Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6915 FOLIO Nº 114/118 PROT. ELECT. JRS1014I.211
Río Gallegos, 10 de noviembre de 2.021.
La presente causa caratulada: “BORQUEZ BRIAN NAHUEL S/PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y AMENAZAS” - Expte. N° 13.162/17- (Apelación N° 6385/19), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 95/100 vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional N° 3, con asiento en Río Gallegos, quien en el punto 1) del decisorio puesto en crisis, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado Brian Nahuel Borquez, en orden a los delitos de “privación ilegitima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas” ”, (Arts. 45º, 142º Inc. 1 º del Código Penal). Que a fs. 108/109, el Defensor Técnico del imputado, apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 119, y no habiendo presentado la defensa, el memorial previsto por el Art. 437º del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa se agravió que la resolución carece de fundamentación necesaria y lógica que debería contener como para ser considerada válida y producto de una derivación razonada de los hechos y del derecho vigente.
Sostuvo que la jueza de instrucción debió tener acreditada la base fáctica para luego adecuar la supuesta conducta delictiva con la norma que sanciona tal proceder. Sin embargo no se ha cumplido con tal promesa, circunstancia que toma dogmática y arbitraria la cuestión planteada.
Se agravió que ninguno de los considerandos del auto en crisis establece cómo es que se llega a la conclusión de que su asistido ha desplegado actos típicos contemplados en el Art. 141º del C.P.
Indicó que la denunciante no sólo no ha afirmado haber estado encerrada o que se le impidiera la salida de la vivienda, sino que además no ha explicado cómo es que habrían transcurrido los días que se ha estimado ella estuvo privada de su libertad.
Manifestó que es profusa y reiterativa la mención a la existencia de supuestos hechos constitutivos de violencia de género, no obstante lo cual la jueza de instrucción debía explicar y señalar en forma concreta y clara, qué conductas típicas desplegó su asistido.
Se agravió que en el proceso no se acreditó que su mandante sustrajera el teléfono, la computadora y/u otros elementos de la denunciante y que tampoco se obtuvo resultado positivo en el allanamiento en la vivienda se su defendido.
Indicó que la única testigo resulta ser la madre de la denunciante, quien tampoco describe conductas típicas del Art. 141º del C.P. ya que únicamente refiere la supuesta situación de angustia de su hija y tampoco relata hechos que permitan concluir que la misma estuviera privada de su libertad o se le impidiera salir del lugar en el que vivía.
Sostuvo que tampoco se acreditó en autos que en efecto durante el período en que supuestamente estuvo privada de su libertad, estuviera conviviendo con mi asistido, con lo cual la base fáctica de la estructura de la resolución cuestionada carece de sustento lógico.
Manifestó que la denunciante admite la existencia de la relación sentimental con su asistido y que no ha podido explicar cómo es que no podía salir de la vivienda que compartía con él, ya que previo a efectuar la denuncia asistió al psicólogo, lo cual echa por tierra cualquier especulación relativa a que no pudiera salir del lugar que habitaba.
Indicó que es imposible que la Sra. Jueza considere acreditada la materialidad del hecho y por esa razón la el procesamiento debe ser revocado y ordenarse el sobreseimiento de su asistido.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Que tomando atenta lectura de la resolución atacada como de los agravios planteados por el recurrente -y contrariamente a lo que éste último argumenta-, debo desde ya adelantar que considero que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad de los hechos enrostrados a Borquez y también su autoría material, correspondiendo así traspasar la valla del Art. 289º del C.P.P., razón por la que confirmaré íntegramente el auto apelado por ser adecuado a derecho y sin perjuicio de lo que pueda surgir en el devenir de la investigación. En principio, cabe destacar que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con lo regulado en los Arts. 115º, 116º y 291º del C.P.P.; además allí se analizó la totalidad de la prueba recabada a la luz de la sana crítica racional, con lo cual lo resuelto por la Magistrada fue ajustado a derecho.
Ingresando en el tratamiento de los agravios articulados por la defensa, y en lo que se refiere a la escasez (a su criterio) de prueba incriminante que responsabilice a su defendido, debo coincidir con las argumentaciones dadas por la Magistrada en el auto dictado. Por ello, lo planteado por la defensa al respecto, no prosperará.
En este aspecto, considero que no le asiste razón a la defensa, teniendo en cuenta la denuncia realizada por la Sra. Jorgelina Espinosa en la Oficina de Violencia Doméstica del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz a fs. 02/06, oportunidad en la que relató que se conocían hace 3 años con su ex novio, el Sr. Brian Borquez, dijo que hace 10 días atrás se fue a vivir a la casa del denunciado, manifestó que no fue voluntario, que él se lo impuso, que no la dejaba hablar con su madre porque le maneja su teléfono y que sólo podía salir de su casa acompañada por él. Manifestó que el denunciado consumía cocaína, la agredía verbalmente, la insultaba y la amenazaba expresándole “no digas nada, porque en el momento de hacer algo, no me importa ni tu mama, ni tus hermanitos, ni tus abuelitos, ni nadie”.
Relato además que hace dos meses y medio, del momento de la denuncia, luego de una discusión, ella logró quitarle la llave del auto, se subió y trabó las puertas con el seguro, el denunciado le decía que iba a haber consecuencias si ella se iba, ella abrió la puerta comenzaron a discutir, se bajó del auto, el denunciado la tiró del brazo derecho, ella en el tironeo se golpeó la cabeza contra el rodado, así como también en otra oportunidad habría intentado ahorcarla pero que por estos hechos ella no radico la denuncia. Reforzando el plexo probatorio, se encuentra el informe de situación de riesgo a fs. 07/09 que documentó que: “se valora la misma como de riesgo alto en función del motivo de presentación y el tipo de violencias que se habrían producido en el último episodio, la probabilidad de que se susciten nuevos hechos o se agraven las existentes dadas las características personales de ambas partes; la posible existencia de amenazas hacia la dicente; las características de la persona denunciada según el relato vertido y el tipo de modalidad conductual y afectiva que desplegaría hacia a la entrevistada, las características de la persona denunciante al momento de la entrevista, posible consumo de sustancias por parte de la persona denunciada y por parte de la denunciante, posible tenencia de armas, posible aprehensiones policiales del denunciado.”.
Todo lo cual daría mayor entidad a la versión de los hechos aportados por la denunciante. También, el apelante señaló, que –a su criterio- el procesamiento del imputado se habría dictado teniendo en consideración sólo la descripción de los hechos en la denuncia realizada por la presunta víctima, desvirtuando el valor de su relato por entender que era subjetivo, sin otro elemento que lo convalide.
Sin embargo contamos con la declaración testimonial de la Sra. Cynthia Pamela Ripoll, a fs. 78 y vta., madre de la denunciante, que relató que Jorgelina le dijo que Brian le pegaba, no la dejaba volver a su casa, la tenia amenazada y que necesitaba de su ayuda.
Igualmente, teniendo en cuenta que los sucesos investigados se enmarcan dentro de la denominada `violencia intrafamiliar´ no es común la obtención de testigos directos. Sin embargo, ello no debe conspirar para la búsqueda de la verdad.
Asimismo, toda vez que estos elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, permiten concluir en que, a pesar de no existir testigos directos, no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con el hecho delictivo.
Con respecto al delito de amenazas, la defensa se agravió que los dichos de la pretensa víctima carecen de relevancia, agregando que la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565). Es decir que, todo indicaría que los dichos vertidos por el imputado sí tuvieron capacidad para alarmar o amedrentar con la finalidad deliberada de atemorizar a la presunta víctima. Es así que “...se puede amenazar directa o indirectamente, en forma velada, manifiesta o tácita; por gestos o ademanes simbólicos, palabras o signos, en forma verbal, o por vía escrita, postal, telefónica o personal, por interpósita persona; o con elementos atemorizantes...” (Breglia Arias Omar- Gauna Omar, “Código Penal y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, pág. 1074). En efecto “...el contenido de su idoneidad (se refiere a la amenaza) debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual fueron expresadas, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se profirieron las mismas, las que determinarán la concreta lesividad de dichas expresiones con relación al bien jurídico protegido por la norma que las incrimina. Y ello no implica que su carácter lesivo, y por ello típicamente relevante de las amenazas, dependa exclusivamente del efecto que generen en la víctima, pues bien puede ocurrir que ésta no se vea afectada por dichas expresiones, en razón de ser una persona absolutamente desaprensiva...” (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala 2º, 17/8/2006, “Cazzaniga, Juan C.”, AP 14/112012). Lo expuesto en párrafos anteriores y aplicados al caso de autos, implicarían que los dichos habrían sido expresados por Borquez, comprobados en debida forma y que el contexto propio de dicha situación violenta, que en ningún momento habría sido provocada o `buscada´ por la víctima, le habría generado a las mismas temor, tal como ella lo puso de manifiesto al prestar su declaración testimonial.
En el caso bajo estudio, es la continuidad en la violencia de diversos tipos que se vislumbra por parte del encartado hacia su ex pareja (y que resulta palmaria a lo largo de la lectura de estos actuados) el contexto que viene a erigirse en un sólido indicio que fortalece el relato de la denunciante.
Asimismo, en tratamiento del agravio referido a la falta de fundamentación del resolutorio respecto del delito de privación ilegítima de la libertad, por cuanto se limitó a desarrollar el testimonio de la Srta. Espinosa, debemos decir que el mismo tampoco tendrá acogida. Ello en virtud de las pruebas precedentemente citadas, las cuales han sido tenidas en cuenta por la Sra. Jueza al momento de resolver.
Entendemos que las probanzas arrimadas refuerzan la versión de los hechos formulada por la denunciante, siendo por ende una conclusión muy liviana a la que arriba la defensa al expresar que hubo de quedar demostrado que la Srta. Espinosa podía entrar y salir de la casa a voluntad. Los anteriores episodios de violencia referidos, los cuales han sido motivo de denuncia y separación personal, restan crédito a dicha aseveración.
Es así que, el entorno de humillación narrado, la asimetría relacional que habría de abarcar el vínculo y que en especial, la afectividad que en los hechos habría tenido aquella acción, lo que se desprende sin dudas de las palabras utilizadas por Jorgelina al hablar que el imputado le escondió todos los elementos personales y le dijo expresamente que no quería que tenga contacto con nadie y no le permitía que tocara su celular, notebook, llaves del auto, dinero y documentos personales y que la decisión era de Borquez. Evidentemente, por las agresiones padecidas en el presente hecho investigado y la intimidación que ello provoca, la Srta. Espinosa no tenía plena libertad para tomar decisiones.
De esta manera, es en este espiral de violencia, en el que se encontraba inmersa la denunciante, se tornaban hasta predecibles conductas tales como no solicitar ayuda, en atención a la situación de vulnerabilidad de la denunciante.
Es por ello que entiendo que, a pesar que resulta dificultoso reunir prueba a fin de acreditar el acaecimiento del ilícito como el investigado en autos, la Instrucción logró, no sólo obtener elementos suficientes para el dictado del pronunciamiento, sino que la prueba colectada fue valorada –a mi criterio- acertadamente por la Magistrada, dictando una resolución acorde al momento procesal que atraviesa la causa, luego de realizar un razonamiento lógico de los hechos y valoración coherente de la prueba. Es así que, la jurisprudencia tiene dicho que “...el nuevo Código Procesal Penal, para receptar, finalmente, el principio de la libre valoración de la prueba, ha abandonado las reglas de prueba legal, es decir aquellas pautas que ordenaban al juez, bajo determinadas condiciones, considerar probado un hecho.
Si bien este principio prohíbe imponer al magistrado una determinada convicción, debe remarcarse que la mera certeza subjetiva no es suficiente allí donde el resultado objetivo de la prueba receptada no admite una conclusión racional, es decir que la libertad del juez, a la hora de valorarla, debe estar sujeta, necesariamente, a las leyes del pensamiento y la experiencia. En este sentido, cabe recordar que el principio de la sana crítica racional... requiere de dos acciones para la valoración de la prueba: la descripción del elemento probatorio colectado y su valoración crítica, que debe estar dirigida a actualizar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya el decisorio. Es decir que el magistrado debe expresar cuáles son las razones que, surgidas de las pruebas colectadas, determinan la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esta conclusión y no sólo la operación mental.
La sana crítica no consiste... en un convencimiento íntimo o inmotivado, sino en un convencimiento lógico y motivado que se basa, en este caso, en los testimonios de las víctimas reflejados en la conciencia del juzgador para dar origen al estado de certeza necesario para emitir su juicio. Así, descritos, valorados y relacionados con otras constancias, los testimonios de las víctimas son pruebas concretas y suficientes que crean la convicción necesaria para corroborar con el grado de certeza propio del sumario, el hecho objeto de imputación...” (CFed.CCorr., Sala II, 9-3-2004, “Capdevilla, Carlos O. s/ procesamiento”, c.20.984. Luraschi, Irurzun, citado en “Revista de Derecho Procesal Penal 2009-1.
La prueba en el proceso penal-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 393/394). Ahora bien, debo destacar además, que no se advierte que tales medios probatorios hayan sido valorados de manera fragmentada por la Jueza, sino que más bien fue realizada conforme las pautas señaladas por el Máximo Tribunal de Santa Cruz, en relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, sostiene: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”.
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Pues de esta manera lo realizó la Jueza de grado, quien fue reconstruyendo -en base al análisis integral de la prueba-, una coherente versión de los hechos, arribando a una fundada decisión, habiendo efectuado el estudio y valoración de la prueba -según puede leerse-, de acuerdo a las normas de la sana critica racional, conforme establece el Art. 199º –tercer párrafo- del Código de rito.
Cabe destacar que en el auto recurrido la Magistrada analizó la totalidad de la prueba recabada (denuncias, actuaciones policiales, informe de situación de riesgo realizado por la Oficina de Violencia Doméstica la cual valoró el contexto como de “riesgo alto”, que acreditan la existencia de los hechos denunciados), a la luz de la sana crítica racional, con lo cual lo resuelto por la Magistrada fue ajustado a derecho. Por consiguiente, el planteo formulado por el recurrente en este punto queda descartado. Igualmente, no podemos eludir que del contenido de estos autos y el tenor de los hechos atribuidos a Borquez, emerge claramente un contexto de violencia intrafamiliar, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.
Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…” (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo) CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 – La Ley 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; La ley 10/02/2020, 11. Para poder entender por qué la justicia debe incluir la perspectiva de género al valorar casos en los que presuntamente se encuentran violentados intereses de las mujeres, juzgo oportuno transcribir un pasaje de un artículo de la Dra.
Graciela Medina, que expresa: “La justicia debe juzgar con perspectiva de género por las siguientes consideraciones: A) Porque los jueces tienen el imperativo constitucional y supranacional de hacer efectiva la igualdad. B) Porque los magistrados no pueden ignorar la existencia de patrones socio culturales y en consecuencia no pueden decidir este tipo de cuestiones como si fuera un caso en el cual se definen los derechos de dos hombres o de dos empresas, sino que debe juzgar con perspectiva de género. C) Porque si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarla se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto.
D). Quienes imparten justicia tienen la posibilidad de traducir los tratados en realidades para las personas, de evidenciar el compromiso del estado con la justicia y de evitar la revictimización. E). Porque si no se juzga a nivel nacional con perspectiva de género se obliga a las víctimas a recurrir a instancias internacionales para efectivizar sus derechos, lo que posterga las aspiraciones de las víctimas y compromete la responsabilidad del Estado”. Así también dice: “…Lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho de que está involucrada la mujer, sino que la cuestión está originada en relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad basados en el sexo, el género o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas…”.
Concluye diciendo: “...juzgar con perspectiva de género es la única forma de lograr que las previsiones legislativas se concreten en respuestas judiciales justas, para las personas del género femenino que recurren a los tribunales a solucionar los problemas que la discriminación por el hecho de ser mujer les ha causado.”. (Juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?; Medina, Graciela; SJA 09/03/2016, 09/03/2016, 1 - Cita Online: AR/DOC/4155/2016). Asimismo, ya esta Alzada se ha pronunciado en el sentido que "....Dicho “contexto de violencia”, en tanto fenómeno integrado por las aludidas ofensas plurales y de gravedad progresiva, “… debe ser ponderado en su capacidad de suministrar indicios.
Ello es así, porque si bien los tipos penales están configurados como sucesos que aíslan ciertos comportamientos ofensivos contra un determinado bien jurídico en general, esta segmentación no puede hacer perder valor probatorio al integral fenómeno pluriofensivo de la violencia en el particular contexto, en el que se entremezclan diferentes modalidades que incluyen malos tratos físicos, psíquicos, amenazas y…pueden incluir diferentes modos graves de privación de la libertad”… “De allí que cobra especial relevancia, como sucede en la violencia sexual, el relato de la víctima (el que) adquiere un valor convictivo de preferente ponderación en la medida que resulte fiable y se encuentre corroborado por indicios, siempre que éstos tengan una confluencia de conjunto que conduzcan de dotar de razón suficiente a la conclusión”.
(Arocena, Gustavo en “Femicidio y otros delitos de género”, 1º ed., Bs. As., Ed. Hammurabi, 2017; con cita de TS Córdoba, Sala Penal, 4/5/12, “Sánchez”, sent. Nº 84; págs. 108-110). Resaltando nuevamente la relevancia fundamental del testimonio de la víctima en los procesos penales iniciados con motivo de estos ilícitos, se dijo que “…Como específico medio probatorio, entonces, la prueba testimonial adquiere, en este terreno, una trascendencia singular; y la declaración del sujeto pasivo del delito se erige en una fuente probatoria destacada…” (Arocena, obra citada, pág. 111). Es así que, no tengo duda que la labor de la instrucción en este sentido se efectuó correctamente.
Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos. En razón de todo lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado 95/100 vta., en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
FIRMADO: Dr. NELSON A. SÁNCHEZ- JUEZ DE RECURSOS, DRA. ADRIANA I. GEYER - SECRETARIA TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6915 FOLIO Nº 114/118 PROT. ELECT. JRS1014I.211
Fin de la sentencia