Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N°57/2017, con costas.
2Regular los honorarios de la Dra. Valeria Cardinale en el carácter de patrocinante del recurrente en la suma de $37.053, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por la profesional interviniente en la primera etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular los honorarios del Dr. Juan Martín Jovanovich en el carácter de patrocinante del recurrente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, de la siguiente manera:
A) en la suma de $ 37.053 teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por el profesional interviniente en la segunda etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) en la suma de $117.165, equivalente a 6,06 UMA, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por el profesional interviniente en la tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
4Regular los honorarios del Contador Público Pablo Coccorullo en la suma de $30.316, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del recurrente y teniendo en consideración las pautas …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-95633392-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 16 de Agosto de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N° 47.940-I caratulado: " Bocanera, Rubén Mario s/apelación"
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El señor Rubén Mario Bocanera interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°57/2017 dictada el 28 de marzo de 2017 en la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2009, intimándole el ingreso de $246.092, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Además, en dicho acto se le aplicó una multa de omisión de $172.264,40 (conf. art. 45, ley).
Surge de sus Considerandos que el Sr. Bocanera se encontraba inscripto como contribuyente en el impuesto a las ganancias y que presentó la declaración jurada del impuesto por el ejercicio fiscal 2009 en original y rectificativa N° 1 el 21 de febrero de 2011 y el 6 de junio de 2011, respectivamente. En esta última, declaró dinero en efectivo por $639.200, disminuyendo el monto consumido en dicho ejercicio, y en el curso de la fiscalización no pudo justificar dichos fondos con ingresos declarados, por lo que el juez administrativo le aplicó la presunción de incremento patrimonial no justificado prevista en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.v.).
Indica en su presentación ante esta instancia que la premura en el dictado de la Resolución, la falta absoluta de todo análisis por parte de la Administración Tributaria y la notificación que se le hiciera el mismo día de su firma, en forma previa al cierre definitivo del régimen excepcional de regularización de obligaciones tributarias dispuesto por la ley 27.270, pone en evidencia sus fines recaudatorios.
Efectúa un relato de su situación personal diciendo que toda su vida y hasta febrero de 2011 trabajó en relación de dependencia como ingeniero.
Relata que la retribución que obtuvo por el ejercicio de su actividad siempre estuvo bancarizada, toda vez que su empleador la depositaba mensualmente, previa deducción de los impuestos correspondientes, en su cuenta sueldo. También aclara que era su empleador quien se ocupaba de las cuestiones impositivas en su carácter de agente de retención, respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto en el país como en el extranjero. Cuenta que durante los años 2005 a 2007 su crecimiento dentro de la empresa lo llevó a radicarse temporariamente en la Ciudad de México, por lo que durante los tres ejercicios fiscales que duró su expatriación, perdió la residencia en el país y comenzó a tributar en aquella jurisdicción.
Poco después de radicarse nuevamente en país, le informaron que en el período fiscal 2007, mientras residía en México pero viajaba al país por cuestiones laborales y personales, había excedido por tres días el período de permanencia en Argentina, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 120 de la ley del impuesto a las ganancias, no habría operado la pérdida de su condición de residente. Por ello, el Fisco Nacional le solicitó la presentación de la declaración jurada del impuesto y la inclusión en la misma de los ingresos obtenidos en el exterior como “ganancia de fuente extranjera”.
Continúa diciendo que dicha presentación la efectuó el 6 de junio del 2011, computándose como pago a cuenta las retenciones practicadas en el exterior. Asimismo, y como consecuencia de la rectificación del período inicial, presentó las declaraciones juradas rectificativas del impuesto a las ganancias correspondientes a los períodos fiscales siguientes, es decir, 2008 y 2009.
Respecto al período fiscal 2009, indica que tanto la presentación de su declaración jurada original como de la rectificativa, arrojaron los mismos importes dado que las modificaciones que efectuó no implicaron variación alguna ni en la renta declarada ni en el impuesto determinado en la declaración jurada original. También agrega que ello es así, ya que los únicos ingresos que percibió reconocen un único origen que fue la remuneración obtenida por su trabajo profesional realizado en relación de dependencia.
Indica que durante el transcurso de la fiscalización, el que se inició en mayo de 2013, aportó toda la documentación requerida por los inspectores intervinientes, exponiendo la totalidad de su patrimonio y justificando su origen y crecimiento a lo largo de las dos décadas trabajadas dentro de la Organización Techint. Luego, efectúa un detalle de la documentación aportada, haciendo hincapié en que los inspectores actuantes no sólo verificaron toda su situación patrimonial expuesta en su declaración jurada rectificativa, sino que además, validaron los nuevos conceptos introducidos como efectivamente adquiridos con el producto de la remuneración que le abonara durante ese ejercicio fiscal Siderar S.A.I.C.: la titularidad de los inmuebles, la propiedad de los vehículos y los saldos bancarios al 31 de diciembre de 2009, que incluían depósitos en el Banco por $90.828,67 y $270.344,55. Dice además que constataron la pertinencia del cómputo de retenciones por $518.929 y los anticipos del impuesto sobre los bienes personales por $4.595,08.
A continuación, manifiesta que el único concepto que el Fisco Nacional no validó, fue la tenencia que declaró como dinero en efectivo por la suma de $639.200, al sostener que no provendría de acreditaciones bancarias por sueldos como el resto de los conceptos incluidos en la rectificativa, y dice que tal afirmación es errónea porque todas las existencias en su poder al cierre del ejercicio fiscal 2009 provenían de extracciones realizadas de sus cuentas bancarias, tanto en pesos como en dólares, las que, sigue diciendo, se encontraban perfectamente acreditadas en las actuaciones administrativas y que se originan en los consumos y el ahorro declarado al cierre del período fiscal 2009.
Agrega además que al ser requerido para aclarar sobre dicha suma de dinero, explicó que correspondía al remanente no consumido de las extracciones de sus cuentas bancarias, y que con el extracto de los movimientos bancarios el Fisco Nacional pudo corroborar que ese año extrajo de sus cuentas bancarias: a) por un lado, la suma de $ 125.000 y, b) por otro, la cantidad de U$s 190.000, los que convertidos al tipo de cambio de aquél momento ($3.76) representaban la cantidad de $714.400, lo que suma un total de $839.400. Entiende que no tendría sentido insistir sin un fundamento serio, que no habría podido ahorrar los $639.200 declarados, porque los tendría que haber consumido en forma íntegra.
Más adelante, se remite a párrafos citados en el informe final de fiscalización expresando que de allí no surge ningún argumento por el cual los inspectores hayan podido presumir la existencia de un incremento patrimonial no justificado, ya que de los antecedentes surgiría de manera inequívoca que las rentas declaradas constituyen renta de 4ta. categoría. También agrega que el Fisco Nacional debió haber dejado sin efecto el ajuste determinado para el impuesto al valor agregado por ser una consecuencia directa con el de ganancias.
Manifiesta que la fiscalización había dispuesto la ampliación de la orden de intervención a los fines de incluir el IVA del período fiscal 2009, ya que el art. 18 de la ley 11.683 -que establece el ajuste por incremento patrimonial no justificado- importa, en dicho tributo, la existencia de ventas omitidas, pero que fueron los mismos funcionarios los que resolvieron dejar sin efecto el ajuste relativo al IVA por entender que al ser el origen de los fondos el trabajo en relación de dependencia, no correspondía gravarlos.
En definitiva, basa sus agravios en que:
1. se encuentra acreditado el origen, ingreso en su patrimonio y la efectiva tenencia de los fondos que imputó como ahorro al cierre del ejercicio fiscal 2009. Dice que la determinación de oficio se fundó en el desconocimiento del origen de la suma de $639.200, cuya tenencia en efectivo la declaró en su declaración rectificativa del impuesto a las ganancias del período fiscal 2009.
Reitera que todos sus ingresos fueron depositados por su empleador en su cuenta bancaria, desde la cual efectuó los débitos de los gastos bancarizados y las extracciones de dinero a las que alude la fiscalización. También que desde dicha cuenta efectuó las adquisiciones de moneda extranjera (dólares estadounidenses) que fueron depositadas en su cuenta en dólares de la misma entidad bancaria, luego retiradas y guardadas en la caja de seguridad, cuya existencia también se encuentra acreditada en las actuaciones administrativas y validada por los inspectores actuantes. Que desde dichas cuentas extrajo, en el período que se le cuestiona, la suma de $125.000 y U$S 190.000, teniendo así a su disposición una suma de $ 839.000, destinando a ahorro los $ 639.000. Dice entonces que el cuestionamiento del Fisco Nacional se reduce a la exteriorización en pesos y no en dólares del ahorro declarado y que el art. 18 inc. f) de la ley de procedimiento tributario trae una presunción que invierte la carga de la prueba, siendo los indicios utilizados para aplicar esta presunción que dichos fondos fueron consumidos.
2. es improcedente el consumido presunto que se invoca con sustento del desconocimiento de las sumas destinadas a ahorro, ya que el Fisco Nacional recurre a la “ficción” de la presunción de consumo de todas las sumas extraídas, para justificar la inexistencia de los fondos que declaró al cierre del ejercicio fiscal y la imputación de un supuesto incremento patrimonial no justificado.
Al respecto, dice que no existió tal incremento patrimonial sino un error involuntario en la exteriorización en pesos, de los dólares estadounidenses cuya tenencia se encuentra probada. También agrega que la modificación del consumido no puede ser invocada como sustento de un supuesto incremento patrimonial donde se evidencia que todos los ingresos fueron debidamente declarados y validados por el organismo fiscal, siendo que, además, el consumo resulta razonable con su nivel de vida, ajustándose a los ingresos que recibía.
Cita jurisprudencia y asevera que el consumido no constituiría per se un elemento determinativo del tributo, como para concluir que la modificación del mismo -sin que exista otro elemento de prueba-, exterioriza un “presunto” incremento patrimonial; y prueba de ello es que los funcionarios intervinientes en la fiscalización no le objetaron la disminución del consumido como consecuencia de la incorporación de inmuebles, automóviles, plazos fijos y anticipos de impuestos expuestos en su declaración jurada rectificativa presentada el 6 de junio de 2011. También añade que lo mismo debió ocurrir con los fondos declarados como ahorro en dinero en efectivo, dado que compartían el mismo origen verificado y la presunción de su consumo durante el transcurso del ejercicio no surge de ningún hecho o prueba.
Destaca que el consumo resultó razonable ya que representó un tercio de su salario. Además, tal como surge de las actuaciones administrativas, los ingresos que percibió en el año 2009 fueron de $1.597.917,97, representando sus consumos en tarjeta y efectivo un aproximado del 25 % de dichos ingresos; sus ahorros y depósitos fueron en un 40 % y el pago de impuestos (retenciones del impuesto a las ganancias, bienes personales y aportes de la seguridad social) implicó un 35 % de dichos ahorros.
Dice, en definitiva, que la decisión de no consumir parte de las sumas legítimamente obtenidas con el producto de su trabajo personal, constituyó una decisión personal que se encuentra en el ámbito del art. 19 de la Constitución Nacional, por lo que solicita que se deje sin efecto la pretensión fiscal.
Por último, indica que el juez administrativo le aplicó una multa por omisión, graduada en el 70% del impuesto que también pide que se deje sin efecto porque entiende que el consumido no puede ser considerado como inamovible por las dificultades que tiene su cálculo, debiendo aceptarse que se trata de una variable de ajuste patrimonial. Indica que esta es la única referencia que efectúa a los efectos de reprocharle la comisión de la figura de omisión fiscal, sin existir análisis ni mérito de los hechos del caso o de su conducta, que justifique o fundamente el supuesto obrar negligente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, del que hubiera derivado un ingreso en defecto, por lo que sostiene su improcedencia. Subsidiariamente, invoca la existencia de error excusable para su eximición.
Por último, acompaña prueba documental, ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita se deje sin efecto la Resolución en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 84/98 la representación fiscal contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirme su acto, también con costas.
Para ello sostiene que el Sr. Bocanera en el ejercicio fiscal 2009 modificó los saldos de inicio y cierre del patrimonio, incorporando saldos no exteriorizados en la declaración jurada original y que fue él mismo quien aportó el detalle verificándose los importes informados con las copias de los títulos de propiedad de los inmuebles, de los vehículos y de los saldos bancarios al 31/12/2009, mediante los extractos aportados. Además, se constató que en dicho período incorporó al cierre los siguientes conceptos: retenciones por $518.929, anticipos de bienes personales por $4.595,08, depósitos en el Banco por $ 90.828,67 y $270.344.55 y dinero en efectivo por $639.200.
Dice también que a raíz de estas incorporaciones, utilizó como variable de ajuste en su declaración jurada el monto consumido originalmente declarado, el cual disminuyó de $1.578.425,70 a $1.194.277,67, lo que se consideró como una omisión en los saldos sin incidencia en los ingresos declarados.
Constató que los saldos de retenciones, anticipos y depósitos en el Banco provenían exclusivamente de los sueldos que el Sr. Bocanera percibía de su trabajo realizado bajo relación de dependencia, pero no arribó a la misma conclusión respecto a la incorporación en su patrimonio del monto de $639.200 de dinero en efectivo, toda vez que dicho importe no pudo ser justificado con los ingresos declarados, por lo que se le dio el tratamiento de incremento patrimonial no justificado previsto en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.v.).
Respecto al dinero en efectivo, destacó que el Sr. Bocanera no declaró, al inicio de la fiscalización, que la totalidad de sus ingresos los depositó en sus cuentas bancarias. Asimismo, el total de las extracciones de fondos (dinero en efectivo) efectuadas según los resúmenes bancarios fueron de $125.000 y U$S 190.000 ($714.400), pero respecto a la moneda extranjera no pudo demostrar haberla convertido en pesos y tampoco aportó comprobantes de la venta de la misma en el mercado oficial de cambios, que permitieran confirmarlo. Así, concluyó que no tuvo la disponibilidad de pesos para incluir ese importe al cierre del ejercicio cuestionado, dado que de acuerdo a los fondos extraídos de las cuentas bancarias en pesos y dólares, fueron destinados para su sustento personal.
Destaca, por último, que la tenencia de los $639.200 los declaró en la rectificativa N° 1 del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2009, presentada el 6 de junio de 2011, habiendo presentado la declaración jurada original el 21 de febrero de 2011, por lo que transcurrió más de un año desde la fecha del vencimiento general de su obligación (23/4/2010).
III. A fs. 114 se abre la causa a prueba, admitiéndose la pericial contable, la que obra producida a fs. 130/138. A fs. 142/143 y fs. 165/166 obran las impugnaciones del informe pericial efectuadas por el Fisco Nacional y por el recurrente y a fs. 172/174 y 178/179 sus respectivas contestaciones.
El 13 de junio de 2023 por PV-2023-67852682-APN-VOCXI#TFN, se decide clausurar el período probatorio y elevar las presentes actuaciones a consideración de la Sala. El 3 de julio de 2023 se ponen los autos para alegar, obrando los escritos respectivos del Fisco Nacional y del recurrente que ejercieron su derecho. Finalmente por IF- 2023-93688714-APN-VOCXI#TFN se dictan los autos a sentencia.
IV. Corresponde ahora decidir si la Resolución apelada se ajusta a derecho, para lo cual debe resolverse si se dan los presupuestos para la aplicación de la presunción del incremento patrimonial no justificado, art. 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.v.), en la que el Fisco Nacional sustenta su determinación -y consecuente sanción-, al imputarle al Sr. Bocanera no poder justificar la suma de $639.200 a partir de haber disminuido el monto del consumido en la declaración jurada rectificativa del impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2009.
Es relevante tener en cuenta aquí, tal lo que se desprende de los Considerandos de la Resolución recurrida, que lo único que tenía que justificar el Sr. Bocanera en esta instancia era el dinero en efectivo que incluyó en la declaración jurada rectificativa ya que “…el resto de los rubros se encuentran justificados toda vez que provienen de los fondos cobrados en relación de dependencia que han sido verificados por las actuantes”. No determina ajuste alguno por impuesto al valor agregado porque entiende que los ingresos se originaron también en su trabajo en relación de dependencia.
El análisis de la prueba en esta instancia, entonces, debe ceñirse a dicho concepto.
