Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 120.793
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Anular parcialmente la sentencia dictada por la magistrada, en el tramo donde se expidió sobre la significación jurídica que ya venía determinada por los jurados, SIN AFECTAR EL VEREDICTO DE CULPABILIDAD DE BONGIOVANNI, pues se dictó en forma regular;
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas;
III. MANTENER la sanción impuesta al acusado en la sentencia dictada a consecuencia del veredicto;
IV. EXHORTAR a la Dra. Claudia Fortunatti, jueza del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Bahía Blanca, para que en lo sucesivo se sujete a las reglas del procedimiento de juicio por jurados y se abstenga de ejercer funciones que le son ajenas, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias de ese procedimiento;
V. Regular los HONORARIOS de la Dra. Bárbara Saguer y del Dr. Leonardo Talamoni, por la labor desarrollada luego del juicio, en un 25% de la suma fijada en origen;
VI. Tener presente la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 119, segundo párr. con relación al cuarto párr., inc. b) del Código Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 16 y 31 de la ley 14.967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 120793 caratulada “BONGIOVANNI, JUAN MATIAS S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
El Tribunal de Jurados se pronunció, con fecha 12 de agosto de 2022, dictando veredicto de culpabilidad respecto del acusado Juan Matías Bongiovanni. Celebrada la audiencia de cesura de juicio la Dra. Claudia Fortunatti, jueza integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Bahía Blanca, le impuso la pena de diez (10) años de prisión, e inhabilitación especial complementaria por igual periodo para desempeñar cargos docentes y/o profesor de personas menores de edad y/o con capacidades diferentes y como trabajador social en ámbitos en que se vincule con personas menores de edad y/o con capacidades diferentes, accesorias legales y costas procesales, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real, cometidos en contra de las víctimas S.B.B y S.B.(arts. 40, 41, 45, 55 y 119, segundo párr. con relación al cuarto párr., inc. b), Cód. Penal).
1. La Dra. Bárbara Saguer y el Dr. Leonardo Talamoni, defensores particulares de Bongiovanni, interpusieron recurso de casación.
En lo esencial, alegan que la decisión del Jurado “no resulta ser el fruto racional de la prueba incorporada al proceso ni (…) de la que se produjo en el marco de las audiencias de debate” por lo que su conclusión deviene arbitraria.
Al contrario de lo decidido por el Jurado, entienden que de la evidencia “surge evidente que los hechos no han ocurrido, al menos no de la forma en que lo sostienen las denunciantes” y alegan que así se “desprende del análisis de las situaciones precedentes que rodearon a los hechos puntuales” bajo examen.
Seguidamente, sobre ese contexto señalan: que “entre denunciantes y denunciado existía una relación de amistad” y que se conocieron cuando “el imputado se desempeñó como profesor de ambas [denunciantes] en establecimientos educativos en oportunidad en que las jóvenes contaban con catorce/quince años de edad, y el encausado veinticuatro”.
Explican que Bongiovanni, “además de ser profesor, realizaba tareas de asistencia social en barrios carenciados” junto a un grupo del que también participaban las denunciantes, por invitación del acusado (denominado grupo “Aclaró”) y que los hechos habrían “acaecido por fuera del ámbito educativo y en oportunidad en que las denunciantes, de diecisiete años de edad, ya no eran alumnas de Bongiovanni”.
Señalan que para “la época en que se habrían suscitado los hechos”, años 2010 y 2011, “a las partes solo los unía una relación de amistad y compañerismo”, en la que “compartían reuniones, viajes, cumpleaños, salidas, etc.” y “para ese entonces [Bongiovanni] contaba con treinta años de edad”.-
2. Luego, sobre el hecho denunciado por S.B.B., ocurrido en el colectivo en el que viajaban ella y Bongiovanni, alegan que al contrario de lo que manifestó S.B.B. en el juicio, el acto fue consentido. En ese sentido, advierten que en la denuncia penal, incorporada por lectura al debate y en sus declaraciones previas, S.S.B. dijo que “Juan Matías le pidió que lo masturbara y ella accedió”. No obstante, en el juicio, la joven relató que “sin mediar palabra el causante tomó su mano y la llevó hacia su pene forzándola a masturbarlo”. Luego, argumentan que “la lógica” y “el sentido común” demuestran que el hecho no ocurrió así, pues “la relación pre-existente entre ambos hace imposible o al menos muy dificultoso que los hechos se hayan desarrollado del modo en que lo sostuvo” S.S.B. en el debate.
Explican que en el juicio confrontaron a S.S.B.
con sus declaraciones previas, a fin de señalar las inconsistencias, y respondió con evasivas.
Por otro lado, agregan que “llama poderosamente la atención la actitud y el trato que S.S.B. le dispensaba a 'su abusador'” con posterioridad al hecho, pues ambos siguieron en contacto vía redes y concurriendo a las mismas reuniones sociales. Agregan que incluso, con posterioridad al episodio del colectivo, fueron juntos a comprar materiales de construcción para una obra en un barrio carenciado del que ambos participaban. Especialmente señalan que en el año 2018 S.S.B. se contactó vía whatsapp con Bongiovanni para entregarle una bolsa de caramelos que quería donar a los niños de un barrio y, concretado el encuentro, ambos conversaron “con absoluta normalidad”.
En definitiva, entienden que las inconsistencias señaladas en el relato de S.S.B. “son palmarias y demuestran la intención de perjudicar la situación procesal del causante”.
3. Recuerdan cómo se gestó la acusación en contra de Bongiovanni: S.S.B. dijo que la convocaron a un grupo donde contó lo que había vivenciado con Bongiovanni, que había escuchado sobre el caso de “Thelma Fardín y Darthes” y le “cerró todo”. Que fueron varias mujeres, juntas, el mismo día a hacer la denuncia, con la misma abogada. Estiman que ese dato debe analizarse junto con lo declarado por la licenciada Galassi, perita que entrevistó a S.S.B., pues señaló que la joven habló de manera “tranquila, espontánea y sin signos de angustia” y que, en ese encuentro, “comentó que ella le dio significación a lo vivido a raíz de haber tomado conocimiento de la causa de Thelma Fardin y Darthes”. Que S.S.B. “no se sentía afectada”.
4. Finalmente, observan que varios testigos que conocieron el trato que tenían S.S.B. y Bongiovanni en aquel entonces, en el ámbito barrial donde desplegaban su labor social, coincidieron en señalar “que resultaba evidente la relación de cariño y atracción que sentía la denunciante por el denunciado”.
5. Con relación a los hechos que denunció la otra joven, S.B., exponen “que resultan totalmente inverosímiles” porque si realmente “recibió de Bongionvanni un beso que no quería a sus diecisiete años”, para qué -se preguntan los recurrentes- “lo invitó a ver una película unos meses o un año después”.
Agregan que los presentes esa noche, el día que vieron la película, no percibieron nada que les llamase la atención; especialmente no vieron que S.B. forcejeara con Bongiovanni por debajo de una frazada para quitar la mano con la que -según la joven- obligó a que lo masturbara.
Señalan el tercer hecho que narró S.B., ubicado unos cinco o seis años después (y respecto del cual el Jurado declaró veredicto de no culpabilidad).
En sentido similar al expuesto en el caso anterior, señalan que en este caso la lógica indica que los hechos no sucedieron como los narró S.B., pues no pudo explicar su comportamiento posterior, cuando siguió en contacto con el acusado: fue niñera de la sobrina de “su abusador”, mantuvo contacto en redes, continuó en el grupo “Aclaró” y concurrió a posteriores cumpleaños de Bongiovanni. Todo ello, “con posterioridad a los hechos denunciados”.
Agregan que la perita psicóloga oficial, licenciada Galassi, sostuvo que S.B. “no presentaba angustia ni signos de estrés postraumático”.
6. Por otro lado, señalan que Gerardo Quiess, psicólogo particular del acusado desde el año 2019, descartó que Bongiovanni presentara características de personalidad compatibles con las de un perverso.
Que el mismo psicólogo explicó en el debate las características que presentan los abusos sexuales infantiles intrafamiliares, especialmente sobre “la imposibilidad o dificultad de la víctima de exponer este tipo de hechos” por “la dicotomía que se presenta a nivel psicológico”, en tanto la persona que debe cuidar del NNA es “quien está causando un daño”, sumado a las dificultades que a nivel familiar genera la develación de la situación abusiva.
Sin embargo, señalan que esas circunstancias no se presentan en esta causa y por ello descalifican los argumentos de la fiscalía cuando afirmó que hubo “un mecanismo de develación (tardío) por parte de las denunciantes a raíz del carácter intrafamiliar de los abusos denunciados”. Entienden que las circunstancias que se presentan en aquellos casos “ni aún por analogía” se constatan en el presente.
7. En definitiva, estiman que las contradicciones señaladas “en cuanto al comportamiento posterior a los hechos de las presuntas damnificadas”, que no encuentra apoyo “lógico ni justificación probatoria alguna”, demuestran “a todas luces la mendacidad de lo denunciado”.
Peticionan que previo a resolver, los jueces de la revisión tomen contacto con directo con las filmaciones del debate y solicitan “se case la sentencia impugnada”, disponiendo la libre absolución del acusado.
8. En subsidio, denuncian errónea aplicación del art. 119, segundo párrafo, del Código Penal.
Explican que “la determinación de la calificación de los hechos” respecto de los cuales Bongiovanni fue hallado culpable por parte del Jurado popular “fue diferida” por la magistrada “para la oportunidad en que se llevara a cabo la audiencia de cesura de juicio, ello a los efectos que –tal como la ley prevé- sea el juez técnico quien [los] encuadre jurídicamente” (art. 371 bis, CPP).
Cuestionan el razonamiento seguido por la jueza al calificar los hechos como abusos sexuales gravemente ultrajantes, respecto de cada una de las víctimas, y señalan las razones por las cuales, en opinión de esa defensa, debieron encuadrarse como abusos sexuales simples (conf. art. 119, primer párrafo, Cód. Penal).
Hacen reserva del caso federal.
9. Practicado que fuera el sorteo de rigor, y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala. Las particulares damnificadas, con el patrocinio letrado de la Dra. Mónica Fernandez Avello y del Dr. César Sivo, al igual que la fiscal adjunta de Casación, Dra. Bersi, solicitan se rechace el recurso interpuesto por la defensa, por los argumentos desarrollados en los escritos presentados.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. En lo que importa destacar, mediante las instrucciones iniciales se puso en conocimiento del Jurado que “se acusa[ba] al señor Juan Matías Bongiovanni por el delito de: abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda de la víctima y abuso sexual gravemente ultrajante siendo las denunciantes (…) S.B.B. y S.B.” (pág. 5 del registro informático del acta de debate).
2. Al exponer su teoría del caso, en el alegato inicial, la fiscalía explicó al Jurado que Bongiovanni “era docente de diferentes escuelas secundarias religiosas y ahí conoció a sus víctimas y también conformaba un grupo de jóvenes que hacían ayudas solidarias” (pág. 8, acta debate).
Sobre el hecho que involucró a S.B.B., dijo que en el mes de abril del año 2010, cuando tenía 17 años, había viajado con Bongiovanni a Córdoba a hacer una actividad de ayuda solidaria y como S.B. era menor, el acusado se hizo responsable de su cuidado. Expuso que al volver a Bahía Blanca, se sentaron juntos en el colectivo, que las luces estaban apagadas y sorpresivamente Bongiovanni “le tomó la mano a la joven y se la llevó por debajo de su pantalón hacia su pene, moviéndola él mismo para masturbarse” (pág. 8, acta debate).
Respecto de los hechos que involucraron a S.B., dijo que en el año 2011, cuando tenía 17 años y estaba junto al imputado y otros jóvenes realizando una actividad solidaria en el hogar “Mamá Margarita” de Bahía Blanca, Bongiovanni aprovechó el momento en que estaba sola para tomarla por sorpresa, besarla en contra de su voluntad y apretarla contra su cuerpo para sentirle los pechos (pág. 8, acta debate). La fiscalía señaló otro hecho, que pasó al poco tiempo, en un departamento (que ubicó) donde S.B. estaba junto a Bongiovanni y otro grupo de jóvenes “mirando una película, con las luces apagadas”. Expuso que el acusado “estaba sentado al lado de S.B., tapados con una frazada, y en ese momento él le tomó la mano y la obligó a masturbarlo debajo de su ropa”. Dijo que la víctima quiso sacar su mano y no pudo por la fuerza que ejerció Bongiovanni (pág. 8/9, acta debate). Finalmente la fiscal informó al Jurado sobre un último hecho incluido en la acusación, ocurrido seis años después, que involucró al acusado y a S.B. cuando ya era mayor de edad, sobre el que medió veredicto de no culpabilidad, por lo cual su mención aquí carece de relevancia.
3. La fiscalía explicó al Jurado que Bongiovanni “no era cualquier profesor”, era una persona formada, profesor de religión y filosofía, afectuoso con sus alumnos y carismático. En especial, describió el vínculo que Bongiovanni había generado con ambas denunciantes. Dijo que eran amigos y que las jóvenes “lo idolatraban por su forma de ser y por el trabajo que hacían”. Que era un referente para ellas (pág. 9, acta debate). Luego señaló a los jurados que no era fácil para una persona denunciar un abuso sexual, especialmente cuando el agresor es un amigo, una persona querida y respetada; y explicó que S.B.B. y S.B. decidieron denunciarlo cuando se enteraron que Bongiovanni seguía dando clases, para evitar que le pasara lo mismo a otras jóvenes (pág. 9, acta debate).
Les pidió a los jurados que prestasen atención a lo que iba a informar la perita psicóloga que evaluó a las denunciantes y también a las declaraciones de otras mujeres, ex-alumnas del acusado, que iban relatar cómo Bongiovanni se aprovechó de su posición para tener acercamientos similares con ellas.
Con ese marco, la fiscalía también señaló al Jurado que iban a constatar que S.B.B. y S.B., luego de los abusos, mantuvieron por un tiempo la relación que tenían con Bongiovanni, pero que esa circunstancia era explicable por el afecto que le tenían y porque fue difícil para las jóvenes darse cuenta de que alguien que decía quererlas, “en realidad se aprovechaba para abusarlas, manipularlas y silenciarlas” (pág. 9, acta debate).
4. Por su parte y en lo esencial, el representante de las particulares damnificadas señaló al Jurado que iban a escuchar la declaración de dos mujeres (S.B.B. y S.B.) que pudieron hablar después de muchos años, pero que se juzgaban hechos ocurridos cuando fueron adolescentes (pág. 10, acta debate). Observó a los jurados “que debían prestar atención a cómo funciona el consentimiento” (pág. 11, acta debate) especialmente en las circunstancias concretas que rodearon los hechos que involucraron a ambas jóvenes, con una persona de 30 años que debía cuidarlas y en la que confiaban. Les pidió a los jurados que intentaran dimensionar, al analizar la prueba, lo que representaba Bongiovanni para las adolescentes, pues era su referente y ellas se encontraban en una situación de vulnerabilidad.
5. En el alegato inicial la defensa invocó la inocencia de su asistido. Dijo al Jurado que no existieron abusos sexuales pues las relaciones entre las denunciantes y Bongiovanni se dieron “en el marco del consentimiento mutuo” (pág. 12, acta debate).
Les recordó a los miembros del Jurado que si bien “el relato de la víctima es importante, también lo es la forma en que se conduzcan posteriormente” y les señaló el comportamiento contradictorio de las jóvenes, pues meses después de los supuestos abusos mantuvieron su vinculación con Bongiovanni y le enviaron mensajes vía Facebook, circunstancias que en su opinión reforzaban la posición de que hubo consentimiento (pág. 12, acta debate).
Le solicitó al Jurado que reflexione sobre el trato que tenían en aquel entonces las jóvenes y su asistido. Bongiovanni ya no era docente de ellas, eran compañeros de trabajo en el grupo “Aclaró” que prestaba servicios sociales en barrios carenciados (pág. 13, acta debate). Seguidamente, respecto del hecho incluido en el acusación y sobre el que iba a declarar S.B.B. (ocurrido en el colectivo), cuestionó la parte donde afirmó que Bongiovanni le agarró la mano y la obligó a tocarlo, pues -señaló al Jurado- que “ella tranquilamente podría haber dicho 'no', pararse, irse a otro asiento”, pedir ayuda o gritar. Que no era lógico pensar que las cosas habían pasado como la denunciante dijo que pasó e insistió sobre los mensajes que con posterioridad la joven le envió a Bongiovanni (pág. 13, acta debate).
Luego, sobre el relato que iban a escuchar de la joven S.B., señaló al Jurado que era “aun más llamativo”, pues primero iba a hacer referencia a un beso no querido y, sin embargo, después iba a narrar otro hecho posterior donde invitó a Bongiovanni a una reunión a ver una película. Agregó que ninguno de los presentes se dio cuenta de nada de lo que contó S.B. (pág. 13, acta debate).
Señaló al Jurado, en similar sentido al caso anterior, que S.B. siguió en contacto con Bongiovanni, que fue niñera de su sobrina y, en definitiva, que ambas denunciaron a su asistido casi diez años después de los supuestos abusos.
Resumió que “la postura de la defensa e[ra] que las relaciones fueron consentidas” (pág. 14, acta debate).
6. Constato que luego de la práctica de la prueba, donde declararon S.B.B. y S.B., entre otros testigos, las partes insistieron en la comprobación de sus hipótesis iniciales.
En lo que interesa destacar, la defensa reiteró sus argumentos relativos a la relación que existía entre las denunciantes y su asistido al momento de los hechos; como en la inconsistencia lógica que supondría admitir que existieron abusos sexuales y que, no obstante, las jóvenes continuaron en contacto con el acusado, luego de cometidos. Particularmente la defensa señaló que la denuncia se realizó años después y con posterioridad a que S.B.B. y S.B. se juntasen con otro grupo de mujeres que también habían sido alumnas de Bongiovanni. Que supuestamente las jóvenes resignificaron lo que les pasó con Bongiovanni luego de conocer el caso de “Thelma Fardín y Darthes” y buscaron una abogada que les indicó iniciar tratamiento terapéutico, pero la licenciada Galassi no constató ningún trauma, secuela, ni angustia. También observó al Jurado las inconsistencias que encontró en el relato de S.B.B. cuando en la investigación preliminar no dijo, como en el juicio, que Bongiovanni “le agarró la mano y la puso sobre su miembro”, sino que el acusado le pidió que lo masturbara y que ella accedió (pág. 39, acta debate); e insistió sobre los mensajes que la joven S.B.B. le envió al imputado con posterioridad, donde le dijo que lo quería y lo extrañaba.
En particular, cuestionó el argumento de la fiscalía cuando afirmó que hubo una “disociación” por parte de las jóvenes, pues alegó -la defensa- que esa característica era propia de los casos donde había trauma, pero la perito Galassi lo había descartado (pág. 40, acta debate).
Sobre el relato que hizo S.B. en el juicio, argumentó frente al Jurado que fue inverosímil y que sobre-dimensionó todo por un beso a sus 17 años. Que con posterioridad invitó a Bongiovanni a ver una película, junto a otras personas, se sentó en el sillón con él y dijo que le agarró la mano por debajo de la frazada para llevársela a su parte íntima y que ella forcejeó para quitarla pero, se preguntó la defensa “¿nadie se dio cuenta de nada?” (pág. 40, acta debate).
Seguidamente, recordó al Jurado que el psicólogo de Bongiovanni, licenciado Quiess, descartó que su paciente tuviera un perfil de personalidad perverso y, en definitiva, solicitó a los jurados que dictaran un veredicto de no culpabilidad.
7. Luego de la deliberación del Jurado, sus miembros encontraron al acusado CULPABLE de los siguientes hechos: (i) “en el mes de abril de 2010, en fecha sin precisar, cuando S.S.B. tenía 17 años de edad y se encontraba viajando en un colectivo que había salido de la ciudad de Córdoba capital con destino a Bahía Blanca junto al mismo, adulto responsable que estaba al cuidado de S.B.B., en circunstancias en que Bongiovanni estaba sentado al lado de la nombrada, tomado la mano a la joven, a la vez que se bajó el cierre del pantalón y llevando él la mano de la víctima hacia su pene, obligó a S.B.B. a masturbarlo, moviéndole la mano a la joven, llegando a eyacular”, por unanimidad (pág. 63, acta debate).
(ii) “un día del mes de marzo de 2011, sin poder precisar fecha exacta, cuando S.B. tenía 17 años de edad y se encontraba en el Hogar Mamá Margarita de Bahía Blanca junto con sus compañeros del grupo 'Aclaró', de quien Juan Matías Bongiovanni era el líder y referente, el nombrado en reiteradas oportunidades durante ese mismo día cuando se encontraba solo con S.B., y en contra de la voluntad de la misma, la besó en los labios y la apretó fuerte contra su cuerpo para sentir sus pechos”, por mayoría de diez votos (pág. 63, acta debate).
(iii) “en fecha sin precisar, pero dentro del año 2011, en un departamento de calle Nogales 1551 de Bahía Blanca, Juan Matías Bongiovanni encontrándose sentado en un sillón al lado de S.B. (de 17 años de edad), tomó la mano de la nombrada, intentando la víctima sacarla no pudiendo por la fuerza que ejercía el imputado, llevó la mano de S.B. hacia su pene por debajo de su pantalón, y obligó a la misma a que lo masturbe sin llegar a eyacular”, por unanimidad (pág. 63, acta de debate).
8. Cabe recordar que de acuerdo con nuestra legislación procesal, en el sistema de Jurados la defensa puede recurrir -entre otras facultades- bajo el argumento de que el veredicto de culpabilidad no superó el estándar probatorio de duda razonable, es decir, cuando estima que el veredicto no resulta compatible con el peso convictivo de la evidencia disponible, y dentro del amplio margen de agravios que se abren para el recurrente bajo el test de la duda razonable, el inc. d) del art. 448 prevé la situación particular donde la defensa cuestiona de manera directa los hechos probados por el Jurado.
Aquí el centro del recurso no será el posible error en las instrucciones al Jurado, sino su apartamiento manifiesto de la prueba de refutación que se practicó en el juicio o de la insuficiente evidencia para condenar, pues ello convierte en arbitraria o irrazonable la decisión sobre los hechos. En definitiva, se trata de demostrar que el veredicto es contrario a la prueba.
Ahora bien, la revisión de la decisión del Jurado bajo este especial supuesto de procedencia (art. 448 bis d), CPP), exige de la defensa explicar que el veredicto carece de una base razonable si se lo confronta o coteja con determinada o determinadas pruebas que se practicaron en el juicio oral y ese razonamiento probatorio tiene que exponerse con precisión en el escrito y en la audiencia del recurso. En otras palabras, la interposición del recurso de casación contra el veredicto inmotivado del Jurado exige indicar exactamente la porción de la evidencia practicada en el debate que demuestra que la decisión es irrazonable (valiéndose del registro del juicio o de las instrucciones), y exponer claramente el proceso lógico que lleva a esa conclusión, pues solo de ese modo -desde lo metodológico- será posible, en el marco de la revisión, confirmar la veracidad de las afirmaciones que hace el recurrente, al cotejarlas con lo que dijo un testigo, un perito o con la prueba material exhibida y/o reproducida en la audiencia (cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Prov. Buenos Aires, 2013, pág. 345).
Importa destacar que la tarea revisora de este tribunal no pasa por la realización de un nuevo juicio, sino controlar la corrección del razonamiento inferencial que avala la decisión del Jurado y para ello es necesario que la defensa explicite cuál es la evidencia de la que se apartaron sus miembros en forma manifiesta y la conclusión que era razonable inferir de ella, en la medida que demuestre que la decisión fue arbitraria o irrazonable. Ello, en definitiva, permite articular la base objetiva sobre la cual debe decidir este Tribunal.
9. Dicho esto, constato que el veredicto de culpabilidad es cuestionado de manera genérica por la defensa, sin indicar las razones concretas que demostrarían que la decisión de sus miembros se apartó manifiestamente de la prueba practicada en el debate. Como vimos, la discusión se centró en establecer si hubo consentimiento o no por parte de las denunciantes y, en ese marco, la defensa solicitó al Jurado que reflexionara sobre la incoherencia lógica que suponía admitir que fueron abusadas por Bongiovanni y que, de todos modos, siguieron en contacto con él.
En efecto, al igual que en el juicio, la defensa insiste en que la lógica y el sentido común demuestran que el comportamiento posterior de las jóvenes no se condice con los actos que relataron, pero sin reparar en que se explicó especialmente a los jurados, en las instrucciones finales, que el juzgamiento con perspectiva de género implicaba apartarse del sentido común y reconocer que este tipo de violencias implica otro tipo de lógicas y dinámicas, que requieren analizar la prueba evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto cómo deben comportarse las víctimas de violencia sexual.
En lo que importa destacar, se explicó al Jurado como funcionaban los prejuicios en el razonamiento, especialmente los asociados al rol de la mujer y se les advirtió a sus miembros que no constituían prueba y, por ello, no podían justificar la decisión final del juicio (pág. 50, acta debate).
10. Por otro lado, se señaló al Jurado que la ley protegía la libre determinación para tener relaciones sexuales, mediante el consentimiento y se lo instruyó sobre sus alcances y cómo debía probarse. En lo esencial, se les explicó a sus miembros que el consentimiento debía ser dado libremente, sin presiones, manipulaciones ni engaños; y que no debía valorarse en abstracto sino en la situación concreta sometida a juzgamiento, pues era una cuestión de hecho que debían determinar con apoyo en la evidencia disponible (pág. 54/55, acta debate).
En lo que importa destacar, también se les dijo que no era necesario que la acusación probara que la víctima fue objeto de amenazas, violencia, que se resistió físicamente o que le haya dicho al sujeto activo que no consintió pues “las personas pueden reaccionar de manera diferente respecto de un acto sexual que no consintieron y no hay una típica, adecuada o respuesta normal” (pág. 55/56, acta debate).
11. Bajo esas condiciones y a la luz de la hipótesis de la acusación, no puede decirse que el Jurado, al dictar el veredicto de culpabilidad, se apartó manifiestamente de la prueba producida en el debate, sino que la valoró de acuerdo con las instrucciones sobre qué es y qué no es prueba, y cómo debe valorarse.
Reitero que la defensa no controvierte la existencia de los actos de contenido sexual que relataron S.B.B. y S.B., sino en el tramo donde exponen que no hubo consentimiento e intenta suplir su prueba (la del consentimiento) a partir de referencias sobre el comportamiento posterior de las jóvenes, método insuficiente para demostrar la arbitrariedad que denuncia.
En otras palabras, la defensa no demuestra un apartamiento manifiesto de la prueba por parte del Jurado, sino que propone una re-evaluación de la evidencia disponible, mediante la reproducción de estereotipos que dan por supuesto cómo deben comportarse las víctimas de violencia sexual (“podría haber dicho 'no', pararse, irse”, “pedir ayuda o gritar”, siguieron en contacto con el “abusador”).
En ese sentido, constato que del mismo modo que lo hizo ante el Jurado, la defensa intenta reducir la complejidad probatoria del caso mediante el argumento de que ninguna de las jóvenes exteriorizó oposición alguna ante el avance sexual de Bongiovanni (y ello demostraría el consentimiento, según su posición), cuando justamente la hipótesis de la fiscalía consideró el condicionamiento (emocional, no físico) que impidió a las adolescentes ejercer libremente su consentimiento frente a la figura del acusado.
En efecto, la hipótesis acusatoria incluyó, como dato relevante en la explicación de los hechos, que Bongiovanni había sido docente de ambas jóvenes, que generó un vínculo estrecho con ellas y que era un referente importante en sus vidas; al igual que la inexperiencia en el ámbito de la sexualidad de las adolescentes, especialmente ante una persona que tenía 30 años. En definitiva, la fiscalía estimó que Bongiovanni avanzó sobre las adolescentes, de manera imprevista, porque conociendo todos aquellos factores contó con que las jóvenes no iban a reaccionar de la manera que parece exigir la defensa.
En otras palabras, la acusación alegó que aquellas circunstancias fácticas, no discutidas en el debate, demostraron una asimetría entre el acusado y las jóvenes, que impidió a estas últimas consentir libremente los actos sexuales.
12. Similar déficit recursivo constato con relación al resto de los argumentos que señala la recurrente (como los mensajes entre las jóvenes y el acusado, la denuncia tardía, la existencia de otras ex-alumnas de Bongiovanni que se juntaron a conversar sobre sus experiencias o la ausencia de una personalidad perversa del acusado, según su terapeuta), pues son datos que no tienen capacidad para demostrar que el Jurado, al dictar el veredicto de culpabilidad, se apartó en forma manifiesta de la prueba.
Al contrario, el repaso de las hipótesis que se enfrentaron en el juicio y los alegatos de las partes, muestra que los aspectos centrales de la prueba que señala el recurrente fueron especialmente discutidos frente al Jurado y, en ese marco, la fiscalía les dio razonable explicación en su hipótesis de los hechos.
13. En definitiva, la defensa no demostró que el Jurado se haya apartado manifiestamente de la evidencia que se practicó en el debate. Tampoco que haya validado arbitrariamente el veredicto de culpabilidad frente a un cuadro de duda sobre la autoría del acusado. Recuerdo que en lo que respecta a un caso penal, no deben tratarse de dudas subjetivas, sino de aquellas que puedan surgir del examen objetivo de la evidencia, circunstancia que no se demostró en el presente caso.
14. Establecido lo anterior, constato que la magistrada, interpretando en forma asistemática el art. 371 bis del CPP, se extralimitó en sus funciones al pronunciarse sobre la calificación jurídica que correspondía aplicar a los hechos que se dieron por probados, pues esa tarea corresponde con exclusividad a los miembros del jurado. Conforme lo explicó el recurrente, la cuestión de la calificación de los hechos que el Jurado atribuyó a Bongiovanni “fue diferida” por la jueza, “en función de los previsto en la norma del art. 371 bis” del CPP, y se resolvió en la sentencia, luego a analizar la postura de ambas partes.
En reiteradas oportunidades se señaló que el déficit que contiene la redacción del artículo citado, en el tramo donde expresa que “en ningún caso se requerirá del jurado valoraciones sobre la subsunción de los hechos en categorías jurídicas, explicándoseles que su decisión versará exclusivamente sobre las circunstancias de hecho objeto del debate”, es producto de las sucesivas modificaciones que transitó el anteproyecto original de la ley 14.543 y la falta de depuración de esos aspectos técnicos en su texto final, al momento de la sanción legislativa (cfr. Harfuch, Andrés; El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Prov. Buenos Aires, 2013, pág. 203 y sstes).
En efecto, aquel tramo de la norma se asocia con la prohibición de requerir al Jurado un “veredicto especial”, presente en algunos modelos de jurado europeo y caracterizado como aquel en el que el Jurado toma una decisión sobre la base de respuestas a un interrogatorio que formula el juez y que abarca todos los aspectos legales del caso, contestadas por sí o por no, y que en la práctica muchas veces tienen preguntas complejas, con un alto nivel de abstracción, que dificulta la comprensión de los jurados y hasta puede condicionar su decisión por el riesgo de que el análisis ordenado de las preguntas en la deliberación implique una guía impropia sobre la decisión que deben tomar (cfr. Bilinsky, Mariana; en Teoría y práctica del juicio por jurados; compilado por Alberto Binder y Andres Harfuch, Ed. Ad-Hoc, Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 2019, pág. 43 y sstes).
En ese sentido se pone como ejemplo el conocido caso “Taxquet vs. Bélgica” del TEDH, donde se realizaron al jurado 32 preguntas (una de ellas, formulada en los siguientes términos: el acusado “¿es culpable como autor o coautor de la infracción, sea por haber ejecutado la infracción o haber cooperado directamente en su ejecución; sea por haber, por un hecho cualquiera, prestado por su ejecución una ayuda tal que sin su asistencia la infracción no habría podido ser cometida; sea por …?”; cfr. Bilinsky, ob.cit., pág. 47)); o el caso “Pampon vs. Francia” del mismo tribunal, donde se sometió al jurado a 768 preguntas.
15. Como contraposición a ese sistema se halla el “veredicto general”, único veredicto admisible dentro del juicio por jurados clásico (como el regulado en nuestro Código Procesal), donde la decisión del jurado declara definitivamente si la persona acusada es culpable o no culpable, nada más que eso (es decir, no responde preguntas especiales) y en el caso que sea culpable, también indica con relación a qué delito. En efecto, los jurados tienen como función determinar los hechos del caso una vez practicada la prueba y, con base en esa determinación, aplicar a los hechos la ley que el juez (como juez del derecho) les explicó a través de las instrucciones.
En ese sentido, observo que el art. 371 ter, inc. 1, del CPP, establece que en las instrucciones finales el juez “les explicará [a los jurados] el derecho aplicable al caso”, que incluye tanto los aspectos de derecho sustantivo (por ejemplo, los elementos típicos de la figura penal atribuida al imputado por la acusación), como las reglas que rigen el razonamiento probatorio.
16. Que aquella función corresponde de manera exclusiva al Jurado se percibe con mayor nitidez en los casos donde se instruye a sus miembros sobre delitos menores incluidos, pues está claro que allí se les debe explicar no solo cuáles son los elementos del tipo penal básico sino también cuáles son los que exige la figura agravada o atenuada que se discute como alternativa en la propuesta del veredicto.
Así, cuando el jurado establece la culpabilidad por determinado hecho, lo está haciendo en función de un suceso que ya fue desvalorado normativamente y que, por lo tanto, queda subsumido en una infracción a la ley de fondo.
Ya he afirmado con anterioridad que “el modelo de jurado clásico que inspira nuestra legislación tiene apoyo en una orientación constitucional desde donde se sostiene que el único cuerpo autorizado para determinar los hechos con arreglo a derecho, que explica el juez a partir de las instrucciones, es el jurado popular en su veredicto” (TCP, Sala I, “Alvarez, Lucas y Telechea, Ayelen”, rta. 20.10.20) y que “el reparto constitucional de competencias impone limitaciones al juez director del proceso e incluso, en ocasiones, exige de él iniciativas para preservar la potestad del jurado”, como en el precedente comentado, donde se resolvió -por mayoría- que el juez debió informar al Jurado que la acusada podía ser hallada culpable no solo del delito principal que le imputaba la fiscalía, sino (en forma alternativa) por un delito menor comprendido en la infracción más grave.
En definitiva, se trata de que el Jurado cuente con suficiente información para la adjudicación de los hechos a determinada infracción penal y, bajo esas condiciones, “es sustancial que las instrucciones tengan la suficiencia para contemplar todas las hipótesis posibles, de modo tal que se preserve la decisión del jurado de un recorte inadecuado que termine condicionando en clave dirimente el veredicto. En este punto no debe pasarse por alto que los hechos son terreno sagrado del jurado” (TCP, Sala I, “Alvarez y Telechea”).
17. Luego, no es difícil concluir -superada la confusión inicial que podía generar una lectura desprevenida y asistemática del art. 371 bis del CPP, al momento en que entró en vigencia-, que pertenece a la esfera del Jurado establecer si la acusación pudo probar -más allá de toda duda razonable- las circunstancias fácticas que abastecen cada uno de los elementos de su teoría jurídica, a partir de la ley aplicable que le fue explicada por el juez en las instrucciones. Esa tarea se constata con facilidad en el caso concreto, donde las instrucciones finales explicaron con profundidad a los jurados en qué consistía la ausencia de consentimiento libre que, como elemento típico común, exige el art. 119 del Código Penal en todos los supuestos contemplados, como también las reglas probatorias que debían observar en particular al examinar aquel elemento típico (evitando preconceptos basados en prejuicios).
En similar sentido se explicó a los miembros del jurado qué debían entender por “abuso sexual” (pág. 53, acta debate) o por “encargado de la guarda” (como elemento que agrava la figura del abuso, pág. 53/54). Es decir, se incluyeron en las instrucciones los aspectos de derecho sustantivo necesarios para que estuvieran en condiciones de desarrollar su tarea correctamente (decidir si hubo o no un abuso sexual, en los términos de la propuesta de veredicto que reflejó la teoría del caso de la acusación).
La calificación jurídica forma parte de la teoría del caso de los litigantes y, en ese sentido, es una cuestión susceptible de prueba.
Luego, es claro que el jurado no prueba en sí mismo “el consentimiento”, como concepto general y abstracto, sino que infiere si lo hubo o no, en el caso concreto, mediante un razonamiento inductivo a partir de distintas circunstancias fácticas que sí puede dar por probadas.
En otras palabras, la presencia del “consentimiento” (como elemento típico) es una conclusión a la que llega el jurado en la hipótesis concreta, a partir de la información que presenta la prueba y de las instrucciones sobre el derecho aplicable que se le explicó y, en esa tarea, ambos aspectos son inescindibles.
En ese sentido, puede verse cómo en el caso concreto la fiscalía señaló al Jurado diversas proposiciones fácticas con capacidad para demostrar/inferir/razonar (según su hipótesis explicativa de los hechos) que las jóvenes S.B.B. y S.B. no pudieron prestar libremente su consentimiento frente a la figura del acusado, como por ejemplo: que Bongiovanni había sido docente de ambas adolescentes; que Bongiovanni generó un vínculo estrecho con S.B.B. y S.B; que Bongionvanni era un referente importante en la vida de las jóvenes; que S.B.B. y S.B. no tenían experiencia en el ámbito de la sexualidad; que Bongiovanni era una persona adulta, con mayor experiencia; entre otras proposiciones cuya comprobación empírica -cabe decir- no fue controvertida por la defensa.
Esto muestra, y también es importante señalarlo, que tanto el fiscal como la defensa no solo participan en la elaboración de las instrucciones sobre el derecho aplicable (a partir de su litigación en la audiencia del art. 371, CPP), sino que discuten y alegan sobre el derecho aplicable directamente ante el Jurado, usualmente no en el lenguaje técnico de los elementos de la teoría jurídica del caso, pero sí con argumentos capaces para reflejarlos, al poner de manifiesto el aporte informativo de cada fuente de prueba con relación a su hipótesis.
18. Por otro lado, constato que el Jurado fue instruido sobre los alcances de su función, en el sentido señalado. Así, en las instrucciones iniciales la jueza no solo les informó a los jurados que se acusaba a Bongiovanni “por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda de la víctima y abuso sexual gravemente ultrajante siendo las denunciantes (…) S.B.B. y S.B.” (pág. 5, acta de debate), sino que ellos eran “los jueces de los hechos y esto significa que tienen la responsabilidad de decidir cuáles son los hechos que resultan probados en este juicio” y que “ustedes son los únicos que deben determinar si el acusado es culpable o no culpable del delito por el que se acusa” (pág. 5, acta).
Con mayor precisión, al momento de explicarles las “REGLAS Y OBLIGACIONES DEL JURADO” (en las instrucciones finales), la magistrada les informó a sus miembros que “al ser ustedes los jueces de los hechos, su primer y principal deber es decidir cuáles son los hechos que han quedado probados o no, en este caso” y “el segundo deber que tienen es aplicar a los hechos que ustedes determinen, la ley que les voy a señalar” (pág. 43, acta debate).
Sobre la “LEY APLICABLE”, la jueza les señaló:
“los instruiré sobre cada hecho en particular que se atribuye al acusado, al explicarles los delitos aplicables, sus elementos esenciales, y cómo se prueban” (pág. 51, acta debate). En el mismo apartado se les advirtió que la “Constitución y la ley exigen que deban ser probados cada uno de los elementos que componen los delitos imputados” y se los instruyó en particular sobre los “elementos que ustedes deben encontrar debidamente acreditados, según la acusación fiscal” (pág. 53/56, acta); para finalmente resumir (en lo que aquí importa destacar): “si después de analizar cuidadosamente toda la prueba admitida y de conformidad con estas instrucciones, ustedes están convencidos de que la Acusación ha probado más allá de toda duda razonable que el acusado cometió estos hechos, abarcando todas esas circunstancias, deberán rendir VEREDICTO DE CULPABILIDAD por cada uno de los delitos por los que el señor Bongiovanni fue acusado” (pág. 56, acta debate).
19. En definitiva, lo que intento señalar es que al margen de la forma en que las partes litigaron la audiencia de cesura y de la decisión que la jueza tomó en la sentencia, en forma irregular; lo cierto es que la cuestión relativa a la calificación legal de los hechos estaba precluida, pues había sido resuelta por el Jurado al dictar el veredicto de culpabilidad de Bongiovanni, en forma adecuada a partir de las instrucciones de la ley aplicable que se le dieron (y sobre las que la defensa no realiza ninguna objeción en el recurso).
Así, el tramo de la sentencia donde la jueza estimó, según su “sincera convicción”, que los hechos probados por el Jurado debían calificarse de acuerdo a la propuesta de la fiscalía, es consecuencia de una errónea aplicación e interpretación de las normas que invocó para tomar esa decisión (arts. 371 bis y 372, CPP).
El problema no fue del Jurado, sino de la magistrada que se atribuyó una función que le era ajena y cuando los jurados ya habían determinado los hechos en función del derecho penal sustantivo que ella misma les explicó.
En consecuencia, lo correcto en términos técnicos es anular parcialmente la sentencia, en el tramo donde la magistrada se expidió sobre la significación jurídica que ya venía determinada por los jurados, pero sin afectar el veredicto, pues se dictó en forma regular. Luego y en tanto la calificación de los hechos es una facultad inescindible de la actividad que realizaron los jurados en la audiencia de deliberaciones, corresponde confirmar el veredicto de culpabilidad de Bongiovanni por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda de la víctima y abuso sexual gravemente ultrajante siendo las denunciantes (…) S.B.B. y S.B.” (pág. 5, acta de debate), pues fue la hipótesis que se sometió a la decisión del jurado.
20. Finalmente y con motivo de la práctica utilizada en el caso concreto para informar al Jurado la cuestión a decidir, esto es, los formularios que debían completar al momento de votar, estimo importante destacar que ellos deben incluir no solo la identificación del hecho al que se refieren sino también la calificación legal por la que se acusa al imputado y, de existir, los delitos menores incluidos y, por supuesto, siempre la opción de no culpabilidad.
Alterar los tópicos sobre los que tiene que decidir el Jurado popular puede trastocar eventualmente la competencia constitucional que le fue asignada, siguiendo en esto el modelo de jurado clásico que ha inspirado tanto a los postulados fundacionales, como a las legislaciones locales que la reglamentan.
Valga esto -entonces- como recomendación general, sin perjuicio de constatar que, en rigor de verdad, han sido pocos los casos en los que se detectaron yerros de esta naturaleza.
21. En orden a las consideraciones formuladas, propongo al acuerdo: anular parcialmente la sentencia dictada por la magistrada, en el tramo donde se expidió sobre la significación jurídica que ya venía determinada por los jurados, sin afectar el veredicto de culpabilidad de Bongiovanni, pues se dictó en forma regular; rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas; mantener la sanción impuesta al acusado en la sentencia dictada a consecuencia del veredicto; y exhortar a la Dra. Claudia Fortunatti para que en lo sucesivo se sujete a las reglas del procedimiento de juicio por jurados y se abstenga de ejercer funciones que le son ajenas, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias de ese procedimiento; y a esta PRIMERA CUESTION VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 119, segundo párr. con relación al cuarto párr., inc. b), Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP).
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. ANULAR PARCIALMENTE la sentencia dictada por la magistrada, en el tramo donde se expidió sobre la significación jurídica que ya venía determinada por los jurados, SIN AFECTAR EL VEREDICTO DE CULPABILIDAD DE BONGIOVANNI, pues se dictó en forma regular; II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas; III. MANTENER la sanción impuesta al acusado en la sentencia dictada a consecuencia del veredicto; IV. EXHORTAR a la Dra. Claudia Fortunatti, jueza del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Bahía Blanca, para que en lo sucesivo se sujete a las reglas del procedimiento de juicio por jurados y se abstenga de ejercer funciones que le son ajenas, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias de ese procedimiento; V. REGULAR LOS HONORARIOS de la Dra. Bárbara Saguer y del Dr. Leonardo Talamoni, por la labor desarrollada luego del juicio, en un 25% de la suma fijada en origen; VI. TENER PRESENTE la reserva del caso federal (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 14, ley 48; 119, segundo párr. con relación al cuarto párr., inc. b), Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 460, 530 y 531 CPP; 16 y 31, ley 14.967).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que vota en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. ANULAR PARCIALMENTE la sentencia dictada por la magistrada, en el tramo donde se expidió sobre la significación jurídica que ya venía determinada por los jurados, SIN AFECTAR EL VEREDICTO DE CULPABILIDAD DE BONGIOVANNI, pues se dictó en forma regular;
II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas;
III. MANTENER la sanción impuesta al acusado en la sentencia dictada a consecuencia del veredicto;
IV. EXHORTAR a la Dra. Claudia Fortunatti, jueza del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Bahía Blanca, para que en lo sucesivo se sujete a las reglas del procedimiento de juicio por jurados y se abstenga de ejercer funciones que le son ajenas, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias de ese procedimiento;
V. REGULAR LOS HONORARIOS de la Dra. Bárbara Saguer y del Dr. Leonardo Talamoni, por la labor desarrollada luego del juicio, en un 25% de la suma fijada en origen;
VI. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 119, segundo párr. con relación al cuarto párr., inc. b) del Código Penal; 209, 210, 371, 373, 448, 454, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 16 y 31 de la ley 14.967.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia