Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 112110713-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto Nº 793/18 y; consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nº 18 038 EC01 021907 S; 18 038 EC01 022156 P; 18 038 EC01 022158 R; 18 038 EC01 022161 L; 18 038 EC01 022164 Y; 18 038 EC01 022167 R y 18 038 EC01 022169 T, suma a la que deberán adicionarse los respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando VI;
2Declarar inoficioso el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco, de conformidad con lo expresado en el considerando VII.
3Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación);
4Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
BODEGAS ESMERALDA SA (TF 112110713-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Jorge F. Alemany y Pablo Gallegos Fedriani dicen:
I. Que el 25 de junio de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación, rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y; por ende, confirmó la resolución nº 502/23, dictada por Administrador de la Aduana de Mendoza, mediante la cual se había rechazado el reclamo de repetición de la suma de 669.082,47 pesos en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes a los permisos de embarque nº 18 038 EC01 021907 S; 18 038 EC01 022156 P; 18 038 EC01 022158 R; 18 038 EC01 022161 L; 18 038 EC01 022164 Y; 18 038 EC01 022167 R y 18 038 EC01 022169 T que fueron oficializados entre el 17 y el 19 de octubre de 2018. Impuso las costas por su orden “en virtud de la complejidad de la cuestión en trato” (cfr. página 753/756 del DEO 17509253 incorporado digitalmente a la causa el 10 de marzo de 2025).
Para así resolver, puso de manifiesto que las cuestiones eran sustancialmente análogas a las examinadas en el Acuerdo Plenario del 26 de abril de 2022, dictado por ese Tribunal Fiscal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación” (EX2020-24600163-APN-SGASAD#TFN). Señaló que en el marco de aquél, la mayoría de los Vocales habían fijado la siguiente doctrina legal “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTÍCULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
En tales condiciones, concluyó que debía rechazarse pedido de repetición de los derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, en relación con las destinaciones referidas en el párrafo precedente, con fundamento en lo establecido en el Decreto n° 793/18 mediante el cual se dispuso fijar, hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del 12% para la exportación de todas las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur, con un tope de $4 o $3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda.
II. Que, la parte actora apeló y expresó agravios el 26 de agosto de 2024 (ver páginas 789/827 de las actuaciones remitidas digitalmente el 10 de marzo de 2025 por el Tribunal Fiscal mediante el DEO 17509253), los que fueron replicados por la parte contraria a fs. 847/875 del aludido DEO. Por su parte, el Fisco apeló y expresó agravios (ver páginas 759/767 de las referidas actuaciones), los que fueron replicados por la parte actora (ver páginas 834/844 del aludido DEO). La parte actora afirma, en primer lugar, que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no contiene un fundamento jurídico claro, ni resulta de ella una doctrina consistente, lo cual vulnera su defensa.
En otro orden, señala que el derecho de exportación cuya restitución pretende fue ilegítimamente establecido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el referido decreto n° 793/18, en contraposición con el principio de reserva de ley en materia tributaria, lo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que implicó además un enriquecimiento sin causa en favor del Estado Nacional.
Recuerda que desde el escrito inaugural impugnó la validez de la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, por el incumplimiento de los recaudos constitucionales exigidos para el ejercicio de esa facultad (arg. art. 76, CN). Señaló, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Por otra parte, se queja de que la sentencia haya reconocido –indirectamente- a la Ley Nº 27.467 la capacidad de convalidar los reglamentos legislativos impugnados, haciéndolos surtir efectos retroactivamente desde su dictado.
Asegura que la decisión recurrida se contrapone a la doctrina sentada por la Corte federal en el caso “Camaronera Patagónica”. Considera que los fundamentos desarrollados en el referido precedente “…no han sido debidamente rebatidos en el presente fallo, toda vez que los argumentos expuestos radican más en una visión más bien teórica que jurídica de la legislación tributaria aduanera, en especial de los derechos de exportación”.
Cita en apoyo de su postura jurisprudencia de tribunales federales del interior del país así como de las diferentes Salas de esta Cámara que resolvieron por la afirmativa reclamos similares al que se debate en autos.
En último término, formula consideraciones en orden a la tasa de interés aplicable. Cuestiona la limitación de la tasa que tuvo lugar a partir del dictado de la resolución ME n° 559/22 pues, al fijarla en el 3 ,84% mensual, lo que a su modo de ver provoca un atraso significativo respecto de la inflación. De igual modo, también cuestiona la tasa de interés que se estableció en la resolución ME n° 3/2024 (B.O. 22/01/2024) y solicita que se disponga la adición de intereses de conformidad con la tasa pasiva promedio del BCRA.
Por su parte, el Fisco se agravia de que el tribunal a quo no haya impuesto a la accionante –con fundamento en el principio objetivo de la derrota- la carga de las costas del pleito, teniendo en cuenta que la el recurso de la parte actora fue rechazado en su totalidad.
III. Que el 17 de marzo de 2025 tomó intervención el Sr. Fiscal General.
En lo relativo a los agravios de la actora, indicó que –a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
Asimismo, opinó que debían ser rechazados los planteos de inconstitucionalidad respecto de los artículos 17 y 24 de la Ley n° 26.122 y de la Resoluciones N° 559/2022 y N° 3/2024 del Ministerio de Economía de la Nación.
IV. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en las causas n° 51.468/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022 y n° 21.909/21, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (TF 15395348-A) C/ DGA S/recurso directo de organismo externo”, del 24 de junio de 2022, entre otras, a cuyos fundamentos cabe remitir, por razones de brevedad, y que pueden ser consultados en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En dichas causas se consideró aplicable lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallo 337:388.
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V. Que al igual que en aquel caso, de lo que se trata en la especie, precisamente, es de determinar la compatibilidad con el plexo constitucional de los derechos de exportación fijados por medio del Decreto Nº 793/2018; y el efecto que la sanción posterior de la Ley Nº 27.467 pudo haber tenido sobre aquella relación normativa.
En el caso, la actora reclamó el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados con relación a los permisos de embarque n° 18 038 EC01 021907 S; 18 038 EC01 022156 P; 18 038 EC01 022158 R; 18 038 EC01 022161 L; 18 038 EC01 022164 Y; 18 038 EC01 022167 R y 18 038 EC01 022169 T que fueron oficializados entre el 17 y el 19 de octubre de 2018, es decir, con posterioridad al dictado del Decreto Nº 793/18, pero previamente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467, la cual, con arreglo a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388, dio base legal, con efectos exclusivamente hacia el futuro, a un tributo anteriormente inexigible, por haber sido instituido mediante un acto administrativo inválido (arg. art. 14, inc. b), Ley Nº 19.549). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes (cfr. Fallos 105:50; 100:318; 136:287; 284:319; 337:703), los reconoció como tributos respecto de los cuales rige el principio de reserva de ley, tal como resulta del texto literal del artículo 4° de la Constitución Nacional, que los caracteriza como una de las especies de “contribuciones” que puede imponer el Congreso de la Nación.
Además, históricamente, el uso de las denominaciones “tributos” o “derechos aduaneros” fueron utilizadas de manera indistinta puesto que los denominados “tributos reales” eran, al mismo tiempo, “derechos” del rey (cfr. John Lynch en “Administración Colonial Española”, Eudeba, 1962, páginas 114 a 142, José Damián González Arce en “La composición de los almojarifazgos del reino de Sevilla, siglos XIII-XV”, Universidad de Murcia, cuyo texto puede ser consultado en https://dialnet.unirioja.es , Emiliano Gil en “La fiscalidad como fuente de información del comercio y el tráfico colonial (1573-1650): el almojarifazgo de la Caja Real de Veracruz, texto disponible en https://www.redalyc.org/journal/2791/279162404005/html/, en la Ordenanza de Intendentes de 1782, cuyo texto puede ser consultado en http://bibliotecavirtual.larioja.org/bvrioja/es/catalogo_imagenes/grupo.do ?path=15301 , en las Ordenanzas de Aduana –Ley n° 810 de 1876- y en la Ley de Aduanas n° 3672 de 1898).
En el sentido indicado, la Corte Suprema ha expresado “… que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos 248:482; 303:245; 312:912; entre otros) y, en forma concordante, ha afirmado en reiteradas oportunidades que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (Fallos: 316:2329; 321:366 y 2683; 323:240, entre muchos otros).
La Corte Suprema afirmó reiteradamente que el principio de legalidad o de reserva de ley no es sólo una expresión jurídica formal de la tributación, sino que constituye una garantía sustancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes, abarcando tanto la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos: 329:1554; 340:1884).
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto Nº 793/18 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nº 18 038 EC01 021907 S; 18 038 EC01 022156 P; 18 038 EC01 022158 R; 18 038 EC01 022161 L; 18 038 EC01 022164 Y; 18 038 EC01 022167 R y 18 038 EC01 022169 T, cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada.
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Ello, toda vez que como regla, la doctrina de los fallos de la Corte Suprema tiene carácter obligatorio para los tribunales inferiores, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se da (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582, entre otros; Bianchi, Alberto: “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema [Una reflexión sobre la aplicación del stare decisis]”, Revista El Derecho Constitucional, El Derecho, Buenos Aires, 2000-2001, pág. 340).
VI. Que, finalmente, cabe agregar que el referido reintegro al que da derecho esta decisión, deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina -expresamente prevista para estos casos desde el dictado de la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º), [conf. esta Sala, causa nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas]. Asimismo, a partir del 1° de septiembre de 2022 corresponderá aplicar la tasa de interés prevista en la Resolución N° 559/2022 del Ministerio de Economía, y a partir del 01/02/2024 la tasa de interés prevista en la Resolución N° 3/2024 del Ministerio de Economía (art. 4). En cuanto al cuestionamiento de la tasa de interés fijada en la resolución ME n° 559/22 y n° 3/24, cabe remitir a lo expresado por el Sr. Fiscal General en su dictamen del 14 de marzo de 2025. Allí puso de manifiesto que correspondía rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución ME n° 559/2022 y de la Resolución ME n° 3/2024, toda vez que la apelante se limitó a señalar “genéricamente que la aplicación de las tasas previstas en las resoluciones cuestionadas afectan su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que esas normas resulten lesivas de sus derechos constitucionales”.
VII. Que, en virtud de la manera en que se decide se torna inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco en lo relativo a la manera en que fueron impuestas las costas en la instancia precedente.
ASI VOTAN.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:
I. Que adhiero a la solución propuesta por mi colega preopinante dada la analogía que el caso presenta con la cuestión resuelta por este tribunal en la causa Nº 51.468/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ ENAFIP s/ Dirección General de Aduanas”, el 5 de mayo de 2022. A las consideraciones y fundamentos expuestos en ese pronunciamiento cabe remitirse por razones brevedad.
II. Que por lo demás, concuerdo con el criterio y solución propuesta en los considerandos VI y VII del voto que antecede, con relación a la forma en que deben ser reintegradas las sumas objeto de restitución y con declarar inoficioso el tratamiento del recurso de la demandada.
ASÍ VOTO.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto Nº 793/18 y; consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nº 18 038 EC01 021907 S; 18 038 EC01 022156 P; 18 038 EC01 022158 R; 18 038 EC01 022161 L; 18 038 EC01 022164 Y; 18 038 EC01 022167 R y 18 038 EC01 022169 T, suma a la que deberán adicionarse los respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando VI; 2) Declarar inoficioso el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco, de conformidad con lo expresado en el considerando VII. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy
Fin de la sentencia