Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios vertidos por la recurrente y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de recurso. Costas en la instancia a la recurrente en su calidad de vencida (conf. Art. 68 del CPCC).
2Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales en la instancia hasta tanto no exista regulación en la instancia de grado.
3Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1567680/2024.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8684/24 Sentencia: Definitiva Actor: Bonomo Silvia Demandada: Instituto María Auxiliadora Objeto: Laboral Fecha: 06-03-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los SEIS días del mes de marzo de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “BONOMO, Silvia c/ INSTITUTO MARIA AUXILIADORA s/ Laboral” Expte. 1256 del año 2021 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Ciudad de Puerto Deseado, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8684. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
1. Que la Sra. Silvia Elvira BONOMO con el patrocinio de la Dra. Rocío Marsicano y del Dr.Cristian Fernández demanda por despido injustificado ocurrido en medio de la pandemia. Relata que en el mes de diciembre de 2019, en una reunión, le informan sobre la Resolución 0977 del Consejo Provincial de Educación que decretó su cesantía e inhabilitación por 4 años y que fue despedida mediante carta documento que transcribe que recibió el 9/12/2019, cinco días después que se le otorgara licencia psiquiátrica. Menciona que en el mes de julio de 2020 se encontraría en condiciones de acceder al trámite de su jubilación. Transcribe el intercambio telegráfico y normativa que entiende aplicable. Hace referencia a denuncia laboral en la Dirección de Trabajo de Puerto Deseado que formulara el 3/9/2021 y que en la audiencia de conciliación se declinó la vía administrativa, y de un amparo por mora que le fue denegado (en realidad conforme señala la Sra. Jueza en sentencia se declaró la caducidad de instancia) y que pese al rechazo del recurso se reabrió el sumario en el Consejo Provincial de Educación. Argumenta que la cesantía y la inhabilitación dictada por el Consejo Provincial de Educación no es vinculante para su empleadora y por ello considera incausado el despido. Enumera los rubros reclamados y practica liquidación.
II. Que el Instituto María Auxiliadora representado por el Dr. Lionel Fabricio Pleticosich Fjell al contestar la demanda formula una serie de negativas sobre los hechos y pide el rechazo de la demanda. Indica que recibieron dos notas de la Directora Provincial de Educación Privada dependiente del Consejo Provincial de Educación, en la primera 4049-DPEGP-2019 del 9/10/19 advierten sobre la infracción de las disposiciones reglamentarias del Acuerdo 185/97 Título IV arts. 43, 45 y 46 al constatarse la inscripción de la actora en la Junta de Calificación. La segunda del 12/11/2019 nota 4264-DOEGP-2019 ponen en conocimiento y exhortan a dar cumplimiento con la resolución 09997/2017 y requieren un informe detallado de la actora que la institución remitió. Expresan que por ello el 4/12/2019 cursan carta documento mediante la cual le informan a la actora el cese de sus servicios como docente. Continuando su relato dice que el 5/12/2019 reciben la nota 205-SRM-HDPD-19 del Hospital Distrital de la localidad que le solicita notificar a la actora el reconocimiento de licencia médica desde el 4/12 al 6/12 inclusive por lo que remiten la carpeta y certificados a la Directora de Educación Privada con nota 226/19 donde solicitan directivas en cuanto a la forma de proceder y que al momento de contestar la demanda no obtuvo respuesta. El Consejo Provincial de Educación que fuera citado como tercero solicita el rechazo de la acción y el deslinde de responsabilidad. Hace referencia al Sumario Administrativo número 642.125/2010 y al recurso de nulidad interpuesto por la actora el 18/3/2020 contra la resolución 0977/17 del 9/6/2017 rechazado el 27 de abril de 2021 ordenándose la reapertura del sumario por aplicación del art. 59 del estatuto del docente (ley 14.473). Hace hincapié en que si bien no ha concluido la revisión ordenada ello no influye en la vigencia de la sanción del mes de diciembre de 2019 acompañando documentación. Analiza el cese laboral de la actora en la demandada con relación a la cesantía e inhabilitación dispuesta por resolución del Consejo Provincial de Educación y adhiere a la contestación por la accionada en cuanto a la liquidación e improcedencia de los rubros reclamados.
III. Que la sentencia obrante en PE1552883/2024 rechaza la demanda interpuesta por Silvia Bonomo contra el Instituto María Auxiliadora y declara abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad realizado en atención al resultado del proceso imponiendo las costas a la actora vencida (art. 68 del CPCC remitido por la ley 1444). Difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes y la determinación del monto de la tasa de justicia hasta tanto la sentencia se encuentre firme y manda registrar y notificar. Disconforme con lo resuelto la actora interpone recurso de apelación en PE 1567671/2024 y en 1567680/2024 lo funda expresando agravios. El recurso se le concede libremente y con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios. 15950288/2024.
La demandada contesta el traslado del fundamento del recurso en PE.1584731/2024 y los autos se elevan con la certificación de estilo de PE 1594764/2024.
Recibidos los autos en PE 1903837/2024 se integra cámara y se dispone el llamado de autos a sentencia y se establece el orden de estudio.
IV. Que al sostener el recurso la parte actora califica a la sentencia de claramente arbitraria y entiende se debe revocarla. Cita jurisprudencia y doctrina sobre sentencia arbitraria.
En un primer agravio se queja por lo que entiende falta de fundamentación en la sentencia en crisis con invocación del art. 164 del CPCC. Entiende que se debió analizar que nunca la notificaron de la existencia del sumario ni se le notificó al Instituto María Auxiliadora pese a que el Consejo de Educación abonaba los salarios mes a mes, ni nada se dice de la vulneración del derecho de defensa. Refiere una confusión en la causal invocada en el sumario del Consejo de Educación y lo considera nulo y además se establecen dos causales distintas que se imputan y se pregunta si es justa la causal invocada haciendo referencia a un legajo impecable en la institución educativa que la empleaba. Entiende que la trabajadora que a la fecha padece enfermedades psiquiátricas a raíz de los hechos y el estrés padecido merece de la justicia fundamentos válidos que expliquen los motivos por los cuales ella no tiene derecho a reclamar. En el segundo agravio se queja por lo que considera falta de análisis de la causal invocada. Dice que su parte pretendía se analizara en el ámbito judicial cual ha sido el manejo que ha tenido el Consejo Provincial de Educación con la docente. Expresa que la sentenciante se ha pronunciado sobre cuestiones superfluas y no sobre el fondo de la cuestión es decir si el sumario fue justo.
Aclara que la demanda se plantea contra el Instituto María Auxiliadora pues era la empleadora de la actora y el sumario se realiza por hechos en otras jurisdicciones y pese a ello la demandada sostiene el despido en dicho sumario y expresa que debió realizar un análisis de la labor desarrollada por el Consejo Provincial de Educación. Refiere que no se discute que la relación es regida por la ley 13.047 (estatuto docente) e invoca el art. 13 de esa ley, jurisprudencia y doctrina. Critica que, en caso de autos, la demandada no instruyó un sumario y sostiene que ello no la exime de la responsabilidad indemnizatoria pues debía probar un incumplimiento con respecto a ella no al Consejo. Por ello tras referir la declaración de las testigos que declararon sostiene que con respecto del Instituto María Auxiliadora la actora ni abandonó el trabajo ni incurrió en ningún incumplimiento y que se limitaron a echarla después de diez años por un sumario donde la actora nunca fue debidamente notificada ni evaluar que respecto de ellos la actora no tuvo ningún problema. Argumenta que ni siquiera era oponible la falta de título habilitante pues como consta en las certificaciones agregadas a autos ella se desempeñaba igualmente como docente de tecnología. Transcribe sumarios de pronunciamientos judiciales. Discurre sobre el despido sin causa citando jurisprudencia. En el tercer agravio se queja por falta de análisis en profundidad sobre la relación laboral existente entre las partes y se limitó a expedirse sobre puntos ajenos al reclamo.
En el cuarto agravio ataca la sentencia por la imposición de costas por su orden.
Para el supuesto de confirmarse la sentencia hace expresa reserva del caso federal.
V. Que la demandada por medio de su apoderado al contestar el traslado en PE 1584731/2024 destaca respecto del primer agravio relativo a que la jueza de grado no analizó párrafo por párrafo sin hacer mención a la prueba presentada que el sentenciante no está obligado a expedirse sobre la prueba presentada y sólo tomó en cuenta lo que consideró conducente. Hace notar que la casi totalidad de la prueba da fe de la plataforma planteada por su parte y el Consejo en la contestación de la demanda (en realidad la citación como tercero). Señala que la actora pretende valerse de un despido sin causa cuando la realidad indica lo contrario pues fue sometida a un proceso administrativo en el que debió haber ejercido su defensa e incluso pudo debatir lo resuelto en sede judicial en recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, pero demandó injustamente a su mandante.
Sólo alegó que la resolución 00977/2017 se encontraba viciada. Recuerda que su mandante fue intimada a dar cumplimiento a esa resolución bajo apercibimiento de sanciones. Entiende que se desprende que se encontraba en plena vigencia esa resolución. Rechaza la alegación de encontrarse bajo carpeta médica al momento del despido pues ella estaba cesanteada e inhabilitada por el Consejo Provincial de Educación, resolución que estaba notificada y firme al momento de cursarse la misiva de despido con justa causa. Expresa que actuó con mala fe al no actualizar su domicilio de residencia. Hace notar que el Consejo Provincial de Educación no tiene la obligación de notificar a su mandante sobre los sumarios que lleva adelante a docentes.
Por esta causa sostiene que la actora se encuentra despedida con justa causa. Respecto del segundo agravio destaca el argumento que la Señora Jueza consideró de vital importancia para llegar al fallo y al que la recurrente omite referirse esto es que el expediente 642126-CPE-2010 se inició por el reclamo presentado por la actora el 31 de mayo de 2010 pidiendo la revisión de su situación de revista, puntaje y solicitud de traslado a la localidad de Perito Moreno y que los vocales de la Junta de clasificación de Educación Primaria al clasificar con 3 puntos en el ítem “título” requieren la presentación de la documentación relativa al título de docente que alega tener a los fines de la evaluación.
Resalta que nunca presentó esa documentación y además se detecta una irregular inasistencia a su lugar de trabajo. Hace hincapié respecto de la falta de notificación alegada por la actora y destaca que consta la remisión de cartas documento dirigidos al domicilio real que la propia actora especificó en el expediente que ella misma inició y menciona que, incluso, se intentó notificarla al domicilio laboral sin éxito. Hace un resumen de lo actuado en el sumario donde se encuentra a la actora incursa en la comisión de las faltas investigadas y se la sanciona con cesantía e inhabilitación por 4 años, sanción que fuera notificada a la actora por edictos y explica porque siguió percibiendo haberes.
Entiende que quien no analizó hechos ha sido la actora y pide se rechace el segundo agravio. Al contestar el 3º agravio transcribe la resolución 00977/2017 y sostiene que su mandante tuvo que dar cabal cumplimiento conforme la normativa legal vigente procediendo al despido de la Sra. Bonomo con justa causa.
Para rechazar el 4º agravio invoca el principio general en materia de costas que debe soportar el vencido y que el principio de gratuidad no alcanza a las costas. Pidió el rechazo del agravio.
VI. Que el despido dispuesto por la patronal fue comunicado a la actora mediante carta documento del siguiente tenor:
“Atento lo resuelto por la Sra. Presidenta del Consejo Provincial de Educación en Resolución Nº 00977 del 9/6/2017 en que se dispuso: Artículo 2: Aplicar a la docente Sra. Silvia Elvira BONOMO la sanción establecida en el art. 54 inc. g de la ley 14.473 (Estatuto del Docente) CESANTÍA E INHABILITACIÓN POR CUATRO AñOS y como accesoria se aplique lo establecido en el Decreto 2109 art. 1 punto 1 inc. 2 e) dictado en el expediente Nº 642.126 CPE de su conocimiento que dicha cesantía se encuentra plenamente vigente y que mediante nota 4264-DPEGP-2019 se ha intimado a nuestro establecimiento a dar cumplimiento a la misma. LE COMUNICAMOS SU CESE INMEDIATO EN LOS SERVICIOS DOCENTES que presta en nuestra institución. QUEDA UD. NOTIFICADA. SILVIA IBAÑEZ”. Esta carta documento ha sido invocada por las dos partes y se desprende que la causal ha sido la CESANTÍA E INHABILITACIÓN POR CUATRO AÑOS dispuesta por el Consejo Provincial de Educación. El esfuerzo de la recurrente no conmueve la sentencia en crisis toda vez que se pretende cuestionar la sanción dispuesta por el Consejo Provincial de Educación no por la vía contencioso administrativa correspondiente sino en estos autos y pretende que sea la institución educativa demandada la que la desconozca y la mantenga en su plantel no obstante encontrarse inhabilitada como docente. Los planteos que la actora formula en su demanda debió realizarlos en el sumario referido. Ello por cuanto no puede, ni le corresponde a la demandada analizar las actuaciones sumariales realizadas por el Consejo Provincial de Educación, ni juzgar sobre la injusticia o nulidad de lo allí resuelto.
No resulta procedente la pretensión de tener derecho a permanecer desempeñando sus tareas docentes para la cual ha sido inhabilitada por el Consejo Provincial de Educación toda vez que equivale, reiterando ejemplos, a que se pretenda la inexistencia de causa del despido de un chofer inhabilitado para conducir vehículos por la autoridad y se sostenga que la patronal debió desconocer la sanción y manteniéndolo al mando de un vehículo y que en el juicio laboral se discuta la sanción tomada por la autoridad (sea administrativa o judicial). O que su despido ha sido incausado. También equivale al caso de un médico inhabilitado a ejercer su profesión, que resista se lo despida no obstante estar inhabilitado en el ejercicio de su profesión. O exagerando el ejemplo que la inhabilitación haya sido por la no presentación de la documentación que acredite haber finalizado sus estudios o que no cuente con ella. No corresponde tratar los argumentos desarrollados por la empeñosa defensa de la actora. Obsérvese que ni siquiera, en esta instancia, acompaña su título docente que la hubiere habilitado para estar legítimamente al frente de un aula. Podrá la actora ejercer los derechos que entiende le pueden asistir en la sede administrativa y reclamar los daños presuntos al Consejo Provincial de Educación por la vía y por ante quien corresponda.
Resta agregar que la citación como tercero en autos no altera las conclusiones que antecede. La actora no demandó al Consejo Provincial de Educación, sino que tomó intervención por petición de la demandada en los términos del art. 94 del CPCC. Cuando el magistrado admite la citación en PE 271803/2022. Ergo no se lo puede condenar pues la actora no lo demandó y la citación tiene por único objeto evitar que en un futuro juicio por repetición no se pueda alegar una deficiente defensa. Estas consideraciones son suficientes para responder a la primera cuestión en forma afirmativa por considerar justa la sentencia. Los agravios vertidos omiten considerar este aspecto que es fundamental. Ella se encontraba inhabilitada para continuar legalmente al frente del aula sin acreditar ante el Consejo Provincial de Educación los títulos que afirmaba haber obtenido. Todos sus agravios chocan contra esta falta que los invalidan y le quitan todo peso para impugnar la sentencia. Tampoco es atendible a mi juicio el cuarto agravio por el que se pretende con gran esfuerzo liberarse de las costas. El principio objetivo de la derrota que establece el art. 68 del CPCC en este caso actúa plenamente. El principio de la gratuidad del proceso laboral permite el acceso a la justicia pero no incluye a las costas que puedan imponerse.
Respondo pues en forma afirmativa a la primera cuestión pues considero justa la sentencia en crisis, la que debe ser confirmada en todo cuanto fuera materia de agravios. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. La debilidad del recurso en examen radica, como lo señala el primer votante, en la inhabilitación y cesantía dispuesta por el Consejo Provincial de Educación, cuestión que no puede discutirse en autos, sino que se debió tratar en otra sede. Por ello adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que por las razones expuestas propongo al Acuerdo dictar la siguiente sentencia: 1º) Rechazar los agravios vertidos por la recurrente y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de recurso. Costas en la instancia a la recurrente en su calidad de vencida (conf. Art. 68 del CPCC). 2º) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales en la instancia hasta tanto no exista regulación en la instancia de grado. 3º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1567680/2024. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Estimo que la propuesta formulada por el preopinante se ajusta a las razones expuestas. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 06 de marzo de dos mil veinticinco:
Y
Lo deliberado y considerado en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Rechazar los agravios vertidos por la recurrente y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de recurso. Costas en la instancia a la recurrente en su calidad de vencida (conf. Art. 68 del CPCC).
2. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales en la instancia hasta tanto no exista regulación en la instancia de grado.
3. Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1567680/2024.
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. El Dr. Horacio Fernández suscribe el presente sin emitir opinión por no existir disidencias. Fdo. Horacio Fernández- Juez de Cámara; Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.-
Protocolización: A201007S.251 Tomo: CII Sentencia: 3103 Folio Nº: 020/025 Secretaria: 1
Fin de la sentencia