Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 46.126-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el beneficio de litigar sin gastos peticionado por el actor, con costas.
2Intimar a dicha parte para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 74.909,93.- (pesos setenta y cuatro mil novecientos nueve con noventa y tres centavos) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificado de deuda (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
3Regular en las sumas de $ 6.592.- (pesos seis mil quinientos noventa y dos) y $ 16.480.- (pesos dieciséis mil cuatrocientos ochenta) los honorarios de los Dres. Valeria Poey Sowerby y Carlos Muzzio, por sus actuaciones como apoderada y letrado patrocinante del Fisco Nacional, respectivamente, los que se encuentran a cargo del incidentista y no incluyen el impuesto al valor agregado.
4Remitir los autos a la Secretaría General de Asuntos Impositivos para que proceda a cumplir con el libramiento de la boleta de deuda ordenado a fs. 159, en atención a lo dispuesto en la sentencia de fs. 149/149 vta.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-121362345-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Diciembre de 2021 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación), Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal titular de la 9na. Nominación), a fin de resolver en el expediente N° 46.126-I, caratulado: “BOCA, JUAN CARLOS s/ incidente de beneficio de litigar sin gastos”, tramitada en el marco del registrado bajo el N° 46.127-I, en atención a haberse acumulado los autos principales. La Dra. Marmillon dijo:
I. Que el presente incidente se formó como consecuencia del pedido efectuado por el recurrente para que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, fundamentando su solicitud en la imposibilidad material de solventar el pago de los gastos causídicos y de las posibles costas en su contra.
Explica la materia de la que se trata el recurso de apelación interpuesto e indica las sumas a ingresar determinadas por el Fisco Nacional, sosteniendo que los gastos y costas que devenga el mencionado proceso exceden ampliamente su capacidad económica.
Agrega que a su parecer la deuda que se le reclama en los autos principales es injusta por ser el resultado de la aplicación errónea por parte del organismo recaudador del principio de realidad económica, debido a que el monto reclamado le fue determinado por un método técnicamente incorrecto y arbitrario, cuestión por la cual le resulta imposible hacer frente a los gastos del proceso sin hacer peligrar la subsistencia de su grupo familiar. Manifiesta que el beneficio solicitado garantiza el derecho de defensa, por lo que concluye que no hacer lugar a su petición equivaldría a una frustración a priori de sus aspiraciones de justicia e importaría un evidente menoscabo al citado derecho.
Indica que con el objetivo de salvaguardar los derechos constitucionales de acceso a la jurisdicción, defensa en juicio e igualdad ante la ley (arts. 16, 18, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y art. 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), es que solicita se le otorgue el beneficio de litigar sin gastos en procura de la defensa de los citados derechos.
Cita doctrina y jurisprudencia a su favor. Ofrece prueba testimonial, informativa y pericial contable (ver fs. 251/254 vta.).
Que a fs. 262/264 vta. la representación fiscal manifiesta que el beneficio solicitado resulta improcedente en razón de las manifestaciones del recurrente y de la prueba ofrecida, habida cuenta que a su parecer sólo debe otorgarse con carácter de excepción. Indica que el art. 78 del C.P.C.C.N. acuerda el beneficio a aquellas personas que carecieran de recursos, es decir, a las que se encontraren en tal situación de pobreza que los coloque ante la imposibilidad de litigar, y que para acceder a él debe probar que le resulta imposible obtener los recursos necesarios para soportar las erogaciones propias de un litigio. Menciona que frente a los intereses del peticionario, se encuentran los de la contraria, tan respetables como los de aquél, y cuya garantía de igualdad ante la ley -art. 16 de la Constitución Nacional- puede verse conculcada si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio.
Sostiene que el recurrente cuenta con la asistencia de un profesional abogado para defender sus intereses, pese a que ello no es un requisito obligatorio para actuar ante este Tribunal y que debió prever los gastos en que incurriría al iniciar el recurso de apelación ante esta instancia jurisdiccional, toda vez que ellos no surgieron de forma intempestiva.
Advierte que aún cuando la situación del responsable sea la indicada dicha circunstancia no podría colocarlo en una mejor situación respecto de otros contribuyentes y responsables que en circunstancias similares, adoptan las medidas necesarias para hacer frente a los gastos que genera un litigio de la naturaleza del presente. Cita jurisprudencia para reforzar su postura, se opone a la producción de la prueba ofrecida y solicita se rechace el beneficio peticionado, con costas.
II. Que a fs. 149/149 vta. obra la sentencia de la Sala “B”, por la que se resolvió denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en el marco del incidente originariamente registrado bajo el N° 46.127-I, pronunciamiento que se encuentra firme en razón de no haberse agraviado las partes y el tiempo transcurrido desde su notificación (ver fs. 154/154 vta. y 155/155 vta.).
III. A fs. 273 se abre el presente incidente a prueba, denegando la producción de la testimonial –en virtud de no haber cumplimentado con lo dispuesto por el art. 79 inc. 2 del C.P.C.C.N.– y la pericial contable –en razón de ser improcedentes los puntos de pericia propuestos– y haciéndose lugar a la informativa. A fs. 276 se intima al incidentista para que acredite en autos el diligenciamiento de los oficios ordenados, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de dicha prueba. A fs. 278 no cumpliendo con tal requerimiento, se resuelve hacerlo efectivo y en consecuencia, se procede a clausurar el período probatorio. Finalmente, a fs. 281 se elevan los autos a consideración de la Sala “C”.
