Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 114056623-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, dejar sin efecto la resolución cuestionada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V, VI, VII y VIII,
2Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
CAF 39.397/2025 “BODEGAS ESMERALDA SA (TF 114056623-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 6 de febrero de 2026.- MBR VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 1/07/2024, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución nro. 511/2023 (AD MEND), en cuanto dispuso denegar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma Bodegas Esmeralda SA.
Para así resolver, sostuvo que, las cuestiones planteadas en el sub examine eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. En función de ello desestimó el planteo respecto del decreto 793/2018.
Por otra parte, se aclaró que se rechazaba “la solicitud de devolución de los Derechos de Exportación pagados por cuanto dichos PE fueron oficializados con posterioridad a la fecha de ratificación del decreto 793/18 por el art. 82 de la ley 27.467 (BO: 04.12.18), que fue el 04.12.18. Vale destacar en esta cuestión que el art. 82 de la ley 27.467 dispone (más allá de la su incorrección jurídica frente a la jurisprudencia “Camaronera” de la Corte) que el decreto 793/18 “mantendrá” validez y vigencia. Ello implica una clara voluntad del legislador de ratificación, con vigencia inmediata, del referido decreto, prescindiendo de las normas generales de vigencia diferida del Código Civil”.
En tales condiciones, consideró que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a las destinaciones nros. 18038EC03007567D; 18038EC03007403P;
18038EC03007748E; 18038EC03007579G; 18038EC03007576D;
18038EC03007572W; 18038EC01025663V; 18038EC01025794D;
18038EC01025795E y 18038EC01025667C.
Por último, estimó que las costas respecto del rechazo de la devolución relativa a los PE 18038EC03007567D; 18038EC03007403P;
18038EC03007579G; 18038EC03007576D y 18038EC03007572W, debían imponerse por su orden. Y, respecto del rechazo de la devolución relativa a los PE 18038EC03007748E; 18038EC01025663V; 18038EC01025794D;
18038EC01025795E y 18038EC01025667C, debían imponerse a la parte actora (v. págs. 1306/1314 del DEO: 20713714 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 30/10/2025 ).
II. Que, disconforme con lo resuelto, únicamente la parte actora con fecha 26/08/2024 interpuso recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Fiscal, fundándolo en idéntica fecha (ver fs. 1317 y 1326/1370, respectivamente, del expediente administrativo).
Corrido el pertinente traslado, el Fisco Nacional replicó los fundamentos de su contraria con fecha 14/08/2025 (ver fs. 1376/1417, e informe de fs. 1420 del DEO: 20713714 incorporado con fecha 30/10/2025).
Con fecha 12/12/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Apelación de la firma actora:
En primer lugar, luego de referir los antecedentes del caso, la exportadora, cuestionó la aplicación de la solución plenaria adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”. En ese sentido, además de cuestionar los alcances de la competencia del TFN, en cuanto al fondo de la cuestión remitió a los alcances y términos de la doctrina que emanaba del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”, que -en su entendimiento- resultaba plenamente aplicable al caso.
Explicó el principio de legalidad y esgrimió que la ley 27.467 mal pudo convalidar el decreto impugnado retroactivamente, surtiendo efectos con relación a hechos acaecidos después de su entrada en vigencia.
Al fin de reforzar su pretensión, citó distintos precedentes jurisprudenciales en los que fuera aplicada la doctrina resultante de “Camaronera Patagónica SA”.
Planteó, por otra parte, respecto de los PE oficializados con posterioridad al 4/12/2018, que la entrada en vigencia de la ley 27.467 es el 13 de diciembre de 2018.
En función de lo expuesto, consideró que correspondía admitir su pedido de repetición.
Por otra parte, en cuanto a la tasa aplicable, impugnó la tasa de la Resolución 559/2022 del Ministerio de Economía y solicitó la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina. En función de lo expuesto, consideró que correspondía admitir su pedido de repetición, con más los intereses resarcitorios correspondientes y costas, por ende, solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación.
IV. Que, en primer lugar, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos que para concretar las exportaciones documentadas entre el 30/11/2018 al 7/12/2018, mediante las destinaciones objeto del recurso, la actora efectuó el pago de la suma de $ 1.030.893,94 en concepto de derecho de exportación del total de las destinaciones indicadas, de conformidad con lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 793/2018 (B.O. 4/9/2018), por el cual estableció un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a todas las exportaciones de consumo.
V. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados con posterioridad al dictado del Decreto Nº 793/18, pero previamente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467 -conforme se desarrollará en el Considerando siguiente-.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la norma posterior que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc.
Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nº 793/18 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar los despachos de exportación denunciados (oficializadas entre el 30/11/2018 al 7/12/2018), cuyos pagos -por lo demás- no fueron desconocidos en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VI. Que resta agregar, a los efectos de responder los agravios vinculados a la decisión del Tribunal Fiscal en lo atinente a la fecha de entrada en vigencia de la norma, que el decreto 793/2018 fue ratificado por ley posterior, en el caso, la ley nº 27.467 denominada “Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019”, publicada en el Boletín Oficial el 4/12/2018, la que, según sus términos refleja que, si bien el Poder Legislativo Nacional tuvo la clara y expresa voluntad de conferirle rango de ley, sus previsiones no tuvieron efectos retroactivos, careciendo de eficacia para ello, pues rige para el futuro. La ley 27.467 fue publicada el 4 de diciembre de 2018 y entró en vigencia a partir del 1º de enero de 2019.
De este modo, el aludido artículo 82 de la ley 27.467, que entró en vigencia a partir de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial (conf. artículo 5° del CCyCN), mal pudo convalidar con efecto retroactivo los derechos de exportación determinados y aplicados por el Fisco Nacional entre el 04/12/2018 y 07/12/2018 al amparo del decreto 793/2018 (en sentido concordante esta Sala en la causa: “Aceitera General Deheza SA -TF 52274432-A- c/ DGA s/Recurso Directo De Organismo Externo”, expte n° 26808/2025, sentencia del 12/09/2025, entre otros).
VII. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “Molfino”, del 4/07/2025 (considerando XII), más arriba citada, entre otros.
VIII. Que, en orden al alcance de la condena, de conformidad con el criterio expuesto por el Sr. Fiscal General de Cámara, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la exportadora respecto de la Resolución ME n° 559/2022, puesto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como última ratio del orden jurídico (conf. C.S.J.N., Fallos, 302:1149 y 303:241, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados; supuesto que no se encuentra suficientemente acreditado en el sub examine.
Es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma impone a quien la pretende, demostrar claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional, causándole un gravamen y, para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo (conf. C.S.J.N., Fallos, 316:687; 324:3345; 325:645; 327:1899; 328:4282; entre muchos otros).
En dicho contexto, lo cierto y determinante es que la actora se limitó a efectuar manifestaciones genéricas respecto a la lesividad de la normativa impugnada, sin acreditar de qué modo la resolución ME 559/2022, conculcaría sus derechos constitucionales.
En definitiva, BODEGAS ESMERALDA no efectuó un análisis riguroso que compruebe debidamente la lesión constitucional denunciada en el caso concreto; lo que determina el rechazo del planteo dirigido a cuestionar la validez de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022 y modificatorias, que -por tanto, según fuera previamente indicado- ha de ser aplicada a los efectos del cobro de los intereses adeudados por la condena de autos, durante el período en el que rigiera.
En ese sentido, el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados desde el reclamo de repetición, calculados hasta el efectivo pago, a las tasas que según corresponda a los respectivos lapsos, fije la Secretaría de Estado de Hacienda (arts.811 y 812 CA), a calcular:
-desde el reclamo ante la autoridad aduanera y hasta el 31/08/2022, según lo normado por la resolución del ex Ministerio de Hacienda n° 598/2019; -a partir del 1/09/2022 y hasta el 1°/2/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022;
-a partir del 1°/02/2024, conforme la tasa prevista en la resolución del Ministerio de Economía n° 3/2024;
- a partir del 1/03/2025 por el art. 3° de la resolución 199/2025; y - a partir del 1/07/2025, por el art. 3° de la resolución 823/2025, todas del Ministerio de Economía; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
IX. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, dejar sin efecto la resolución cuestionada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V, VI, VII y VIII, 2º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia