Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 31.712-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 2928/12 (DE PRLA) dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA 13289-36328-2009, en cuanto ha sido materia de agravios -excepto en lo que a moneda de devolución refiere- y, en consecuencia, hacer lugar a la devolución de la suma abonada indebidamente, en pesos, con más los intereses devengados desde la fecha de solicitud de repetición (30/12/09) hasta la fecha del total y efectivo pago (conf. art. 811 del C.A.). Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-18778622-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 23 de Febrero de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Claudia Beatriz Sarquis (suborgante), bajo la presidencia del Vocal designado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “BOEHRINGER INGELHEIM S.A. c/DGA s/RECURSO DE APELACIÓN” Expte. 31.712-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: BOEHRINGER INGELHEIM S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 2928/12, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 13289-36328-2009. Mediante tal resolución se resolvió declarar la prescripción de los tributos abonados indebidamente en concepto de arancel externo común. Señala que en virtud de la operación de importación 04073IC04069391F se vio obligada a abonar un 1,5% en concepto de arancel externo común, el que había sido establecido con carácter transitorio mediante la decisión 15/97 del Consejo del Mercado Común del Sur. Agrega que posteriormente, mediante la decisión 21/02, se dispuso la vigencia del arancel hasta el 31.12.03, oportunidad en la cual el Ministerio de Economía dictó la resolución 603/03, manteniendo arbitrariamente el arancel externo común para las posiciones arancelarias indicadas en su Anexo I, y pese a que la mercadería de autos no formaba parte del anexo, el servicio aduanero aplicó y percibió indebidamente el arancel cuya devolución se solicita. Sostiene que solicitó la devolución dentro del plazo de prescripción legal de 5 años, conforme los artículos 815 y 816 del CA. Manifiesta que la resolución apelada consideró erróneamente que el pedido de devolución fue interpuesto el 15.01.10, cuando en realidad fue presentado el 30.12.09. Se expresa sobre el proceder del servicio aduanero, indicando que lo sucedido es que el personal de la División omitió colocar el sello en su original al momento de la recepción, haciéndolo recién al momento de remitir los expedientes a la División Sumarial y Repeticiones a mediados de enero, situación que se extiende a numerosos casos. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Finalmente ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 32/36). Realiza la negativa de rigor y relata brevemente de los hechos. Sostiene que la Aduana no ha hecho más que aplicar el código aduanero, citando los artículos 815, 816, 817 y 818. Señala que la destinación de importación fue oficializada en el año 2004, por lo que la prescripción comenzó a correr el 01.01.05, operando su vencimiento el 31.12.09, y siendo que el escrito por el cual se reclama la repetición ingresó el 15.01.10 no cabe sino concluir que la acción intentada se encuentra efectivamente prescripta. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Por último, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 37 se tiene por contestado el traslado conferido y por acompañadas las actuaciones administrativas. A fs. 38/43 obra respuesta de parte de la DGA. A fs. 48/181 la actora realiza manifestaciones sobre la respuesta brindada por la DGA y acompaña documentación. El 04.08.2025 se elevan los autos a la Sala “E”. El 19.02.2025 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas SIGEA 13289-36328-2009 se inician con la interposición de la acción de repetición por parte de BOEHRINGER INGELHEIM S.A. A fs. 7 luce la nota 301/10 (DV MGES), que indica que la fecha cierta de presentación es del 30.12.09. A fs. 18 se tiene por iniciado el procedimiento de repetición, indicándose que a los efectos del art. 811 del CA la fecha que debe computarse es desde el 30.12.09. A fs. 24 se agrega el sobre contenedor de la destinación 04073IC04069391F. A fs. 32 obra la nota 986/10 (DV MGES), que indica que la fecha cierta de presentación es del 30.12.09. A fs. 35/37 se agrega el dictamen DALA 432/11, emitido en el marco de las actuaciones SIGEA 13288-426-2011. A fs. 43 se concluye que la fecha que debe computarse es la del 15.01.10. Finalmente, a fs. 44/45 obra la resolución DE PRLA 2928/12, apelada en autos.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -2928/12-, se ajusta a derecho. La actora solicitó la devolución de la suma de U$S1.187,88, que según refiere habría abonado indebidamente en concepto de incremento adicional del 1,5% de arancel externo común, en relación a la destinación de importación 04073IC04069391F, mediante la cual documentó la importación de la mercadería ubicada en la PA 2106.90.30.100X. El servicio aduanero resolvió declarar la prescripción de la acción, en los términos del art. 815 del CA.
V.1. El art. 815 del CA dispone “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción de los administrados para repetir los importes pagados indebidamente en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera”, en tanto que el art. 816 del CA establece que “la prescripción de la acción a que se refiere el artículo 815 comienza a correr el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera efectuado el pago del importe objeto de repetición”. En el caso, siendo que el despacho 04073IC04069391F fue oficializado el 02.07.04, la prescripción comenzó a correr el 01.01.05, por lo que habría operado el 01.01.10.
Aclarado ello, se observa que el reclamo de repetición fue efectuado por la actora el 30.12.09, y no el 15.01.10, como erróneamente sostiene la Aduana. Nótese que la carátula de las actuaciones expresa que la fecha de registración fue el 30.12.09 a las 10:05. Tal es así que la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo informó, a fs. 7 y 32 de las act. adm., que la fecha cierta de presentación corresponde la del 30.12.09. A mayor abundamiento, al tenerse por iniciado el procedimiento de impugnación se dejó constancia que la fecha de interés debe computarse desde el 30.12.09. Asimismo, debe aclararse que ninguna incidencia proyecta en el presente que al escrito presentado se le estampe un sello fechador posterior en los primeros días del año siguiente, ya que la colocación de tal sello contribuye a una actividad propia de los agentes administrativos, que de ninguna manera pueden menoscabar los derechos de quien presentó su escrito tempestivamente. Va de suyo que si la fecha de la carátula, en donde se indica como asunto la solicitud de devolución del DI 04073IC04069391F, es del 30.12.09, es porque tal día fue presentada la solicitud. Carece de toda lógica el argumento sostenido por el servicio aduanero de considerar que el escrito de devolución fue presentado recién el 15.01.10, ya que, de ser así, tal sería la fecha de la caratula, toda vez que su hecho generador es la presentación realizada por la actora.
En consecuencia, con el reclamo presentado el 30.12.09 la actora interrumpió la prescripción, conforme el art. 818 inc. a) del CA, por lo que corresponde revocar la resolución apelada.
V.2. Sentado lo que antecede, para una correcta solución del caso, corresponde expedirse sobre la solicitud de devolución de tributos indebidamente abonados en concepto de arancel externo común, considerando especialmente el tiempo transcurrido desde la oficialización de la destinación -2004- y que la cuestión debatida se encuentra resuelta por la jurisprudencia.
V.2.1. Con ello, corresponde señalar, en primer lugar, que en los términos del art. 18 del Tratado de Asunción, el 17.12.94, se aprobó el Protocolo de Ouro Preto, que contempla como órganos con capacidad decisoria al Consejo del Mercado Común (CMC), al Grupo Mercado Común (GMC) y la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), los que tienen “naturaleza intergubernamental” (art. 2° del Protocolo). El art. 42 del citado Protocolo sienta: “Las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el artículo 2 de este Protocolo tendrán carácter obligatorio y cuando sea necesario deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país”.
En cuanto a los órganos con capacidad decisoria, al no tratarse de órganos supraestatales, las normas que dictan no constituyen tampoco un derecho supraestatal que se imponga por sí mismo a las normas de los estados miembros del MERCOSUR. Las normas dictadas por los órganos con capacidad decisoria mencionada carecen, en principio, de aplicación directa, por lo que deben ser receptadas o incorporadas al orden jurídico de cada estado mediante el procedimiento que corresponda a la naturaleza de la norma de que se trate (Basaldúa, Ricardo Xavier., MERCOSUR y derecho de la integración, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 573).”
Por su parte, el art. 5 de la decisión CMC 23/00 prevé que las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR no necesitarán de medidas internas para su incorporación, en los términos del art. 42 del Protocolo de Ouro Preto, cuando: “a) los estados partes entiendan conjuntamente que el contenido de la norma trata asuntos relacionados al funcionamiento interno del MERCOSUR. Este entendimiento será explicitado en el texto de la norma con la siguiente frase: “Esta norma (Directiva, Resolución o Decisión) no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR”. Estas normas entrarán en vigencia a partir de su aprobación; “b) existe norma nacional que contemple en idénticos términos la norma MERCOSUR aprobada. En este caso la Coordinación Nacional realizará la notificación prevista en el Artículo 40 (i) en los términos del Artículo 2 de esta Decisión, indicando la norma nacional ya existente que incluya el contenido de la norma MERCOSUR en cuestión. Esta comunicación se realizará dentro del plazo previsto para la incorporación de la norma. La SAM comunicará este hecho a los demás Estados Partes” -según la modificación de la Dec. (CMC 20/02).”
Mediante la decisión CMC 15/97 (15/12/97), se aprobó transitoriamente a partir de 1998, el incremento general y uniforme del Arancel Externo Común en tres puntos porcentuales, autorizando a los estados parte a disponer la modalidad y extensión del incremento al momento de la incorporación de dicha decisión a los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales y disponiendo que su vigencia no podía extenderse más allá del 31.12.00. La referida decisión fue incorporada a la legislación interna de nuestro país por la resolución MEyOSP 12/98 (BO: 08.01.98), por la que se dispuso ajustar el DIE correspondiente a todo el universo arancelario de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, con algunas excepciones, elevándolo en un 3%, hasta el 31.12.99, y prorrogado hasta el 31.12.00 mediante la resolución ME 21/99 (BO: 30.12.99).
Luego, la decisión CMC 67/00 mantuvo, para el año 2001 -desde el 01.01.01 y por un período máximo de dos años-, el incremento transitorio previsto en la decisión CMC 15/97 y redujo la alícuota a 2,5% puntos porcentuales, exigiendo su incorporación a los ordenamientos jurídicos de los estados parte antes del 31.01.01.
Más tarde, por la decisión CMC 6/01 se redujo el incremento adicional transitorio del AEC en un 1 punto porcentual a partir del 01.01.02, por lo que quedó fijado en 1,5%, y se dispuso que los estados parte debían incorporarla antes del 31.12.01. En el ámbito interno, dicha decisión se incorporó con el dictado del decreto 690/02 (BO: 02.05.02), en su art.3. Asimismo, mediante su art. 1 se sustituyó el Anexo I del decreto 2275/94 (BO: 30.12.94), por las planillas que integran el Anexo I.
Posteriormente, la decisión CMC 21/02 (06.12.02) dispuso prorrogar el incremento fijado en 1,5% hasta el 31.12.03, estableciendo en el art. 2 que los estados parte que pretendan modificar los compromisos asumidos en la aplicación del art. 2 de la decisión CMC 6/01 deberán comunicar a los demás estados partes antes del 31.01.03 las modificaciones introducidas, las cuales serán implementadas 15 días después de la fecha de esa comunicación; y en el art. 4 que dicha norma debía ser incorporada a los ordenamientos jurídicos nacionales de cada estado parte antes del 31.01.03. De esta manera, la resolución MEP 603/03 (BO: 23.12.03) dispuso en el art. 2 mantener el incremento transitorio del art. 3 del Decreto 690/02 para las posiciones arancelarias de la NCM detalladas en su Anexo I. En sus considerandos expresamente indica “Que por la Decisión Nº 21 de fecha 6 de diciembre de 2002 del Consejo del Mercado Común se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2003 la vigencia del incremento temporario del Arancel Externo Común establecido por las Decisiones Nº 15 de fecha 15 de diciembre de 1997, Nº 67 de fecha 14 de diciembre de 2000 y Nº 6 de fecha 22 de junio de 2001 del Consejo del Mercado Común”.
V.2.2. Sentado lo que antecede, y considerando que la PA 2106.90.30.100X, objeto de la presente, no se encuentra incluida en el Anexo I de la referida resolución 603/03, cabe concluir que el incremento de 1,5% dispuesto por el art. 3 del decreto 690/02 fue dejado sin efecto para las posiciones arancelarias excluidas del citado anexo, por lo que tal incremento no se encontraba vigente a la fecha del registro de la destinación de importación motivo de los presentes autos, esto es, el 02.07.04.
Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al pedido de devolución de la suma de U$S1.187,88, con más los intereses del art. 811 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó la solicitud de devolución -30.12.09-, hasta la fecha del efectivo pago. Para su pago, la Aduana podrá hacer uso de la franquicia del art. 20, segundo párrafo de la ley 23.905 y cancelarlos al tipo de cambio oficial –vendedor- del día anterior al de su efectiva cancelación.
En conclusión, por los fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden, VOTO POR:
1. Revocar la resolución DE PRLA 2928/12, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 13289- 36328-2009.
2. Hacer lugar a la devolución de la suma de U$S1.187,88, con más los intereses de los arts. 811 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo, hasta la fecha del pago efectivo y total.
3. Imponer las costas a la Aduana.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que me remito a los Considerandos I a V.2.1 del voto del Dr. Soria.
II. Que, en cambio, disiento con lo expuesto en el Considerando V.2.2 en cuanto a la moneda en que debe devolverse lo abonado indebidamente por la actora.
Que siendo que la recurrente reclama la devolución de una suma de dinero en dólares estadounidenses, cabe señalar que, al respecto resulta de aplicación lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/DGA”, sentencia del 15/05/14, que en su Considerando 7° sostuvo que “…los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905. En consecuencia, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago…”
Que, asimismo, en el Considerando 8° el Alto Tribunal indicó que “…el art. 809 del Código Aduanero -que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente- establece expresamente que la Aduana “devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos”. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dólares”.
Que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las conclusiones de la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (art. 100 de la Constitución Nacional y art. 14 de la Ley N° 48), correspondiendo por razones de economía procesal y seguridad jurídica, aplicar al caso de autos el fallo citado precedentemente. Que a los fines de la devolución de lo abonado indebidamente, debe tenerse en cuenta que la suma que la recurrente solicita en devolución ha sido abonada por ella en pesos.
Que, en consecuencia, la devolución debe efectuarse en la misma moneda en que se efectuó el pago y, habiéndose realizado el mismo en moneda nacional, dicha moneda es la que corresponde a los efectos de la restitución de los importes percibidos indebidamente. Ello, con más los intereses del art. 811 del C.A. que se devenguen desde la fecha de presentación de la solicitud de repetición (30/12/09) hasta la fecha del total y efectivo pago.
III. Que con respecto a las costas, considero que resulta procedente la imposición de costas en el orden causado, en virtud de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocado, es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación (28/05/12), como así también, a la fecha de interposición del recurso ante este Tribunal (11/07/12).
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución N° 2928/12 (DE PRLA) dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA 13289-36328-2009, en cuanto ha sido materia de agravios -excepto en lo que a moneda de devolución refiere- y, en consecuencia, hacer lugar a la devolución de la suma abonada indebidamente, en pesos, con más los intereses devengados desde la fecha de solicitud de repetición (30/12/09) hasta la fecha del total y efectivo pago (conf. art. 811 del C.A.). Costas por su orden.
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución N° 2928/12 (DE PRLA) dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación SIGEA 13289-36328-2009, en cuanto ha sido materia de agravios -excepto en lo que a moneda de devolución refiere- y, en consecuencia, hacer lugar a la devolución de la suma abonada indebidamente, en pesos, con más los intereses devengados desde la fecha de solicitud de repetición (30/12/09) hasta la fecha del total y efectivo pago (conf. art. 811 del C.A.). Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2026.02.19 13:10:36 ART Date: 2026.02.23 13:35:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.23 21:23:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.23 21:24:13 -03:00
Fin de la sentencia