Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 1238.-
2Rechazando el recurso de apelación interpuesto por Liderar Compañía General de Seguros S.A. a fs. 1239.-
3Modificando el punto 3) de la sentencia apelada y condenando a los demandados -Sres. Martín Lamas y Liderar Compañía General de Seguros S.A.- a abonar al Sr. Maximiliano Andrés Bonasso la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Ochenta Centavos ($2.652.564,80) con más los intereses allí determinados y confirmando la sentencia en lo restante que ha sido materia de agravios.-
4Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 1265 y vta., adecuando la regulación de honorarios de primera instancia, determinando que por la labor desarrollada en esa etapa corresponde a las Dras. Viviana Raquel Bender y Luisa Rosana Ordoñez, en forma conjunta, la suma de Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Sesenta y Tres centavos ($1.591.755,63) y a la Dra. René Fernández, por su actuación en la primera etapa del proceso, la suma de Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Novecientos Treinta y Ocho con Noventa Centavos ($397.938,90), en todos los casos, con más el I.V.A. si correspondiere y confirmando la regulación de honorarios de los letrados de las codemandadas perdidosas.-
5Imponiendo las costas de esta instancia a la parte demanda vencida.- …
TOMO CII - SENTENCIA REGISTRO N° 3454 FOLIO N° 176/189 PROT. ELECT. A10109S.221
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veintidós se reúne la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por los señor Juez Dr. Diego Lerena con la Presidencia del Dr. Carlos E. Arenillas, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Bonasso Maximiliano Andres c/Lamas Martin s/ordinario (daños y perjuicios)", Expte. Nº 12.742/09 (17.982/19), venidos del Juzgado de Primera Instancia Número Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada a fs. 1237, por la parte actora a fs. 1238 y por la tercera citada en garantía a fs. 1239, contra la sentencia de fs. 1215/1231 vta, y su aclaratoria de fs. 1241 y vta. Asimismo viene a tratamiento el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 1265 y por la tercera citada a fs. 1280, contra la regulación de honorarios de fs. 1262/1264. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Diego Lerena, 2º) Dr. Carlos E. Arenillas y las siguientes cuestiones a tratar: Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?, Segunda cuestión: ¿Son justos los honorarios regulados en la instancia anterior?, Tercera cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el Dr. Lerena dijo:
I. Viene apelada por las partes y por la citada en garantía la sentencia dictada a fs. 1215/1231 vta. en la que se dispuso hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Maximiliano Andrés Bonasso contra Martín Lamas y Liderar Compañía General de Seguros S.A. -con los alcances del art. 118 de la ley Nº 17.418- condenándolos a abonar la suma de $1.849.704 con más sus intereses.-
A fs. 159/166 el Sr. Maximiliano Andrés Bonasso dedujo formal demanda de daños y perjuicios contra el Sr. Martín Lamas, por la suma de $1.513.584,96 o lo que más o menos resultare de la prueba a producirse, con más sus intereses.-
Fundó su petición en el siniestro acaecido el 5 de abril de 2007, en la intersección de las calles Libertad y Bernardino Rivadavia, entre la motocicleta Honda XR por él conducida y el rodado marca Volkswagen Polo Dominio BIN 301 conducido por el demandado, a quien sindica como embistente.-
Relató que producto del accidente sufrió traumatismos múltiples y que recobró la conciencia diez días después, en el Hospital Regional, donde debió permanecer por cinco días más, luego de lo cual fue derivado a un centro de mayor complejidad.-
Dijo que volvió a la ciudad el 9/6/07 y que continuó su tratamiento en el hospital local pero que el 6/9/07 debió ser derivado nuevamente. Relató que fue operado el 25/10/07 a fin de extraer el tutor colocado en su brazo pero que al intentar reconectar los nervios del cuello, los médicos detectaron que aquellos se habían desprendido desde su raíz y que estaban alojados debajo de la clavícula, lo que -según determinaron- era irreversible.- Solicitó la citación en garantía de Liderar Compañía de Seguros S.A. y cuantificó la reparación pretendida en concepto de incapacidad sobreviniente, daño psicológico, daño estético, daño moral, gastos médicos, de farmacia, traslado y varios.-
A fs. 182/186 contestó demanda el Sr. Martín Lamas y brindó su versión de los hechos, reconociendo el siniestro aunque atribuyendo culpa al actor.-
A fs. 214/218 compareció la aseguradora, opuso excepción de transacción y, subsidiariamente, planteó la exclusión de cobertura financiera por falta de pago de la prima por el asegurado.-
A fs. 237 y vta. el demandado solicitó citación a R.A. Casas Seguros Generales, quien se presentó a fs. 296/309 y se opuso a la citación.-
A fs. 461/462 vta. la parte actora denunció hecho nuevo y manifestó que, como consecuencia de las incapacitantes lesiones sufridas a raíz del siniestro, debió acogerse al beneficio jubilatorio por invalidez a la edad de 40 años.-
Luego, invocó y cuantificó doble perjuicio: a) por la diferencia entre el salario que le hubiera correspondido percibir desde los 40 hasta los 54 años -edad jubilatoria ordinaria- y el que efectivamente percibirá con carácter jubilatorio en ese período; b) por la diferencia entre el porcentaje jubilatorio que le corresponde por la invalidez -74%- y el que le hubiera correspondido de jubilarse ordinariamente -82%- hasta los 80 años.-
A fs. 1215/1231 vta. el Sr. Juez a quo dictó la sentencia de autos, subsumiendo los hechos al régimen de responsabilidad objetiva prevista en el art. 1113 del Código Civil. En ese sentido, tuvo por acreditada la titularidad registral y la guarda material del automotor involucrado en el evento dañoso en el Sr. Lamas y señaló que, aún cuando aquel pretendió eximirse atribuyéndole culpa a la víctima, no logró probarla.- Ponderó el informe pericial accidentológico y determinó que la negligencia del conductor del vehículo embistente había sido acreditada en forma clara y contundente, en tanto el Sr. Lamas, conduciendo con exceso de velocidad, había violado la señal de tránsito que le indicaba el cartel de PARE, en la esquina de la calle Rivadavia.-
Por otra parte, rechazó la excepción de transacción opuesta por la Aseguradora y también la falta de cobertura alegada en subsidio. Esta última decisión, en mérito a la prueba incorporada a fs. 237 y vta. por medio de la cual el accionado acreditó el pago de la prima al intermediario -Sr. Casas-; la carta documento obrante a fs. 226 en que éste último reconocía la vigencia de la póliza y los comprobantes de pago anejados a fs. 229/231. Asimismo, tuvo en consideración el silencio de Liderar respecto de la función y vínculo que la unía con la productora de seguros y con el Sr. Casas, ponderando negativamente la conducta procesal de la citada y el hecho concreto de haber dejado fenecer la prueba pericial por ella ofrecida.- Analizó cada uno de los rubros indemnizatorios pretendidos y su incremento, en virtud del hecho nuevo denunciado. Así, entendió que a fin de calcular la indemnización por incapacidad sobreviniente resultaba adecuada la fórmula “Vuoto”, aunque destacó que aquella no contemplaba aspectos como la pérdida de chance y otros -también patrimoniales- relacionados con la afectación de la vida social, todo lo cual exigía potenciar el resultado de la operación aritmética.- Con fundamento en lo expuesto determinó que las variables de la ecuación serían: a) la diferencia entre el salario que le hubiera correspondido percibir al actor, de continuar prestando funciones en la categoría laboral detentada al momento del siniestro, y el haber jubilatorio que efectivamente percibe, tomando como base la remuneración al mes de febrero de 2016 por ser la más actualizada (v. registro pericial de fs. 818/819 vta.), b) una tasa de descuento del 6% anual y c) una expectativa de vida de 75 años.- Seguidamente, estimó prudente fijar una suma adicional a fin de cubrir las diferencias que dejó de percibir el Sr. Bonasso a partir de su jubilación -octubre de 2013- y hasta el período tomado como base para la operación anterior -febrero de 2016-.-
A su vez, entendió que estas sumas debían ser incrementadas en un 30% para atender las expectativas relacionadas con la pérdida de chance y demás aspectos económicos no relativos a la productividad laboral.-
Este rubro quedó establecido en la suma de $1.584.704 y, para el cálculo de los intereses, se fijaron dos tasas diferenciadas, a saber: un interés conforme tasa pasiva de uso judicial desde el 5 de abril de 2007 (fecha del evento dañoso) y hasta el 1 de febrero de 2016 y, a partir de ahí y hasta su efectivo pago, un interés a tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento (v. fs. 1230 vta).- Por su parte, admitió la totalidad de las sumas reclamadas en concepto de daño moral, daño estético y daño psicológico, aunque redujo a un tercio la cantidad estimada para gastos médicos, de farmacia, traslado y varios, fijando para todos los rubros la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento desde la fecha del evento dañoso y hasta su efectivo pago.- Finalmente, excluyó de la condena al Sr. Rodolfo Alberto Casas por no haber sido demandado e impuso las costas a los perdidosos.-
El Sr. Martín Lamas apeló la sentencia a fs. 1237 y fue notificado de la colocación de autos en Secretaría para expresar agravios a fs. 1348 y vta.-
Sin embargo, según se desprende de la certificación obrante a fs. 1367, el recurrente omitió hacer valer sus derechos en tiempo oportuno, por lo que corresponde se declare la deserción del mentado recurso, conforme lo estipulan los artículos 258 y 265 del C.P.C. y C.-
No sucede lo mismo con los recursos formulados por la actora y la citada en garantía, quienes expresaron agravios a fs. 1356/1366 vta. y 1353/1355, respectivamente.-
IV.a).- Agravios de la parte actora:
El Sr. Bonasso se agravia de la suma fijada en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente y sostiene que el uso de la fórmula “Vuoto” es erróneo, improcedente e inapropiado. Dice que la suma así determinada es arbitraria y que no se correlaciona con el principio de reparación integral o plena del daño y que ello no se subsana con la adición del 30%.- Argumenta que la fórmula fue diseñada para ser empleada con variables puras y no con diferencias, razón por la cual debió tomarse como base el salario para la categoría 24 en febrero de 2016 y, sobre aquel, aplicar el porcentaje de incapacidad sobreviniente, considerando la edad de la víctima al momento del siniestro, más la tasa y la expectativa de vida de 75 años.- En relación a este punto, también cuestiona la tasa de interés diferenciada y entiende que debe aplicarse la tasa activa desde que cada período fue devengado.-
En segundo lugar, el recurrente critica el monto asignado al daño moral pues afirma que el perjuicio efectivamente experimentado supera ampliamente la cuantificación realizada al interponer la demanda, momento en que además habría solicitado esa suma “…o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse...” y que fue reiterada al momento de alegar. (v. fs. 1361).- En tercer y cuarto término, con idéntico fundamento, cuestiona que el a quo haya limitado el monto del daño estético y de daño psicológico a los valores solicitados en la demanda.-
Finalmente, dícese agraviado por la reducción del monto reclamado en concepto de gastos médicos, farmacia, traslados y varios, pues entiende que dada la gravedad de las lesiones y secuelas padecidas, el gasto debió presumirse, así como también la circunstancia que la cobertura de obra social no alcanza a solventarlos en su totalidad y que no corresponde le sea exigido llevar un bibliorato de facturas.- IV.b).- Agravios de Liderar Compañía General de Seguros S.A.-
La citada en garantía se agravia, pues entiende que el a quo ha acordado al Sr. Casas el carácter de Agente Institorio a partir de una valoración indiciaria y que ello lo llevó a deducir que la póliza se encontraba vigente.-
Dice que la pretensión del actor encaminada a cobrar la jubilación por invalidez y, a su vez, el lucro cesante futuro con base en el salario completo importaría un doble enriquecimiento.-
Entiende que la adición del 30% destinado a cubrir las expectativas relacionadas con la pérdida de chance y afectación de otros aspectos económicos no relativos a la productividad laboral no se encuentra fundada en petición expresa de la actora.-
En último orden, cuestiona la utilización de la fórmula “Vuoto” y dice que su aplicación no libera al juez de justificar la valoración de cada rubro y peticiona el reemplazo de la tasa de descuento del 6% al 4%.-
De modo preliminar, cabe recordar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones, ni a refutar cada una de ellas, pues posee amplias libertades para ordenar el estudio de los hechos controvertidos, asignándole mérito a las que realmente lo tengan y que sean decisivas para fundar la sentencia, pudiendo prescindir -en consecuencia- de aquellas articulaciones que no contribuyan a la justa solución de la litis.- Asimismo, se impone aclarar que, si bien la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho dañoso, en este caso, el Código Civil en su redacción anterior, lo cierto es que las consecuencias no consumadas al momento de la entrada en vigencia del nuevo texto, se encuentran -a los fines de su graduación- por él alcanzadas, siendo esta la situación de los daños cuya reparación aquí se reclama.- V.a).- Incapacidad sobreviniente.-
Atento que el emprendimiento recursivo del Sr. Bonasso incluye diversos puntos de la sentencia, abordaré en primer lugar los agravios referidos a la indemnización por incapacidad sobreviniente y al procedimiento utilizado para su cálculo, a fin de determinar si -en definitiva- la suma reconocida en la anterior instancia respeta el principio de reparación plena incorporado en el art. 1740 del C.C. y C.N.- Este análisis servirá también para evacuar las impugnaciones formuladas por la citada en garantía vinculadas con la valoración del hecho nuevo, el porcentaje fijado para reparar la pérdida de chance y la tasa de descuento utilizada por el a quo.-
Al respecto, preciso es recordar que la indemnización por incapacidad sobreviniente está destinada a reparar la disminución en la aptitud productiva de la víctima y también en su capacidad vital, ambos detrimentos originados como consecuencia del evento dañoso. En efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 1746 prescribe: “En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades...”.- La norma establece así una pauta de referencia que, sin dudas, favorece a la mayor claridad del sistema de reparación civil y permite cumplir, a quienes ejercemos la judicatura, con la carga de proveer una decisión fundada.-
En este sentido, esta Cámara de Apelaciones ha indicado que: “…no puede prescindirse de la aplicación de la fórmula matemática sin incurrir en arbitrariedad, teniendo en cuenta que es resultado de un mandato donde el legislador optó claramente por un sistema concreto.” (cfr. autos caratulados “Avilez Nancy Esther y otro c/Estado Provincial s/daños y perjuicios”, Expte. Nº 10.372/03 (14.989/14), Sentecia registrada al Tº LXXXVIII - Rº 3173).- Correlativamente, y con ese norte, desde este Tribunal se ha propiciado la utilización de la “fórmula de valor presente (VP) de una serie de ingresos futuros variables” diseñada por Acciarri (cfr. Acciarri, Hugo Alberto, “Elementos de análisis económico del derecho de daños”, 1ª ed., Buenos Aires, 2015, Ed.
La Ley, pág. 293), pues se aprecia como una herramienta superadora de la introducida en el caso Vuoto y se expresa de la siguiente manera: Donde, [“A1...An”] corresponde al ingreso implicado para el período anual 1...n =ingreso por porcentaje de incapacidad; [i], corresponde con la tasa de descuento para cada período anual computado, [e1...en], corresponde a la edad al momento en que debería percibirse cada suma correspondiente al ingreso anual A1...An y [“P”] refiere a la probabilidad de que en el período A (de A2 hasta An) se perciba un ingreso incrementado -positiva o negativamente- respecto del ingreso del período precedente (An-1) (cfr. "Nahuelguer Edgardo Ruben c/Administración General de Vialidad Provincial s/laboral", Expte.
Nº 12.784/09 (15.171/14), sentencia registrada al Tº LXXXIX - R° 3185).- Pues bien, teniendo en cuenta que llega firme a esta instancia el nexo causal entre el accidente de tránsito ocasionado por el Sr. Lamas y la severa afectación en la capacidad del Sr. Bonasso, así como también el correlato fáctico entre las graves lesiones sufridas por el actor y el advenimiento de su temprana jubilación por invalidez, las variables a considerar serán las siguientes: a) la edad del damnificado a la fecha en que se acogió al beneficio de la jubilación extraordinaria, 40 años (octubre de 2013); b) edad en que le hubiera correspondido acogerse a la jubilación ordinaria, 52 años; c) el salario informado para un empleado municipal de la categoría revistada por el actor al momento del siniestro -Nº 24-, según registro pericial contable obrante a fs. 811 vta.
(febrero 2016); d) haber jubilatorio percibido por el Sr. Bonasso en ese período, de acuerdo a lo indicado en el mismo registro pericial; e) una tasa de descuento pura del 4% y; f) un porcentaje de incapacidad de 95.59% (v. fs. 130/135).- Sobre esta base cuantitativa, entiendo razonable efectuar un cálculo diferenciado respecto de dos períodos, a saber: desde los 40 a los 51 años de edad (faz activa); y luego, de los 52 a los 80 años (faz pasiva).-
Así, para el primer lapso temporal, se tendrán en cuenta las diferencias entre el salario correspondiente a un empleado de la categoría Nº 24 y el haber jubilatorio efectivamente percibido, registrándose para ese período una diferencia promedio anual proyectada de $96.605,11 ($7.774 x 13 x 95.59%) a producirse entre los 40 a 45 años, y un incremento esperado del 30% de esos ingresos entre los 45 y 51 años, lo que arroja un total anual de $125.586,65.- En el segundo período, han de ponderarse las diferencias entre el haber jubilatorio ordinario (82% móvil) y el que efectivamente percibirá producto de la incapacidad. Lo que arroja, desde los 52 a los 60 años, un valor anual de $41.621,20 ($3.349,34 x 13 x 95.59%), desde los 60 a 70 años, un nuevo aumento del 30% sobre el período anterior ($54.107,57 anuales) y de los 70 a 80 años un nuevo aumento del 30% sobre el período anterior ($62.223,70 anuales).
En éste último caso -y a diferencia de los restantes- con un 50% de probabilidad de que efectivamente se produzca.- Edad inicial para el cómputo 40 Porcentaje de incapacidad 96.59% Tasa de descuento 4.00% Indemnización VP ingreso inicial constante $846,306.86 Indemnización VP incrementos probables $124.871,41 Indemnización (ingresos constantes + incrementos probables) $971.178,27 Desde/Hasta Períodos anuales IAP (Ingreso Anual Proyectado) PROB Incr IVE Valor Esperado Ingr IVE=IAPxProb II Ingreso implicado II= IVE x incapacidad 40 45 5 101.061,95 100% 101.061,95 96.605,11 51 6 131.380,53 100% 131.380,53 125.586,65 Edad inicial para el cómputo 52 Porcentaje de incapacidad 96.59% Tasa de descuento 4.00% Indemnización VP ingreso inicial constante $693.536,77 Indemnización VP incrementos probables $156.488,65 Indemnización (ingresos constantes+incrementos probables) $850.025,42 Desde/Hasta Períodos anuales IAP (Ingreso anual Proyectado) Probables Incrementos IVE Valor Esperado Ingreso IVE=IAP x Prob II Ingreso implicado II=IVE x Incapacidad 52 60 8 43.541,38 100% 43.541,38 41.621,20 70 10 56.603,79 100% 56.603,79 54.107,57 80 10 73.584,93 50% 65.094,36 62.223,70 Trasladadas estas variables a la hoja de cálculo que antecede resulta factible fiscalizar tanto los datos como el resultado, y analizar la representación gráfica de ellos y de la evolución prevista para el ingreso de la víctima.
Allí para cada año de edad del accionante la columna de la derecha representa el ingreso anual proyectado y la columna de la izquierda el valor esperado del ingreso (considerando aquí la probabilidad de que se produzca la variabilidad de las ganancias para cada franja temporal).- De este modo, se arriba a un capital total representativo de rentas frustradas de $1.821.203,69.-
Ahora bien, teniendo en cuenta que bajo el presente agravio se mensuran también aspectos relativos a la “pérdida de chance” y demás perjuicios económicos no vinculados directamente a la productividad laboral del actor, considero que la suma obtenida en el párrafo anterior debe ser incrementada en un 30% pues ello se compadece con la importancia de las secuelas determinadas en la pericia médica de fs. 800/804 vta. y el quebranto que aquellas debieron significar en toda su vida de relación (familiar, social, deportiva e individual), de lo que resulta un adicional de $546.361,11.- En este sentido y pese a que la aseguradora sostiene que aquel rubro no fue peticionado por la actora, de fs. 161 puede extraerse: “Si bien no existen pautas fijas para determinar el valor de este perjuicio… teniendo en cuenta las condiciones particulares del caso y al modo en que el infortunio influyó y habrá de influir negativamente en todas las posibilidades de la vida futura de nuestro mandante, además, como ya se dijera, de la específica disminución de las aptitudes para el trabajo, teniendo en especial consideración su sexo, edad, profesión, eventual posibilidad de inserción en el mercado laboral…se reclama por este rubro…”.- De ello se colige que la pérdida de chance fue expresamente reclamada por el Sr. Bonasso y no cabe duda que dicho aspecto debe integrar la indemnización por incapacidad sobreviniente, pues de ello depende la plenitud de la reparación que a instancia judicial se reclama.-
Resta entonces dirimir la cuestión relativa a los intereses a aplicar sobre este particular, pues aquello ha sido también objeto de agravio. Sobre este punto, el señor Juez determinó que: “Dado que la fecha de corte (en la que se toma en cuenta la diferencia salarial base de la cuantificación) es el mes de febrero de 2016, hasta dicha fecha se calcularán los intereses conforme tasa pasiva de uso judicial. A partir de allí, y hasta el pago total, se calcularán intereses conforme tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento.” (v. fs. 1227 vta.).- Resulta que, si bien al seleccionar los parámetros de cuantificación de la indemnización por incapacidad sobreviniente el a quo optó por aplicar una fórmula distinta a la promovida por esta Alzada, en materia de intereses adecuó su pronunciamiento -con toda solvencia- al criterio expuesto por este cuerpo en los antecedentes arriba citados, en los que se ha categorizado a la pretensión resarcitoria que aquí se demanda dentro de las deudas de valor a que se refiere el art. 772 del C.C. y C.N.- Ello así, desde que el monto de la indemnización por incapacidad sobreviniente se cuantifica luego de reconocida la legitimidad del reclamo y, recién a partir de allí han de serle aplicables las normas que regulan las obligaciones de dar dinero.-
Esta circunstancia, ponderada a la luz de la acumulabilidad del resarcimiento moratorio y compensatorio (cfr. art. 1747 del C.C. y C.N.) y de la regla sobre el curso de los intereses (cfr. art. 1748 del C.C. y C.N.), ha llevado de decidir que: “los intereses compensatorios deben ser liquidados conforme la tasa pasiva dispuesta por el a quo dado que el rubro de incapacidad sobreviniente se ha fijado a valores actuales evitándose, de esa manera, una alteración del significado económico del capital que derive en un enriquecimiento indebido” (cfr. Cita anterior Tº LXXXVIII - Sentencia - Rº 3173).- En el caso bajo examen, las diferencias salariales fueron calculadas sobre la base de la remuneración percibida por un empleado municipal de la categoría Nº 24 en el mes de febrero de 2016 (período muy distante de la fecha de acaecimiento del siniestro), por lo que no se advierte error ni arbitrariedad en asignar actualidad a tales sumas y aplicar, desde la fecha del evento dañoso y hasta ese entonces, la tasa pasiva de uso judicial pues -precisamente- a partir de la utilización de valores contemporáneos no puede admitirse la fijación de una tasa de interés destinada a contrarrestar la depreciación monetaria en el tiempo, tal como pretende el recurrente.- Por los motivos expuestos, propongo la admisión parcial de la crítica esgrimida por el actor y rechazar los cuestionamientos de la aseguradora, elevando la partida en tratamiento hasta la suma de $2.367.564,80 con más los intereses determinados en el fallo de primera instancia.-
V.b).- Daño moral, daño estético y daño psicológico.-
Seguidamente abordaré en conjunto los agravios referidos al resarcimiento otorgado para estas tres categorías de daño pues, pese a haber sido objetados en distintos apartados, lo cierto es que la razón en que se apoyan es solo una: que el quantum indemnizatorio estimado al interponer la demanda ha quedado infravaluado en virtud de la evidencia probatoria colectada y que el a quo se hallaba autorizado a conceder una reparación mayor en mérito a la reserva formulada al demandar por “lo que más o en menos resulte de la prueba a producirse”.- En efecto, es de destacar que el recurrente se queja del acogimiento de la acción hasta el límite de sus pretensiones y procede a una nueva e íntegra liquidación del resarcimiento inicialmente demandado, sin que ello pueda considerarse -con la liviandad que pretende- atribución de su libre resorte y al solo ruego de la frase citada.-
Debo decir, que esta reserva genérica en que intenta ampararse la actora, además de encontrarse desprovista de todo sustento empírico, no supone la facultad de incrementar los montos indemnizatorios en cualquier etapa del proceso y so pretexto del tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, pues en lo que refiere estrictamente a las contingencias patrimoniales provocadas por el paso del tiempo, deben entenderse salvadas por la aplicación de los intereses expresamente peticionados al promover la acción y reconocidos -a la postre- en la sentencia apelada.- Por su parte, y si bien el recurrente afirma haber sostenido su intención de acceder a una reparación superior, al tiempo de alegar sobre el bien probado, lo cierto es que la propuesta de duplicar dichas sumas surge ahora por vez primera, apreciándose en este estadio del proceso como una ampliación extemporánea del objeto demandado.-
No cabe otra interpretación, pues de la lectura del memorial no se extrae un solo fundamento que refiera a circunstancias concretas que hayan quedado fuera del tratamiento del señor Magistrado, o de algún menoscabo que quedare indebidamente apreciado, o de la existencia de un defecto o error en la evaluación de la prueba. Basta para ello verificar la coincidencia absoluta entre los elementos de convicción que esgrime la actora y los meritados por el a quo al sentenciar.- A mayor abundamiento, es importante destacar que la acción fue entablada por el Sr. Bonasso a casi dos años del siniestro y luego de evacuado el dictamen de la Comisión Médica Nº 20 que determinara el porcentaje de incapacidad sobre el que cimentó su reclamo. De ello se colige que las cifras consignadas en el escrito de inicio fueron cuantificadas sobre la base de un daño cierto, con secuelas ya experimentadas y con consecuencias futuras previsiblemente estimables.- En tal contexto, el recurso interpuesto por el actor, luego de hacerse acreedor de las sumas reclamadas por estos tres conceptos, parece estar motivado en la razonabilidad y prudencia con que fueron calificadas sus pretensiones y en la existencia de una deliberada convicción de que pudo haber obtenido una indemnización mayor, sin que ello se encuentre someramente apoyado en evidencias concretas.- En consecuencia, no encontrando motivos para apartarme de lo resuelto en la instancia anterior, considero que las sumas fijadas por el Sr. Juez de grado resultan suficientes y adecuadas para reparar el perjuicio moral, estético y psicológico, en la medida en que han sido reconocidas, todo lo cual surge de una apreciación razonablemente fundada de las pretensiones contenidas en la demanda y con base sólida en las reglas de la lógica.- V.c).- Gastos médicos, de farmacia, traslados y varios.-
Bajo este apartado propiciaré el acogimiento de los agravios del Sr. Bonasso y, en consecuencia, el reconocimiento total de los gastos médicos, de farmacia y traslados cuantificados en la demanda, pues considero se compadecen con la índole y extensión de las dolencias acreditadas en autos.-
En efecto, puede advertirse que la gravedad de las lesiones sufridas por el actor han sido meritadas por el a quo a lo largo del fallo, no obstante, al momento de pronunciarse sobre el rubro bajo estudio, decidió morigerar la cifra pretendida por no adjuntarse las facturas que acrediten los gastos denunciados.-
Sucede que este criterio ha sido superado por jurisprudencia de mayor actualidad a la que cita el señor Magistrado y, de hecho, este nuevo paradigma se orienta a admitir el reintegro de los gastos de asistencia, aun en ausencia de comprobantes que acrediten cada uno de los desembolsos, por tratarse de instrumentos de difícil recopilación en el contexto de urgencia e incertidumbre a que se enfrenta la víctima y quien lo acompañe en el camino de la recuperación física.- En el sub lite, el incremento de la partida asignada a este rubro debe considerarse especialmente justificado en las derivaciones a que fue sometido el actor y que le valieron -al menos- tres meses de estadía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los cuales puede inferirse que afrontó gastos ajenos a la cobertura de la obra social y a cuyo reintegro debe ser condenado el responsable.- En virtud de lo expuesto, estimo pertinente hacer lugar al reembolso de los gastos médicos, de farmacia, traslados y varios solicitados por el Sr. Bonasso, hasta cubrir la suma de $30.000 con más los intereses determinados en la sentencia de la instancia anterior.-
V.d).- Responsabilidad de Liderar Compañía General de Seguros S.A.-
Antes de expedirme sobre este punto debo resaltar que, si bien al expresar agravios, la Aseguradora solicitó -genéricamente- se revoque la sentencia de primera instancia en todas sus partes y se rechace la demanda en todos sus términos, lo cierto es que su memorial, lejos de conformar un embate dirigido a tal fin, consistió en una breve exposición de disensos que, aun en el caso de considerarse admisibles, resultan insuficientes para arribar al pronunciamiento pretendido.- Ahora bien, atento que las cuestiones relativas a las variables y conceptos que sirvieron de base para la cuantificación del rubro incapacidad sobreviniente han quedado zanjadas en los párrafos precedentes, corresponde abordar el agravio referido a la responsabilidad que le fue atribuida en autos.-
Así, en lo que se refiere a la condena impuesta en los términos de los arts. 118 y 109 de la ley Nº 17.418, la aseguradora sostiene que la calidad de agente institorio del Sr. Rodolfo A. Casas no habría sido debidamente probada y que, en virtud de ello, no corresponde acordar vigencia a la póliza invocada por la parte.-
Sucede que, pese a hacerse eco de la descalificación en que derivó la conducta procesal observada en la instancia anterior, la aseguradora persiste en esa actitud, sin describir ni aclarar absolutamente nada respecto al vínculo que lo unía con el citado y contribuyendo a reforzar los elementos indiciarios que motivaron la decisión del a quo, esto es: su silencio y pasividad frente a los hechos descriptos por el Sr. Casas, la escasa información provista a fin de contribuir a la “verdad objetiva” y la desidia respecto de la única prueba ofrecida a fin de acreditar la presunta caducidad del seguro.- En tal entendimiento, los considerandos del fallo revisten cabal suficiencia para fundar la atribución de responsabilidad a Liderar Compañía General de Seguros S.A., en los términos de los arts. 118 y 109 de la Ley Nº 17.418, por lo que corresponde el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía en todas sus partes.-
Atento al modo en que se decide, las costas de la presente instancia deberán ser soportadas por los demandados perdidosos, en virtud del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del C.P.C. y C.).-
- - - - - - - - - Por los fundamentos expuestos, Voto pues, a la primera cuestión PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. Arenillas por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a esta primera cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión el Dr. Lerena dijo:
I. Vienen a tratamiento de esta Alzada los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 1265 y vta. y por la tercera citada a fs. 1280 contra la regulación de honorarios de fs. 1262/1264 -únicamente- a favor de las Dras. Viviana R. Bender, Luisa Rosana Ordoñez y René G. Fernández.-
Al respecto, la actora se agravia por considerar los estipendios bajos y calculados sobre un monto base que no se corresponde con las pautas de la sentencia, mientras que Liderar Compañía General de Seguros S.A. hace lo propio por considerarlos altos.-
Entiende este suscripto que, en virtud de lo establecido por el art. 73 de la ley Nº 3330, el actor beneficiario de los servicios profesionales es deudor solidario de los honorarios regulados a favor de sus letradas y por lo expuesto, no se puede tener por configurado el agravio invocado. En razón de ello, corresponde desestimar el recurso de apelación por él deducido.- Ahora bien, mas allá de la disconformidad manifestada por los recurrentes, el sentido de mi voto a la primera cuestión me obliga, de conformidad con lo preceptuado en el art. 278 del C.P.C. y C., a adecuar el monto de los honorarios regulados en la instancia anterior.-
Así, la base para el cálculo de los honorarios estará dada por el monto de condena, con más los intereses calculados hasta la fecha de la regulación -12/10/2017- y que arroja un total de $7.958.778,16.-
Teniendo en cuenta el carácter en que intervino el conjunto de profesionales y de acuerdo a los parámetros establecidos en el art. 18 de la ley Nº 3330, el arancel para las letradas de la parte gananciosa ha de determinarse entre un mínimo de $2.005.612,10 ($7.958.778,16 x 18% + 40%), y un máximo de $2.562.726,57 ($7.958.778,16 x 23% + 40%).-
Por su parte, los honorarios de los abogados de la parte perdidosa, han de fijarse entre el monto mínimo de $1.034.641,16 ($7.958.778,16 x 13%) y el monto máximo de $1.432.580,07 ($7.958.778,16 x 18%), a distribuirse entre los profesionales intervinientes por las codemandadas, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la ley de honorarios.-
Ahora bien, los montos que arriba se detallan me persuaden de realizar un análisis económico de la decisión a adoptar, pues no puedo dejar de sopesar que, el monto mínimo de honorarios para las apoderadas de la parte gananciosa -actualizado al día de la fecha- asciende a $5.618.026,07 y podría correlatarse en una regulación de honorarios, por la actuación en esta segunda instancia, cercana a $1.600.000, sin que la desproporcionada cuantía que resulta de sumar ambos importes pueda considerarse razonablemente fundada en la importancia de la labor desarrollada, o en el resultado obtenido.- Ante este panorama y en ejercicio de las facultades conferidas por los arts. 1255 y 730 del C.C. y C.N., deviene justo y oportuno el desplazamiento de los parámetros fijados en la ley de aranceles y la consecuente determinación de una retribución equitativa, fijando como tope para la regulación de los honorarios de las letradas de la parte actora gananciosa, el equivalente al 25% del monto del proceso, esto es: $1.989.694,54.- Así, dada la naturaleza del juicio, importancia, calidad y eficacia de los trabajos realizados y etapas cumplidas, corresponde regular a las Dras. Viviana Raquel Bender y Luisa Rosana Ordoñez, en forma conjunta y por su actuación en primera instancia, la suma de $1.591.755,63, con más el I.V.A. si correspondiere.-
Por su parte, a la Dra. René G. Fernández, por su actuación como apoderada de la actora gananciosa, en la primera etapa del proceso, regúlase la suma de $397.938,90, con más el I.V.A. si correspondiere.-
Respecto de los estipendios asignados a los letrados de las codemandadas perdidosas y atento que los montos establecidos a fs. 1263 vta. totalizan la suma de $1.200.000, por resultar ajustada al cuadro arancelario descripto anteriormente, deben ser confirmados.-
En lo que respecta a los honorarios de la segunda instancia debe estarse a lo establecido por el art. 24 de la ley N° 3330, en cuanto dispone: "Por las actuaciones correspondientes a segunda o ulterior instancia, se regulará del veinticinco por ciento (25%) al treinta y cinco por ciento (35%) de la cantidad que se fije para los honorarios en primera instancia. Si la sentencia apelada fuere revocada en todas sus partes en favor del apelante, el honorario de su letrado se fijará en el treinta y cinco por ciento (35%). Los porcentajes anteriores se aplicarán, una vez actualizado el monto regulado en primera instancia de acuerdo a las pautas de los Artículos 18 y 29 de la presente ley.".- Bajo esta premisa, a la determinación estipendial fijada en el apartado que antecede ha de aplicársele la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina hasta el momento de la determinación de los emolumentos en la segunda instancia.-
En tal contexto, teniendo en cuenta el resultado del recurso de apelación y que la base de cálculo actualizada al día de la fecha asciende a la suma de $4.460.537,01, corresponde regular los honorarios de las Dras. Viviana Raquel Bender y Luisa Rosana Ordoñez, por su intervención en esta instancia, en la suma de $1.340.000 con más el I.V.A. si correspondiere.- Del mismo modo, teniendo en cuenta que la base de cálculo para los honorarios del Dr. Carlos A. Grasso asciende a la suma de $1.120.910,00, corresponde regular los honorarios por su intervención en segunda instancia, en la suma de $280.227,50 con más el I.V.A. si correspondiere.-
- - - - - - - - - Por los fundamentos expuestos, Voto pues, a la segunda cuestión PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. Arenillas por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a esta segunda cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la tercera cuestión el Dr. Lerena dijo:
Atento el sentido de mi voto a las anteriores cuestiones propongo el dictado del siguiente pronunciamiento: 1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 1238; 2º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por Liderar Compañía General de Seguros S.A. a fs. 1239; 3º) Modificar el punto 3) de la sentencia apelada y condenar a los demandados -Sres. Martín Lamas y Liderar Compañía General de Seguros S.A.- a abonar al Sr. Maximiliano Andrés Bonasso la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Ochenta Centavos ($2.652.564,80) con más los intereses allí determinados y confirmando la sentencia en lo restante que ha sido materia de agravios; 4º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 1265 y vta., adecuando la regulación de honorarios de primera instancia, determinando que por la labor desarrollada en esa etapa corresponde a las Dras. Viviana Raquel Bender y Luisa Rosana Ordoñez, en forma conjunta, la suma de Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Sesenta y Tres centavos ($1.591.755,63) y a la Dra. René Fernández, por su actuación en la primera etapa del proceso, la suma de Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Novecientos Treinta y Ocho con Noventa Centavos ($397.938,90), en todos los casos, con más el I.V.A. si correspondiere y confirmar la regulación de honorarios de los letrados de las codemandadas perdidosas; 5º) Imponer las costas de esta instancia a la parte demanda vencida (cfr. art. 68 del C.P.C. y C.); 6º) Regular los honorarios profesionales de las Dras. Viviana R. Bender y Luisa R. Ordoñez en la suma de Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta Mil ($1.340.000) y los del Dr. Carlos A. Grasso en la suma de Pesos Doscientos Ochenta Mil Doscientos Veintisiete con Cincuenta Centavos ($280.227,50), ambos con más el I.V.A. si correspondiere; 7º) Regístrese, notifíquese y devuélvase. Así, lo VOTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. Arenillas por análogas razones adhiere al voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta tercera cuestión.- - - - - - - - - - En virtud de lo cual se dicta el siguiente fallo:
Río Gallegos, 18 de marzo de 2022.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto concordante de los señores Jueces, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 1238.-
2. Rechazando el recurso de apelación interpuesto por Liderar Compañía General de Seguros S.A. a fs. 1239.-
3. Modificando el punto 3) de la sentencia apelada y condenando a los demandados -Sres. Martín Lamas y Liderar Compañía General de Seguros S.A.- a abonar al Sr. Maximiliano Andrés Bonasso la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con Ochenta Centavos ($2.652.564,80) con más los intereses allí determinados y confirmando la sentencia en lo restante que ha sido materia de agravios.-
4. Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 1265 y vta., adecuando la regulación de honorarios de primera instancia, determinando que por la labor desarrollada en esa etapa corresponde a las Dras. Viviana Raquel Bender y Luisa Rosana Ordoñez, en forma conjunta, la suma de Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con Sesenta y Tres centavos ($1.591.755,63) y a la Dra. René Fernández, por su actuación en la primera etapa del proceso, la suma de Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Novecientos Treinta y Ocho con Noventa Centavos ($397.938,90), en todos los casos, con más el I.V.A. si correspondiere y confirmando la regulación de honorarios de los letrados de las codemandadas perdidosas.-
5. Imponiendo las costas de esta instancia a la parte demanda vencida.-
6. Regulando los honorarios profesionales de las Dras. Viviana R. Bender y Luisa R. Ordoñez en la suma de Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta Mil ($1.340.000) y los del Dr. Carlos A. Grasso en la suma de Pesos Doscientos Ochenta Mil Doscientos Veintisiete con Cincuenta Centavos ($280.227,50), ambos con más el I.V.A. si correspondiere.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
CARLOS E.ARENILLAS PRESIDENTE EDUARDO GABRIEL LÓPEZ JUEZ
Ma. CARLOTA GUTIÉRREZ MEYER SECRETARÍA
Fin de la sentencia