Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 30904503-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, reconocer su derecho a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VII y VIII.
2Rechazar el recurso de apelación deducido por la Aduana.
3Imponer las costas de ambas instancias a la demandada sustancialmente vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III -
Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
MEC Buenos Aires, de febrero de 2026.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso En virtud de la operación de exportación documentada mediante el permiso de embarque 18001EC03011909L con fecha de oficialización el 8/10/2018, Bodegas Esmeralda S.A. ingresó los derechos de exportación determinados de conformidad con lo establecido en el decreto 793/2018. En el entendimiento de que dicha norma resultaba inconstitucional por afectar gravemente los principios de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria, solicitó en sede aduanera la devolución de las sumas abonadas con arreglo al mencionado decreto. La Dirección Aduana de Buenos Aires denegó el reclamo de repetición, lo que motivó que la actora dedujera recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, el cual fue rechazado.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Mediante sentencia del 27/3/2025, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por Bodegas Esmeralda S.A. y, en consecuencia, confirmó la RESOL-2024-47-E-AFIP-DIABSA- SDGOAM, por la que la autoridad aduanera había decidido denegar el reclamo de repetición promovido por la actora a los fines de que se le devolvieran las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación de conformidad con lo dispuesto en el decreto 793/2018 respecto de la mercadería amparada por el permiso de embarque 18001EC03011909L oficializado el 8/10/2018.
Para así decidir, señaló que, en cuanto a las potestades del Poder Ejecutivo para establecer derechos de exportación, cabía estar a lo decidido en el acuerdo plenario del 26/4/2022 en el marco de la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APN- SGASAD#TFN), en el que se había fijado como doctrina legal que el Poder Ejecutivo Nacional podía establecer derechos de exportación en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero.
Con relación a la alegada vulneración del principio de reserva legal, indicó que, al momento de los hechos del caso, las normas constitucionales 1 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
involucradas interactuaban conjuntamente con las leyes 26.939 y 26.122 que, en forma respectiva, había dispuesto la vigencia de la delegación dispuesta en el Código Aduanero y establecido un mecanismo de control y aprobación legislativa a posteriori de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de facultades delegadas. En este sentido, afirmó que el Congreso de la Nación había ratificado el decreto 793/2018 y que, en consecuencia, no se había afectado el principio de legalidad o de reserva de ley en materia tributaria.
Por otra parte, sostuvo que era necesario distinguir entre la fijación de la alícuota de un tributo y la convalidación de una alícuota ya establecida por un órgano competente (por delegación) aunque sujeta a aprobación por parte del delegante. Señaló que, en el primer caso, regía el principio de irretroactividad de la ley —rigiendo la alícuota sólo desde su publicación— y que, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota regía desde el dictado de la norma aprobada y no desde su convalidación. Destacó que, de conformidad con el artículo 17 de la ley 26.122, los decretos delegados tenían plena vigencia desde su dictado y publicación mientras no fueran rechazados por el Poder Legislativo, de manera que gozaban de plena validez y fuerza ejecutoria hasta tanto el Congreso no procediera a su desaprobación. Sobre esa base, entendió que, a la luz del artículo 82 de la ley 27.467, el Congreso de la Nación había mantenido la validez y vigencia del decreto 793/2018 desde su dictado y publicación ocurrida el 4/9/2018.
En definitiva, recordó la doctrina legal fijada en el acuerdo plenario previamente aludido en cuanto no correspondía declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en los que el Tribunal Fiscal debiera expedirse respecto de las resoluciones emanadas por la Aduana en las que se denegara la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del mencionado tributo con relación a destinaciones de exportación registradas durante el periodo comprendido entre el 4/9/2018 y el 4/12/2018. Por lo tanto, concluyó que no procedía hacer lugar a la nulidad del decreto 793/2018 y demás pretensiones articuladas por la actora, poniendo de resalto que no era factible extender al sub examine las consideraciones desarrolladas por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica”, pues las circunstancias de cada caso resultaban sustancialmente disímiles.
2 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III -
Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Finalmente, por mayoría, en atención al carácter de la cuestión debatida, distribuyó las costas en el orden causado.
III. Agravios de la actora Contra esa decisión, la actora apeló y expresó agravios el 13/5/2025, los cuales no fueron contestados por la Aduana (v. providencia del 28/10/2025).
En su presentación ante el Tribunal, el recurrente sostiene:
(i) que no resulta acorde al actual ordenamiento constitucional sostener que las atribuciones del Tribunal Fiscal se encuentran limitadas en virtud del artículo 1164 del Código Aduanero, el cual “es competente para declarar la inconstitucionalidad planteada, al encontrarse obligado al realizar el control de convencionalidad que no puede prescindir del control de constitucionalidad”. (ii) que la doctrina legal fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a la facultad del Poder Ejecutivo para establecer derechos de exportación es “a todas luces incompatible con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Camaronera Patagónica S.A.’”, puesto que el artículo 755 del Código Aduanero no es suficiente para fundar una delegación legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional.
(iii) que los derechos de exportación son impuestos y, por lo tanto, se encuentran alcanzados por el principio de legalidad y de reserva de ley en la materia, que “exige que una ley formal del Congreso determine todo lo relativo a la creación, modificación y derogación de tributos y todo lo relativo a la definición de sus elementos fundamentales”.
(iv) que, si bien podría admitirse que el Congreso de la Nación delegue en el Poder Ejecutivo la fijación de ciertos aspectos cuantitativos de la obligación tributaria, ello se encuentra supeditado a la existencia de pautas y límites precisos establecidos legislativamente, sin que del artículo 755 del Código Aduanero ni de la Ley de Ministerios pueda extraerse una clara política legislativa sobre el punto.
(v) que ninguna de las normas citadas por el decreto 793/2018 autorizó al Poder Ejecutivo a fijar derechos de exportación ni estableció —reitera— una clara política legislativa al respecto. Explica que, tal como lo sostuvo la Corte 3 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica”, el artículo 755 del Código Aduanero, por sí solo, “no habilita al Poder Ejecutivo a fijar tributos aduaneros, ya que no contiene de ninguna manera una clara política legislativa que lo permita”, y agrega que “la ley 26.939 tampoco fija una política tributaria en materia de derechos de exportación…”, por lo que “no puede considerarse que dicha norma brinde sustento legal al decreto aquí analizado…”. Señala que las leyes 27.428, 25.917, 27.429, 27.430 y 27.431 no delegaron en el Poder Ejecutivo la facultad para crear derechos de exportación ni tampoco los crearon fijando con precisión los elementos esenciales del tributo y delegando en el órgano administrador la fijación de la alícuota.
(vi) que el decreto 793/2018 “no fue dictado aquí en ejercicio de facultades constitucionales propias” del Poder Ejecutivo, sin que pueda entenderse emitido en el ejercicio de las atribuciones reconocidas por el artículo 99, incisos 1° y 2°, de la Constitución Nacional. Sostiene que, por el contrario, fue dictado “en clara violación a la Constitución Nacional, ya que ninguna de las normas citadas en sus considerandos faculta al Presidente de la Nación a establecer por decreto derechos de exportación”.
(vii) que la ley 27.467 “carece de todo efecto en forma retroactiva”
y no puede “convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable”, por lo que sus efectos “sólo pueden predicarse respecto de los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia”.
(viii) que “se impugna la tasa fijada por la Resolución 559/22 por ser irrisoria y violatoria de la propiedad privada”, debiendo aplicarse la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina durante el periodo comprendido entre el 1°/8/2022 y el 1°/2/2024. También expresa “su profundo desacuerdo” con la aplicación de la tasa prevista en la resolución 199/2025 en tanto “constituye un evidente y perjudicial rezago frente al fenómeno inflacionario que afecta a la economía nacional, cuya magnitud es de público conocimiento”.
IV. Dictamen del Ministerio Público Fiscal Con fecha 11/12/2025, el señor fiscal general ante esta instancia contestó la vista que le fue conferida para que se expidiera acerca de los planteos de inconstitucionalidad introducidos en autos.
4 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III -
Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Señaló que las cuestiones vinculadas a la validez constitucional del decreto 793/2018 eran sustancialmente análogas a las examinadas en el dictamen del 19/12/2024 en la causa 21.503/2024, caratulada “Refinería del Norte S.A. (TF 154279200-A) c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, a cuyos términos correspondía remitirse por razones de brevedad. En cuanto a los cuestionamientos a la tasa de interés dispuesta en las resoluciones ministeriales 559/2022 y 199/2025, advirtió que la apelante se había limitado a señalar genéricamente que su aplicación vulneraba su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que comprobara que esas normas fueran lesivas de sus derechos constitucionales. Agregó que la Sala IV de esta Cámara había destacado que los agravios basados en que la aplicación de las tasas antedichas no resultaría equiparable a los índices inflacionarios, no cumplía con las exigencias establecidas por la Corte Suprema, máxime cuando favorable acogida de dicha argumentación conllevaría a un desconocimiento de las normas legislativas prohibitivas de la indexación.
V. Antecedentes fácticos de la controversia Conforme surge de la documentación incorporada digitalmente a la causa el 27/11/2025, las actuaciones SIGEA 19144-13565-2019 iniciaron el 19/10/2019 a partir del reclamo de repetición promovido por Bodegas Esmeralda S.A. con el objeto de que se le devolviera “la suma de USD 5420,75… abonados indebidamente… en concepto de derechos de exportación, con relación al Permiso de Embarque nro. 18001EC03011909L”, correspondientes “a los derechos de exportación fijados por el Decreto PEN N° 793/2018”, norma que “es inconstitucional por violar el principio de reserva de ley en materia tributaria ya que al momento del registro del permiso de embarque (el 03/10/2018) aún no había sido ratificada por la ley 27.467 (B.O. 4.12.2018 y entrada en vigencia el 13/12/2018) que por su parte no tiene aplicación retroactiva” (v. páginas 219 a 240).
El 27/2/2024, a través de la RESOL-2024-47-E-AFIP- DIABSA#SDGOAM, la Dirección Aduana de Buenos Aires decidió denegar la devolución pretendida por la actora, remitiendo íntegramente en cuanto a sus fundamentos a lo dictaminado por la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero (v. páginas 303 a 309).
5 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III -
Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Contra dicho acto administrativo, el 25/3/2024, Bodegas Esmeralda S.A. interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, en el que reiteró su pedido de repetición fundada en la aplicación del criterio sentado por la Corte Suprema en el caso “Camaronera Patagónica” y la consecuente inconstitucionalidad del decreto 793/2018 (v. páginas 4 a 33).
Finalmente, por medio de la sentencia del 27/3/2025, el Tribunal Fiscal rechazó el recurso y confirmó la denegatoria dispuesta mediante la RESOL- 2024-47-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM (v. páginas 335 a 341).
VI. La cuestión controvertida Así las cosas, la cuestión sometida a conocimiento y decisión de este Tribunal consiste en determinar: (i) la validez constitucional del decreto 793/2018 (B.O. 4/9/2018) en cuanto fijó los tributos aduaneros que gravaron la exportación llevada a cabo por la actora, (ii) si resulta procedente la repetición de las sumas abonadas en dicho concepto; y (iii) la distribución de los gastos causídicos.
VII. La solución del caso Las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas por esta Sala en los precedentes “Catajuy S.R.L. c/ EN-DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 377/2021, sentencia del 18/10/2022 y “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (TF 25041338-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.963/2022, sentencia del 29/12/2022; así como por la Sala IV de esta Cámara en los casos “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (TF 24619189ª) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 20.415/2021, sentencia del 31/5/2022, y “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (TF 25050851- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 43.182/2022, sentencia del 1°/11/2022; a cuyos términos y consideraciones corresponde remitirse por razones de brevedad.
En esencia, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ amparo ley 16.986”, causa 74.554/2018, sentencia del 14/11/2019. En cuanto al 6 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el decreto 793/2018 en las facultades del artículo 99, inciso 2° de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad. Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la ley 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica S.A.”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 27.467, se dispuso que el decreto 793/2018 —aquí cuestionado— careció de vigencia entre el 4/9/2018 —fecha de entrada en vigor del aludido decreto— y el 13/12/2018 —fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467— (cfr. esta Sala, in re, “Over Organización Veterinaria Regional”, causa 42.682/2022, sentencia del 14/05/2024; y esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Syngenta Agro S.A. (TF 136490258-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 16.465/2024, sentencia del 14/11/2024), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
Este criterio ha sido reiterado por esta Sala —en su actual integración— en los casos “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN - AFIP- DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 62.761/2019, sentencia del 3/2/2023; “El Galgo S.A. c/ EN –AFIP DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 14.520/2020, sentencia del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 23.225/2023, sentencia del 7/11/2023; “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.774/2023, sentencia del 21/11/2023; “Refinería del Norte S.A. (TF 47866058-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.644/2023, sentencia del 14/12/2023; “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN-DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ dirección general de aduanas”, causa 42682/2022, sentencia del 14/5/2024; “PBB Polisur S.R.L. (TF 22549628-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 4334/2024, sentencia del 29/8/2024; “Bodegas Esmeralda S.A. (TF 112535341-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 18.644/2024, sentencia del 17/12/2024; “Aceitera General Deheza S.A. (TF 7 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
17660291-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 36.234/2025, sentencia del 4/12/2025; “Rafaela Alimentos S.A. (TF 140835573-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 10.033/2025, sentencia del 23/12/2025, entre muchísimos otros.
VIII. Intereses En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), estos deberán calcularse desde la fecha de interposición del reclamo de repetición (19/10/2019; conf. cargo fs. 1 de las actuaciones administrativas; página 219 de la documentación digitalizada el 27/11/2025).
En cuanto a la invocada inconstitucionalidad de las resoluciones 559/2022 y 199/2025 del Ministerio de Economía, es preciso recordar que una declaración como la pretendida constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (CSJN, Fallos: 260:153; 301:1062; 302:1149; 303:241; 307:531; 314:424; 321:441; 328:91; 331:1123; 344:3458, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (CSJN, Fallos: 288:325; 298:511; 302:457; 303:1708; 312:122; 315:923; 321:441; 328:4542 y 332:1571, entre muchos otros).
También debe tenerse presente que quien tacha de inconstitucional una norma aduciendo, por ejemplo, que viola sus derechos de propiedad e igualdad debe probar de modo concluyente que tal afectación ha tenido lugar (CSJN, Fallos: 314:1293 y 320:1166). Un planteo de esta índole debe contar con un sólido respaldo argumental por parte de quien lo introduce, a partir del cual el juzgador puede llegar a la convicción de que la norma impugnada vulnera el principio constitucional invocado y que la colisión con los principios y garantías de la Constitución Nacional surge de la ley misma y no de la aplicación irrazonable que de ella se haga en el caso concreto.
En este contexto, el planteo efectuado por la actora no resulta suficiente para demostrar, de manera acabada, la pretendida tacha de invalidez 8 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
constitucional, máxime cuando su procedencia requiere que el pedido pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con fundamentos de igual carácter (CSJN, Fallos: 342:1170; esta Sala, in rebus: “Lapresa, José Jorge c/ EN-AFIP – Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, causa 63.128/2022, sentencia del 13/6/2024; “Torres, Silvia Griselda c/ EN-ARCA – Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, causa 5415/2025, sentencia del 14/8/2025; “Hunt, Guillermo Juan c/ EN-AFIP – Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, causa 21.370/2023, sentencia del 16/9/2025; y esta Cámara, Sala IV, in re: “Romero, Julio Alberto c/ EN-AFIP – Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, causa 63.074/2022, sentencia del 28/12/2023). Así, este Tribunal ha desestimado planteos de igual tenor a los expuestos por la recurrente por no satisfacer de manera acabada con los recaudos exigidos a tal fin (conf. esta Sala, in re: “Corral, Silvia Beatriz c/ EN-AFIP – Ley 20628 s/ proceso de conocimiento”, causa 26.018/2023, sentencia del 26/3/2024; y esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ dirección general impositiva”, causa 63.190/2019, sentencia del 7/11/2023). Por lo tanto, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde la fecha de presentación del reclamo y hasta el 31/8/2022, conforme a la tasa prevista en la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, vigente a partir del día 1°/8/2019); (ii) desde el 1º/9/2022 y hasta el 31/1/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); (iii) desde el 1º/2/2024 y hasta el 28/2/2025, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); (iv) a partir del 1º/3/2025 y hasta el 30/6/2025, según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º); (v) a partir del 1º/7/2025, según la tasa fijada en la resolución 823/2025 del Ministerio de Economía (artículo 3º); o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago, en las condiciones establecidas por la Corte Suprema al dictar sentencia el 15/5/2014 en la causa “Cencosud (TF 29535-A) c/ DGA” y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (conf. esta Sala, in rebus: “Molinos Río de la Plata S.A. (TF 76851120-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 5404/2025, sentencia del 27/11/2025 y sus citas).
IX. Costas 9 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 45.102/2025/CA1: “BODEGAS ESMERALDA S.A. (TF 30904503-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte demandada, quien ha resultado sustancialmente vencida vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, reconocer su derecho a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VII y VIII.
2. Rechazar el recurso de apelación deducido por la Aduana.
3. Imponer las costas de ambas instancias a la demandada sustancialmente vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese —a las partes y al fiscal general— y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia