Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2025-18993980-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $5.471.448 (Pesos cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho) suma equivalente a 64,40 (sesenta y cuatro con 40/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $13.678.620 (Pesos trece millones seiscientos setenta y ocho mil seiscientos veinte) equivalente a 161,00 (ciento sesenta y uno con 00/100) UMA los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°3160/2025 (16/12/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular al perito contador José Luis Domper, la suma de $4.371.878 (Pesos cuatro millones trescientos setenta y un mil ochocientos setenta y ocho) equivalente a 51,46 (cincuenta y uno con 46/100) UMA, la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y las labores periciales realizadas, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°3160/2025 (16/12/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-13367138-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 6 de Febrero de 2026 S.A.U.;SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2025-18993980- -APN- SGAI#TFN, caratulado “BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA S.A.U s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante IF-2025-18993885-APN-DTD#JGM la actora interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 13 de enero de 2025 por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de ARCA-DGI mediante la cual se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2020 con más intereses resarcitorios e impuso una multa equivalente al 100% del monto del gravamen atribuido como evadido con sustento en lo dispuesto por el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o vigente). Relata que al liquidar el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2020 computó el 100% del ajuste de inflación no contemplando la aplicación diferida del ajuste en seis (6) partes prevista en el art. 194 de la Ley 27.541 de Impuesto a las Ganancias, por considerar que vulneraba los principios de no confiscatoriedad, de razonabilidad, de igualdad y de capacidad contributiva, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la norma antes citada y de toda otra norma que imposibilite la aplicación íntegra del mecanismo del ajuste por inflación.
Explica que la firma es subsidiaria argentina del Grupo Grundfos con sede en Dinamarca y que tiene como actividad principal la manufactura, ensamblaje, comercialización, compra, venta y distribución de todo tipo de bombas de agua, sus repuestos y accesorios, además de prestar servicios técnicos, de mantenimiento y consultoría de los productos que fabrica, importa y comercializa. Dice que como la empresa posee Activos Computables mayores al Pasivo Computable durante el ejercicio 2020, generó una pérdida por inflación que, de no ser reconocida en su totalidad, el gravamen se determinaría sobre una renta fictícia, resultando confiscatorio y lesivo de su capacidad contributiva. En tal sentido considera aplicable al caso la doctrina emanada de nuestro más Alto Tribunal al resolver las causas “Candy SA”, “Telefónica de Argentina SA” y “Carsa SA”, entre muchas otras que cita en apoyo de su posición.
Remarca que el Fisco Nacional no cuestiona la cuantía del ajuste por inflación, sino únicamente que no se computó solo el porcentaje que corresponde al ejercicio. Agrega que la tasa efectiva de imposición aplicando sólo un sexto del ajuste por inflación sobre el resultado impositivo aplicando el 100% del ajuste es del 144% y equivale al 308% de las utilidades contables del ejercicio, haciendo notar que el resultado contable del ejercicio expuesto en los Estados Contables no fue controvertido por ARCA.
Niega que el caso bajo análisis difiera del analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Candy SA” en tanto, aquí también se discute la aplicación de normativa que impide el reconocimiento pleno de los efectos de la inflación en el impuesto a las ganancias y la aplicación integral del ajuste por inflación, en tanto conduce a la determinación y exigencia de un gravamen que resulta confiscatorio por exceder todo parámetro de razonabilidad.
Plantea la improcedencia de la multa aplicada, en tanto no se configura el elemento objetivo requerido por el art. 45 de la ley de rito, indicando que ha sido la propia actora quien puso en conocimiento del Fisco el método empleado para el cálculo del ajuste por inflación y tampoco se da el elemento subjetivo en tanto la presentación de las declaraciones fue en forma espontánea y antes del inicio de la fiscalización e invoca que es aplicable al caso la figura del error excusable.
Ofrece prueba y por la abundante jurisprudencia que cita como así también por los argumentos que desarrolla, pide que se dicte sentencia revocando el acto apelado, con costas y hace reserva del caso federal. II – Que por IF-2025-46328631-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Expone que en la declaración jurada rectificativa N° 1 del impuesto y período de autos, los inspectores observaron que la firma imputó a resultados del ejercicio la totalidad del resultado negativo surgido de la aplicación del ajuste impositivo por inflación, cuando debió computar solo una sexta parte de dicho resultado y diferir el saldo restante para su cómputo en cuotas iguales en los cinco períodos fiscales siguientes, lo que motivó que se dictara la determinación de oficio apelada reliquidando el tributo acotando la deducción computable a la sexta parte del importe total calculado por la firma, conforme con lo establecido en el art. 194 de la Ley del impuesto a las ganancias -texto según artículo 27 de la Ley 27.541-. Niega que se de en el caso las circunstancias fácticas que permitan aplicar los parámetros establecidos por el fallo de la CSJN en la causa “Candy”, alegando que la normativa aplicable al presente caso fue incorporada a la ley del tributo a partir del texto ordenado en 2019, por lo que no fue parte del análisis en el precedente citado por ser anterior a las modificaciones introducidas a la ley del tributo mediante las Leyes Nº 27.430, 27.468 y 27.541. Asimismo, señala que este Tribunal tiene vedado declarar la inconstitucionalidad de una norma de acuerdo con lo fijado por el art. 185 de la ley de rito fiscal. En tal sentido sostiene que no hay en autos la demostración concreta de la confiscatoriedad alegada por la contraria, ni que viera afectada la capacidad contributiva, argumentando que sólo se ofreció prueba conjetural y que lleva a conclusiones infundadas.
En cuanto a la multa aplicada señala que la conducta del recurrente encuadra en lo establecido en el art. 45 de la ley de procedimiento tributario haciendo notar que se encuentran comprobados los aspectos tanto objetivos como subjetivos por cuanto la contribuyente presentó declaraciones inexactas omitiendo el pago del impuesto en su justa medida, indicando que no se configura el supuesto error excusable.
Se opone a la prueba ofrecida por la contraria y por las razones de hecho y de derecho que expone, pide que se rechace el recurso intentado y, oportunamente, dicte sentencia confirmando la resolución recurrida, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que mediante la PV-2025-55997256-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba, admitiéndose la pericial contable ofrecido por la actora y por PV-2025-123013198-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio y se eleva la presente causa a conocimiento de la Sala “D” y por IF-2025-123479908-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para alegar, obrando las presentaciones efectuadas por las partes a tal fin por IF-2025-129064170-APN- DTD#JGM e IF-2025-129145177-APN-DTD#JGM.
Finalmente, por IF-2026-12560818-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV – Que a los fines de resolver la cuestión en debate resulta pertinente efectuar el análisis de la normativa aplicable al caso teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al texto de la ley del gravamen en lo que hace al método del ajuste por inflación y los términos en que ha sido planteada la litis.
Que en un primer momento el art. 39 de la ley 24.073 disponía que: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus modificaciones), y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1° de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 23.415 y sus modificaciones). El Poder Ejecutivo Nacional en oportunidad de proceder al ordenamiento de las citadas disposiciones deberá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo establecido en el párrafo anterior”. Que dicha norma no suspende ni deroga el mecanismo de ajuste por inflación establecido en la ley del impuesto a las ganancias, si no que torna neutro el ajuste, porque a partir de la fecha allí dispuesta (1/4/92) la relación inicial de la variación de precios será siempre uno (1).
Con posterioridad, a partir del dictado de la ley ley 27.430 (BO: 29/12/2017) se modifica el artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias el que estableció que, para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, el ajuste por inflación resultaría aplicable cuando la inflación acumulada supere el 100% en tres ejercicios, debiendo superar el 33,33% ( 1/3) y 66,66% (2/6) para los ejercicios primero y segundo iniciados a partir de la citada reforma, respectivamente, y para el cálculo del ajuste debería usarse el índice de precios internos al por mayor (conf. modificación introducida al art. 89 de la ley del gravamen por la ley 27430). A su vez, con la sanción de la ley 27.468 (B.O. 4/12/2018) se sustituye el último párrafo del art. 95 citado, fijando, ese procedimiento será aplicable en caso de que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y un quince por ciento (15%) para el primero, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente”, reemplazando además, la aplicación del índice de precios internos al por mayor -IPIM- por el índice de precios al consumidor, nivel general -IPC-, e incorpora como segundo artículo sin número a continuación del artículo 118 de la ley del impuesto que: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primero, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2018 que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 95, deberá imputarse un tercio (1/3) en ese período fiscal y los dos tercios (2/3) restantes, en partes iguales, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos siguientes”.
Por otro lado, a partir del dictado del Decreto Nº 824/2019 se aprobó un nuevo texto ordenado de la Ley de Ganancias y en tal sentido corresponde referirse a las normas a aplicar al caso.
Que el artículo 105 del mencionado texto ordenado establece que “...los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53, a los fines de determinar la ganancias neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se obtenga por la aplicación de las normas de los artículos siguientes”.
Por su parte el artículo 106 establece el procedimiento a seguir a los efectos de practicar el ajuste por inflación al que se refiere el artículo anterior, disponiendo en lo que en este caso interesa, en sus dos últimos párrafos lo siguiente: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 93, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al cien por ciento (100 %)”.
“Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55 %), un treinta por ciento (30 %) y en un quince por ciento (15 %) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente.”
Por otra parte, el artículo 194 (según el texto establecido por la Ley 27.541) establece: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”.
Asimismo, el artículo 93 dispone que: “Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 24.073. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y en los artículos 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, conforme las tablas que a esos fines elabore la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
Que el ajuste por inflación “...se trata de un mecanismo previsto en la ley de impuesto a las ganancias que tiene por finalidad corregir el impacto distorsivo que el fenómeno inflacionario produce en el resultado impositivo. Permite que el tributo recaiga sobre la expresión real de la materia imponible al depurarlo de los efectos distorsivos de la inflación...” (Tozzini, Gabriela I. - Corti, Arístides Horacio, “La ley de presupuesto 2006 y el ajuste impositivo por inflación ¿una cuestión superada?”, publicado en Sup. Act. 16/5/2006, 1 -IMP 2006- 8,1073).
VI. De manera preliminar, cabe recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Según surge de las actuaciones la sociedad anónima declara ante el ente fiscal como actividad principal la confección de prendas de vestir NCP excepto prendas de piel, cuero y de punto, cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Que en ocasión de aplicar el ajuste por inflación en relación al impuesto a tributar la firma recurrente computó el 100% del ajuste (aplicación integral), sin utilizar el mecanismo impuesto en la ley 20.628 (Decreto 824/2019) en cuanto dispone el diferimiento en sextos en relación al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019, esto es que el resultado, positivo o negativo según el caso, debería imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes, alegando que su proceder se funda en que de haber seguido el procedimiento fijado, esto es aplicar el ajuste por inflación de manera diferida habría derivado en una carga tributaria con una alícuota efectiva excesiva. Por su parte el Fisco objeta que haya aplicado en dicho período la totalidad del ajuste por inflación (pérdida) por la suma de $ 239.109.185,47, cuando debió imputarse un quebranto de $ 39.851.530,91 reservando los restantes $ 199.257.654,56 para ser distribuidos en partes iguales en los siguientes cinco ejercicios.
Previo a todo considero pertinente señalar que “...independientemente de la limitación prevista en el artículo 185 de la ley 11683, debe concluirse que no puede sustraerse al conocimiento del Tribunal Fiscal una cuestión como la examinada, vinculada a principios rectores del ordenamiento tributario, directamente entroncados con expresas e implícitas garantías constitucionales, tales como la ausencia de capacidad contributiva y la confiscatoriedad alegada por el recurrente. Sostener lo contrario implicaría admitir que le está vedado a este Tribunal jurisdiccional de específica competencia en la materia, examinar e indagar en conflictos de suma gravedad y que ostentan reconocimiento jurisprudencial por todo el espectro de nuestros Tribunales, entre los que se cuentan la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia” ("Gipsy Traslados Marinos SRL s/apelación”, Sala “B”, sentencia de fecha 24 de mayo de 2005, confirmada por la Alzada). |Que, en el presente caso la recurrente centra sus agravios en que de no poder computarse íntegramente el ajuste por inflación para el período bajo análisis, de tomarse sólo un sexto la alícuota efectiva representaría el 308% del resultado contable ajustado y en el caso de imputarse el 100% sería del 144% del resultado impositivo. Para ello, sustenta su postura en el informe pericial contable por ella propuesto -y ordenada su producción ante esta instancia jurisdiccional- y en el criterio fijado por nuestro más Alto Tribunal en el fallo “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo”, sentencia del 3/7/2009.
Al respecto, se ha señalado que para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (cfr. Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre otros) y en todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”conforme se expusiera en el fallo “Candy SA” .
Que en dicho precedente la Corte se expide sobre la posibilidad de aplicar el ajuste por inflación, señalando que para que exista confiscatoriedad debe producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital, siendo su límite relativo ya que puede variar en el futuro y aun en un mismo tiempo. Asi, remarca que en el caso concreto, de la comparación entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste, surge que de no recurrirse al mecanismo de ajuste cuya aplicación se discute en la causa, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35%, sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades contables ajustadas. Estos porcentajes exceden los límites razonables de imposición.
También se hace hincapié en que “..., si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
En función de ello, la Corte consideró que la inaplicabilidad del mecanismo de ajuste por inflación impositivo no es procedente, en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por la compañía, excediendo cualquier límite razonable de imposición, configurándose así el supuesto de confiscatoriedad.
Que el presente caso, a diferencia del que motivó el dictado del precedente antes referido, para la determinación del período 2020 discutido en autos, la ley del gravamen que resulta aplicable prevé la utilización del mecanismo de ajuste por inflación, sujeto a determinadas condiciones y con los alcances allí fijados.
Que, en lo relativo a la diferente situación económica, social y política que caracterizó al año 2002 -que dió lugar a una angustiante crisis vivida en nuestro país- y al ejercicio bajo examen, se trata de un argumento que no puede admitirse dado que, las diferentes realidades que pudiera signar a los distintos períodos a los fines de establecer si en el caso particular el impuesto determinado es confiscatorio, ha de estarse a los valores que arroje su liquidación en el caso individual.
Ello así, para dirimir la cuestión planteada, considero que debe decidirse si los parámetros fijados por la Corte Suprema en el “Candy” ya dictado, es aplicable en autos teniendo en cuenta el marco legal actual. A tal fin corresponde analizar la prueba documental y la pericial contable producida.
Cabe destacar que del cotejo de las declaraciones juradas confeccionadas por la firma (original y rectificativa) surge que se computa el 100% del ajuste por inflación, lo que es receptado en los Estados Contables del período bajo trato, donde en sus notas bajo el título “ajuste por inflación impositivo ejercicios 2019 y 2020” y luego de hacer un raconto de las modificaciones introducidas por la ley del impuesto a las ganancias, se expone que procederían a imputar el 100% del ajuste por inflación en lugar de un sexto por considerar que seguir lo dispuesto por la normativa vigente resultaría confiscatorio, pero sin dar mayores precisiones.
Que en la certificación contable que luce incorporada como RE-2025-18774585-APN-SGAI#TFN, se expresa que la tasa efectiva del impuesto a las ganancias computando 1/6 del ajuste impositivo por inflación: a) sobre el resultado impositivo ajustado por inflación es del 143,82% y b) sobre el resultado contable del ejercicio es del 307,81%.
Por su parte, en el informe pericial contable agregado mediante IF-2025-115892176-APNDTD#JGM, los expertos dicen que el resultado contable que surge del balance del ejercicio cerrado el 31/12/2020 es una ganancia de $ 24.538.885; al referirse al resultado impositivo pero considerando el 100% del ajuste impositivo por inflación previsto en los incicos a) a e) del art. 106 de la ley del gravamen, el perito de la actora dice que es de $ 52.520.086,33, mientras que el perito del Fisco aclara que solo responde al solo efecto del cálculo aritmético, pero hace constar que no corresponde imputar a resultados del ejercicio la totalidad del resultado negativo surgido de la aplicación del ajuste impositivo por inflación, por cuanto solo procede el cómputo de una sexta parte de dicho resultado y diferir el saldo restante, en cuotas iguales, en los cinco períodos fiscales siguientes de conformidad con lo previsto por el art. 194 de la ley del impuesto -texto según art. 37 de la ley 27.541-. Asimismo, al responder sobre el resultado impositivo en el impuesto pero considerando un sexto del ajuste por inflación, ambos expertos responde que es una ganancia de $ 251.777.740,89 (puntos 1 a 3).
Que al responder acerca del impuesto que correspondería abonar de considerar el cómputo del 100% del ajuste por inflación, el perito de la actora dice que ascendería a $ 15.756.025,90, en tanto el perito del Fisco reitera que no procede su cómputo total sino solo un sexto, y en ese caso -aplicando solo 1/6- ambos peritos dice que el monto sería de $ 75.533.322,27 (puntos 4 y 5).
Que preguntados: a) sobre la incidencia porcentual del impuesto determinado considerando un sexto del ajuste por inflación, respecto del resultado contable del ejercicio expresado a moneda homogénea, el perito de la actora expone que es del 307,81% ( 75.533.322,27 / 24.538.885); por su lado el perito del Fisco sostiene que solo es del 30% (75.533.322,27 / 251.777.740,89) y b) la indencia porcentual el impuesto considerando el 100% del ajuste, considerando el resultado impositivo de aplicar un sexto del ajuste por inflación, el perito del recurrente expresa que es del 143,82% ( 75.533.322,27 / 52.520.086,33), en tanto el perito del Fisco reitera que es del 30% ( 75.533.322,27 / 251.777.740,89) en tanto aplica el impuesto determinado computando 1/6 del ajuste sobre el resultado impositivo computando también 1/6 (puntos 6 y 7).
Al responder los punto 8 y 9 de la pericia, el perito de la actora dice que la diferencia entre los resultados expuestos en los puntos 6 y 7 es del 379% y el perito del Fisco remarca que es del 30%. Que tambien informan sobre el valor nominal y actualizado de los 5/6 del ajuste por inflación no computables en el ejercicio 2020 y el impacto y cómputo hipotético en los ejercicio posteriores al 2020 cerrados con anterioridad a la pericia, y se pide que informen sobre la inflación acumulada desde enero de 2018 a diciembre de 2020 conforme los índices IPIM e IPC, puntos que son respondidos por ambos peritos, en tanto el designado por el ente fiscal aclara que responde los puntos al solo efecto de un cálculo aritmético, siendo cómputos hipótéticos y que no se discuten en autos los períodos 2018 y 2019 (puntos 9 y 10).
Que, cabe señalar que el Fisco no cuestiona que debe aplicarse el mecanismo del ajuste por inflación para determinar el tributo, pero objeta que se compute el 100% del mismo cuando la normativa vigente establece que debe tomarse solo un sexto para el período 2020 difiriendo los cinco sextos restantes.
Ello así, los cálculos realizados en la pericia sobre el resultado contable histórico nada agrega al caso, como tampoco el cálculo del porcentual de incidencia tomando el impuesto determinado aplicando 1/6 del ajuste con el resultado impositivo tomando el 100% del ajuste. Que dicho esto, de acuerdo con la normativa reseñada y lo indicado en el informe pericial, no se evidencia que se dé la confiscatoriedad alegada por la actora y que resulte adecuado el cómputo del 100% del ajuste por inflación en un sólo período fiscal como pretende la firma. En tal sentido al computarse sólo un sexto del ajuste por inflación como establece la normativa vigente, el porcentaje que ello representa en el impuesto determinado, como lo expone el perito del ente fiscal en la pericia reseñada, no demuestra que el tributo a ingresar exceda los límites razonables de imposición.
A tenor de lo expuesto, corresponde confirmar el criterio plasmado por el ente fiscal en el acto apelado.
VII. Que sobre los intereses resarcitorios intimados, cabe recordar que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses . Tal consideración, basada en la literalidad de la norma -art. 37 de la ley de rito- permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005). Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
VIII. Que resta pronunciarse sobre la multa impuesta a la recurrente graduada en el 100% del tributo determinado, con sustento en el art. 45 de la ley de rito.
Que el art. 45 de la Ley N° 11.683 (texto según ley 27.430) dispone que: “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren:…a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas….”. Además, se establece que cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir.
Que las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción (doctrina de Fallos 271:297; 303:1548; 322:519), y el artículo 45 de la ley N.º 11.683 no exige una intención dolosa, sino que para que se configure la conducta allí contemplada resulta suficiente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A. c/ DGI", Sala II,del 28/06/2007; "La Rueca Porteña SA c/ AFIP – DGI", Sala IV, del 27/10/1998).
Que ello así y de acuerdo con las circunstancias expresamente analizadas, cabe confirmar la sanción impuesta, en tanto se encuentra debidamente justificado tanto el encuadre en el tipo penal como la graduación aplicada, no habiendo elementos que justifiquen su eximición.
IX. Que ello así, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, debiendo imponerse las costas a la parte vencida.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
El Dr. Martín dijo:
I. Adhiero a los relatos de la Vocal Instructora realizados en su voto.
II. Que en autos se encuentra involucrado el período fiscal 2020 con cierre de ejercicio el 31 de diciembre, por lo que debe recordarse que se trata del tercer ejercicio finalizado con posterioridad a la vigencia de la Ley 27.430 y modificaciones. Al respecto para resolver la aplicación efectiva y plena del AxI corresponde en primer lugar verificar si el umbral del 15% fue superado o no. Analizado el IPC para dicho lapso, el mismo indica un incremento levemente superior al 36%. Por ende, se cumple la condición para aplicar el mecanismo de AxI contemplado en la Ley de Impuesto a las Ganancias con la restricción fijada en términos de imputación, ya que el resultado que arroje dicho instrumento deberá ser computado en sextos durante seis ejercicios fiscales y no en su totalidad como hace la aquí recurrente, ya que dicho accionar es contrario a la normativa.
Esta conclusión permite desestimar in límine su asociación con el fallo Candy, ya que en aquel caso se desprendía una definición binaria, aplicación o no del ajuste, mientras que en el presente caso la utilización del régimen y el reconocimiento del resultado que arroje el procedimiento, están autorizados en su totalidad, existiendo únicamente una virtual afectación respecto del criterio general de devengamiento en lo que refiere a los períodos a que deben imputarse.
Que no puede pasarse por alto, que la actora reconoce que la normativa vigente y aplicable al caso implica la no aplicación de la totalidad del ajuste por inflación al período fiscal en trato, sin embargo invoca el precedente jurisprudencial “Candy S.A.”, en el que al analizar la aplicación o no del ajuste por inflación impositivo, se contempló un período fiscal en el cual la legislación entonces vigente era distinta a las normas aplicables para la liquidación del tributo en el período fiscal 2020; por lo que su consideración lisa y llana no es procedente, cuando ahora a los fines de remediar una posible situación de confiscatoriedad, la LIG habilita la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación con las condiciones y en la medida en que la propia ley dispone. Si bien no es aplicable el antecedente citado, a los efectos de evaluar la existencia de una eventual confiscatoriedad, solo resultaría viable comparar conceptos homogéneos y ello solo es posible analizando el 100% que arrojó el ítem ajuste por inflación coincidente con el efectivo cómputo en seis ejercicios, contra los resultados obtenidos en idéntico bloque. Ello sólo será posible cuando se obtengan los seis resultados anuales, que cabe adelantar no deberían arrojar diferencias nominales, basadas en esta razón (atento que el total es reconocido por el legislador).
Ahora bien, distinta podría ser la conclusión respecto del diferimiento de los sextos por la falta de un reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Dicha pérdida “real” sólo será factible ser analizada en cada uno de los ejercicios donde se computen los sextos restantes y el monto nominal que se reconozca se hubiere deteriorado en tal magnitud que pudiere implicar una confiscatoriedad. Será una cuestión que deberá evaluarse ejercicio por ejercicio en oportunidad del citado cómputo, pues es allí donde podría consolidarse la pérdida por inflación.
De esta manera, resultaría sesgado y parcial un análisis que contemplara, a los fines de evaluar la figura de la confiscatoriedad, la comparación en el período fiscal 2020 del AxI total (posición de la empresa) vs AxI sexto (texto legal), ya que los otros 5 sextos están reconocidos por vía del diferimiento, siendo computables en los ejercicios siguientes. Lo expuesto se diferencia radicalmente de la problemática existente hasta la sanción de la ley 27.430 donde la Litis era la aplicación o no del AxI. Sobre esta base, y en un plano teórico de análisis de una eventual confiscatoriedad, cabría analizar y comparar los 6 años en conjunto, de lo que podría devenir únicamente un impacto financiero sobre el que pudiera recaer la tilde de violación del citado principio constitucional. En síntesis, no se trata en el presente caso de una inaplicabilidad definitiva (Caso Candy) sino de una aplicación condicionada o si se quiere una inaplicabilidad reversible, cuestión que obliga a contemplar datos plurianuales, que aquí no se han observado ni puestos a disposición.
En base a lo descripto y analizado, entiendo que se impone rechazar el recurso planteado y confirmar la resolución apelada, con costas.
Del resultado de la votación que antecede; SE RESUELVE:
1. Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $5.471.448 (Pesos cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho) suma equivalente a 64,40 (sesenta y cuatro con 40/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $13.678.620 (Pesos trece millones seiscientos setenta y ocho mil seiscientos veinte) equivalente a 161,00 (ciento sesenta y uno con 00/100) UMA los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°3160/2025 (16/12/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular al perito contador José Luis Domper, la suma de $4.371.878 (Pesos cuatro millones trescientos setenta y un mil ochocientos setenta y ocho) equivalente a 51,46 (cincuenta y uno con 46/100) UMA, la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y las labores periciales realizadas, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°3160/2025 (16/12/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.02.04 14:40:14 -03:00 Date: 2026.02.05 16:33:00 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.06 09:53:53 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.06 09:53:54 -03:00
Fin de la sentencia