Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-45045995-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos e imponer multa en relación a la firma BODEGA PIEDRA NEGRA S.A. en las presentes actuaciones.
2Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-102379030-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 15 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “BODEGA PIEDRA NEGRA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/Recurso de Apelación”, EX-2024-45045995- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Garbarino dijo:
I. Que se presenta la firma del epígrafe, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 4389/17, de fecha 22 de junio de 2017 (notificada a su parte recién el 3 de abril 2024) -dictada en la Actuación SIGEA 12197-6989-2012, mediante la cual se la condenó, en los términos del artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, por la importación irregular de la mercadería ingresada mediante el despacho de importación temporaria N° 01 001 IT14 003658 J. Solicito a este Tribunal que al dictar sentencia declare la prescripción de la acción del Fisco para reclamar la multa y los tributos a su mandante, con costas a cargo de la demandada, por cuanto desde que recayó la decisión que habilitó la ejecución de la deuda (resolución que se apela dictada el 22 de junio de 2017) hasta la fecha, han transcurrido más de SEIS AÑOS sin que se practique un acto de ejecución válido que interrumpa la prescripción, por lo que ha operado la prescripción de la acción del Fisco para percibir la multa y los tributos, incluso teniendo en cuenta la suspensión del cómputo general de prescripción de un año dispuesto por el art. 17 de la Ley 27.562 con motivo del COVID-19.
Relata que el servicio aduanero aperturó sumario contra la firma Bodega PIEDRA Negra S.A. por una supuesta infracción al régimen de importación temporaria cometida en relación al despacho N° 01 001 IT14 003658 J, cuyo plazo de permanencia había vencido, según la información del sumario, el 3 de mayo de 2007. Afirma que una vez que fuera practicada la liquidación de la multa y los tributos, se citó a su mandante y a Chubb Argentina de Seguros S.A., en su carácter de garante de la obligación tributaria; y que luego de instruirse el sumario, recién en febrero de 2017 se corrió vista a la recurrente. Destaca que luego de la referida vista, se dictó la Resolución que por la presente se apela, el 22 de junio de 2017, notificándose la misma el 3 de abril de 2024, por la que se la intima a pagar una multa por $42.784,87.- y a cancelar tributos por u$s 13.868,68.- (en concepto de DI, IVA y TE) y $ 25.551,86.-, en concepto de percepciones de IVA Adicional y Ganancias, por la supuesta importación irregular de la mercadería, con más los intereses del artículo 794 del CÓDIGO Aduanero.
Señala que el presente recurso de apelación ha sido presentado de modo temporáneo, explicando los fundamentos jurídicos que le dan sustento, en virtud -esencialmente- de lo dispuesto en los artículos 934, 937, 803 y concordantes del CÓDIGO Aduanero. Pone de manifiesto que la operación en trato venció en fecha 3 de mayo de 2007, por lo que el respectivo plazo de prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2008, siendo que la Resolución apelada en autos data del día 22 de junio de 2017, habiéndose notificado el 3 de abril de 2024, es decir, más de seis años después de su dictado, cuando el curso de la prscripción había fenecido. Subsidiariamente, peticiona que se revise la liquidación tributaria y se decrete la suspensión del cómputo de intereses.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la materia. Ofrece prueba y solicita que se revoque la decisión aduanera apelada en la litis, con expresa imposición de costas.
II. Que, a su turno, la DGA contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido y ofrece las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Relata los hechos del caso, afirmando que la firma importadora no se presentó a contestar la vista y desplegar su defensa, razón por la cual fue declarada y notificada su rebeldía. Efectúa una negativa genérica de todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene la argumentación contenida tanto en los informes técnicos de las áreas de fiscalización, como en la Resolución Aduanera, a cuya fundamentación y conclusiones, en honor a la brevedad, se remite. Arguye que no se ha operado la prescripción de las acciones del Fisco para cobrar tributos e imponer penas, toda vez que, a diferencia de lo que pretende la actora, se suspendió el curso de la prescripción de la acción para percibir tributos con el auto de instrucción del sumario (fs. 5), conforme lo dispuesto por el artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero. Continúa manifestando que el mismo acto administrativo interrumpió el curso de la prescripción de la acción de la DGA para imponer multas, ello conforme lo normado por el artículo 937, inciso a), de la ley 22.415. Y, posteriormente, enfatiza que dicho plazo de prescripción volvió a ser interrumpido por el dictado de la Resolución Aduanera, conforme lo dispuesto por el artículo 937, inciso d) del citado cuerpo legal. Citado jurisprudencia favorable a su tesitura, subsidiariamente contesta la cuestión de fondo, se allana parcial y exclusivamente en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 1 de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-6989-2012 obra el Acta de Denuncia N° 2445/12, en la cual se deja constancia de que la firma importadora JFL Argentina S.A. se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero en relación con la totalidad de la mercadería amparada por la destinación de importación temporaria (DIT) nro. 05001IT14003658J (véase fs. 2), con vencimiento en fecha 3/5/2007. A fs. 5, con fecha 20/12/2012, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario conforme a lo establecido en el artículo 1090, inciso c), del CÓDIGO Aduanero. A fs. 10 se encuentra glosada la correspondiente liquidación de tributos. A fs. 12 se agrega la determinación de tributos y multa y a fs. 13 (16/2/2017) se ordena correr vista de lo actuado a la firma importadora, imputándole la infracción tipificada en el artículo 970 del citado cuerpo normativo. Asimismo, se cita a la firma aseguradora Chubb Argentina de Seguros S.A., en su carácter de garante de la operación. A fs. 15 (20/272017) se notifica la corrida de vista a la importadora. Con fecha 19/03/2017, la empresa aseguradora contesta la vista conferida (fs. 19/20). A fs. 25 se declara la rebeldía de la firma importadora, y finalmente, a fs. 30/32, obra la Resolución (DE PRLA) N° 4389/17, de fecha 22 de junio de 2017, que es notificada automáticamente de oficio a fs. 41, el día 3 de abril de 2024; resultando la misma objeto de apelación en las presentes actuaciones.
IV. Que, en primer término, corresponde entender en el planteo impetrado por la recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos e imponer la multa objeto de autos.
Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 22 de junio de 2017 y notificada recién el 3 de abril del año 2024, por lo que más allá de los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva, la presente causa encuentra adecuada respuesta en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS SA”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
V. Que, bajo tales premisas, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2008, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 3 de mayo del año 2007), debiendo haber fenecido el 1/1/2013, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el 20 de diciembre de 2012 en que se dispuso la apertura del sumario - es decir, ya transcurridos 4 años, 11 meses y 19 días-, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (20/12/2012) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 22 de junio de 2017- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 3 de abril de 2024 (confr. fs. 41 act. adm.), es decir, seis años, nueve meses y trece dias después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada. Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el décimo día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742-), reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VIII. Que, asimismo, también corresponde precisar que el inciso a) del artículo 806 del CÓDIGO Aduanero expresa que “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera...”, que en la práctica dicho acto se corresponde con la notificación de la corrida de vista, contemplada en el artículo 1101 del citado cuerpo normativo.
En tal sentido, el propio artículo 1103 de la ley 22.415 enfatiza que “La vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d)”.
IX. Que, no obstante, y sin perjuicio que la Corte Suprema de justicia de la Nación ha destacado que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe estarse por la existencia de interrupción (Fallos: 323:192, "Andrili de Cúneo Libarona"; 326:742, "Garbellini; 329:1012, "Randazzo"; entre otros), en la especie su análisis carece de finalidad práctica, toda vez que dicha causal de interrupción se encuentra subsumida dentro de la causal de suspensión de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera contemplada en el inciso a) del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero, habida cuenta que ella empezó a correr en primer lugar, precisamente desde el auto de apertura del Sumario objeto de autos (20/12/2012), mientras que la corrida de vista es del día 16 de febrero de 2017, y su notificación se produjo el 20 de febrero de ese año (confr. fs. 15. act. adm.), cuando el curso de la prescripción ya se encontraba suspendido.
X. Que, por ende, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la firma actora, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados.
XI. Que en relación a la prescripción de multa dispuesta en autos mediante la Resolución apelada, resulta ajustado a derecho poner de manifiesto que los artículos 934 y 935 del CÓDIGO Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Por su parte, el artículo 937 del citado cuerpo legal establece que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”.
XII. Que de plena conformidad con la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del vencimiento del D.I.T en cuestión (3/5/2007) y la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2008), cabe destacar que el auto por el que se dispuso la apertura del sumario administrativo, de fecha 20/12/2012 (el CÓDIGO Aduanero hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, de acuerdo a los términos señalados por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland” S.R.L., del 12 de mayo de 2009, Fallos: 332:1109), había interrumpido el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 937, inc. a), de la ley 22.415.
Asimismo, corresponde añadir que una vez reanudado el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, el mismo volvió a ser interrumpido por el dictado de la resolución aduanera condenatoria, de fecha 22/6/2017, en los términos contemplados en el citado artículo 937, inc. d), del referido cuerpo normativo. No obstante, toda vez que la misma se notificó en fecha 3 de abril de 2024, en exceso del plazo prescriptivo quinquenal, cabe concluir, sin hesitación, que se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, por lo que corresponde hacer lugar al planteo articulado por la firma recurrente en tal sentido.
XIII. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la resolución apelada ha sido notificada casi 7 (siete) años después, cuadra repetir, de haber sido dictada. Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos e imponer penas se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN- VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XIV. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XV. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XVI. Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos e imponer multa en relación a la firma BODEGA PIEDRA NEGRA S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
El vocal preopinante, dr. Pablo Garbarino, sostiene que la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el régimen anterior. El DNU 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas.
En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: “Shell C.A.P.S.A. c/ DGI” (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA” (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y “Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI” (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria (“Hughes Tool”) y otro en materia tributaria (“Wonderland”)— confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del dr. Garbarino que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
A pesar de ello, el dr. Garbarino recurre en este caso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la prescripción debe computarse desde el dictado de la resolución. No puedo dejar de advertir la inconsistencia de ese razonamiento con sus propios antecedentes. En su voto en el Expte. N° 33.400-A, “RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA c/ DGA s/ Apelación”, del 21 de junio de 2023, citando la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. Del mismo modo, en su habitual estilo autoreferencial, recordó lo que ya había dicho al votar en “Chubb Argentina de Seguros S.A.” (Expte. 31.241-A, Sala F) y en “ABB S.A.” (Expte. 36.950-A, Sala F), como si el argumento necesitara del eco de sí mismo para robustecerse. Paradójicamente, tras tantas autocitas donde insiste en que las personas jurídicas no son sujetos de la Convención, se invoca ahora la CADH para fundar una solución precisamente en un caso donde el obligado es una persona de existencia ideal.
Más allá de ello, considero que todos los sujetos de derecho —de existencia real o ideal— deben ser ponderados a la luz de la Convención. Ello porque, detrás de cada persona jurídica, existen individuos cuyos derechos pueden verse afectados por actos estatales dirigidos contra aquélla. La Corte IDH, en la Opinión Consultiva 22/2016, reconoció que los derechos de las personas físicas pueden verse comprometidos cuando sus intereses se canalizan a través de una persona jurídica. En igual línea, aplicar los principios de la Convención a la actuación estatal evita que la República Argentina se exponga a eventuales condenas internacionales por actos que, aunque formalmente dirigidos a una entidad, terminan afectando a seres humanos que la integran o representan.
La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de velar por el plazo razonable (art. 8.1 CADH), pero también ha subrayado que su análisis exige evaluar la actividad procesal del interesado. Así, en los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997), Valle Jaramillo vs. Colombia (2008) y Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), se estableció que la razonabilidad del plazo depende de la complejidad del asunto y de la conducta de las partes. Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero (tal como bien lo destaca el dr. Garbarino). Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional.
Por lo expuesto, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del dr. Pablo Garbarino, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo, tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por ello, de adoptarse el temperamento aquí propuesto, los autos deberán volver a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo.
Así lo voto.
El Dr. Segura dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. Garbarino, dejando a salvo las siguientes consideraciones respecto de la interrupción de la prescripción tributaria.
En efecto, entiendo que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones legales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero ( tal como la resolución apelada e el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del CA. Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del CA) frozosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del CA, que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
En consecuencia, el único acto que hubiese tenido la virtualidad interruptiva del curso de la prescripción tributaria habría podido ser el de la notificación de la resolución apelada en autos, ya que – tal lo expuesto – esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del CA. No obstante, tal como sostiene en su voto el Dr. Garbarino, la notificación de la resolución aduanera se concretó seis años, nueve meses y trece días después de su dictado (se dictó el 22/06/17 y se notificó el 03/04/24) cuando ya se encontraba ampliamente vencido el plazo prescriptivo. Dicho accionar por parte de la Aduana devela una inactividad por parte de la administración que perjudica e incide negativamente sobre los derechos del administrado y retrasa la posibilidad de que ejerza sus defensas debidamente.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido sine die, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Por ello, SE
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos e imponer multa en relación a la firma BODEGA PIEDRA NEGRA S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, archívese.
Date: 2025.09.12 18:10:21 ART Date: 2025.09.13 09:25:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.15 12:40:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.15 12:41:37 -03:00
Fin de la sentencia