisión, identificando los elementos de convicción tenidos en cuenta y el razonamiento lógico a partir del cual arribó a sus conclusiones, sin que los argumentos del impugnante logren desvirtuarla.
Encuentro necesario ampliar el examen de determinados aspectos de la prueba que, a mi entender, resultan determinantes para arribar a una solución jurídica diversa, en particular, en lo atinente a la configuración del delito de asociación ilícita.
Tal como se ha señalado en el voto precedente, la investigación se inició a partir de la denuncia formulada por Segundo González, quien puso en conocimiento intentos de extorsión (fs. 1/vta.). El análisis de las comunicaciones permitió corroborar la verosimilitud de lo denunciado y aportar información relevante -geolocalización de los dispositivos, titularidad de las líneas e identificación de las cuentas empleadas-, lo que motivó la orden de allanamiento y registro del domicilio de los progenitores del imputado Frías, donde se procedió al secuestro de distintos dispositivos electrónicos (declaraciones del Oficial Luciano Daniel Corti, fs. 10/16, 30/31 y 59/68; informes de la Dirección de Análisis en la Investigación de las Comunicaciones, fs. 22/27 y 47/56; informe de Mercado Libre, fs. 36/40; y acta de allanamiento y registro, fs. 90/92).
El avance de la pesquisa permitió establecer que las maniobras extorsivas se realizaban desde el interior de la Unidad Carcelaria N.º 2 de Sierra Chica por parte de Sergio Daniel Frías Guerrero (declaración del Oficial Inspector José Manuel Rivero, fs. 126/128vta.), y que existía al menos otra víctima identificada, Alfredo Palacios, quien efectuó depósitos de dinero en una cuenta a nombre de Margarita Guerrero -madre del imputado- (declaración de Corti, fs. 161/168, 201/203 y 276/278; informe de la DAIC, fs. 267; comprobantes de fs. 161/168; e informe de Mercado Libre, fs. 199/200). En su testimonio, Palacios describió el modus operandi de la extorsión - coincidente con el patrón identificado-, los pagos realizados y las razones por las que no efectuó denuncia inmediata (fs. 169/170).
Un avance significativo de la investigación lo constituyó el secuestro del teléfono celular utilizado por Frías desde la unidad penitenciaria (acta de allanamiento, fs. 190/196). El examen de los dispositivos permitió desentrañar la estructura y el modo de funcionamiento de la organización, identificando a sus miembros, las funciones que cada uno desempeñaba y la existencia de una coordinación estable orientada a la comisión reiterada de ilícitos.
En particular, se comprobó que Frías adquiría contenido erótico de F.M.B. mediante la cuenta de Maguna (fs. 334/vta.), para luego utilizar perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de mensajería -entre ellos, “Lourdes García” y “Fiesta Hot”- que exhibían imágenes de la víctima, con el fin de comercializar dicho material y concretar extorsiones (declaraciones de Corti, fs. 247/251, 254/255 y 257/262vta.; pericia de cotejo de voz, fs. 299/301). Además, realizaba operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito (“carding”) (declaración de Corti, fs. 210/211) y participaba en grupos de Telegram dedicados a esa actividad (fs. 254/255).
El análisis de las comunicaciones permitió identificar a los abonados que interactuaban con Frías y el contenido de los intercambios mantenidos (declaraciones del Oficial Corti, fs. 235/245, 247/251, 259/260vta., 321/322vta. y 362/363; informes de la DAIC, fs. 235/243; y de Mercado Libre, fs. 228/229). De su estudio se desprende la intervención activa y sostenida de Iara Abigail Ojeda y Rocío Salomé Boado, quienes desempeñaban roles claramente diferenciados y complementarios en el esquema delictivo.
Ojeda facilitó a Frías su CBU para canalizar el dinero proveniente de las maniobras ilícitas y, a solicitud de éste, accedía a los perfiles falsos utilizados para las extorsiones a fin de enviar audios o realizar llamadas con voz femenina y reforzar la credibilidad del engaño. Además, participaba del manejo conjunto de cuentas financieras y en la distribución del dinero, manteniendo una comunicación constante y coordinada con Frías.
Por su parte, Boado actuaba como encargada de recibir, retirar y distribuir los productos adquiridos por Frías con el dinero obtenido de las extorsiones y fraudes. Le proporcionó los datos de una cuenta perteneciente a su hermana, Ayelén Maguna, para ser utilizada en dichas operaciones, y mantenía contacto directo y diario con Frías, informándole sobre los movimientos de dinero, la recepción y envío de productos —principalmente teléfonos celulares— y la gestión de los documentos y comprobantes necesarios. Las conversaciones analizadas evidencian conocimiento del origen ilícito de los fondos y una colaboración estable, organizada y funcional al mantenimiento de la estructura.
Asimismo, se identificaron otros posibles partícipes, entre ellos “Rakum”, dedicado a la confección de documentos de identidad apócrifos para facilitar el retiro y envío de mercaderías, y “Flor Llamadas”, quien colaboraba en la captación de víctimas y en la obtención de tarjetas de crédito utilizadas para las maniobras fraudulentas.
El desarrollo precedente permite identificar los elementos centrales que servirán de base para examinar si la estructura descripta satisface los requisitos típicos que exige el artículo 210 del Código Penal.
Corresponde, entonces, adentrarse en el análisis dogmático de la figura, a fin de precisar los alcances del tipo penal y verificar si, a la luz de los elementos reunidos, puede considerarse acreditada la existencia de una asociación ilícita en los términos del art. 210 del Código Penal. En el código penal comentado de la revista de la Pensamiento Penal, he tenido la oportunidad de efectuar el análisis dogmático del delito. “… El texto actual del tipo de asociación ilícita (art. 210 CP) se corresponde con la formulación original de 1921 y llega al día de hoy con numerosas dificultades para delimitar su ámbito de protección, verificar la concurrencia de los requisitos típicos que habilitan su aplicación y determinar la forma en que estas figuras concurren con los delitos cometidos por la asociación.
La estructura típica, requiere: a) tomar parte en una asociación; b) propósito colectivo de delinquir; c) número mínimo de participantes. Cuando la figura reclama que el sujeto activo "tome parte de una asociación criminal", “no se trata de castigar la participación en un delito, sino la participación en una asociación o banda destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o inejecución de los hechos planeados o propuestos. El delito consiste en tomar parte en una asociación. Para que pueda hablarse de asociación es necesario cierto elemento de permanencia, para lo cual habrá de atenderse en cada caso a la naturaleza de los planes de la asociación (…) Aun cuando no es del caso pedir que una asociación para cometer delitos revista formas especiales de organización, requiere, sin duda, un mínimo de organización o cohesión entre los miembros del grupo.
No es preciso, sin embargo, que esa asociación se forme por el trato personal y directo de los asociados. Basta que el sujeto sea consciente de formar parte de una asociación cuya existencia y finalidades le son conocidas (Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. IV, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1992, pp. 711/2). Donna, en idéntico sentido, sostiene que el delito se consuma con el solo hecho de formar parte de la asociación, y que esto surge de la propia ley cuando dice: "por el solo hecho de ser miembro de la asociación". (Derecho Penal. Parte especial, t. II-C. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, p. 312). Núñez opinaba que la unión de individuos para llevar a cabo la finalidad mencionada ya es suficiente, por la potencialidad criminal que le es inherente, para reprimir el hecho ( "Tratado de Derecho Penal", t.
V, vol. I, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1992, p. 188). Creus decía que la conducta típica es “tomar parte en la asociación” y requiere que ésta se forme mediante acuerdo o pacto, explícito o implícito, de sus componentes y con el objetivo de cometer delitos; y D’Alessio, por su parte, expuso que tomar parte es participar, ser miembro de la asociación, pertenecer a ella, y que se incurre en el delito por el solo hecho de formar parte, sin que sea necesario que ésta ejecute los delitos que formaban parte del acuerdo. Ziffer, en cambio, señala que esta interpretación amplía excesivamente los límites del tipo, que afirmar que quién adhiere a los fines de la organización resulta punible, implica penar una mera tendencia interna que convertiría a la prohibición en un mero derecho penal de ánimo, de modo tal que refiere que para que la figura sea legítima es necesario exigir que el carácter de miembro se haya exteriorizado en un aporte dirigido a fomentar una finalidad delictiva concreta, “Tomar parte”, lo entiende como participar o colaborar de alguna forma con las actividades de la asociación, no basta con ser miembro (El delito de asociación ilícita, Ad-hoc, 2005, p. 68/9).
Cantaro, yendo más allá, afirma que “siempre tomar parte importa realizar alguno de los delitos del pactum sceleris, como autor o cómo partícipe" (Artículos 210 y 210 bis, en BAIGÚN, David y ZAFFARONI, Eugenio R., Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, T. 9, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 345).
Características de la asociación: 1) acuerdo entre varios para el logro de un fin; 2) existencia de una estructura para la toma de decisiones aceptada por los miembros; 3) la actuación coordinada entre ellos, con un aporte personal de cada miembro 4) la permanencia del acuerdo (cfr. Ziffer, ob. cit., p. 73).
El acuerdo o pacto no requiere de formalidad alguna y hasta puede ser tácito, pero sí debe existir, al menos, una exteriorización de la conducta de sus integrantes que permita a todos ellos reconocerse entre sí como pertenecientes a un conjunto que comparte objetivos comunes. Ellos se deben haber comprometido a cometer los hechos de forma comunitaria, y no por cuenta propia. Esto, sin perjuicio de que no es necesario que exista trato personal entre los miembros. Asimismo, se requiere que exista un mínimo de cohesión interna dentro del grupo y que aún cuando no haya subordinación, se cuente con ciertas reglas que permitan formar la “voluntad social” (Ziffer). Donna, considera que debe haber una “fuerte organización interna”, que imponga a los miembros deberes hacia la asociación, y que cada uno de ellos debe cumplir un rol o función.
La permanencia, en tanto se trata de un concepto relativo, debe atenderse en cada caso a la naturaleza de los planes de la asociación (Soler), no se trata de una mera cuestión de tiempo, dado que la pluralidad delictiva, no se puede conseguir sin actividad continuada que, como tal, puede estar determinada en cada caso por la tarea que se haya propuesto (Creus), el dato de permanencia que caracteriza a esta figura, se da en la indeterminación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la actividad propuesta y la actitud de constante disposición de sus afiliados para colaborar en los hechos, se traten estos de una misma o diversa naturaleza (Romero Villanueva y Gonzáles Correa, "Una mirada actual sobre el delito de asociación ilícita", JA2003-II-773). Según la CSJN, es la disposición de voluntad de sus integrantes la que mantiene viva la amenaza de lesión de bienes jurídicos, sin que deba renovarse el acuerdo entre los miembros, lo que distingue a la asociación ilícita del mero acuerdo criminal, de naturaleza esencialmente transitoria (CSJN, S. 471. XXXVII. RECURSO DE HECHO, Stancanelli, Néstor Edgardo y otro s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público s/ incidente de apelación de Yoma, Emir Fuad -causa n° 798/95-).
Con respecto al número mínimo de integrantes, nuestra legislación exige que esté compuesta por al menos 3 (tres), la controversia sobre este punto se ha centrado en los requerimientos que deben cumplir, esto es si hace falta su imputabilidad, su culpabilidad, su punibilidad y/o una condena que declare la concurrencia de estos requisitos.
En cuanto al acuerdo para cometer delitos, se plantean cuestiones en relación a: la finalidad delictiva requerida, la pluralidad de delitos planeados y la indeterminación de los delitos. Sobre el primero de estos tópicos, existe consenso sobre que no resulta necesario que la asociación se constituya inicialmente como criminal, siempre que la nueva sociedad tenga como objeto principal la comisión de delitos, la finalidad de cometer delitos dolosos, cualquiera sean estos, y sin perjuicio de que no constituya su objeto último, que incluso puede ser lícito (enriquecerse, adquirir poder, etc.). En otras palabras, la conducta con relevancia típica constituye tomar parte en una asociación o banda destinada a cometer delitos, se trata de un delito autónomo y como tal se independiza de la eventual concreción de los mismos…”
Lo dicho resulta central para circunscribir el objeto del presente caso, que fue expuesto con y acierto por el sentenciante.
A la luz de los elementos de prueba reunidos, puede afirmarse que la conducta desplegada por los imputados revela la existencia de un grupo con coordinación estable y roles diferenciados, orientado a la realización reiterada de actividades ilícitas. La constancia en el tiempo de sus acciones - como lo evidencian las comunicaciones y transacciones coordinadas-, la distribución funcional de tareas -demostrada en la diferenciación de funciones de Ojeda y Boado en la gestión de cuentas y perfiles falsos- y la interacción continua entre los distintos miembros -observada en los intercambios diarios de información sobre dinero, productos y audiosevidencian la voluntad de actuar conjuntamente, contribuyendo cada uno al objetivo común.
Los registros de comunicaciones, el manejo coordinado de recursos - cuentas bancarias y billeteras virtuales compartidas para canalizar fondos ilícitos- y la intervención de varias personas en la ejecución de maniobras delictivas -incluyendo la participación de otros posibles partícipes como “Rakum” y “Flor Llamadas”- permiten inferir la existencia de un acuerdo de voluntades para la comisión de delitos diversos, afectando de manera directa el bien jurídico protegido por la ley. La estructura interna demostrada, con funciones claramente asumidas por cada partícipe y un flujo sostenido de actividades ilícitas, refleja más que un simple vínculo ocasional: denota cohesión, cooperación y permanencia en el tiempo -resaltada por la reiteración de las maniobras delictivas y la coordinación continua entre los miembros-, elementos que configuran, en su conjunto, la figura prevista en el artículo 210 del Código Penal. De allí que los argumentos genéricos y dogmáticos que utilizó la defensa en su presentación recursiva carecen de la relevancia que pretende en relación a la acreditación hecho constitutivo del delito de asociación ilícita. En definitiva, la conclusión del fallo, en cuanto afirma los extremos aquí discutidos, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (arts. 106, 209, 210 y 373, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad – frustrada–, no sólo no surge de los fundamentos que expuso en el fallo sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCP, S VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabino ó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación”, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
En consecuencia, estimo correcta la decisión del Tribunal que encontró realizado el tipo de asociación ilícita –art. 210 del Código Penal-. En lo demás, adhiero a los fundamentos de mi colega preopinante (punto III.d). ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada, el señor juez Violini expresó:
Adhiero al voto del señor juez Maidana en igual sentido y por sus mismos fundamentos. Así lo voto.
A la segunda cuestión, el señor juez Bouchoux expresó:
Que, en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensora oficial de los imputados, con costas, y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio (arts. 45, 127, 168 y 210, Cód. Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 530, 531 y concs., CPP). Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor juez Maidana dijo:
Adhiero al voto del doctor Bouchoux en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor juez Violini expresó:
Adhiero al voto del doctor Bouchoux en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
RECHAZAR, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de los imputados y CONFIRMAR la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio (arts. 45, 127, 168 y 210, Cód. Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 530, 531 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público Fiscal y oportunamente devuélvase.
GS
Fin de la sentencia