Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2555/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Caleta Olivia Automotores S.A. en PE622847-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE660191-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2555/23-TSJ Interlocutorio N°: 3778 Actor: BORQUEZ DANIEL OMAR Demandada: CALETA OLIVIA AUTOMOTORES S.A. Y OTRA Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 22-11-2023 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3778 FOLIO Nº 6827/6830 PROT. ELECT. TSS1049I.231
Río Gallegos, 22 de noviembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “BORQUEZ DANIEL OMAR c/ CALETA OLIVIA AUTOMOTORES S.A. Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° B-18.066/16 (B-2555/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte codemandada -Caleta Olivia Automotores S.A.-, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Heraldo Juan Nanni (cfr. PE622847-2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE609914-2022, que hizo lugar parcialmente al recurso de apelación impetrado por las demandadas y, en consecuencia, desestimó los pedidos de nulidad de la sentencia de Primera Instancia por incongruencia; admitió la excepción de pago parcial y modificó la condena disponiendo que los accionados podrán entregar un vehículo nuevo o la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000,00) a elección del actor; estableciendo para todos los rubros de condena la tasa de interés pasiva; con costas a las accionadas.- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar parcialmente a la demanda promovida por el actor en concepto de daños y perjuicios sufridos a raíz del incumplimiento derivado del contrato de compraventa de un vehículo 0 km.; condenando solidariamente a las demandadas a entregar al accionante un vehículo marca Ford, modelo Focus, Sedan 5 puertas 1.6. 0 km., y libre de todo gasto y/o gravamen; determinó la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) por el rubro daño moral; impuso también multa por daño punitivo a cada una de las accionadas por el equivalente a diez (10) servicios correspondientes al vehículo reclamado; rechazó los rubros de pérdida de valor venal y privación de uso; imponiendo las costas del proceso a las demandadas perdidosas (cfr. fs. 489/498).-
II. Contra esta decisión, la codemandada interpuso recurso de casación acusando que la sentencia de Cámara: “...viola las formas y solemnidades de ley, conforme lo determina el art. 2 de la Ley 1.687 (sic); aplica erróneamente y viola las normas del derecho de fondo tal como lo estatuye el art. 3 inc. a) y simultáneamente viola también preceptos de la Constitución Provincial y constitución nacional, habilitando a esta representación a interponer el presente recurso de conformidad con el art. 19 inc. 2) […] El fallo cuestionado violenta la normativa del art. 164 inc. 5 del CPCyC [...] incurre en absurda valoración de la prueba y vulnera las máximas de la experiencia […] es nulo pues viola el principio de congruencia […] incurre en avalar un abuso del derecho (art. 10 del CCCN) […] vulnera el derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional (art. 17) […] provoca un enriquecimiento sin causa al actor de autos (Art. 1794 del CCCN) […] vulnera lo establecido por los arts. 324 (excepciones), 338 (audiencia preliminar) y 364 (apreciación de la prueba). El fallo atacado es arbitrario.” (cfr. PE622847-2022, págs. 2/3).- En cuanto a la incongruencia denunciada, señala que al ser desestimado el rubro de daño punitivo en la audiencia preliminar y resultando este acogido favorablemente en la sentencia se falla extra petita y ultra petita (cfr. PE cit., pág. 7).-
Continúa su embate expresando que se habría configurado en la sentencia del Tribunal de Alzada una errónea y absurda valoración de la prueba, al no ponderarse debidamente la prueba pericial mecánica y, también, el hecho que el actor continuó utilizando el vehículo normalmente hasta el año 2017 (cfr. PE cit., págs. 7/8).-
Refiere que en la instancia de grado no se otorga debido tratamiento a la excepción de pago total o parcial en subsidio, ya que, según indica, con el dinero abonado se habría cancelado íntegramente el daño en el vehículo (cfr. PE cit. págs. 8/9).-
También se queja al considerar que la Excma. Cámara de Apelaciones, desacertadamente, desestimó el agravio en torno a la absurda valoración de la prueba efectuada en Primera Instancia en cuanto al incumplimiento del artículo 5º de la Ley N° 24.240, precisando que el vehículo fue utilizado por el actor en condiciones normales sin representar peligro alguno para su salud o integridad física, circunstancia esta que se encontraría corroborada por el plazo de uso, kilometraje del automotor y la cantidad de services oficiales a los que fue sometido el rodado sin reparo alguno por parte del actor (cfr. PE cit., págs. 9/10).- Dice que la demora en la sustanciación del trámite administrativo iniciado por el actor no le resulta imputable, ya que su parte impulsó en todo momento el mismo, precisando que el ofrecimiento realizado al consumidor en esa instancia fue aceptado por este último deviniendo, en consecuencia, arbitrario el agravamiento de su responsabilidad fundado en esa circunstancia (cfr. PE cit., pág. 10).-
Respecto al monto de condena, manifiesta que la suma fijada de pesos cinco millones ($ 5.000.000,00) o la entrega de un vehículo por dicho valor resulta antojadiza, provoca un abuso del derecho y un enriquecimiento sin causa, ya que el rodado en cuestión no poseería un valor de mercado superior al monto de pesos tres millones doscientos mil ($ 3.200.000,00) (cfr. PE cit., págs. 10/11).-
En lo atinente al daño moral, considera erróneo que se asimile la actitud de su parte con la del fabricante por cuanto en todo momento habría asistido al accionante y empleado los medios a su alcance para solucionar el asunto. Agrega, que el actor no ha instado ni probado ninguna afección espiritual o moral, por ello sería arbitraria la condena de su parte por ese rubro que, además, no es un daño contemplado en la Ley N° 24.240. En ese sentido, dice que conforme surge de la constancia extendida por el Consejo Provincial de Educación a fs. 212 el nombrado no usufructuó licencias compatibles con afecciones psicológicas (cfr. PE cit., págs. 11/13).- Ingresando en el análisis del daño punitivo, sostiene que no se valoró adecuadamente la conducta de su parte hacia el actor y que para la procedencia de este rubro se debe probar una conducta dolosa o culposa, con desaprensión de los derecho de los particulares (cfr. PE cit., pág. 13).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE660191-2022).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE655710-2023.-
III. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Registro N° 3385, Folio N° 5667/5670).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En ese andarivel, advertimos que los fundamentos del recurso de casación constituyen una reproducción, prácticamente exacta, de los agravios esbozados en el recurso de apelación lo que pone de manifiesto una deficiente técnica recursiva (cfr. PE403499-2022).-
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...” (cfr. SCBA. “Álvarez Sosa María c/ Valero Daniel y otros s/ Simulación” y su acumulada “Álvarez Sosa María Esther c/ Valero Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. estado)”, del 25/10/2017, causa LP C 119.753 S)…” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Registro Nº 3755, Folio Nº 6744/6749, entre otros).- También se verifica que los planteos del recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones de hecho y prueba que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el caso bajo estudio.-
A la luz de todas estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE622847-2022 no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. En lo tocante al quebrantamiento de forma, desde la óptica del principio de congruencia, este Alto Cuerpo sostuvo que: “...‘Ha denunciado el recurrente que la sentencia del a quo viola el principio de congruencia. El postulado en cuestión asume -como bien señala Guasp- tres caras distintas, a saber: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium); por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes (ne eat iudex ultra petita), o por ambas razones, es decir mixto, cuando padezca de los dos defectos a la vez...’...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIX, Registro N° 636, Folio N° 3657/3678, entre otros).- En atención a lo expuesto, debemos adelantar que el recurrente no brinda argumentos suficientes para evidenciar, en principio, que la sentencia de Cámara resulte extra petita y ultra petita en lo vinculado tanto al rubro daño punitivo, como así también en lo tocante a la resolución del contrato, pues la Excma. Cámara de Apelaciones decidió sobre estos temas por encontrarse contenidos expresamente en la demanda.-
Sobre esta cuestión se expidió la Alzada al decir: “Con relación al daño punitivo debo referir que dicho ítem fue expresamente mencionado en el escrito de demanda en un apartado especial fundando su procedencia, y la circunstancia de que al momento de celebrar la audiencia de conciliación no se lo consigne expresamente debo considerar que se señala como objeto del litigio el cumplimiento de las obligaciones contractuales, situación que comprende claramente en daño punitivo por ser una consecuencia expresamente prevista por la ley de defensa del consumidor [...] En cuanto a la forma de condena dispuesta en la entrega de un vehículo nuevo y la devolución del auto del actor, debo señalar que ello se deriva del incumplimiento del contrato de consumo denunciado desde un comienzo por parte de Daniel Bórquez, ya que solicita el dinero o la entrega de un vehículo de similar característica al momento de promover la demanda…” (cfr. PE609914-2022, pág. 6).- Por lo demás, este Cimero Tribunal sostuvo que: “…es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal al sostener que la determinación del monto indemnizatorio por daño moral queda librada al prudente arbitrio judicial, constituyendo en consecuencia una típica cuestión de hecho ajena a esta instancia extraordinaria, pero debe ser ejercida con la mayor prudencia debiendo armonizarse los intereses en juego (confr. Tomo IV, Sentencia, Reg. 156, Folio 783/789)…” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Registro Nº 2706, Folio Nº 4145/4148). Resulta extensible este criterio a los restantes rubros indemnizatorios señalados.- Las consideraciones desarrolladas sellan desfavorablemente el planteo casatorio analizado.-