IV. Que el beneficio de litigar sin gastos es un instituto excepcional, que tiene por finalidad permitir a aquéllos que carecieren de recursos o de la posibilidad de obtenerlos, acceder a la justicia u organismos con funciones jurisdiccionales en defensa de sus derechos.
Que el inc. 2° del art. 79 CPCCN, es categórico en cuanto dispone: “La solicitud contendrá:…2) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recurso.”. Es decir que quien tiene la carga de probar fehacientemente la carencia de recursos y de crédito para obtenerlos, es quien la invoca. Que en el caso de autos, se hizo lugar únicamente a la prueba informativa toda vez que habiendo ofrecido testimonial y pericial contable se denegaron en razón de no haber cumplimentado con lo normado por el art. 79 inc. 2° y cctes. del C.P.C.C.N. y por ser improcedentes los puntos de pericia propuestos (ver fs. 273). Sin embargo, pese al otorgamiento de la probanza de informes, ella no fue producida por la propia inacción de la incidentista, toda vez que al ser intimada a fs. 276 para que acredite en autos el diligenciamiento de los oficios ordenados bajo apercibimiento de dar por decaído su derecho de realizarla, no contestó tal requerimiento, no obstante encontrarse debidamente notificada según surge del F.16 obrante a fs. 277/277vta. En consecuencia, a fs. 278 se hizo efectivo el apercibimiento y se procedió a clausurar el período probatorio.
Que debe agregarse a lo dicho que el peticionante se presenta junto con el patrocinio letrado de un profesional del derecho y que no consta en autos un pacto de cuota litis o que haya renunciado a percibir sus honorarios, por lo que se presume que cuenta con dinero suficiente para hacerse cargo de los emolumentos de dicho profesional, toda vez que su trabajo no se presume gratuito.
Que en virtud de lo expuesto, no habiendo ejercido el interesado el derecho que le asistía de justificar su pretensión mediante el aporte de prueba y habida cuenta que el impulso de oficio y la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, son dos características del procedimiento ante este organismo jurisdiccional que no implican que el Tribunal deba suplir el desinterés de las partes en probar la procedencia de sus pretensiones, corresponde denegar la concesión del beneficio de litigar sin gastos que peticionara, con costas.
Que en atención a la forma en que se decide, procede intimar a la recurrente para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 74.909,93.- (pesos setenta y cuatro mil novecientos nueve con noventa y tres centavos) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificado de deuda (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
V. Que corresponde regular los honorarios correspondientes al Fisco Nacional aplicando las pautas emergentes de la ley 21.839 y su modificación, toda vez que los trabajos efectuados por los profesionales intervinientes fueron realizados íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423.
Que en tal sentido, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho que “(...) es necesario en cada caso indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable. En el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Es a partir de ahí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada, por ley posterior(...)” (conf. CSJN “Francisco Costa e Hijos c/Bs.As., Pcia.” 12-9-1996, “Coronel, Martín Fernando c/ Villafañe, Carlos A., y Universidad de Tucumán” 11-4-2006).
Por ello, se fija en las sumas de $ 6.592.- (pesos seis mil quinientos noventa y dos) y $ 16.480.- (pesos dieciséis mil cuatrocientos ochenta) los honorarios de los Dres. Valeria Poey Sowerby y Carlos Muzzio, por sus actuaciones como apoderada y letrado patrocinante del Fisco Nacional, respectivamente, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, el monto del juicio, la única etapa procesal cumplida y el resultado del presente incidente (conf. ley 21.839 art. 33 y cctes. y modif.).
Se deja constancia que los honorarios regulados precedentemente se encuentran a cargo del incidentista y no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiero al voto de la Vocal preopinante con excepción del cuarto párrafo del Considerando IV. El Dr. Vicchi dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Marmillon.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Rechazar el beneficio de litigar sin gastos peticionado por el actor, con costas.
2. Intimar a dicha parte para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 74.909,93.- (pesos setenta y cuatro mil novecientos nueve con noventa y tres centavos) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificado de deuda (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
3. Regular en las sumas de $ 6.592.- (pesos seis mil quinientos noventa y dos) y $ 16.480.- (pesos dieciséis mil cuatrocientos ochenta) los honorarios de los Dres. Valeria Poey Sowerby y Carlos Muzzio, por sus actuaciones como apoderada y letrado patrocinante del Fisco Nacional, respectivamente, los que se encuentran a cargo del incidentista y no incluyen el impuesto al valor agregado.
4. Remitir los autos a la Secretaría General de Asuntos Impositivos para que proceda a cumplir con el libramiento de la boleta de deuda ordenado a fs. 159, en atención a lo dispuesto en la sentencia de fs. 149/149 vta. Regístrese, notifíquese y oportunamente agréguense por cuerda al expediente principal.
Date: 2021.12.09 13:53:36 -03:00 Date: 2021.12.10 18:04:11 -03:00 Claudio Esteban Luis Juan Carlos Vicchi Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.14 16:53:32 -03:00 Viviana Marmillon Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.14 16:53:33 -03:00
Fin de la sentencia