El criterio del juez administrativo es que: “…en cuanto a la porción restante del monto consumido que el contribuyente disminuye por el monto incorporado a su activo al 31 de diciembre de 2009, de dinero en efectivo ($639.200), no aporta pruebas suficientes de que los mismos provienen de su trabajo en relación de dependencia, ni que se trate del monto de dólares extraídos de la cuenta sueldo, ya que no aportó comprobante de la venta de la moneda extranjera, ni tampoco elemento que permita establecer que tenía dólares al 31 de diciembre de 2009….”. Y concluye que “…no poseía excedentes de dinero en efectivo al cierre del ejercicio fiscal 2009, para justificar el monto declarado como dinero en efectivo de $639.200, con la contrapartida de reducir del monto consumido, constituye un incremento patrimonial no justificado”.
Cierto es que el Sr. Bocanera, al exteriorizar su patrimonio en sus declaraciones juradas, nunca expuso el dinero en efectivo, ni al inicio ni al cierre de todos los ejercicios fiscales presentados desde el 2007 al 2009 que es el que aquí interesa, declarando la suma de $639.200 recién en la declaración jurada rectificativa de dicho período sin correlato en sus ingresos.
Es a partir de ello que, dice el juez administrativo, que “…, la notoria reducción del monto consumido en la declaración rectificativa N° 1 –ejercicio fiscal 2009- a $1.194.277,67, rompe con la tendencia evolutiva del monto consumido sostenida en los ejercicios declarados desde su inscripción como contribuyente del impuesto a las ganancias a saber: Ejercicio fiscal 2007: $1.314.713,40- Ejercicio fiscal 2008 $1.455.808,55 y de la declaración primitiva del Ejercicio fiscal 2009 de $1.578.425,70”.
Sostiene también que “…no resulta admisible, a los efectos de mantener la igualdad de la ecuación patrimonial, reducir el monto declarado como consumido, por cuanto su aceptación implicaría considerar a dicho concepto como una variable de ajuste para las diferencias patrimoniales en lugar de representar como debe ser gastos personales del contribuyente y las personas a su cargo”.
El Sr. Bocanera, por su parte, dice que la suma que el juez administrativo presume originada en ingresos sin declarar corresponde a ahorro luego de extracciones de dinero de sus cuentas bancarias, tanto en pesos como en dólares, que no consumió, y que al cierre del ejerció seguía en su poder y que declaró en la declaración jurada rectificativa por error íntegramente en pesos a efectos de cumplir con el deber de expresar sus ganancias en moneda homogénea. Insiste en que sus ingresos provienen de una única fuente, el trabajo en relación de dependencia con la Organización Techint por 27 años, hasta su desvinculación en el año 2011.
El error incurrido y reconocido por el propio recurrente en su declaración jurada, debe ser analizado en conjunto con los resultados de la prueba pericial contable rendida en esta instancia, la que obra producida a fs. 130/138. Surge de allí que el Sr. Bocanera fue empleado de la Organización Techint desde el mes de julio de 1994 hasta febrero de 2011 en que se produjo su desvinculación. Los ingresos percibidos en los últimos años -2007 a 2010- son homogéneos, del mismo modo que el porcentaje del ingreso dedicado al consumo, con variaciones que parecen razonables y acordes a la forma en que ejerció su actividad, por ejemplo, haber residido y trabajado en el exterior –México- en el año 2007 y regresado al país en el año 2008. El consumido, además, es acorde al consignado en períodos fiscales posteriores al 2009 objeto de la determinación de oficio.
Las objeciones de la perito designada por la representación fiscal se centran en el origen de la información utilizada en el informe –obtenida desde la clave fiscal del actor-, al que le resta autenticidad y valor suficiente como prueba por considerar que su uso es para que el trabajador/a controle las declaraciones de sus sueldos, cargas, etc., mas se trata de elementos obtenidos desde la propia web de la Administración Tributaria –Aportes en Línea”, cuya falsedad a la misma vez no se invoca, menos aún se prueba ni se refuta con documentación que revelen una realidad diferente.
El Informe también se encuentra respaldado en documentación obrante en las actuaciones administrativas, como la certificación de servicios expedida por la empresa mexicana en la que trabajó en el año 2007 y otros que dan cuenta, en lo que aquí interesa, que el Sr. Bocanera solamente percibió ingresos por su trabajo dependiente. Le asiste razón cuando sostiene que el propio juez administrativo lo admite cuando no incluye el ajuste del impuesto al valor agregado previsto en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683, admitiendo que el incremento patrimonial que se le imputa no responde a ventas gravadas por dicho impuesto, lo que implica admitir que no se originan en otra actividad diferente a la de director dependiente de la Organización Techint.
Tales consideraciones, sumadas a que no objeta el juez administrativo que todas las acreditaciones bancarias corresponden al cobro de haberes y a movimientos por plazos fijos, ni que en el año 2009 el Sr. Bocanera extrajo dinero en efectivo por las sumas de $125.000 y U$S190.000, llevan a concluir que el indicio en el que éste erige la presunción del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 no se encuentra debidamente fundado para extraer del mismo la existencia de ingresos omitidos de declarar en el mismo período que fueron destinados a su consumo personal. Así, los elementos colectados por la fiscalización, desarrollados en las actuaciones administrativas y luego por el juez administrativo en los Considerandos de la Resolución, no son suficientes para tener por debidamente fundada la presunción del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 en que se ha encuadrado la pretensión fiscal notificada en la Resolución, desde el momento que el único sustento es la diferencia de dinero efectivo por $639.200 que el propio juez administrativo reconoce no se origina en ventas gravadas pudiendo razonablemente originarse en el error en la exposición de la moneda extranjera que el propio Sr. Bocanera admite.
Cabe recordar aquí una vez más que el criterio rector en materia de presunciones es que,“…toda determinación sobre base presunta como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco Nacional debe apoyarse en indicios objetivos y ciertos que puedan ser comprobados por las partes y que a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requieren la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados (Sala V del fuero, 3-10-06, “Giorno S.A. Pesquera Barillarisa SAMCI (TF 17.431-I) c/ DGI”)- Conf. “Furman, Sami Carlos”, sentencia del 16/03/10, confirmada por la CSJN el 12/06/2012.-.
Tambien al fallar en “Verde, Juan”, sentencia del 20 de marzo de 1990, entre muchos otros antecedentes, dijo que “...legalmente debe existir un indicio que permita arribar a una presunción y no llegar a una conjetura partiendo de otra presunción, como lo ha venido sosteniendo desde muchos años atrás la jurisprudencia, bástame citar lo dicho por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 1962 –La Ley XXV su. 6- en el sentido de que la prueba indiciaria debe formarse sobre la base de hechos comprobados, consecuentemente, no reviste tal carácter la que surge de otras presunciones”. Agregando a continuación que, “...por ello la Dirección General Impositiva incurre en un sorites –al decir de Alsina- Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial pág. 684- al construir un polisilogismo, tomando como premisa menor una presunción y no un hecho conocido, razonamiento que, como hemos expuesto, carece de sustento legal”. En el caso, el indicio adoptado por el juez administrativo, como ya se dijo, no posee las características referidas, por lo que el incremento patrimonial que se presume a partir del mismo, no tiene suficiente sustento. Por lo expuesto, corresponde revocar la Resolución N°57/2017, con costas.
Por la forma en que se resuelve, resulta insustancial referirse al resto de los agravios.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiero al voto de la Vocal Instructora.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N°57/2017, con costas.
2. Regular los honorarios de la Dra. Valeria Cardinale en el carácter de patrocinante del recurrente en la suma de $37.053, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por la profesional interviniente en la primera etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular los honorarios del Dr. Juan Martín Jovanovich en el carácter de patrocinante del recurrente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, de la siguiente manera:
a) en la suma de $ 37.053 teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por el profesional interviniente en la segunda etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) en la suma de $117.165, equivalente a 6,06 UMA, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por el profesional interviniente en la tercera etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
4. Regular los honorarios del Contador Público Pablo Coccorullo en la suma de $30.316, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del recurrente y teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.08.16 13:01:35 -03:00 Date: 2023.08.16 14:19:07 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.16 14:19:08 -03:00
Fin de la sentencia