Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 47940-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, en cuanto revocó la resolución N° 57/2017 de la A.F.I.P. –D.G.I., y
2Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.-).
Expte. Nº 2709/2024.-
///nos Aires, 23 de agosto de 2024.- JMVC Y VISTOS, estos autos caratulados: “Bocanera, Rubén Mario (TF 47940-I) c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, y
I. Que, por sentencia del 16/08/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió revocar la resolución Nº 57/2017 de la A.F.I.P. -D.G.I., con costas. Adicionalmente, se fijaron los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por la parte actora, como así también los correspondientes al perito contador.
II. Que, para decidir del modo indicado, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo, tras reseñar los antecedentes de la causa, su trámite y los fundamentos brindados por el “juez administrativo” para emitir la resolución impugnada, señaló que debe resolverse si se dan los presupuestos para la aplicación de la presunción del incremento patrimonial no justificado (art. 18, inc. f de ley 11.683 -t.v.), al habérsele imputado al Sr. Bocanera no poder justificar la suma de $ 639.200, a partir de haber disminuido el monto del consumido en la declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2009.
Al respecto, consideró relevante que lo único que tenía que justificar el actor en esa instancia era el dinero en efectivo que incluyó en la declaración jurada rectificativa, ya que el resto de los rubros se encuentran justificados toda vez que provienen de los fondos cobrados en relación de dependencia han sido verificados por las actuantes. Asimismo, señaló que no determinó ajuste alguno por I.V.A. porque entiende que los ingresos se originaron también en su trabajo en relación de dependencia. Acto seguido, estableció que el análisis de la prueba en esa instancia, debía ceñirse a dicho concepto.
Destacó que el Sr. Bocanera dijo que la suma que el “juez administrativo” presumió originada en ingresos sin declarar, corresponde a ahorro luego de extracciones de dinero de sus cuentas bancarias, tanto en pesos como en dólares, que no consumió, y que al cierre del ejerció seguían en su poder y que declaró en la declaración jurada rectificativa por error íntegramente en pesos a efectos de cumplir con el deber de expresar sus ganancias en moneda homogénea. Insistió en que sus ingresos provienen de una única fuente, el trabajo en relación de dependencia con la Organización Techint por diecisiete años, hasta su desvinculación en el año 2011.
Sobre el punto, indicó que el error incurrido y reconocido por el propio recurrente en su declaración jurada, debe ser analizado en conjunto con los resultados de la prueba pericial contable rendida en esta instancia (ver fs. 130/138).
Surge de allí que el contribuyente fue empleado de la Organización Techint desde el mes de julio de 1994 hasta febrero de 2011, fecha en que se produjo su desvinculación. Los ingresos percibidos en los últimos años -2007 a 2010- son homogéneos, del mismo modo que el porcentaje del ingreso dedicado al consumo, con variaciones que parecen razonables y acordes a la forma en que ejerció su actividad, por ejemplo, haber residido y trabajado en el exterior -México- en el año 2007 y regresado al país en el año 2008. El consumido, además, es acorde al consignado en períodos fiscales posteriores al 2009 objeto de la determinación de oficio.
Por otra parte, enfatizó que las objeciones de la perito designada por la representación fiscal se centran en el origen de la información utilizada en el informe -obtenida desde la clave fiscal del actor-, al que le resta autenticidad y valor como prueba por considerar que su uso es para que el trabajador controle las declaraciones de sus cargas, etc., más se trata de elementos obtenidos desde la propia web de la Administración Tributaria -Aportes en Línea-, cuya falsedad a la vez no se invoca, menos aún se prueba ni se refuta con documentación que revele una realidad diferente.
Prosiguió señalando que el Informe también se encuentra respaldado en documentación obrante en las actuaciones administrativas, como la certificación de servicios expedida por la empresa mexicana en la que trabajó en el año 2007 y otros que dan cuenta, en lo que aquí interesa, que el actor solamente percibió ingresos por su trabajo dependiente. Le asiste razón cuando sostiene que el propio “juez administrativo” lo admite cuando no incluye el ajuste del I.V.A. previsto en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683, admitiendo que el incremento patrimonial que se le imputa no responde a ventas gravadas por dicho impuesto, lo que implica admitir que no se originan en otra actividad diferente a la de director dependiente de la Organización Techint.
Tales consideraciones, indicó, sumadas a que no objeta el “juez administrativo” que todas las acreditaciones bancarias corresponden al cobro de haberes y a movimientos por plazos fijos, ni que en el año 2009 el Sr. Bocanera extrajo dinero en efectivo por las sumas de $125.000 y USS190.000, llevan a concluir que el indicio en el que éste erige la presunción del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 no se encuentra debidamente fundado para extraer del mismo la existencia de ingresos omitidos de declarar en el mismo período que fueron destinados a su consumo personal.
A partir de lo antes expuesto, concluyó que los elementos colectados por la fiscalización, desarrollados en las actuaciones administrativas y luego por el “juez administrativo” en los considerandos de la Resolución impugnada, no son suficientes para tener por debidamente fundada la presunción del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 en que se ha encuadrado la pretensión fiscal, desde el momento que el único sustento es la diferencia de dinero efectivo por $639.200 que el propio “juez administrativo” reconoce, no se origina en ventas gravadas pudiendo razonablemente originarse en el error en la exposición de la moneda extranjera que el propio actor admite.
A mayor abundamiento, recordó que el criterio rector en materia de presunciones es que, toda determinación sobre base presunta como modalidad subsidiaria de comprobación y valoración que se acuerda al Fisco Nacional debe apoyarse en indicios objetivos y ciertos que puedan ser comprobados por las partes y que a los efectos convictivos de la real magnitud de la materia gravada, requieren la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes, que analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados.
De allí que interpretó que, en el caso, el indicio adoptado por el “juez administrativo”, no posee las características referidas por lo que el incremento patrimonial que se presume a partir del mismo, no tiene suficiente sustento. Por lo tanto, resolvió revocar la resolución N° 57/2017, con costas a la vencida.
III. Que, contra lo así resuelto, el Fisco Nacional interpuso apelación y expresó agravios en forma tempestiva.
La parte actora contestó el traslado oportunamente conferido respecto del memorial de la contraria.
La causa fue elevada para conocimiento del Tribunal en fecha 28/02/2024 (ver fs. 22 del documento digitalizado).
IV. Que la demandada en la fundamentación de su recurso, sostuvo que el fallo resulta arbitrario, en tanto parte de considerar que el actor ha rectificado su declaración del Impuesto a las Ganancias, P.F. 2009 incrementando su activo (dinero en efectivo) para corregir un “error”. Atendiendo a sus manifestaciones, y en función a ello, realizó una interpretación incorrecta de los hechos que generaron el ajuste fiscal y de la prueba pericial.
Agregó que el Juzgador no efectuó ninguna argumentación sobre los fundamentos técnicos del ajuste, que resultó de tomar los ingresos declarados y validados por el organismo como procedentes de sueldos en relación de dependencia (más producido de vencimientos de plazos fijos) que se cobran únicamente por banco, y restarles los pagos de gastos personales bancarizados (conceptualmente destinados al consumo) y las extracciones de efectivo (conceptualmente destinadas a consumo) surge que el actor no tendría dinero disponible para afectar al ahorro o incremento de activo al cierre del ejercicio 2009 bajo el concepto “dinero en efectivo”.
A continuación, efectuó una serie de consideraciones vinculadas con el principio de congruencia, para luego resaltar que el Tribunal entendió que resulta importante el párrafo del “juez administrativo” donde señala que: “…la notoria reducción del monto consumido en la rectificativa rompe la tendencia evolutiva del monto consumido sostenida en los ejercicios declarados desde su inscripción como contribuyente…”, cuando el mismo es de carácter informativo ya que el ajuste no está fundado en que el actor meramente disminuyó su consumido. Señaló que el “juez administrativo” en el acto atacado resaltó que: “...como quedara expresado en la vista conferida, la incorporación de dinero en efectivo, al igual que los demás conceptos incorporados al patrimonio como anticipos del impuesto sobre los bienes personales $ 4.595,08- depósitos en el Banco Santander por $ 90.828,67 y $ 270.344,55- y retenciones del impuesto a las ganancias $ 519.929, fueron introducidos en la estructura declarativa fiscal mediante la reducción del consumido”. Y prosiguió: “…en cuanto a la porción restante del monto consumido que el contribuyente disminuye por el monto incorporado a su activo el 31 de diciembre de 2009, de dinero en efectivo ($639.000), no aporta pruebas suficientes de que los mismos provienen de su trabajo en relación de dependencia, ni que se trate del monto de dólares extraídos de la cuenta sueldo, ya que no aportó comprobante de la venta de moneda extranjera, ni tampoco elemento que permita establecer que tenía dólares al 31/12/2009, no logrando revertir el criterio sostenido en la vista conferida con la argumentación y pruebas ofrecidas”.
Indicó que no hay prueba alguna aportada por el actor que justifique su pretensión. El argumento de la recurrente es que sólo se trató de un error, declaró mal y tiene el dinero, pero no lo consumió.
En cuanto a la prueba pericial, consideró que el Tribunal Fiscal de la Nación utilizó sólo aquellos aspectos que contribuyen a su razonamiento de que se trató de un error, en tanto se apoyó, aunque no lo dice textualmente, en la respuesta del perito del actor al punto 5.
En tal sentido, interpretó que el judicante se apoyó en elucubraciones del perito del actor, sin considerar que el ajuste fiscal surge de un cálculo aritmético preciso hecho por el Fisco para respaldar su posición.
Luego, tras transcribir una serie de pasajes de la resolución administrativa impugnada, expuso una serie de discrepancias con relación a la valoración e interpretación de las pruebas (en especial, la pericial) que efectuó el T.F.N., concluyó afirmando que el sentenciante consideró probados los extremos necesarios para reputar improcedente el impuesto determinado con base únicamente en el informe pericial producido en autos, pasando por alto que el mismo no resulta apto para acreditar de manera fehaciente los extremos de hecho conducentes para la eximición del pago del tributo.
Por lo expuesto, consideró procedente la aplicación de la presunción establecida por el art. 18 inc. f) de la L.P.T., y arbitraria la sentencia dictada. Por último, sostuvo que en cuanto a la imposición de costas, dicha decisión resulta también arbitraria y debe ser revocada; ello en razón del desarrollo efectuado precedentemente.
V. Que con carácter previo al tratamiento de las cuestiones planteadas, corresponde señalar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “Luis A. Ducret y Cia. S.A. c/D.G.I. s/R.D.O.E.”, Expte. Nº 11.354/2017, del 18/12/2018, entre muchos otros).
VI. Que, a modo de recapitulación, cabe señalar que en estos autos se discute la validez de la resolución N° 57/2017, dictada el 28 de marzo de 2017 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte, en la que se determinó de oficio la obligación del actor en el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2009, intimándole el ingreso de una suma determinada de dinero, más intereses resarcitorios (cfr. art. 37, L.P.T.). Además, en dicho acto se le aplicó una multa por omisión (cfr. art. 45, L.P.T.).
VII. Que, con relación a la pretendida arbitrariedad de la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación, es del caso recordar que para que resulte aplicable la solución normativa prevista en el art. 86, inc. b) de la L.P.T., la misma debe presentarse como una sentencia arbitraria.
Al respecto, cabe comenzar por recordar que la primera formulación de la noción de sentencia arbitraria data del año 1909 y fue efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar la causa: “Rey vs. Rocha”, registrada en Fallos: 112:384.
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal sostuvo que sentencia arbitraria es aquella desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces y no lo es, en cambio, cuando concurra simplemente una interpretación errónea de las leyes a juicio de los litigantes. De allí que resulte trascendente remarcar la distinción entre arbitrariedad, por un lado, y el mero error en la interpretación de las leyes o en la apreciación de la prueba por el otro. Sobre el punto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquella que caracteriza que debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el” (cfr. Fallos: 207:72, in re, “Carlozzi c/Tornese Ballesteros”, del 14/02/1947 y doctrina concordante posterior, doctrina aplicada por esta Sala en reiteradas oportunidades, por ejemplo, sentencia en autos: “Quilsa Com Ar S.H. (T.F. 28283-
I. c/D.G.I.”, Expte. Nº 6647/2021, del 26/04/2022, entre otros).
A lo expuesto, debe agregarse que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho, así se estimen esas discrepancias legítimas o fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen como tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, los pronunciamientos quedan descalificados como actos jurisdiccionales (cfr. Fallos: 244:384, citado por Carrió, Genaro R., Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Bs. As., Abeledo Perrot, 1967, p. 29).
En este orden de ideas, se observa que la resolución del Tribunal a quo dista de poder ser considerada arbitraria; a lo que cabe agregar que la pretendida tacha del recurrente, no supera el umbral de la mera discrepancia en cuanto a la inteligencia otorgada a cuestiones de hecho y, sobre todo, la prueba. Como se verá en el desarrollo posterior, el apelante no ha logrado demostrar que la sentencia del Tribunal a quo adolezca de la anunciada arbitrariedad, que la torne revisable por esta Cámara en los términos de lo dispuesto en el art. 86, inc. b) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.); norma a cuyo respecto cabe recordar que, en cuanto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, in rebus, “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre muchos otros).
Sobre el punto, el criterio jurisprudencial imperante en esta Excma. Cámara de Apelaciones puede sistematizarse en los siguientes aspectos fundamentales:
1. se trata de un recurso como principio limitado, en la medida en que no habilita al Tribunal de Alzada a revisar la materia fáctica y probatoria, debiendo tenerse por ciertas las conclusiones del T.F.N. sobre esta materia;
2. tal principio tiene como excepción, el supuesto de que las conclusiones del T.F.N. sobre las cuestiones fácticas presentan deficiencias serias, las que sólo tienen lugar cuando exista arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad en las conclusiones del T.F.N. sobre estas cuestiones; y, 3) no se verifican dichos supuestos, cuando en el recurso ante la Cámara se manifiesta solamente una discrepancia respecto de la selección y valoración de prueba por el T.F.N. La circunstancia de que el Tribunal a quo haya dado preferencia a determinada prueba no configura, per se, un supuesto de arbitrariedad.
Lo apuntado precedentemente es relevante, puesto que el recurrente se limitó a cuestionar exclusivamente la valoración que sobre los hechos y las pruebas ha efectuado el T.F.N.
VIII. Que, a ello debe agregarse que, en rigor, las manifestaciones vertidas por el Fisco Nacional en el memorial no se ajustaron estrictamente a lo establecido en el art. 265 del C.P.C.C.N., norma que resulta de aplicación al caso en atención a lo dispuesto por el art. 91 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.). Esto es así, pues frente a lo decidido en la instancia anterior la recurrente se limitó a manifestar una posición distinta a la propugnada por el T.F.N. sin desarrollar ni explicitar cuál habría sido el error en que habría incurrido el Tribunal a quo.
La circunstancia antes mencionada acota los alcances de la atribución revisora de esta Sala pues, cuando en el recurso se vuelca un discurso subjetivo, que se limita a exponer una postura diversa sin fundamentar la discrepancia, traduce un cuestionamiento formal e insuficiente del pronunciamiento recurrido, dejando incólumes argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada, impidiendo de ese modo su revocación (cfr. C.S.J.N. Fallos: 333:1657, y Expte. A. 1003. XLIV “Alfacar S.A. s/concurso preventivo”, sentencia del 13/12/2011; ver, asimismo, con otra formulación, Fallos: 328:645, entre otros). El defecto apuntado merece reproche, si se tiene presente que esta Cámara ha preconizado reiteradamente que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado. Tal exigencia no se sustituye con una mera discrepancia con el criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. De ahí que se haya podido sostener que el respectivo memorial constituye un acto de petición, destinado específicamente a desvirtuar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación por el Tribunal revisor.
A su vez, la exigencia concerniente a la crítica concreta se refiere a la precisión que implica señalar específicamente el agravio vertido, mientras que el requerimiento de que aquella sea razonada, alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, el cual debe demostrar en qué reside el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (cfr., en sentido concordante, Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1983, pp. 834/837 y esta Sala, in re, “Falk, Gerardo F.J. c/E.N.”, Expte. Nº 1291/05, del 13/03/2012, entre otros).
Por cierto, se ha sostenido reiteradamente que la operación de criticar es muy distinta a la de disentir. En efecto, la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo, con miras a demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. Por el contrario, disentir implica meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia, según ha tenido oportunidad de indicar esta Sala, tanto en su anterior integración, in rebus, "Contreras, Hugo S. c/J.E.M.G.E.”, sentencia del 29/03/2011 y sus citas, como en la actual, “Oro, Guillermo Alberto y otros c/E.N. -D.I.E.”, del 14/02/2012, entre otros.
Con una perspectiva afín a la descripta, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado que no alcanza para descalificar una sentencia el sostenimiento de una opinión diversa o alternativa a la expresada por el juzgador, de por sí insuficiente para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Fallos, 305:1058; 306:598; 324:2460; 327:2168; 329:3979, entre otros en los cuales se descartó la tacha de arbitrariedad).
A la luz de estos principios, pesaba sobre el recurrente la carga de demostrar el error en el que habría incurrido el T.F.N., no pudiendo considerarse razonablemente que haya formulado una crítica seria de la resolución recurrida ante este Tribunal por cuanto, al proceder como se mencionó anteriormente, no se hizo debido cargo de los fundamentos dados por el pronunciamiento apelado, lo cual importa un defecto de fundamentación insalvable (cfr., en igual sentido, esta Sala, in re, “Ramón S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 28.367/2019, sentencia del 5/03/2020).
Desde esta perspectiva, luce ciertamente incumplida esta carga por parte de la recurrente, en la medida en que ante esta instancia se limitó a reiterar conceptos ya vertidos en las actuaciones los que, por cierto, fueron desestimados con argumentos suficientes por la instancia anterior.
IX. Que, a la luz de los preceptos antes enunciados, cabe aquí reeditar la valoración que, de la prueba, efectuó el Tribunal Fiscal, y señalar que, como quedara dicho en la sentencia recurrida, el Fisco Nacional no tuvo presente que los dólares extraídos de la cuenta bancaria del actor, fueron convertidos al tipo de cambio pesos para su exposición en la declaración jurada rectificativa presentada oportunamente.
Por otra parte, con respecto a la valoración que de la prueba pericial efectuó el Tribunal de instancia anterior, cabe señalar -a mayor abundamientoque el perito convalidó las remuneraciones a partir de los montos consignados en las DD.JJ. del actor. No obstante, el cuestionamiento del Fisco a la respuesta brindada por el experto no tuvo un correlato con su actuación anterior en la instancia de la verificación, lo cual no permite arribar a otra conclusión. Es decir, la impugnación del Fisco carece de un fundamento sólido, que permita desvirtuar dichas conclusiones; a lo que cabe agregar que la propia demandada no discrepó con el punto 1 de la pericia, en punto a que los ingresos declarados del actor provienen del trabajo en relación de dependencia. Asimismo, en relación al punto 3 de la pericia contable, el experto concluyó que no existen indicios ni elementos que permitan presumir que el dinero en efectivo declarado no haya podido generarse como ahorro, ni que haya sido destinado al consumo en forma íntegra.
De allí que no pueda concluirse que existan indicios que sustenten la presunción de incremento patrimonial no justificado, que prevé el art. 18, inc. f) de la L.P.T., tal como lo sostiene el demandado.
Por otra parte, con respecto a los puntos 4 y 5 de la pericia de marras, el organismo recaudador impugnó las manifestaciones del perito al considerar que se trata de meras opiniones. Ello no obstante, se observa que las conclusiones del experto encuentran sustento en lo actuado en sede administrativa y han sido descriptas por el profesional y valoradas de manera razonable por el Tribunal a quo.
A lo que cabe agregar que, tampoco el apelante ha ofrecido elementos probatorios que autoricen siquiera a proponer una conclusión distinta a la que arribó la pericia y convalidó el T.F.N., por lo que su posición carece de eficacia recursiva.
Cabe agregar que la conclusión del perito no puede ser considerada como una mera opinión, por cuanto involucró una comparación de lo consumido en períodos anteriores y posteriores al año 2009 y concluyó que la disminución producida en ese año resultó razonable en orden a la consideración de la reducción considerable de los ingresos y la ausencia de gastos extraordinarios que fueron desembolsados con anterioridad, debido al retorno del actor al país. Sentado lo anterior, cabe destacar que la conclusión a la que arribó el Tribunal, con fundamento en los resultados de la prueba pericial -que la variación de los ingresos afectados al consumo resultó razonable y acorde a la residencia y desempeño laboral del actor en México durante el año 2007 y su retorno al país en el año 2008, más el nivel de consumo del año 2009, se proyecta acorde a los consignados en los periodos fiscales posteriores- resultó razonable, no demostrando el recurrente la pretendida arbitrariedad si no que, por el contrario, el ajuste propuesto se sustentó en presunciones que no encuentran asidero en hechos acreditados y probados en la causa.
X. Que, por lo expuesto, cabe concluir que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación no resultó arbitraria, ni se ha apartado de las constancias fácticas y probatorias anejadas a la causa, las que fueron valoradas debidamente en la sentencia recurrida, todo lo cual pone en evidencia la corrección del temperamento del Tribunal a quo.
En tales condiciones, analizando los antecedentes descriptos bajo el prisma de las consideraciones antes efectuadas, no cabe más que concluir que la sentencia del T.F.N. resultó ajustada a derecho, no habiendo la recurrente logrado demostrar su incorrección, presentándose así el recurso bajo examen como una pieza procesal insuficiente a los efectos establecidos en el art. 265 y concordantes del C.P.C.C.N. (de aplicación supletoria por conducto de lo normado en el art. 197 de la L.P.T.).
Por ser ello así, se confirma la sentencia apelada en cuanto fuer materia de recurso en estos autos.
XI. Que, las costas de esta instancia se imponen a la demandada, en tanto resultó vencida (cfr. artículo 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998- y modif.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, en cuanto revocó la resolución N° 57/2017 de la A.F.I.P. –D.G.I., y 2º) imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia