Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2435/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE76138-2021.-
2Declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE63588-2021, por cuanto omitió el tratamiento de las pretensiones dirigidas a obtener el pago por los rubros sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, SAC sobre vacaciones y servicios cancelados por la actora, con más la aplicación de intereses.-
3Declarar de oficio la nulidad del punto 5º) de la parte dispositiva de la referida sentencia por cuanto omitió expedirse en relación a la responsabilidad de Hilario Mancilla, en su carácter de apoderado de la sociedad demandada.-
4Reenviar los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento en relación a las parcelas aludidas.-
5Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que hubiera sido motivo de agravios.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2435/21-TSJ Actor: BORDAGORRY REBECA ISABEL Demandada: MANSILLA HILARIO Y OTROS Objeto: LABORAL Fecha: 31-05-2024 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 752 FOLIO Nº 4580/4595 PROT. ELECT. TSS1 010 S.241
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a 31 días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia del Dr. Daniel Mauricio Mariani, para dictar sentencia en los autos: “BORDAGORRY REBECA ISABEL c/ MANSILLA HILARIO Y OTROS s/ LABORAL” Expte. Nº B- 11.454/13 (B-2435/21-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE76138-2021?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la Primera Cuestión la Dra. Fernández dice:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Silvia Cristina Riente (cfr. PE76138-2021), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE63588-2021, que revocó el pronunciamiento dictado en Primera Instancia, el que -a su turno- había rechazado la demanda.-
El Tribunal de Alzada, asimismo, desestimó la defensa de falta de legitimación pasiva incoada por Lautaro S.R.L. y acogió favorablemente la articulada por el Sr. Hilario Mansilla. Como corolario de ello, la demanda prosperó únicamente contra la primera por el rubro “salarios adeudados” correspondientes a los meses de enero a junio del año 2013 (cfr. PE cit., pág 11).-
II. Para así decidir, la Excma. Cámara de Apelaciones consideró que la parte recurrente había prestado servicios para la demandada Lautaro S.R.L., por cuenta ajena y bajo la dependencia e instrucciones de esta última, lo que la llevó a desestimar la falta de legitimación pasiva que había interpuesto oportunamente la empresa. En cambio, receptó favorablemente esa defensa en relación al demandado Mansilla, al entender que no existió vínculo de linaje laboral con este ultimo (cfr. PE y pág. cits.).-
En este contexto, dijo que de la prueba rendida en la causa se desprendía que la dependiente había ingresado a trabajar a las órdenes de la demandada en febrero de 2008, desempeñándose en la categoría de encargada de primera del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, ya que se encontraba a cargo del local comercial denominado “Super Muebles” ubicado en la localidad de Puerto San Julián, en el horario de 9,00 a 12,00 y de 15,00 a 20,00 horas (cfr. PE cit., pág. 8). Verificó la existencia de deuda salarial correspondiente al período comprendido entre los meses de enero a junio de 2013 y, consiguientemente, ordenó que en la instancia de grado -y a través del Cuerpo de Pericias Contables- se determine la remuneración mensual, normal y habitual convencional correspondiente al tiempo señalado, debiéndose deducir una suma dineraria recepcionada por la actora mediante un giro postal (cfr. PE cit., pág. 9).- Denegó la pretensión de cobro de horas extras, ante la ausencia de pruebas que abonaran su pedido. Idéntica suerte adversa se atribuyó al reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido indirecto en el que se había colocado la trabajadora, al indicar que Lautaro S.R.L. nunca fue anoticiada o intimada en debida forma de las intimaciones cursadas por la actora para que se registre su contrato de trabajo, en tanto sus misivas fueron remitidas al Sr. Hilario Mansilla (apoderado de la codemandada) (cfr. PE cit., págs. 9/10).-
Finalmente, impuso las costas de ambas instancias en el orden causado, mientras que las derivadas del rechazo de la demanda en contra de Hilario Mansilla fueron impuestas a la accionante (cfr. PE cit., pág. 11).-
III. Contra este pronunciamiento, la actora interpone recurso de casación, aduciendo violación de la ley, en los términos del artículo 3°, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. PE76138-2021, págs. 1 y 17).-
En su agravio inaugural, cuestiona que se haya resuelto de manera favorable la defensa de legitimación pasiva opuesta por Mansilla. Reprodujo los términos vertidos en su contestación a la “excepción” de falta de legitimación pasiva, oportunidad en la que dijo que en los supuestos de clandestinidad total del vínculo -como es su caso- los directores y administradores de las sociedades pueden ser demandados en doble carácter: como responsables de actos societarios y como empleadores. Expresa que en la causa se acreditó que el accionado en cuestión era el administrador de la empresa Lautaro S.R.L. Con sustento en lo establecido por los artículos 59, 157 y 274 de la Ley de Sociedades y los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, postula que el administrador o representante de una sociedad incurre en prácticas fraudulentas y es responsable solidario cuando contraviene los deberes que surgen de la buena fe y de actuar como un buen hombre de negocios y como buen empleador. Dice que, igualmente, se extiende la responsabilidad solidaria a aquél, conforme lo prescripto por el artículo 29 del régimen laboral (cfr. PE cit., págs. 2/3).- En segundo lugar, se agravia ante el rechazo de las indemnizaciones procuradas a raíz del despido indirecto en el que se colocó. Asevera que frente a las amplias facultades que tenía Mansilla no se alcanza a interpretar que pueda resultar inocua la intimación cursada a este y que ha quedado acreditado que, conforme al propio reconocimiento de Lautaro S.R.L., esta fue notificada en su domicilio legal. Arguye que la solución brindada por la Excma. Cámara de Apelaciones contraviene los principios protectorio, de primacía de la realidad, de la buena fe y equidad (cfr. PE cit., págs. 3/5). En tercer término, bajo el acápite “sentencia infra petita”, indica que se ha omitido juzgar con respecto a la imposición de intereses, la tasa aplicable, los rubros sueldo anual complementario (SAC), vacaciones, SAC sobre vacaciones, con más sus actualizaciones y “servicios cancelados” (cfr. PE cit., pág. 7).-
Por último, dice que las costas deben ser soportadas por la demandada en cuento resultó vencida y que aceptar que sean impuestas por su orden en las instancias ordinarias implicaría que la vencida resultaría ser en verdad una parcial vencedora, al imponerle a su parte el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa de quien se vio obligado a litigar (cfr. PE y pág. cit.).-
Declarado formalmente admisible por la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. PE94531-2021), este Alto Cuerpo lo declara bien concedido (cfr. PE214506-2021), poniendo los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de esta facultad únicamente la parte actora (cfr. PE224376-2021).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia dictamina, por los fundamentos que allí invoca y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad, señalando que el recurso de casación debe ser rechazado (cfr. PE281573-2021).-
En PE198909-2021 se llaman autos para dictar sentencia y en PE296852-2021 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
IV. Que realizada la descripción de los agravios expuestos por la recurrente, resulta menester precisar que si bien hace mención al carril impugnativo establecido en el artículo 3º, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. PE76138-2021, pág. 1), a los efectos de encauzar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza del agravio desarrollado bajo el acápite “sentencia infra petita” (cfr. PE cit., pág. 7), corresponde que el tratamiento de este recurso casatorio se adscriba también en el marco previsto en el artículo 2º del régimen precitado (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, XXII, Reg. 706, Folio 4214/4217 y Tomo XVIII, Reg. 606, Folio 3475/3480).- Ello así, por cuanto actualmente la exigencia de precisión motivacional “…se encuentra morigerada merced a la aplicación de la regla que trasunta en el adagio ‘iura novit curiae’ e ‘indeferencia del nomen iuris’, pues...basta que el recurrente señale exactamente un hecho contemplado en la ley como motivo de impugnación y lo desarrolle con la debida suficiencia técnica, para que el tribunal, en virtud de la aplicación de esa regla, se encuentre obligado a encuadrar aquel hecho, aunque tenga para ello que corregir alguna referencia motivacional errónea o suplir su ausencia.” (cfr. Perrachione, Mario C.: “La casación como método de control de la función jurisdiccional”, Alveroni Edición, Córdoba, 2003, pág. 237).- Tal como fuera anticipado, la casacionista aduce que la sentencia bajo revisión omitió juzgar en torno a la aplicación de intereses y la procedencia de los rubros sueldo anual complementario (SAC), vacaciones, SAC sobre vacaciones -con más sus actualizaciones- y servicios cancelados, conforme lo peticionara oportunamente (cfr. PE76138-2021, pág. 7). Ulteriormente, expuso que la preterición reseñada configura un vicio de incongruencia por omisión (cfr. PE224376-2021).-
Asiste razón a la recurrente.-
De la lectura de su escrito inicial (cfr. fs. 67/74 vta.) surge que la demanda contiene una acumulación objetiva de pretensiones, donde expresamente la trabajadora reclama, conjuntamente con las indemnizaciones derivadas del despido indirecto, otros rubros, tales como sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, SAC sobre vacaciones y servicios cancelados por la actora (cfr. fs. 69 vta./70 y 72 vta.). A ello adiciona un pedido relativo a que los importes sean actualizados desde que la suma fue debida y hasta el momento de su efectivo pago, con más intereses fijados conforme a la tasa activa que emplea el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento (cfr. fs. 67 y 70).- En Primera Instancia se rechazó íntegramente la demanda (cfr. fs. 605/612), al considerar que entre los litigantes no había existido un vínculo de orden laboral. En punto a ello, aclaró que la falta de acreditación de una relación de este tipo impedía dar curso al reclamo impetrado y que, en consecuencia, carecía de relevancia el examen de las demás cuestiones introducidas (cfr. foja 611 vta.).-
Al apelar este pronunciamiento (cfr. fs. 619/625 vta.), la actora explícitamente solicitó que sea revocado, acogiendo la demanda en todas sus partes (cfr. fs. 619 y 625 vta.).-
A su turno, el Tribunal de Alzada erigió su decisorio en una senda opuesta a la transitada por la Magistrada de origen, al entender que la Sra. Bordagorry sí laboró para la demandada Lautaro S.R.L. en su carácter de responsable de un local comercial y, en consecuencia, revocó el fallo apelado. Desde ese atalaya, se avocó al examen de los diferentes reclamos de la dependiente. En esta faena, receptó favorablemente el rubro “salarios adeudados”, al expresar que los sueldos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2013 no habían sido abonados. En cambio, rechazó el pago de horas extras y consideró ilegítimo el despido indirecto, por lo que desestimó el resarcimiento procurado sobre esa base.- Así las cosas, se observa que el órgano judicial de grado no se pronunció respecto a los rubros individualizados por la impugnante en su recurso de casación, sin expresar motivo que justifique tal omisión.-
Al revocar la sentencia de Primera Instancia, la Alzada debía asumir la plenitud de su jurisdicción, dentro de los límites del recurso sometido a su conocimiento.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que con el fin de otorgar debida tutela a la garantía de la defensa en juicio (cfr. art. 18 de la C. N.) el Tribunal de apelación tiene con respecto a las pretensiones y oposiciones oportunamente introducidas la misma competencia que corresponde al juez de Primera Instancia (Fallos: 308:821; 312:2096; 327:730). Igualmente, ha señalado que: “…cuando la apelante ataca, al expresar agravios, la totalidad de lo resuelto en la instancia inferior, pidiendo se lo revoque en forma completa, ello revierte al tribunal de alzada la plenitud de su jurisdicción, de modo que el analizar aquél, ampliamente, los extremos debatidos en el caso, no importa sino un ejercicio normal de la competencia apelada…” (Fallos 297:130).- En la misma línea, este Alto Cuerpo citando a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que: “…cuando la Cámara revoca la sentencia de primera instancia que no se pronunció sobre todas las cuestiones planteadas por declarar procedente una defensa que por sí sola es suficiente para sellar la suerte de la acción promovida, en ejercicio de su potestad plena debe resolver todos los temas que integran la relación procesal y no devolver la causa al inferior con ese fin, sin que con ese proceder se vulnere la defensa en juicio, ni el principio de igualdad, ni el régimen de la doble instancia. Y que los tribunales ordinarios de apelación no constituyen una instancia de casación, por lo tanto, si revocan una decisión, no pueden ‘reenviar’ la causa para que sea fallada nuevamente, sino que deben pronunciarse sobre todas las cuestiones de fondo que quedaron sometidas a su conocimiento (conf. ‘Acuerdos y Sentencias’: 1985-III-444; 1987-IV-403; 1988-II-167).” (cfr. “De Leo José c/ García Basilio Francisco y otro s/ Cobro de pesos”, causa LP Ac. 49.681 S, del 02/11/1993) (cfr. Sentencia, Tomos VIII, Reg. 287, Folio 1560/1562; Reg. 288, Folio 1563/1565, Reg. 289, Folio 1566/1568 y XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645).- Esta labor fue concretada de modo parcial y deficiente por la Excma. Cámara de Apelaciones, al dejarse de lado -sin razón alguna- el juzgamiento de los rubros sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, SAC sobre vacaciones y servicios cancelados por la actora, con más la aplicación de intereses; todos los cuales integraron la estructura de la traba de la litis.-
En tales condiciones, se configura en la especie un supuesto de incongruencia por omisión, al haberse soslayado sin motivo el tratamiento de cuestiones que revisten el carácter de esencial.-
Es dable mencionar que el Máximo Tribunal bonaerense ha estimado favorablemente un recurso extraordinario de nulidad, en el cual se había acusado la omisión de tratamiento de reclamos vinculados con el sueldo anual complementario proporcional y las vacaciones proporcionales, con más los intereses respectivos, al considerar que constituían una verdadera cuestión esencial (cfr. “Pennisi Raúl Oscar c/ Y.P.F. S.A. s/ Despido”, causa LP L 116.648 S, del 10/09/2014). Al analizar otro supuesto en el cual el juzgador de origen, pese a reconocer la existencia de la relación laboral, no se había pronunciado sobre diversos rubros que fueron reclamados en la demanda y no poseían vinculación con el despido, entendió que se había configurado una omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, toda vez que los reclamos concernientes a las vacaciones proporcionales y al sueldo anual complementario sobre vacaciones integraron la estructura de la traba de la litis (cfr. “Sibilla Nazareno C. O. c/ Siblar S.R.L. s/ Despido”, causa LP L 117.722 S, del 28/10/2015).- Esta forma de decidir quebranta el artículo 164, inciso 6º del CPCyC que requiere: “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio…”, cuyo mandato se extiende también a los pronunciamientos que se dicten en Segunda Instancia, por imperio del artículo 165 del mismo cuerpo normativo y, a su vez, resulta de aplicación a las causas laborales, en virtud de la remisión normativa trazada en el artículo 121 de la Ley Nº 1444 (t.o. Ley Nº 2435).-
Los pronunciamientos deben corresponderse con lo pedido en la demanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa en discusión (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XVII, Reg. 591, Folio 3394/3398 y XVIII, Reg. 606, Folio 3475/3480).-
Este Alto Cuerpo ha sostenido -con cita de Juan Carlos Hitters- que: “...‘La falta de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteadas por las partes constituye una incongruencia por omisión (decisión cifra petita) [...] El pronunciamiento que incurre en omisión afecta sin duda las garantías de defensa y de la propiedad…’...” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 627, Folio 3605/3610).-
Es relevante precisar que la falta de interposición del remedio de aclaratoria -en los términos del art. 75 de la Ley Nº 1444- no resulta óbice suficiente que impida el acogimiento del agravio en cuestión.-
Es que: “…el agraviado tiene la posibilidad de ejercer la aclaratoria -no la carga- a fin de suplir esta omisión, pero si deja de utilizar dicho carril no por ello pierde el recurso extraordinario de nulidad…”, además, “…el hecho de que el recurrente no haya deducido previamente aclaratoria...no puede vedarle el derecho constitucional de obtener una sentencia en la que los jueces hayan dado su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir…” (cfr. SCBA, “Garin Carlos J. c/ Liga Agrícola Ganadera Cooperativa Limitada s/ Indemnización por despido”, causa LP L 80.137 S, del 06/09/2006, votos de la Dra. Hilda Kogan y del Dr. Héctor Negri).- Por lo tanto, “…frente a la omisión por descuido en el tratamiento de cuestiones esenciales, si bien la solución podrá ser buscada a través de la vía de la aclaratoria, la falta de utilización de este remedio no puede impedir que la parte afectada…recurra ante la Suprema Corte a través de los remedios casatorios específicos buscando la nulidad del decisorio que violó la regla de congruencia resolviendo infra petita...” (cfr. SCBA, “Vega Elsa Fernanda c/ Domingo Marchioni S.A. y otro s/ Despido”, causa LP L 118.121 S, del 11/02/2016).-
Así las cosas, la omisión incurrida por el tribunal inferior conlleva necesariamente la anulación parcial de la decisión cuestionada (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XVI, Reg. 555, Folio 3139/3.147 y XVIII, Reg. 598, Folio 3432/3436). Esta nulidad alcanza solamente a las pretensiones omitidas, en tanto deviene innecesario hacer lo propio con relación a aquellos fragmentos del fallo que componen las restantes controversias suscitadas entre los litigantes, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional -que afectaría el rendimiento del servicio de administración de justicia- siendo que -en rigor- nada impide a este Cimero Tribunal ejercer su función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (cfr. Sentencia, Tomos XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147 y XX, Reg. 678, Folio 3940/3946; SCBA, “Pennisi Raúl Oscar c/ Y.P.F. S.A. s/ Despido”, causa LP L 116.648 S, del 10/09/2014; “Mendez María Dolores c/ Riadigos Julio Miguel s/ Despido”, causa LP L 118.949 S, del 13/09/2017; “Puentes de integración S.R.L. c/ Maragoto Laura Soledad s/ Consignación”, causa LP L 124.430 S, del 23/02/2021).- En virtud de lo expuesto, debe acogerse favorablemente el agravio analizado y, como corolario de ello, se dispone la anulación parcial del pronunciamiento impugnado en cuanto omitió el tratamiento de las pretensiones dirigidas a obtener el pago por los rubros sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, SAC sobre vacaciones y servicios cancelados por la actora, con más la aplicación de intereses. Por ello, deben reenviarse las presentes actuaciones a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento únicamente en relación a la parcela aludida, conforme a derecho y según corresponda.-
V. En otro orden de ideas, la recurrente cuestiona que el Tribunal de Alzada haya receptado favorablemente la defensa de legitimación pasiva opuesta por el Sr. Hilario Mansilla.-
Apoya su reproche en lo dispuesto por los artículos 59 y 274 de la Ley General de Sociedades y en los artículos 14 y 29 de la Ley de Contrato de Trabajo y dice que la solución tiene como único presupuesto el artículo 54 de la primera de las leyes enunciadas (cfr. PE76138-2021, pág. 2).-
A su juicio, se ha acreditado que el sujeto demandado era el administrador de la empresa Lautaro S.R.L. y que comprobada la existencia de fraudes laborales -tal como lo es una relación laboral no registrada- se extiende al administrador la responsabilidad en forma solidaria (cfr. PE cit, pág. 3).-
El agravio en cuestión deviene inaudible en esta sede, en tanto constituye una variación argumental de los hechos sobre los cuales erigió su demanda.-
Del relato efectuado por la Sra. Bordagorry en su escrito postulatorio (cfr. fs. 67/74 vta.) surge que las pretensiones deducidas fueron dirigidas en contra del Sr. Mansilla en su calidad de empleador (cfr. foja 67), lo que coincide con el contenido de las misivas que remitió oportunamente, entre las que se destaca especialmente la enviada a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la que expresamente le atribuye esa condición (cfr. foja 45).-
En ese incipiente estadio procesal ninguna referencia -siquiera genérica- esbozó en torno a una supuesta responsabilidad solidaria de Mansilla por mal desempeño en su calidad de administrador de la sociedad comercial Lautaro S.R.L. ni esgrimió fundamento normativo alguno basado en el régimen societario (cfr. 74 vta.).-
Este panorama resulta crucial para determinar el desenlace del agravio en cuestión, en tanto en el proceso laboral rige el principio de la sustanciación, en virtud del cual el actor tiene la carga de fundar, por medio de su relato, los hechos con fuerza jurígena que dan sustento a su pretensión o pretensiones y sobre los cuales el demandado deberá expedirse reconociéndolos o negándolos categóricamente (cfr. Trionfetti, Víctor Rodolfo en Ackerman, Mario E. -Director-, Tosca, Diego M. -Coordinador-: “Tratado de Derecho del Trabajo”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Tomo IX, pág. 151; Falcón, Enrique M. y Trionfetti, Víctor Rodolfo: “Procedimiento Laboral”, Abeledo Perrot, 1998, págs. 217/218).- A su vez, en lo que refiere a los hechos, el principio de congruencia determina que al momento de la integración de la litis quede delimitado el material fáctico sobre el cual se desarrollará la totalidad del proceso, por lo que el juez no puede considerar hechos que no hayan sido articulados ni admitidos en el proceso, aun cuando hubiesen sido objeto de alguna prueba incorrectamente producida, ni tampoco alterar el objeto de la pretensión (cfr.
Perugini, Alejandro H.: “La traba de la litis y el principio de congruencia”, Revista de Derecho Laboral Nº 2017 - 2, Procedimiento Laboral - IV, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pág. 75).- Se ha dicho que: “De tal modo, con la traba de la litis queda fijado un límite infranqueable de la potestad de juzgar. En efecto, el presupuesto fáctico de los hechos esenciales, emergentes de la traba de la litis, resultan ajenos a la discrecionalidad judicial por ser las partes las que fijan en la demanda y su contestación los hechos concernientes al objeto del proceso…sólo las pretensiones de las partes que conforman la traba de la litis deben ser consideradas por el juez al dictar la sentencia que dirima la controversia planteada.” (cfr.
Livellara, Carlos Alberto, “Congruencia y traba de la litis”, Revista de Derecho Laboral Nº 2021 - 2, Procedimiento Laboral - V, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, págs. 200/201).- Al contestar su demanda, el Sr. Mansilla interpuso excepción de prescripción e invocó, como defensa de fondo, su falta de legitimación pasiva (cfr. fs. 113/123); ante lo cual, la juzgadora de origen confirió traslado a la contraparte exclusivamente para que se expida en relación a la excepción mencionada, decidiendo tener presente la defensa relativa a la falta de legitimación pasiva para su oportunidad (cfr. fs. 124 y vta.). Ello, de conformidad con lo prescripto por el artículo 55 de la Ley Nº 1444.-
Fue recién con el escrito glosado a fs. 126/131 vta. que la demandante, bajo el acápite “contesta defensa de falta de legitimación para obrar pasiva”, realizó aseveraciones tendientes a abonar la viabilidad de accionar en contra de los administradores de las sociedades, tanto como responsables de los actos societarios como empleadores (cfr. fs. 128 vta./129).-
Frente a ello, es importante subrayar que: “…el presupuesto procesal de falta de legitimación para obrar (activa o pasiva) no es tratado por el régimen procesal laboral como una cuestión de previo y especial pronunciamiento…” (cfr. Trionfetti, Víctor Rodolfo en Ackerman, Mario E. -Director-, Tosca, Diego M. -Coordinador-: “Tratado de Derecho del Trabajo”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Tomo IX, págs. 153/154) y que el artículo 55 del régimen adjetivo laboral “…únicamente alude a la contestación de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, pero no dispone lo propio respecto de las defensas de fondo, por lo que cabe concluir que la réplica a ellas está vedada por la ley.” (cfr. Guisado, Héctor César en Allocati, Amadeo -Director- y Pirolo, Miguel Ángel -Coordinador-: “Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 1990, Tomo 2, pág. 125).- Así las cosas, se evidencia de manera palmaria que las argumentaciones relativas a la responsabilidad del Sr. Mansilla en su carácter de administrador de Lautaro S.R.L. o bajo los términos del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo no fueron sometidas a decisión de los jueces de grado en el momento procesal oportuno -esto es, en ocasión de iniciar la demanda- y, por ende, son fruto de una reflexión tardía y resultan extemporáneas, lo que lleva a desestimar su atendibilidad en esta instancia extraordinaria.-
VI. El agravio dirigido a objetar el rechazo de las indemnizaciones derivadas del despido indirecto en el que se colocó tampoco puede prosperar.-
Inicialmente, se debe tener en cuenta que el planteo recursivo propuesto importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, ajenas al acotado margen por el que transita el presente remedio procesal, salvo que se denuncie y demuestre efectivamente el vicio del absurdo, lo que no puede predicarse respecto al escrito impugnativo bajo estudio.-
En la especie, la Excma. Cámara de Apelaciones entendió que el acto de rescisión contractual efectuado unilateralmente por la trabajadora carecía de causa, en tanto los telegramas que remitió fueron destinados a Mansilla y no a la empresa Lautaro S.R.L, por lo que no podía considerarse que esta última había sido debidamente intimada.-
Frente a esta forma de decidir, se advierte que las alegaciones formuladas por la recurrente no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son propios de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su particular versión de los hechos y de cómo -en su opinión- debió dirimirse la presente cuestión.-
La impugnante tenía a su cargo la labor de demostrar un error grave, palmario o manifiesto en la apreciación de las pruebas efectuadas por la Alzada, con tergiversación de las reglas de la sana crítica. Para lograr este cometido de manera exitosa, debió aportar argumentos certeros que lograran acreditar una intimación previa a su empleadora Lautaro S.R.L. para que esta cese en los incumplimientos incurridos o, en su caso, por qué razón la comunicación dirigida al Sr. Mansilla debía ser computada como efectuada a la empresa.-
En este punto, si bien la recurrente esboza algunas consideraciones en torno a la debida diligencia que debe observar un administrador societario, lo cierto es que estas no tienen aptitud suficiente para revertir lo decidido, a tenor de las razones explicadas en el análisis del agravio anterior. Tampoco alcanzan las referencias que concreta sobre el poder general de administración que ostentaba Mansilla, puesto que más allá del pretendido carácter ilimitado que le adjudica, lo cierto es que no sostuvo ni mucho menos acreditó que tuviera facultades para nombrar, reemplazar y/o despedir empleados.- Por otra parte, debe tenerse en cuenta que cuando el recurso extraordinario se dirige a impugnar cuestiones de hecho, amén de la exigencia de invocar el vicio del absurdo, esa denuncia debe ir acompañada de la cita de los preceptos legales infringidos (cfr.
Tessone, Alberto J.: “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires”, LEP, La Plata, 2004, Tomo II, pág. 212). Desde esta orientación, se advierte que la recurrente incurre en un insoslayable descuido, al omitir la denuncia de trasgresión a los artículos 242, 243 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo.- El despido como acto extintivo de la relación laboral es una conducta recepticia que debe ser comunicada por escrito con las formalidades previstas en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. La relevancia de este carácter reside en que el despido queda configurado cuando la comunicación llega a conocimiento del destinatario y no cuando esta se emite, estando a cargo del emisor la elección del medio empleado y de su ulterior prueba.
Para notificar debidamente un despido indirecto se requiere: la constitución en mora; la recepción por parte del empleador; espera de la respuesta del empleador, que no podrá ser inferior a dos días hábiles, conforme al artículo 57 del régimen laboral y, finalmente, la notificación de la configuración de la injuria (cfr. Romualdi, Emilio E., “Concepto de injuria y requisitos del despido indirecto”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2004/2019).- Del contenido de las intimaciones cursadas a Mansilla, surge que estas han sido concretadas siempre a título personal (sin ninguna referencia a su calidad de apoderado o de responsable solidario de Lautaro S.R.L.) e inclusive en los apercibimientos allí concretados la trabajadora advertía que ante la falta de cumplimiento de sus reclamos, se consideraría despedida por su exclusiva culpa (cfr. fs. 38, 39 y 42).
Por lo tanto, mal podría reputarse que las conclusiones sentenciales a las que arriba la Cámara incurren en el vicio de absurdo.-
Amén de ello, el agravio bajo estudio carece de soporte argumental suficiente que permita hallar un equívoco vinculado con la falta de recepción de la misiva de foja 44 que contiene el autodespido. En este punto, la recurrente hace una lectura parcial y selectiva de la contestación de la demandada, pretendiendo introducir un supuesto reconocimiento en su recepción que no se percibe como tal, ante la negación expresa de la contraria de que se hubiera enviado el telegrama en cuestión (cfr. foja 114 vta.).-
Aún cuando la actora logró acreditar la autenticidad del telegrama indicado (cfr. foja 217) no puede reputarse que haya cumplido con la carga de transmisión inherente a su calidad de remitente, en tanto no produjo ninguna prueba en ese sentido.-
En tal sentido, debe recordarse que este Alto Cuerpo ha sostenido que “El intercambio telegráfico constituye una herramienta a través de la que se procura el conocimiento del destinatario de una manifestación de voluntad. Requiere, entre otras cosas, de la diligencia del emisor...para que surta plena eficacia jurídica, debe garantizarse que el acto de emisión llegue a destino. La declaración de voluntad reviste el carácter recepticio porque ella se perfecciona y adquiere relevancia y sentido jurídico pleno cuando -en cumplimiento de su función comunicativa- llega a la esfera jurídica del destinatario...” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 680, Folio 3952/3956).- A ello, cabe adunar que: “...El acto de emisión será válido pero, para que surta plena eficacia jurídica, deberá garantizarse que llegue a destino…Existe una verdadera carga de transmisión en el remitente (asume el riesgo de la notificación inexacta...por la forma en que instrumentó dicha comunicación…). Para que la notificación telegráfica o postal se perfeccione, debe instrumentarse de modo tal de cumplir el remitente los requisitos que posibiliten que la misma entre en la esfera de conocimiento del destinatario, para lo cual basta -inicialmente- que se lo identifique correctamente y que se dirija a su domicilio” (cfr. Tula, Diego J., “Intercambio Telegráfico en el Contrato de Trabajo: Eficacia de las comunicaciones, configuración de la injuria y notificación de la extinción del contrato de trabajo”, 1ª ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, págs. 28/29).- En el caso, no pasa desapercibido el hecho de que la misiva de despido fue dirigido a un domicilio ubicado en la localidad de Perito Moreno, mientras que de la propia documental aportada por la actora surge que el domicilio fiscal de la empresa Lautaro S.R.L. se encontraba en la localidad de Las Heras (cfr. foja 30).-
En suma, los embates que exhibe esta parcela del recurso no resultan eficaces para conmover en este punto la sentencia atacada, pues no se ocupan de controvertir adecuadamente el razonamiento que llevó a la Excma. Cámara de Apelaciones a establecer las conclusiones en que sustentó su fallo, por lo que el presente agravio debe ser rechazado.-
VII. Finalmente, corresponde abordar el agravio formulado en torno a la imposición de costas decidida por la Alzada.-
En lo que concierne a esta materia, cabe precisar que “…es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que las controversias suscitadas en torno a la imposición de las costas son, en principio, extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado...‘...se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución…’...” (cfr. Sentencia, Tomo XXII, Reg. 707, Folio 4218/4227).- En el presente caso no se avizora ninguno de los supuestos excepcionales que habilitan el conocimiento en esta instancia extraordinaria.-
No puede considerarse que se haya alterado burdamente la calidad de vencido. Y “…mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo V, Reg. 868, Folio 993/994 y Sentencia, Tomo XIII, Reg. 467, Folio 2539/2542).-
En cuanto al supuesto de inequidad en los criterios de distribución, este Cimero Tribunal ha indicado que: “…merece demostración con un directo ataque a los argumentos desplegados en el fallo en crisis, mostrando en forma palmaria y manifiesta que ha habido un grosero apartamiento de la solución normativa dada a la cuestión...” (cfr. Interlocutorio, Tomo VII, Reg. 1075, Folio 1346/1348). Este extremo tampoco se verifica en el caso.-
La imposición de las costas resuelta por el órgano judicial de alzada exhibe una argumentación suficiente que la aleja de los actos jurisdiccionales infundados o arbitrarios. En efecto, la resolución judicial de la Excma. Cámara de Apelaciones refleja las operaciones racionales que condujeron a los jueces a adoptar la decisión reseñada, con apoyo legal y sustento razonable.-
VIII. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE76138-2021 y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE63588-2021, por cuanto omitió el tratamiento de las pretensiones dirigidas a obtener el pago por los rubros sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, SAC sobre vacaciones y servicios cancelados por la actora, con más la aplicación de intereses. Reenviándose las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento únicamente en relación a la parcela aludida, conforme a derecho y según corresponda.-
IX. En relación a las costas de esta instancia, corresponde imponerlas por el orden causado en atención a que han prosperado las peticiones de la recurrente sólo parcialmente, siendo las demás rechazadas (cfr. art. 71 del CPCyC, aplicable de acuerdo a lo prescripto en el art. 121 de la Ley Nº 1444) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 678, Folio 3940/3946); difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa parcial.-
A la Primera Cuestión la Dra. Mercau, la Dra. Ludueña Campos, el Dr. Basanta, y el Sr. Presidente, Dr. Mariani dicen:
I. Que si bien compartimos el relato efectuado por la distinguida colega preopinante de los antecedentes de la causa, y la solución arribada con relación a la declaración de nulidad parcial del pronunciamiento conforme los argumentos expuestos en el considerando IV, y lo relativo a costas conforme los considerandos VII y IX, disentimos con la decisión a la que se ha arribado en el apartado V y con los fundamentos expuestos en el apartado VI.-
II. Con relación al agravio referido a la falta de legitimación para obrar del demandado Hilario Mancilla, se advierte que -más allá del planteo propuesto por la recurrente- del examen de las actuaciones se desprende que el procedimiento por el cual se llegó a la parcela de la sentencia atacada también adolece de vicios substanciales que la descalifican -parcialmente- como acto jurisdiccional. Es en virtud de ello que este Tribunal Superior de Justicia se encuentra imposibilitado de analizar las violaciones legales denunciadas en cuanto se advierte -en la estructura del acto sentencial- vicios que inhabilitan tal revisión específicamente en lo que hace al tratamiento del agravio en cuestión.- A fin de poner de resalto lo expuesto en el párrafo anterior es preciso recordar -en lo que aquí interesa- que la parte actora promovió formal demanda laboral contra el Sr. Hilario Mancilla en su carácter de apoderado de la empresa Lautaro SRL (cfr. foja 67) aduciéndole que nunca registró el vínculo laboral y que éste se desentendió de toda actividad comercial y administrativa (cfr. fs 67 vta./ 68 vta.) solicitando se declare maliciosa su conducta (cfr. foja 69).-
A fs. 113/123 comparece el codemandado, Sr. Hilario Mansilla, quien interpone como defensa de fondo la falta de legitimación para obrar, alegando que la actora jamás trabajó en relación de dependencia siendo evidente la inexistencia de una relación laboral en los términos de la LCT sin aducir defensa alguna respecto a demanda promovida en su calidad de apoderado de la sociedad demandada (cfr. fs 119 y vta.).-
Corrido el traslado de rigor, la accionante solicita que se desestime la defensa esgrimida concluyendo que en caso de la clandestinidad total del vínculo (trabajadores no registrados) los directivos y administradores de la sociedades podrán ser demandados en el doble carácter, por un lado como responsables de los actos societarios y por el otro como empleadores atento al confusión y actuación indiferente (cfr. fs. 126/128 vta.).-
En el momento procesal oportuno, la Magistrada de origen rechazó la acción promovida porque consideró que no se encontraba probado el vínculo laboral alegado (cfr. fs. 611 vta./612).-
Que recurrida esta decisión por la accionante (cfr. fs. 619/625 vta.), la Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial resolvió admitir la defensa de falta de legitimación para obrar interpuesta por el Sr. Hilario Mancilla y en consecuencia, rechazar la acción promovida en su contra por entender -al igual que el Juzgado de Primera Instancia- que no existió vínculo laboral entre los nombrados en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. PE63588-2021).-
Ahora bien, efectuada la transcripción de las constancias pertinentes de autos resulta imperativo recordar que una de las reglas que debe seguir todo pronunciamiento judicial para erigirse en una decisión constitucional y legalmente válida viene dada por el principio de congruencia, definido por este Alto Tribunal como: “…la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4° y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6° ambas disposiciones del Cód. Proc. Civ. y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencias, Tomos I, Reg. 24, Folio 95/102; II, Reg. 84, Folio 369/374; IV, Reg. 144, Folio 699/705; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XII, Reg. 414, Folio 2257/2260, entre otros). Éste último mandato adjetivo resulta extensible también a las sentencias de Segunda Instancia, según lo preceptuado por el artículo 165 del mismo cuerpo normativo. A su vez, las disposiciones individualizadas resultan de aplicación a los procesos laborales, en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 121 de la Ley N° 1444.- Desde el cuadrante doctrinario, se ha definido a la congruencia procesal como la “…coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido.” (cfr. Enderle Guillermo Jorge: “La congruencia procesal”, Ed. Rubin-zal Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 57).-
Siguiendo la clasificación tripartita de Jaime Guasp, Juan Carlos Hitters enseña que la incongruencia puede asumir las siguientes caras: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes; por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes; o por ambas razones, es decir, mixta, cuando padezca de los dos defectos a la vez, lo que sucede cuando el dispositivo sentencial concede algo diferente de lo pretendido (cfr. aut. cit., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da edición, LEP, 1998, pág. 641).- De las transcripciones efectuadas y de un exhaustivo estudio de las constancias de autos -y en particular del fallo de cámara- se observa que los sentenciantes omitieron expedirse con relación a la responsabilidad del Sr. Hilario Mancilla en su carácter de apoderado de la sociedad demandada, cuestión que revestía el carácter de esencial y que integró expresamente la estructura del litigio.-
Si bien este Alto Cuerpo podría inferir -a fin de no incurrir en un excesivo rigorismo formal-, que los Magistrados intervinientes consideraron que la acción también tenía su fundamento en un vínculo laboral derivado de la Ley de Contrato de Trabajo y que por ello se expidieron en tal sentido, igualmente se observa que se omitió tratar la cuestión referida en el párrafo anterior violando de ésta manera el principio de congruencia.-
Se aprecia entonces que el desarrollo argumental efectuado por el Tribunal de Alzada para resolver como lo hizo denota una ostensible disociación con las constancias de la litis ya que no surge del fallo en cuestión el tratamiento expreso de la pretensión indicada como tampoco, del contexto general del mismo, se observa que ésta haya sido resuelta en forma implícita.-
En efecto el fallo refiere: “…resulta oportuno, ingresar a la defensa de falta de legitimación para obrar pasiva interpuesta por el Sr. Hilario Mansilla en su responde junto con la codemandada. Sobre tal punto, y teniendo en cuenta la prueba analizada y los elementos obrantes en la causa, me convencen en concluir que entre la señora Bordagorry y el antes mencionado, no existió vínculo laboral en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que corresponderá se recepcione favorablemente la defensa deducida por el Señor Mansilla, y en consecuencia rechazar la acción promovida en su contra por la actora, con costas.” (cfr. PE63588-2021, pág. 8).- Entonces, la falta de decisión expresa, positiva y precisa de acuerdo con las pretensiones deducidas en el proceso complica el derecho de defensa de las partes ya que no pueden conocer con certeza la solución del litigio. Esta omisión debe conceptuarse como inexistencia del fallo en sí, -que es el que en definitiva produce la cosa juzgada- y que se traduce en la parte dispositiva donde debe haber condena o absolución (cfr. CNCom., Sala A, “S.A. Cía. Azucarera Tucumana s/ Quiebra c/ Cía. Nacional Azucarera S.A” del 28/11/95 citado por Highton, Elena I. - Areán, Beatriz A. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, Tomo 3, pág. 489).- Guillermo Jorge Enderle nos ilustra que: “…una sentencia que no resolviera algunas de las pretensiones ejercitadas en el proceso...contravendría la prohibición del non liquet, afectando de forma directa el derecho constitucional a la tutela efectiva, puesto que el silencio judicial supondría la negación a obtener una sentencia fundada en derecho sobre las cuestiones planteadas en la demanda.” (cfr. aut. y ob. cits, pág. 81).-
Destacada jurisprudencia en la materia ha entendido que transgrede el principio de congruencia el fallo que se aparta del objeto del litigio determinado en la demanda y la contestación, comprometiendo la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal que debe primar en toda controversia judicial (cfr. SCBA, Sum. “Fideicomiso Financiero y de Administración ‘Empresa Papelera Quilmes’ s/ Beneficio de Litigar Sin Gastos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley”, causa LP A 74.632 S, del 23/09/2020; “Scaglia Ana María c/ IPS s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, causa LP A 74.458 S, del 19/12/2018, entre otros).- Idéntica postura han abonado los Máximos Tribunales Provinciales entre los cuales podemos destacar a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que ha señalado: “...el principio de congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias.
El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (causas L. 94.807, ‘Iasevoli’, sent. de 1-XII-2010; L. 103.000, ‘Boyler’, sent. de 21-III-2012; L. 102.237, ‘Villate’, sent. de 05-IV-2013 y L. 117.223, ‘Santore’, sent. de 19-II-2015).” (cfr. “Novoa María Paz c/ Corigliano Ricardo Domingo y otro/a s/ Despido”, causa LP L 122.222 S, del 14/12/2020).- A merced de lo expuesto, la ausencia de tratamiento por parte de la Cámara sobre la procedencia o no de la responsabilidad del Sr. Hilario Mancilla en su carácter de apoderado de la sociedad demandada provoca el incumplimiento con un cometido que la ley les manda, tornando nula la sentencia dictada en dicha instancia (cfr. art. 2°, del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) por cuanto la observación efectuada afecta directamente las garantías constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso.- En definitiva la estructura formal del pronunciamiento de Segunda Instancia -en relación al agravio esgrimido- se encuentra afectado en su validez formal por no reunir los requisitos establecidos en la ley ritual (ante la transgresión del principio de congruencia) a merced de lo cual, resulta propicio en autos la anulación fragmentaria del fallo referido, sin que dicha solución derive en la pérdida de estabilidad el resto de las decisiones en tanto resultaría ocioso el dictado de una nueva decisión sobre los restantes puntos que son separables de éste y que se encuentran firmes.- Dicha nulidad es absoluta y no es susceptible de convalidación, por lo que debe ser declarada aún de oficio.-
Que en atención a lo expresado considero que también corresponde declarar de oficio la nulidad del punto 5º) de la parte dispositiva de la sentencia dictada en Segunda Instancia obrante en PE63588-2021 debiendo reenviarse las presentes actuaciones a la misma para que con nuevos jueces hábiles dicte un nuevo pronunciamiento con relación a la parcela aludida.-
III. Seguidamente corresponde expedirme con relación a la indemnización por despido indirecto.-
Primeramente debo aclarar que si bien comparto la solución arribada por mi colega preopinante en cuanto a que debe confirmarse la sentencia de Cámara respecto a la improcedencia de la indemnización por despido indirecto discrepo en cuanto a sus fundamentos en base a los argumentos que seguidamente expongo:
III. a).- Como punto de partida debemos tener presente que el derecho del trabajo tiene un carácter tuitivo para el trabajador, a fin de contrarrestar la desigualdad entre los contratantes (cfr. Ackerman, Mario; Tosca, Diego y Maza, Miguel: “Los principios del derecho del trabajo”, en la obra colectiva: “Tratado del derecho del trabajo”, Ackerman, Mario, Director; Tosca, Diego, Coordinador. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, Tomo I, págs. 319/320). Se intenta asegurar una igualdad real entre las partes -dentro de las limitaciones de la realidad económica-. En atención a lo expuesto, al momento de resolver el presente, como tiene dicho este Alto Tribunal, debe considerarse que: “…por imperio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las normas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social revisten carácter de Orden Público y, por tanto, de aplicación obligatoria, conformando un mínimo protectorio que jamás debe ser avasallado por los contratantes (recordando el fundamento de desigualdad entre las partes que da origen al orden tuitivo del Derecho Laboral) y cuya observancia debe ser garantizada por los magistrados.” (cfr.
Sentencia Tomo XIII, Reg. 472, Folio 2565/2572). El principio protectorio -como se adelantó- tiene raigambre constitucional, ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reza: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador…”. Sobre el particular, este Alto Cuerpo, citando a Vázquez Vialard ha dicho que: “‘…de acuerdo con la directiva que el constituyente ha establecido, el Congreso de la Nación tiene que adaptar las técnicas y procedimientos adecuados para mantener un cierto nivel de equilibrio entre dos partes que, comúnmente, tienen distinta capacidad de diálogo…’ (confr. Vazquez Vialard, Antonio, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 111).” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 570, Folio 3242/ 3247).- La verdad debe erigirse en cada relación laboral, pues de otra manera se soslayaría su teleología y fin dikelógico. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “Hacer justicia no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto, lo que se logra con la realización del derecho de acuerdo con las situaciones reales que se pretendan.” (Fallos: 308:1978). “…Hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto; y ello sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia animada con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se le presentan, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia…” (Fallos 302:1611).
Y advirtió también la Corte que la renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica material resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia (Fallos 238:550) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 579, Folio 3303/3311).- Por otra parte es preciso recordar que el despido indirecto es una acto unilateral del trabajador que pone fin a la relación de trabajo fundando tal decisión en la imputación a su empleador de una injuria laboral que cause a aquélla un daño de tal gravedad que no resulte compatible con el mantenimiento del vínculo (cfr. Ackerman Mario E. - Las Heras Horacio: “El despido, despido sin justa causa, disciplinario, indirecto, por falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor”, 1º edición, revisada, Santa Fe, Rubinzal- Culzoni, 2021, págs. 179/180).-
Nuestra Ley de Contrato de Trabajo lo regula en los artículos 242 y 243 en los siguientes términos: “…Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.” y “Comunicación. Invariabilidad de la causa de despido. El despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas.”.- El despido indirecto requiere, entonces, de una intimación previa, de forma tal que quede en claro a la patronal que si no se hace cesar una situación determinada se torna imposible la continuación del vínculo, y tiene por objeto en razón de la permanencia del contrato evitar la ruptura en cuanto ello sea posible (cfr. Mancini, Jorge Rodriguez: “Ley de Contrato de Trabajo comentada, anotada y concordada”, 1º edición, Buenos Aires, La Ley 2007, Tomo IV, pág. 501).-
En resumen deben notificarse tanto la injuria laboral imputada como la reacción contra ella (cfr. Ackerman Mario E. - Las Heras Horacio, ob. cit., pág. 193) siendo dos los requisitos concurrentes de esta carga: la forma escrita y el contenido, que deberá a su vez respetar las reglas de la claridad suficiente e invariabilidad. (cfr. autores y ob. cits. pág. 186).-
La Excma. Cámara de Apelaciones, al tratar el despido indirecto entendió que los telegramas que la accionante envió tuvieron como destinatario al señor Hilario Mancilla o Mansilla -apoderado de la codemandada Lautaro SRL- desde que Lautaro SRL no ha sido intimada debidamente de la pretensión de regularizar o registrar la relación laboral en sus reales término, máxime teniendo en cuenta el carácter recepticio de las comunicaciones en el intercambio telegráfico. En consecuencia no se ajustó a derecho el despido indirecto decidido, pues la actora omitió cursar intimación a la empleadora (cfr. PE63588-2021, pág. 10).- Por su parte, la recurrente se agravia de dicha solución sosteniendo que -conforme al propio reconocimiento de la demandada- Lautaro S.R.L fue notificada en su domicilio legal. Que pese a la constancia de haberse mudado la intimación produjo sus efectos. Agregando además que la solución dada por la Alzada respecto de la denegatoria de la indemnización por despido indirecto contraviene los Principios del Derecho del Trabajo. Finalmente afirma que el Sr. Hilario Mancilla, pese a haber sido intimado, nunca respondió las misivas ni por derecho propio como empleador ni como administrador de Lautaro SRL habiendo sido esta la oportunidad para aclarar la situación (cfr. PE76138-2021, págs. 4/5 ).-
III. b) Ante este panorama y a fin de dar una solución a la contienda sometida a estudio de este Alto Cuerpo estimo oportuno analizar, en primer término, si los telegramas enviados a nombre del Sr. Hilario Mancilla alcanzan a la sociedad demandada.-
Para ello debemos tener presente que cuando la relación laboral no se encuentra registrada -como ocurre en el caso-, el empleado puede desconocer quién es su verdadero empleador, ya que no siempre tiene conocimiento pleno de quién es el propietario del establecimiento en el que se desempeña. Quien contrata, da órdenes y abona la remuneración al trabajador es una persona física, quien puede actuar a título personal, en nombre y representación de un tercero, o como órgano de administración de una sociedad. La falta de registración impide al dependiente tener cabal conocimiento del carácter en que dicha persona actúa, por lo que puede considerarse que el vínculo laboral se ha establecido con la misma (cfr.
Mark, Mariano, “Empleo no registrado” www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: 0003/008300).- En la presente causa el trato y las órdenes hacia la Sra. Bordagorry eran impartidas por el Sr. Hilario Mancilla. Un ejemplo de ello es que en el libelo de inicio se afirma que el demandado manifestó a la actora que trabajaría 3 meses a prueba en negro, que nunca registró el vínculo; que dejó de enviar dinero solicitándole -a la actora- que contratara un alquiler en su nombre aduciendo que no tenía tiempo para viajar a firmar el contrato, que recién en el mes de marzo de 2013 se pudo comunicar con el nombrado quien le informó que en pocos días enviaría dinero (cfr. foja 67/68). Agrega además que a fines de julio -tras constantes ruegos- el Sr.
Mancilla vino a la localidad y canceló los alquileres impagos remitiéndoles a los dos o tres días un giro por Wester Unión de $ 4.000 (cfr. foja 68 vta.).- A fs. 62 y vta. obra copia de un contrato de alquiler celebrado por el Sr. Hilario Mancilla en representación de Lautaro SRL de un inmueble sito en la calle Mitre Nº 288, de la localidad de Puerto San Julián para ser destinado exclusivamente a depósito y venta de muebles en general (cfr. cláusulas primera y sexta) y a foja 66 se encuentra incorporado un certificado municipal provisorio de habilitación comercial expedido por el Director de Tránsito, Comercio e Inspecciones de la Municipalidad de Puerto San Julián otorgado a nombre de Hilario Mancilla para el local comercial sito en Mitre 288 sin identificar si se otorgaba a nombre propio o de la sociedad a la cual representa.- Sumado a ello, se observa que el Sr.
Hilario Mancilla revestía el carácter de “apoderado” de la firma Lautaro SRL (cfr. documental agregada a fs. 3, 4, 5, 15/18, 61, 62, 63, 64, 65, 66 bis, y 113), lo que también fue invocado en oportunidad de otorgar el Poder General para Juicios a favor del Dr. Daniel Horacio García para que, en nombre y representación de la sociedad demandada, intervenga en el presente proceso (cfr. fs. 106/107). Sin perjuicio de ello, su calidad de “encargado” también fue constatado por el oficial notificador en oportunidad de diligenciar la cédula de notificaciones (cfr. foja 85).- Si bien es cierto que, al contestar el traslado de la demanda, la accionante desconoció la documental de la que surge los extremos invocados (cfr. foja 120) omitió individualizar quien era la persona encargada de la administración y representación de la sociedad en la época en que el vínculo laboral no registrado se encontraba vigente y de acompañar, en su defecto, prueba que desvirtué tales afirmaciones.-
Sin lugar a dudas esta situación es la que llevó a la accionante a remitir los telegramas a nombre del Sr. Hilario Mancilla toda vez que, al ser una trabajadora no registrada y ante la ausencia de recibo de haberes, le resultaba dificultoso conocer con exactitud si el Sr. Mancilla actuaba como empleador a nombre propio o en representación de la sociedad demandada.-
Ello, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia Santa Fé no resulta reprochable al trabajador toda vez que: “…el hecho de no conocer certeramente la razón social o el nombre del titular del negocio en el que prestaba tareas no resulta reprochable al trabajador, a quien no sería lógico exigirle la realización de una ‘pesquisa’ previa con el fin de determinar los exactos datos para su reclamo. Tal proceder ‘constituiría una irrazonable limitación del derecho de acceso a la jurisdicción, a todas luces incompatible con el sistema protectorio establecido en el art. 14 bis de la CN’…” (cfr. “Aiassa, Ariel Alexis c/ Giovanini, Eduardo José y otros s/ cobro de Pesos- Recurso de Inconstitucionalidad (queja admitida)” 16/03/21, Rubinzal Online RC J 2861/22).- Por otra parte, la jurisprudencia en la materia ha considerado que este tipo de comunicaciones -dirigida al administrador y apoderado de la demandada- debe ser computada como efectuada a la reclamada.
En tal sentido se ha resuelto que: “…la constitución en mora que se ha producido a mi ver a mérito de la comunicación dirigida a…administrador y apoderado de la demandada debe ser computada como efectuada a la reclamada. Avala mi posición el reconocimiento…de tales investiduras, corroboradas por el particularmente amplio poder que la demandada le otorgara y que en copia corre a fs. 57/60, reconocido por el escribano M. a fs. 84. ¿Puede afirmarse con los reseñados antecedentes que la demandada no tuvo acceso a la intimación cuestionada? A mi ver la respuesta no puede ser sino negativa pues mal puede suponerse que su administrador y apoderado, con facultades incluso de nombrar administradores, gerentes, asesores, empleados, obreros, peones y otros dependientes, despedirlos y/o remplazarlos, etc., como se lo consigna a fs. 58 vta., no diera el debido curso a la intimación en la sociedad demandada.
Sin duda el citado…aparentaba la condición de empleador, y considero que en el caso debe presumirse que la intimación llegó a conocimiento de la demandada…Lo contrario supondría rigorismo formal excesivo, con evidente apartamiento del principio de realidad, y a la verdad material sobre la exageradamente formal. Teniendo por acreditada la constitución en mora de la demandada, como estimo ocurrió, la demanda debe prosperar atento los términos de litis…” (cfr. CNTrab, Sala VIII, “Bareira Froilan A. c/ Club Hípico Finca del Lago y otro”, del 29/12/1995, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/2154/1995).- He de destacar además, que las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, apreciados con criterios de colaboración y solidaridad, debiendo obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo; no perdiendo de vista que la normativa laboral es esencialmente protectora del trabajador (cfr.
Serrano Alou, Sebastián: “Validez de las Notificaciones del trabajador cursadas al domicilio legal de la sociedad comercial”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/4070/2011).- Es en virtud de lo expuesto y del principio de primacía de la realidad que debe primar en los proceso laborales que no queda más que concluir que la intimación efectuada a nombre del Sr. Hilario Mancilla debe reputarse dirigida a la firma Lautaro SRL. Ello virtud que las misivas fueron dirigidas al representante de la sociedad quien no solo tenía pleno conocimiento de la existencia del vínculo laboral habido entre la empresa demandada y la accionante -lo que se encuentra firme-, sino que además tenía la obligación de obrar con diligencia y buena fe dándole curso a la intimación por ante su representada quien resultaba ser la verdadera empleadora.-
III. c).- Una consideración particular debe efectuarse con relación a los domicilios a los que fueron remitidos los telegramas Ley Nº 23.789.-
Conforme surge del expediente, la casacionista remitió tres telegramas a nombre del Sr. Hilario Mansilla. Uno identificado bajo el número Nº CD373217267 dirigido al domicilio sito en la calle 9 de julio 802 de la localidad de Trelew, el otro Nº CD373223015 dirigido al domicilio sito en Perito Moreno 774 de la Localidad de Las Heras y el tercero CD373223024 dirigido al domicilio sito en la calle 9 de Julio 208 de la localidad de Trelew, Pcia. de Chubut (cfr. fs. 38/39 y 42).-
En todos ellos intimaba a la demandada para que en el plazo de 24 hs. aclare su situación laboral, abone los haberes adeudados, proceda a su registración desde la fecha real de su ingreso (año 2008), y a acreditar en forma documentada los depósitos previsionales, sociales y sindicales concluyendo: “…De no cumplir con todas estas obligaciones en el plazo antes indicado me consideraré despedida por su exclusiva culpa y accionaré ante la justicia laboral por el cobro de indemnizaciones y multas…” (cfr. fs. cits.).-
Ahora bien, de la documental agregada al expediente surge que dos de los telegramas invocados, puntualmente las misivas Nº CD373223015 y CD373217267, fueron dirigidas a domicilios que efectivamente pertenecen a la empleadora. Estos son el sito en calle 9 de Julio 802 de la localidad de Trelew Pcia. de Chubut, y el de la calle Perito Moreno 774 de la Localidad de Las Heras (cfr. fs. 38/39).-
Una muestra de ello es que a fs. 3, 32, 61, 62, 63, 64, 65, 200, 201 se indica que el domicilio de la firma Lautaro SRL es el sito en calle 9 de julio 802 Trelew, a fs. 3, 15, 21 se identifica como S. Bolivar y Estrada, Las Heras, Pcia. de Santa Cruz; a fs. 30 se indica como domicilio fiscal el sito en calle Perito Moreno 774 de la localidad de Las Heras, a fs. 106 surge que la firma tiene domicilio legal en la jurisdicción de las Heras y en la contestación de demanda se indica que se domicilia en Pasaje San Luis Norte 771 de la localidad de Trelew (cfr. foja 113).- Por otro lado, tanto de la copia del DNI agregada a foja 88 como del escrito de contestación de la demanda surge que el Sr. Mancilla se domicilia en la calle 9 de julio 802 de la localidad de Trelew.-
No está demás agregar que las cédulas de notificaciones del traslado de la demanda también fueron dirigidas al domicilio de la calle 9 de julio 802 de la localidad de Trelew y recibidas por los demandados conforme surge del informe del oficial notificador obrante a fs. 102 y 105.-
Como podrá observarse ante tanta variedad de direcciones, no es dable exigirle al trabajador que tenga que indagar acerca de cuál de ellos es donde el empleador tiene efectivamente su domicilio, siendo suficiente enviar las intimaciones a cualquiera de ellos.-
Por otra parte, del informe del Correo Argentino se desprende que estos telegramas fueron devueltos a su remitente con la leyenda “rechazado” (CD373217267) y con la leyenda “se mudó”, “cerrado ausente se dejó aviso de visita” y “plazo vencido no reclamado” (CD373223015) (cfr. fs. 40/41).-
En lo tocante al telegrama rechazado, Diego J. Tula nos ilustra que los telegramas “rehusados” ingresan a la esfera de conocimiento de su destinatario toda vez que -si bien es cierto que no se ha interiorizado de su contenido, ello se debe a una conducta que le resulta reprochable por ser violatoria de la buena fe exigida en el artículo 63 de la LCT, ya que, no es propio de un buen empleador y/o trabajador negarse a recibir, sin justificación algún, las piezas que le cursen a sus domicilios. La circunstancia de que el correo informe que las piezas postales fueron rechazadas, a pesar de haber sido dirigidas al domicilio correcto, no puede originarle perjuicio al remitente, ya que el incumplimiento de la carga de recibir las comunicaciones que se cursen entre las partes en su propio domicilio es responsabilidad del destinatario. Por ello la falta de entrega no implica que no deba considerarse recibida cuando la comunicación ingresó bajo la órbita de su conocimiento presunto (cfr. “Intercambio Telegráfico en el Contrato de Trabajo, Eficacia de las Comunicaciones, Configuración de la Injuria y Notificación de la Extinción del Contrato de Trabajo”, 1º edición revisada, Santa Fé, Rubinzal- Culzoni, 2017, pág. 129).- En situaciones similares la jurisprudencia ha sostenido que: “…Si bien dichas misivas no fueron recepcionadas por el demandado y fueron expresamente desconocidas, se admitió la validez de tales notificaciones en tanto fueron dirigidas al mismo domicilio en que, tiempo después, si se recibió la cédula de traslado de la demanda. Ello así, al valorar que la negativa a recibir las comunicaciones por parte de la accionada constituyó un acto omisivo de carácter doloso que justificó que se tengan por recepcionadas las comunicaciones antes mencionadas” (cfr. sum. CNTrab. Sala VI, “Olguín Salvador Alberto c/ Roisman Eduardo Héctor s/ Despido”, del 11/04/2013; Rubinzal Online; RC J 13368/13).- En cuanto al telegrama remitido al domicilio de la calle Perito Moreno 774 de la Localidad de Las Heras que fuera devuelto con la leyenda “se mudó”, “cerrado ausente se dejo aviso de visita” y “plazo vencido no reclamado” observamos que coincide con el que surge de la Constancia de Inscripción ante la AFIP agregada a foja 30 por lo que -reiteramos- no podría sostenerse que carece de efectos dicha comunicación desde que es claro que aquella entró en la esfera de conocimiento del destinatario.-
Es que por imperio de la teoría recepticia no se exige que el destinatario tenga un conocimiento efectivo de la notificación. Basta que la comunicación ingrese a su esfera de control y que éste, con una diligencia normal, pueda haber tomado noticia del mensaje. Si el destinatario no cumple con su carga de diligencia y por esa causa no recibe la notificación, la misma debe considerarse como legalmente recibida, produciendo el efecto querido por el declarante (cfr. Diego J. Tula, ob. cit., pág. 63).-
En este sentido se ha dicho que: “…el domicilio denunciado por la sociedad ante la IGJ es el que debe considerarse vigente al momento de la notificación, toda vez que en el ámbito de las sociedades comerciales no cabe un domicilio denunciado como sede de los negocios ante la autoridad de contralor, que no coincida con el asiento principal de los negocios (art. 90, inc. 3º Cód. Civ.) y ello en virtud de que no se puede trasladar a un tercero la carga de averiguar o constatar si ese domicilio no fue constituido nuevamente.” (cfr. Ackerman Mario E. -Director-, Sudera Alejandro -Coordinador-: “Extinción de la Relación Laboral”, 1º edición., Santa Fé, Rubinzal-Culzoni, 2008 pág. 354).- De lo expuesto se colige que los telegramas enviados a la demandada (CD373223015 y CD373217267) a efectos que ésta dé cumplimiento con las obligaciones emergentes del vínculo laboral se encuentran debidamente diligenciados y notificados de su contenido.-
No ocurre lo propio con el telegrama CD373223024 dirigido a la calle 9 de Julio 208 de la localidad de Trelew Pcia de Chubut, el cual no corresponde a un domicilio de la demandada.-
III. d).- Aclarado esto y a fin de corroborar si el despido indirecto se encuentra configurado corresponde analizar si la denuncia del vínculo dispuesto por la trabajadora ingresó a la esfera de conocimiento de la empleadora.-
Para ello debemos tener presente que una vez cursada la intimación, el trabajador podrá considerarse despedido si mediara silencio del emplazado o si rechazara el reclamo, siempre que la situación generada justifique la ruptura. Para ello deberá mediar un nuevo acto expreso que materialice la decisión rescisoria (cfr. Vázquez Vialard Antonio - Ojeda Raúl Horacio, “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada y concordada” 1º edición, Santa Fé, Rubinzal-Culzoni, 2005, Tomo III pág. 463)
Dicho en otros términos, para que se perfeccione el despido indirecto no sólo es indispensable que llegue a conocimiento del destinatario la intimación del empleado dirigida a su principal a los efectos de establecer su situación respecto del contrato de trabajo, sino también la decisión de considerarse despedido (cfr. SCBA, “Chávez, Porfidio Pascual c/ Diez Beatriz y otros s/ Indemnización”, causa LP L 92209 S, del 03/03/2010).-
En la misma inteligencia, Raúl Horacio Ojeda sostiene que uno de los requisitos que deben estar presentes para que se configure el despido indirecto es la existencia de un “...acto expreso que materialice la decisión resarcitoria.” (cfr. autor cit.: “Ley de contrato de trabajo. Comentada y concordada”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2011, Tomo III, pág. 465).-
Este criterio también ha sido adoptado por este Alto Cuerpo en la sentencia inscripta al Tomo XVIII, Reg. 613, Folio 3522/3530 y por el Maximo Tribunal Bonaerense en los autos: “Ramadori Nolberto C. c/ Du Pont Argentina S.A. s/ Indemnización por despido, preaviso”, del 18 de agosto de 1998, causa L. 70.264 “Brizuela Elena C. c/ Mundo Deporte y otros”, del 12 de mayo de 1992, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online 70016460, entre otros.-
En cumplimiento de este recaudo se observa que la parte actora se da por despedida mediante la misiva Nº CD373216845 dirigida al domicilio sito en la calle Perito Moreno 774 de la localidad de Perito Moreno en los siguientes términos: “No habiendo dado cumplimiento a las intimaciones oportunamente realizadas me coloco en situación de despido por su exclusiva culpa. En su consecuencia intímole para que el en plazo de un (1) día abone salarios adeudados e indemnizaciones en el (sic) términos de los art. 245 y cc de la LCT y tomando como base la mejor remuneración percibida: haberes enero/13, febrero/13, marzo/13, abril/13 y mayo/13; integración del mes de despido, indemnización por antigüedad, preaviso, SAC proporcional, vacaciones no gozadas, SAC preaviso, SAC integración mes despido, SAC vacaciones, e incremento indemnizatorio previsto en el art. 2º de la ley 25323. Frente a su omisión de pagar las indemnizaciones accionaré judicialmente, incluyendo todas las indemnizaciones y multas previstas en todas la normativa que informa la materia para supuestos como el que nos ocupa…” (cfr. foja 44).- La emisión de este telegrama fue certificada por el Correo Argentino a fs. 214 y 217, sin embargo no se acompañó constancia alguna de su recepción, como tampoco puede deducirse -de los elementos de convicción incorporados al proceso- que haya sido enviado a un domicilio perteneciente a la demandada por lo que su contenido no ingresó a la esfera de conocimiento del remitente.-
Es que cuando el trabajador haya formulado una intimación bajo apercibimiento de darse por indirectamente despedido, si luego no comunicó por escrito su decisión desvinculatoria, su autodespido, la denuncia del contrato por su parte debe considerarse injustificada y no podrá hacer valer ya en el ulterior juicio la justa causa que pudo quizás tener para adoptar esa decisión (cfr. Tula Diego, ob. cit., pág. 388).-
En concordancia con ello el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santiago de Estero ha expresado que: “…Cabe rechazar las indemnizaciones derivadas del despido indirecto, si de las constancias de la causa no se desprende prueba alguna de que el empleador -demandado- haya recibido las intimaciones en base a las cuales el trabajador se colocara en situación de despido indirecto. Aunque el actor haya acreditado haber remitido los telegramas de que se trata conforme los recaudos impuestos por ley…esa circunstancia no es suficiente para dar por cierto que este último haya tomado efectivo conocimiento de dichas comunicaciones atento que éstas -debido a su carácter recepticio- sólo se perfeccionan cuando llegan a la esfera de conocimiento de la persona a la que van dirigidas; en consecuencia, al negar el demandado la recepción de los telegramas, correspondía al trabajador acreditar que la intimación bajo apercibimiento de darse por despedido al igual que la comunicación haciendo efectiva dicha voluntad rescisoria, ingresaron a la órbita de conocimiento del destinatario, pues este último se perfecciona en esa circunstancia…” (cfr. STJ Santiago del Estero, Sala Criminal, Laboral y Minas: “Villalba Sonia Noelia c/ Distribuidora Alberdi S.R.L. y/u otros s/ diferencia de haberes, etc. - casación laboral”, del 12/12/2014, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/74383/2014).- Por otra parte, la notificación de la demanda no suple la obligación del dependiente de comunicar al principal su voluntad rescisoria (cfr. SCBA: “Corvalán Juan Manuel c/ Federación Argentina de Cooperativas Agrarias Cooperativa Limitada s/Indemnización art. 212, Ley de Contrato de Trabajo”, causa LP L 53912 S, del 05/12/1995).-
En virtud de lo expuesto y sin perjuicio que la demandada se encuentra debidamente notificada de la injuria susceptible de legitimizar la ruptura unilateral del contrato de trabajo no ocurre lo propio con la manifestación de la voluntad rescisoria -requisito indispensable para que se configure el despido indirecto- razón por la cual corresponde rechazar el agravio en tratamiento y confirmar la sentencia de Cámara con relación a esta parcela por los fundamentos desarrollados en la presente.-
A la Segunda Cuestión la Dra. Fernández dice:
Por lo expuesto, propongo que se dicte sentencia haciendo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE76138-2021 y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE63588-2021, por cuanto omitió el tratamiento de las pretensiones dirigidas a obtener el pago por los rubros sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, SAC sobre vacaciones y servicios cancelados por la actora, con más la aplicación de intereses; reenviar las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento únicamente en relación a la parcela aludida, conforme a derecho y según corresponda; imponiendo las costas de esta instancia, por el orden causado en atención a que han prosperado las peticiones de la recurrente sólo parcialmente, siendo las demás rechazadas (cfr. art. 71 del CPCyC, aplicable de acuerdo a lo prescripto en el art. 121 de la Ley Nº 1444) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 678, Folio 3940/3946) y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- A la Segunda Cuestión la Dra. Mercau, la Dra. Ludueña Campos, el Dr. Basanta, y el Sr. Presidente, Dr. Mariani dicen:
Atento la forma en que nos hemos pronunciado, proponemos se dicte sentencia haciendo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE76138-2021 y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE63588-2021, por cuanto omitió el tratamiento de las pretensiones dirigidas a obtener el pago por los rubros sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, SAC sobre vacaciones y servicios cancelados por la actora, con más la aplicación de intereses; y declarar de oficio la nulidad del punto 5º) de la parte dispositiva de la referida sentencia por cuanto omitió expedirse en relación a la responsabilidad de Hilario Mancilla, en su carácter de apoderado de la sociedad demandada, reenviando las presentes actuaciones a dicha cámara para que con nuevos jueces hábiles dicte un nuevo pronunciamiento con relación a las parcelas aludidas; imponiendo las costas de esta instancia, por el orden causado en atención a que han prosperado las peticiones de la recurrente sólo parcialmente, siendo las demás rechazadas (cfr. art. 71 del CPCyC, aplicable de acuerdo a lo prescripto en el art. 121 de la Ley Nº 1444) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 678, Folio 3940/3946); difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 31 de mayo de 2024.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de la Sres. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, Dr. Fernando Miguel Basanta y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani, el voto en disidencia de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE76138-2021.-
2. Declarar la nulidad parcial del pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE63588-2021, por cuanto omitió el tratamiento de las pretensiones dirigidas a obtener el pago por los rubros sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, SAC sobre vacaciones y servicios cancelados por la actora, con más la aplicación de intereses.-
3. Declarar de oficio la nulidad del punto 5º) de la parte dispositiva de la referida sentencia por cuanto omitió expedirse en relación a la responsabilidad de Hilario Mancilla, en su carácter de apoderado de la sociedad demandada.-
4. Reenviar los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento en relación a las parcelas aludidas.-
5. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que hubiera sido motivo de agravios.-
7. Diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1010S.241 Tomo: XXIII Sentencia: 752 Folio N°: 4580/4595 Secretaría: 1
Fin de la sentencia