V. En relación a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada, resulta imperativo que el casacionista despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Registro N° 3440, Folio N° 5819/5823), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.- En efecto, si bien se mencionan las normas supuestamente conculcadas, no se realiza una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación errónea que genéricamente se denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.-
Así, no surge del libelo bajo estudio, un intento serio que persiga demostrar acabadamente el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando la argumentación del recurso reducida a cuestiones fácticas y probatorias; ajenas a esta instancia extraordinaria.-
VI. En cuanto al absurdo en la valoración de la prueba, este Alto Cuerpo ha entendido que: “…‘...para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’...’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Registro N° 2648, Folio N° 3999/4003).- Sabido es que no procede, por vía del recurso de casación, provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la sentencia pues se trata de una materia privativa de los jueces de grado quienes tienen la facultad de seleccionar las pruebas que entienden conducentes sin estar obligados a justificar por qué otorgan mayor o menor mérito a una prueba que a otra y esto no puede ser revisado en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante si no se alcanza a demostrar la consumación de algún vicio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Registro N° 3285, Folio N° 5469/5472).- Es así que, no se aprecia en la especie, un planteo con entidad suficiente que intente demostrar una absurda valoración de la prueba como para traer aparejada arbitrariedad.-
También, resulta oportuno señalar que la Cámara ya se expidió sobre esta cuestión al resolver el recurso de apelación: “...No encuentro el absurdo en la apreciación probatoria que realiza el juez de grado, ya que claramente las accionadas han incumplido con los dispuesto por el art. 5 de la Ley 24.240 que dispone que los bienes deben ser suministrados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores. El actor realizó enormes esfuerzos para lograr que la adquisición de su automotor sea satisfactoria y poder darle el uso al que estaba destinado y desde los cinco días de haber sido sacado de la concesionaria el vehículo presentó fallas, todo lo cual fue debidamente acreditado en éstos y adecuadamente valorado por el juez de grado...” (cfr. PE609914-2022, págs. 8/9).- En síntesis, el casacionista no ha intentado demostrar la configuración de una errónea o absurda valoración de la prueba por parte de la Cámara lo que conduce a la inadmisibilidad del planteo.-
VII. Por su parte, en cuanto al daño moral y daño punitivo, cabe precisar que el recurrente no logra patentizar la alegada arbitrariedad de la sentencia.-
Sobre la materia, la SCBA, ha expresado que, para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’...” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, LEP S.R.L., La Plata 1998, págs. 479/480; SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A. A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54)” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Registro Nº 3474, Folio Nº 5925/5928).- En igual sentido, se ha expedido este Tribunal Superior de Justicia al sostener que: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo III, Registro N° 282, Folio N° 457/458); circunstancias, estas últimas, que no acontecen en autos.- Así, constituye una cuestión fáctica evaluar la conducta desplegada por las partes en el marco del contrato celebrado, para, luego, establecer la procedencia de los rubros indemnizatorios concernientes al daño moral y daño punitivo. Materia esta, como ya se dijo, reservada a las instancias ordinarias que sólo podrían abrir la puerta de la casación en la hipótesis que se alegara y fundara adecuadamente el absurdo en la valoración de la prueba, lo que no ha ocurrido en el presente.-
VIII. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte codemandada en PE622847-2022, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE660191-2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Caleta Olivia Automotores S.A. en PE622847-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE660191-2022.-
Fin de la sentencia