Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 113400015-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma Bodegas Esmeralda SA, a obtener el reintegro de la suma de $1.436.720,77 en concepto de derechos de exportación abonados sin causa -respecto de los Permisos de Embarque Nros. 18038EC01026248V, 18038EC01026259A, 18038EC01025798H, 18038EC03007661V, 18038EC03007749F, 18038EC03007680W, 18038EC03007389F, 18038EC01026266V, 18038EC01026401M y 18038EC03007828D- conforme los términos que surgen de los Considerandos X y XI, con más sus respectivos intereses, de acuerdo con lo establecido en el Considerando XII. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte demandada.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/inicio.html. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacante dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAUSA N° 17028/2024; BODEGAS ESMERALDA SA (TF
113400015-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2025.- SE Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 23/04/2024 (v. fs. 1309/1311 del DEO: 15805438), la Sala "G" del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar, con costas por su orden, la Resolución N° 393/2023 (AD MEND) dictada por el Administrador de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N° 17445-937-2019, por la que se dispuso no hacer lugar a la solicitud de devolución de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación fijados por el Decreto N° 793/2018, en relación a las destinaciones Nros.
18038EC01026248V, 18038EC01026259A, 18038EC01025798H, 18038EC03007661V, 18038EC03007749F, 18038EC03007680W,
18038EC03007389F, 18038EC01026266V, 18038EC01026401M y 18038EC03007828D cuyo valor asciende a pesos un millón cuatrocientos treinta y seis mil setecientos veinte con 77/100 ($ 1.436.720,77).
En lo sustancial, sostuvo que las cuestiones planteadas resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el fallo plenario del 26/04/2022, dictado por ese Tribunal en la causa “ Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” en el cual, se había acordado fijar como doctrina legal i) que aquél no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente; ii) que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, de conformidad con lo previsto en el artículo 755 del Código Aduanero; y iii) que no corresponde declarar la invalidez del Decreto N° 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones dictadas por la Dirección General de Aduanas denegando la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación de lo dispuesto en el referido decreto y respecto de destinaciones de exportación registradas a partir del 04/09/2018 fecha en la que aquél entró en vigencia y hasta el 04/12/2018, cuando entró en vigor la Ley N° 27.467.
Sobre esta base, entendió que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a los permisos de embarque involucrados en la controversia.
Finalmente, impuso las costas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
II. Contra dicho pronunciamiento se alzan ambas partes. La demandada interpone recurso de apelación y expresa agravios el 29/04/2024, los que fueron contestados por la actora el 23/05/2024 (ver fs. 1319/1328, 1334/1338 del expediente digital). A su turno, la actora interpone recurso de apelación el 04/06/2024 y expone sus agravios el 27/06/2024, siendo replicados por la contraria el 02/07/2024 (ver fs. 1345, 1352/1368 y 1375/1402 del expediente digital).
La demandada limita sus agravios al régimen de costas dispuestos por el Tribunal Fiscal.
Básicamente, argumenta que en el caso sub-examine, no existen fundamentos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota, criterio sentado como regla general en materia de costas.
III. Por su parte, la firma actora, luego de reseñar los antecedentes de la causa, así como los principales fundamentos del decisorio del Tribunal Fiscal, aclara que i) Tribunal Fiscal de la Nación es competente para analizar la inconstitucionalidad de una ley o reglamento, ii) el art. 755 del C.A. es insuficiente para fundar una delegación legislativa luego de la reforma constitucional de 1994, en los términos del art. 76 de la CN y iii) el sistema creado por la Ley 26.122 es inaplicable al caso.
CAUSA N° 17028/2024; BODEGAS ESMERALDA SA (TF
113400015-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En primer lugar, afirma que la decisión plenaria resulta incompatible a la luz de las previsiones establecidas en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos. No sólo ello, sino que también se aparta de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”.
Sostiene que entender que las atribuciones del Tribunal Fiscal se encuentran limitadas en virtud del art. 1.164 del Código Aduanero, no es acorde a nuestro ordenamiento constitucional actual, tras la reforma de 1994.
Aduce que deviene necesario efectuar una interpretación armónica del Código Aduanero con los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de asegurar la tutela judicial efectiva allí garantizada. Cita los fallos "Cargill" del TFN y "Losicer" del Alto Tribunal.
Por ello, concluye que el Tribunal Fiscal es competente para declarar la inconstitucionalidad planteada, al encontrarse obligado a realizar el control de convencionalidad que no puede prescindir del control de constitucionalidad. Ello, por aplicación de tratados internacionales de jerarquía constitucional (vgr. Convención Americana de Derechos Humanos), de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en defensa del principio de tutela judicial efectiva. De lo contrario, se atentaría contra el sentido mismo de su misión judicial.
Señala que, como regla, la doctrina de los fallos de la Corte Federal tienen carácter obligatorio para los tribunales inferiores cuando se deciden cuestiones federales que involucran de manera directa la interpretación y aplicación de preceptos de tal naturaleza, y la parte interesada no ha invocado nuevos argumentos y razones que justifiquen una solución distinta.
En segundo lugar, resalta que la doctrina legal fijada en el Plenario en cuestión, según la cual “el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero” resulta a todas luces contradictoria con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica S.A.”.
Cita jurisprudencia de la totalidad de las Salas de esta Alzada en sustento de su tesitura.
En tercer lugar, puntualiza que el propio Decreto N° 793/2018 declara haber sido dictado en facultades propias del Presidente de la Nación (inc. 1 y 2 del art. 99 de la CN) , y no en función de delegación legislativa alguna. Ello impide la aplicación al caso de autos de la Ley N° 26.122, cuyo artículo 1° limita su ámbito de aplicación a los decretos delegados, de necesidad y urgencia y de aprobación parcial de leyes. Es decir, la Ley 26.122 resulta inaplicable por cuanto no existe una delegación previa. Tan es así que ni el propio Poder Ejecutivo la invoca.
Explica que, aunque se considerase erróneamente al decreto como una norma delegada, no existe una norma habilitante de la delegación que cumpla con las condiciones del artículo 76 de la Constitución Nacional, y que hubiese permitido al Poder Ejecutivo dictar una norma válida, pasible de adquirir la vigencia anticipada prevista por los artículos 17 y 24 de la Ley N° 26.122; al no existir una clara política legislativa. Es decir -prosigue- que nos encontraríamos frente a una delegación prohibida.
En virtud de lo expuesto, peticiona que se haga lugar a la repetición incoada y se ordene a la Aduana el reintegro de las sumas ingresadas en concepto de derecho de exportación con más los accesorios previstos en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados de conformidad con la tasa pasiva del BCRA.
CAUSA N° 17028/2024; BODEGAS ESMERALDA SA (TF
113400015-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO IV.- El señor Fiscal de Cámara intervino mediante dictamen n° 4704/2025, del 16/09/2025 07:35.
V. En primer término, es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf., CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus, “Caratelli, Stolano c/EN -AFIP- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/03/22¸ “Construmex SA c/EN -DNV- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/11/22, “Hilado S.A. c/ EN – AFIP – DGA s/ Dirección General de Aduanas”; del 21/12/2023; “Western Union Financial Services Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/Proceso de conocimiento”, del 11/04/2024, “Morlacchi, Enzio Enrique c/EN -AFIP-LEY 20628 s/amparo ley 16.986”, del 11/07/2024, “ Expanobras SRL c/EDENOR S.A s/Proceso de Conocimiento”, del 20/05/2025 y sus citas).
VI. Desde otro ángulo, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de los hechos, la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022; “PBB Polisur SRL (TF 40583686–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 15235/2024, del 20/02/2025; “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” Causa Nº 5623/2024, del 27/03/2025, entre muchos otros).
VII. Sentado ello, es menester puntualizar que en el caso sub examine corresponde determinar si los derechos de exportación abonados por la firma Bodegas Esmeralda SA, conforme a las disposiciones del Decreto N° 793/2018 (B.O. 04/09/2018), resultan o no ajustados a derecho.
En este sentido, cabe precisar que las actuaciones administrativas SIGEA N° 17445-937-2019, fueron iniciadas con la solicitudes de repetición efectuadas por la firma Bodegas Esmeralda SA para que se le restituyeran las sumas pagadas por aplicación del Decreto N° 793/2018 en concepto de derechos de exportación con relación a los Permisos de Embarque Nros. 18038EC01026248V, 18038EC01026259A, 18038EC01025798H, 18038EC03007661V, 18038EC03007749F, 18038EC03007680W, 18038EC03007389F, 18038EC01026266V, 18038EC01026401M y 18038EC03007828D, por un monto total de $1.436.720,77. Dichas solicitudes fueron rechazadas por la Administración de la Aduana de Mendoza por intermedio de la Resolución N° 393/2023 de fecha 25/08/2023, notificada al interesado el 05/09/2023 (ver fs. 1235/1249 y 1253 de las actuaciones administrativas acompañadas el 14/10/2024 mediante DEO: 15805438).
Ello motivó que, con fecha 25/09/2023, la firma actora interpusiera recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (ver fs. 5/39 del expediente digital), que -tal como se indicó- fue desestimado mediante decisorio del 25/08/2023.
CAUSA N° 17028/2024; BODEGAS ESMERALDA SA (TF
113400015-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VIII.- Así las cosas, corresponde describir el plexo normativo aplicable al caso bajo estudio.
En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (art. 76, primer párrafo, de la Constitución Nacional). Por otro lado, en su art. 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inc. 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inc. 3º). Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “ solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99, inc. 3º).
A su vez el art. 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inc. 12).
Por su parte, el art. 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
IX. Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo” (sentencia del 15/4/2014), la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º).
CAUSA N° 17028/2024; BODEGAS ESMERALDA SA (TF
113400015-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria -es decir, para nutrir el erario público- y también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales.
En este sentido, la Corte Suprema sostuvo que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo –específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º). Así las cosas, luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate –especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la resolución 11/2002– con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”; y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º).
A continuación, con relación al principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que éste no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la resolución 11/2002, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. Luego, indicó que, en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha CAUSA N° 17028/2024; BODEGAS ESMERALDA SA (TF 113400015-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa. A partir de este análisis la Corte federal concluyó que la resolución 11/2002 resultaba inválida. Sin embargo, en el considerando 11 descartó que pudiera ignorarse que la ley 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994 ”, destacando que “es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002”, lo cual representó “ la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la ley 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la resolución 11/2002, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia”; y resolvió que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento -este último- a partir del cual había comenzado a regir la ley 25.645.
X. Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en el precedente “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, causa 377/2021, sentencia del 18/10/2022 (criterio reiterado por esta Sala –en su actual integración– en los casos “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN-DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ dirección general de aduanas”, causa 42.682/2022, sentencia del 14/5/2024 y “Newsan SA (TF 9768500-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 17.252/2023, sentencia del 21/5/2024; y en los precedentes “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.963/2022, sentencia del 29/12/2022; “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 62.761/2019, sentencia del 3/2/2023; “El Galgo SA c/ EN –AFIP DGA s/dirección general de aduanas”, causa 14.520/2020, sentencia del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 23.225/2023, sentencia del 7/11/2023; “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.774/23, sentencia del 21/11/2023); “Enap Sipetrol Argentina SA (TF 25115520-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 29.337/2023, sentencia del 23/11/2023); “Refinería del Norte SA (TF 47880908-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 30.542/2023, sentencia del 23/11/2023; “Refinería del Norte SA (TF 47866058-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.644/2023, sentencia del 14/12/2023).
En dicho precedente, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen. Al mismo tiempo, se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ amparo”, Causa N° 74.554/2018, sentencia del 14/11/2019.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el Decreto N° 793/2018 en las facultades del artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad. Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley N° 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la CAUSA N° 17028/2024; BODEGAS ESMERALDA SA (TF 113400015-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica S.A.”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.467, se dispuso que el Decreto N° 793/2018 -aquí cuestionado- careció de vigencia entre el 04/09/2018 -fecha de entrada en vigor del aludido decreto- y el 13/12/2018 -fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467- (cfr. esta Sala -en su actual integración- in re: “Over Organización Veterinaria Regional S.R.L.”, ya citado, Considerando VI), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
XI. De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede –ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico–, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones relativas a las destinaciones Nros. 18038EC01026248V, 18038EC01026259A, 18038EC01025798H, 18038EC03007661V, 18038EC03007749F, 18038EC03007680W, 18038EC03007389F, 18038EC01026266V, 18038EC01026401M y 18038EC03007828D tuvieron lugar con anterioridad al 13/12/2018 (concretamente, fueron oficializadas con fechas 22/11/2018 -18038EC03007389F-, 04/12/2018 -18038EC03007661V-, 05/12/2018 -18038EC03007680W y 18038EC01025798H-, 07/12/2018 -18038EC03007749F-, 11/12/2018 -18038EC03007828D, 18038EC01026266V, 18038EC01026259A y 18038EC01026248V- y 12/12/2018 -18038EC01026401M-, ver fs. 365/443 del expediente digital), deberá reintegrarse la suma reclamada por la firma accionante.
XII. E n cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), en la medida en que los reclamos de repetición fueron presentados a partir del 22/11/2019, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: i) desde el momento de presentación del reclamo y hasta el 31/8/2022, conforme a la tasa prevista en la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, vigente a partir del 1/8/2019); ii) desde el 01/09/2022 y hasta el 31/1/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); iii) desde el 01/02/2024 y hasta el 28/02/2025, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); iv) a partir del 01/03/2025 según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º); o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago (esta Sala, in rebus: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 43.705/2023, sentencia del 02/02/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.659/2023, sentencia del 12/3/2024 y -en su actual integración- in re "Argensun SA (TF 36606041–A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", Causa N° 5623/2024, del 27/03/2025, entre otras) y en las condiciones establecidas por la CSJN en la causa “Cencosud (TF 29.535-A) c/ DGA", sentencia del 15/5/2014, y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (cfr. esta Sala, Expte. CAF 43700/2023/CA1 in re “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP–DGA–SIGEA 19144–10022–2019 s/Dirección General de Aduanas”, del 05/11/2024).
XIII. Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se revoca el decisorio apelado, y que no se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, CAUSA N° 17028/2024; BODEGAS ESMERALDA SA (TF 113400015-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO corresponde imponerlas -en ambas instancias- a la parte demandada (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma Bodegas Esmeralda SA, a obtener el reintegro de la suma de $1.436.720,77 en concepto de derechos de exportación abonados sin causa -respecto de los Permisos de Embarque Nros.
18038EC01026248V, 18038EC01026259A, 18038EC01025798H, 18038EC03007661V, 18038EC03007749F, 18038EC03007680W,
18038EC03007389F, 18038EC01026266V, 18038EC01026401M y 18038EC03007828D- conforme los términos que surgen de los Considerandos X y XI, con más sus respectivos intereses, de acuerdo con lo establecido en el Considerando XII. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte demandada.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/inicio.html. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacante dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia