Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.218-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA Nro. 7857/2011, en cuanto fue materia de recurso por parte de la firma importadora 2. Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-134388047-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 14 de Diciembre de 2022 de apelación”, expte. Nro. 32.218-A En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Cora M. Musso, Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia de la Sra. Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “Bodegas y Viñedos del Valle S.A c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. Nro. 32.218-A La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que a fs. 2/10 la firma importadora, a través del Síndico de la quiebra y con patrocinio letrado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nro. 7857/2011, dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente administrativo Nro. 12039-1013-2008, mediante la cual, en lo que aquí interesa, se le imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA y por ende, en el artículo 1, se le intima el pago de la suma de $ 2.472.737,32 en concepto de multa y al comiso de la mercadería en infracción -pena que se sustituirá en el hipotético caso de que no fuera posible efectivizar el secuestro de la misma-, con la aplicación de una multa sustitutiva de dicho comiso igual a su valor en plaza, en los términos del artículo 922 del C.A y cuyo monto asciende a $ 2.047.397,68, en el artículo 3, se da intervención a la División Investigaciones y Procedimientos Externos a los fines de cumplimentar la pena de comiso de la mercadería en trato, procediéndose al secuestro de la misma y a su posterior ingreso a la Sección Secuestros, en el artículo 4, se ordena la subasta y/o donación y/o destrucción de la mercadería en trato, ello previa verificación y aforo de la misma y en el artículo 5, se formula cargo por el producido de la pena de comiso impuesta o en su defecto por la multa sustitutiva del comiso e intimarla a su cancelación, en relación al DIT Nro. 00 001 IT06 000028 Z.
Relata brevemente los hechos que dieron origen a la causa y se agravia, en primer lugar, por la decisión de la D.G.A quien pese estar debidamente informada de la situación falencial de su mandante, y dejando de considerar que atento el desapoderamiento de los bienes -a consecuencia de la declaración de quebranto- se encontraba imposibilitada de generar nuevas infracciones, igualmente procede a sancionarla con el máximo rigor previsto en la normativa aduanera, invocando la existencia de antecedentes infraccionales computables para tal finalidad. Considera improcedente la intimación a cancelar las multas ya que, conforme disposición expresa de la normativa concursal, entiende que corresponde que una vez determinado el monto de las multas en cuestión, el Fisco puede proceder a solicitar su verificación a efectos de su inclusión en el pasivo falencial y, de esta manera, proceder a su posterior percepción en igualdad de condiciones que los acreedores de igual rango.
También se agravia de la intervención a la División Investigaciones y Procedimientos Externos Sección Investigaciones y Procedimientos, dispuesta en el artículo 3° de la resolución apelada, a fines del secuestro de la mercadería, en tanto entiende se evidencia un exceso en el ejercicio de las atribuciones del Fisco, con claro perjuicio a la masa de acreedores. En igual sentido se agravia de la subasta y/o donación y/o destrucción, ordenada en el artículo 4°, por interpretar que dicha medida resulta un menoscabo a la integridad del acervo falencial, prenda común de los acreedores, quienes de este modo verían frustrada sus posibilidades de ejecutar sus acreencias sobre las mercaderías. Cuestiona nuevamente la aplicación de las multas y demás sanciones indicando que las fundamentaciones invocadas resultan insuficientes y carentes de todo asidero fáctico y/o jurídico, ello al no contemplar la situación económica y judicial de Bodegas y Viñedos del Valle S.A.
Sin perjuicio de lo expuesto expresa que las multas impuestas, en forma unilateral y con posterioridad a la fecha de falencia de la empresa por parte de la AFIP, importan alterar la situación de los acreedores, lo que implica una violación al principio consagrado de la "pars conditio creditorum", el que a su criterio mantiene su plena vigencia más allá de las reformas introducidas por la Ley 24.522. Agrega que no puede obviarse que el proceso concursal tiene como uno de sus principios el de la colectividad, es decir abarcar a todos los acreedores, quienes no pueden hallarse ajenos a este proceso. Destaca que se ha dicho que la unicidad del proceso concursal -único modo de garantizar la concreción de los principios de universalidad, colectividad e igualdad-, impone que todo aquél que pretenda participar en el procedimiento deba ser admitido por el juez respectivo.
(Julia Villanueva, Concurso Preventivo, Buenos Aires, 1997). Plantea que no pueden caber dudas que la imposición de multas, determinadas aún con posterioridad a la fecha de quiebra, resulta violatorio a los principios anteriormente citados. Refiere a los principios constitucionales vulnerados, tales como legalidad, igualdad, equidad, y se explaya sobre el derecho de propiedad. Hace mención a la inexistencia de culpa o negligencia en el obrar, ya que como sostuvo anteriormente la sanción recaerá sobre los co- acreedores quienes constituyen la masa pasiva de la quiebra y verán reducido su dividendo, por el mayor pasivo que implicará la admisión de la multa, siendo que de este modo se estaría violentando el principio enunciado ante la inexistencia de dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos en relación a la infracción enrostrada.
Por ello solicita la reducción de la graduación de la multa. Finalmente señala que la quiebra citada en el presente recurso tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 18, Secretaría N° 35 y en virtud de ello, toda pretensión deberá ser hecha valer a través del sistema de verificación de créditos en los términos del artículo 32 y siguientes de la Ley 24.522, absteniéndose de pretender concretar ejecuciones fiscales y/o determinaciones de deuda fuera del ámbito concursal, el cual reúne características de proceso universal. Formula reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 27/31, previo emplazamiento, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, reseña las actuaciones cumplidas en sede aduanera y, niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Señala que el Síndico de la firma “Bodegas y Viñedos del Valle S.A” no sólo no puso en jaque el núcleo duro de la infracción -no cuestionó la comisión de la misma ni se intentó probar el cumplimiento del régimen- sino que articuló fundamentos arcaicos en la materia. Respecto a la quiebra y sus efectos señala que la misma fue decretada el 29 de octubre de 2010 y en consecuencia para el día 23 de abril de 2003 -vencimiento del DIT- la importadora no tenía excusas para no cumplir con el régimen, aún en el supuesto del concurso preventivo, ya que conservaba la administración de sus bienes y vencido dicho término si no regularizó la situación de la mercadería queda cometida la infracción que se le imputó. Agrega que el eje de la defensa de la contraria fue erigido en torno a la supuesta violación de principios tales como la colectividad, la inoponibilidad etc pero se olvida que el procedimiento que se esta llevando adelante forma parte del que debe seguirse para la obtención del título que habilitará la vía verificatoria, donde el resto de los acreedores podrán ejercer, sus derechos de control e impugnación, circunstancia esta que quita la inquietud del Síndico. Expresa que el crédito (título) del fisco se configura cuando la sentencia recaída en sede aduanera pasa a autoridad de cosa juzgada, circunstancia que provoca su exigibilidad. Cita Jurisprudencia y destaca que en síntesis no le son aplicables las disposiciones de los arts. 19,21 y 32 de la LCQ entre otros. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas de la causa, hace Reserva del Caso Federal y solicita que oportunamente se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la contraria, con costas.
III. Que a fs. 35 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 47. A fs. 52 se declara cerrado el periodo probatorio, a fs. 55 se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. 56 se los pasa para alegar. A fs. 59/62 se glosa el alegato presentado por el fisco y a fs. 63 consta que la actora no hizo uso del derecho conferido. A fs. 64 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que el expediente administrativo de la causa Nro. 12039-1013-2008 se inicia, a fs. 1, con el Acta de Denuncia Nº 37/04 de fecha 14 de abril de 2004, por presunta infracción del art. 970 del C.A con relación al DIT Nro. 00 001 IT06 000028 Z. A fs. 4 se glosa la carpeta del mencionado DIT, dentro de la cual se halla glosada diversa documentación aduanera, entre ellas la Importación Temporaria s/Transform sobre dep. almac. 00 001 IT06 000028 Z oficializada el 02/05/2000, con la que se documentó la importación temporaria de mercadería de las PA 8422.30.22.000B y 8709.19.00.000D, por el plazo de 1080 días con motivo de la autorización I31.1.A 414/00 y cuyo vencimiento operaba el 23 de abril de 2003.
A fs. 6 se remiten las actuaciones a la División Verificación Sección RAMO D para que establezca la clasificación arancelaria, valor de la mercadería en infracción, derechos y demás tributos que gravaren la importación para consumo. Asimismo se informa como fecha de momento imponible el 23 de abril de 2003 y que la denuncia se formulaba por 2 unidades (item 1 y 2). A fs. 7 se afora la mercadería en presunta infracción al momento imponible informándose que la mercadería era de importación prohibida. A fs. 10, con fecha 24/11/2006, se ordena instruir sumario en los términos del art. 1090 inc.“C” del C.A. A fs. 11 se practica la liquidación determinando que se adeudaban $ 920.968,50 en concepto de tributos y una multa mínima de $ 618.184,33.
A fs. 13/14 se agrega la consulta de Juicios Universales de la que resulta la presentación en concurso de la importadora y a fs. 17 se agrega la Nota Nro. 04/11 (DV SAPLA 4) por la que se remiten los autos a la División Documentación Fiscal Sección Cancelación y Deudas, en los términos establecidos por la Instrucción Nro. 01/01 (DE PLA) con el fin que se confeccione el certificado provisorio de deuda. A fs. 19 y vta., con fecha 04-02-2011, se corre vista de las actuaciones a la firma “Bodegas y Viñedos del Valle S.A” informándole que el monto mínimo de la multa asciende a $ 618.184,33 y que el monto de los tributos asciende a la suma de $ 920.968,50. A fs. 29 y 30 se glosan las cédulas de notificación del auto de fs. 19 y vta, dirigidas a la aseguradora y a la Sindicatura de la firma “Bodegas y Viñedos del Valle S.A”, que fueran recepcionadas con fecha 24/02/2011 y 03/03/2011.
A fs. 31 se presenta el Síndico designado en los autos “Bodegas y Viñedos del Valle S.A” s/quiebra expte. 053471 manifestando que la fallida no puso a disposición de la sindicatura los libros ni la documentación que le permita evacuar la defensa, y sin perjuicio de ello indica que toda deuda de causa o título anterior a la fecha de quiebra debe ser sometida al trámite de verificación de crédito establecido en los artículos 32 y cctes de la ley 24.522. A fs. 32 se tiene por presentado al Síndico de la firma importadora y se le da por decaído el derecho a ejercer su defensa a la aseguradora. A fs. 33/40 corre glosada la consulta al Registro General de Infractores. A fs. 41/44 se dicta la Resolución DE PRLA Nro. 7857/2011 apelada en autos, por la cual en el artículo 1, se le intima el pago de la suma de $ 2.472.737,32 en concepto de multa y al comiso de la mercadería en infracción -pena que se sustituirá en el hipotético caso de que no fuera posible efectivizar el secuestro de la misma, con la aplicación de una multa sustitutiva de dicho comiso igual a su valor en plaza, en los términos del artículo 922 del C.A y cuyo monto asciende a $ 2.047.397,68, en el artículo 3,, se da intervención a la División Investigaciones y Procedimientos Externos a los fines de cumplimentar la pena de comiso de la mercadería en trato, procediéndose al secuestro de la misma y a su posterior ingreso a la Sección Secuestros, en el artículo 4, se ordena la subasta y/o donación y/o destrucción de la mercadería en trato, ello previa verificación y aforo de la misma, en el artículo 5, se formula cargo por el producido de la pena de comiso impuesta o en su defecto por la multa sustitutiva del comiso e intimarla a su cancelación y, en el artículo 6, se le exige el pago de la suma de $ 920.969,50 en concepto de tributos con más los intereses previstos en el art. 794 del CA, en relación al DIT Nro. 00 001 IT06 000028 Z.
A fs. 56 se agrega la Nota Nro. 73/13 por la que se remiten los autos a la Sección Liquidaciones informando que con fecha 29 de octubre de 2010 se decretó la quiebra indirecta de la firma “Bodegas y Viñedos del Valle S.A” tramitando ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 18 Secretaría Nro. 35. A fs. 57/63 se agregan los Cargos 20575/2013, 20576/2013, 20149/2013 y sus respectivas notificaciones. A fs. 64, con fecha 13 de mayo de 2013, se presenta el Síndico de la firma “Bodegas y Viñedos del Valle S.A” informando que se había presentado recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación y por ello consideraba improcedente el reclamo de las liquidaciones practicadas.
A fs. 81 se glosa la Nota Nro. 1637/13 (SE CADE) mediante la cual la Responsable (Int) de la Sección Canc y Deudas informa que recibe las actuaciones a los fines de cumplir con lo prescripto por el artículo 1127 del C.A y que en forma previa a la emisión del título se observa que la firma importadora se encontraba en quiebra desde el 29 de octubre de 2010 y por ello, a los fines de evitar un dispendio jurisdiccional solicita se informe la factibilidad de proseguir con el trámite de rutina de ejecución o en caso contrario se aporte documentación que sirva de apoyo para el abandono de la misma.
V. Que corresponde resolver si la resolución apelada, en cuanto intima a la actora al pago de multas (por infracción al artículo 970 del C.A y sustitutiva del comiso), en cuanto fue motivo de agravios por parte de la firma importadora -ver F.4 y recurso de apelación-, se ajusta a derecho.
Que la importadora no controvierte los hechos, el único agravio que esgrime está referido a la imposición de las multas cuando ya se había decretado la quiebra, por lo que entiende que la aduana debía verificar su crédito en la misma.
Que debe señalarse que el Código aduanero regula el procedimiento de determinación de tributos e imposición de sanciones por lo que la aduana ha actuado en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 618/97, existiendo legislación específica, esta prevalece sobre la ley 24522, y en cuanto al argumento de la actora en cuanto señala que la aduana debió verificar el crédito cuyo cobro pretende, el trámite de verificación corresponde cuando la resolución que en la causa se apela quede firme. Así lo ha resuelto la CSJN en la causa “Fisco Nacional DGI s/ inc. de verificación de crédito en autos “Cosimatti Gregorio s/conc.prev” sentencia del 4 de septiembre de 1987 en la que expresó que el art. 22 de la ley 19551 que establece la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado es inaplicable toda vez que la misma debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/ o aplicación de sanciones por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso (Fallos 310:785).
Asimismo y con respecto a las actuaciones iniciadas por el síndico de la quiebra que interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal contra la determinación de oficio de la DGI de la deuda de la fallida por IVA la Corte Suprema declaró que el juez de la quiebra es incompetente para entender en ellas ya que la ley 11683 (t.o.1978 y modif.) ”ha previsto de manera específica un procedimiento y un órgano de decisión.. y la posibilidad de apelar ante tribunales del poder judicial…” El Alto Tribunal señaló que tales actuaciones no implicaron la deducción de acción alguna contra el fallido o el concurso ni que se hubiera promovido la ejecución sobre la base del invocado crédito fiscal (“Hilanderías Lujan SA” Fallos 308:1856).En la causa “Supercanal SA” del 2-6-03 la CSJN sostuvo que si la decisión de la DGI fue apelada por la concursada ante el Tribunal Fiscal de la Nación en virtud de lo dispuesto en por el art. 76 inc. b) de la ley 11683, ello impide que opere el fuero de atracción al hallarse pendiente de tratamiento la apelación ante un tribunal de alzada, operando éste recién una vez dictada la sentencia por dicho tribunal; posteriormente la Corte en la causa “Gauchat, Enrique” sentencia del 4-7-03 haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador Fiscal de la Nación señaló que el fuero de atracción de la causa donde tramita el concurso preventivo de la deudora solo opera luego de la intervención del Tribunal de Alzada y en el supuesto que este confirme la sentencia apelada, corresponde remitir la causa al tribunal del concurso.
Que la jurisprudencia reseñada se aplica también en materia aduanera sobre la base del régimen de recursos previstos en el Código Aduanero contra las resoluciones dictadas por la DGA en el procedimiento para las infracciones, por lo que corresponde rechazar el agravio de la firma “Bodegas y Viñedos del Valle S.A” en cuanto sostiene que el fisco tenía que verificar el crédito, ya que por lo expuesto dicha verificación solo resulta procedente en el caso que la determinación de la multa sea confirmada y quede firme.
VI. Que sentado ello y no obstante que el agravio de la firma“Bodegas y Viñedos del Valle S.A se centra en el hecho de que el fisco tenía que verificar el crédito, tratándose de una cuestión penal corresponde analizar si se ha configurado la infracción que se imputa.
VII. Que mediante el DIT Nro. 00 001 IT06 000028 Z se documentó la importación de una Llenadora, cerradora -incluso con dispositivo de etiquetar- marca Evergreen Modelo SA 65, mercadería de la P.A 8422.30.22.000B y de Carretillas Automóvil sin dispositivo de elevación, mercadería de la PA 8709.19.00.000.D. El despacho se oficializó el 2 de mayo de 2002, autorizándose la importación temporaria por el plazo de 1080 días en los términos del art. 250 del CA y art. 31 punto 1, inciso a) del Dto 1001/82, operando el vencimiento el 23 de abril de 2003.
Que el art. 970 del Código Aduanero en el apartado 1 sanciona al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor de la mercadería en aduana , aun cuando esta no estuviere gravada. En el caso de autos la obligación de la importadora consistía en reexportar la mercadería antes del vencimiento del plazo acordado para la importación temporaria.
Que de las constancias de autos no surge que se hubiera reexportado la mercadería por lo que cabe concluir que no habiendo la firma importadora cumplido con las obligaciones impuestas por el régimen legal por el que se autorizó la importación temporaria, art. 250 y sgtes. del CA, se ha configurado en autos la infracción tipificada por el art. 970 del Código Aduanero.
Que como ya quedó expuesto precedentemente, la aduana no podía verificar un crédito que no estaba firme y que por la naturaleza de la resolución que lo exigía, contra la misma la importadora a efectos del ejercicio del derecho de defensa tenía previsto un especial procedimiento recursivo, -Código Aduanero-, y por ello al correr la vista del art. 1101 la aduana le hizo saber a la importadora el monto de la multa mínima y la posibilidad de su cancelación conforme el beneficio del art. 930 del CA, siendo que al no haber sido pagada la multa mínima, al momento de resolver impuso una multa igual a cuatro veces el perjuicio fiscal, dentro de la graduación de uno a cinco veces el perjuicio fiscal que establece el art. 970 del Código Aduanero.
VIII. Que por lo expuesto corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada, en cuanto fue materia de recurso por parte de la firma importadora. Con costas a la actora.
Por ello Voto:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA Nro. 7857/2011, en cuanto fue materia de recurso por parte de la firma importadora 2. Costas a la actora.
El Dr. Juárez dijo:
Que adhiero al voto que antecede.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Confirmar la Resolución DE PRLA Nro. 7857/2011, en cuanto fue materia de recurso por parte de la firma importadora 2. Costas a la actora.
Regístrese, notifíquese a la actora al domicilio sito en Av. Córdoba Nro. 1367 Piso 9º Of “41” y a la representación fiscal en el CUIT 23-34673169-9 (Dr. Diego Matías Ibarra) oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2022.12.14 12:12:59 -03:00 Date: 2022.12.14 12:29:55 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.14 12:47:28 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.14 12:47:29 -03:00
Fin de la sentencia