Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 33253-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado al demandado el 17/7/25, sin que aquel cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicarle astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
27361/2025 BORRACHAS VIPAL SA (TF 33253-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 4 de diciembre de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 254/256 -y aclaratoria de fs. 269/vta.-, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD ROSA 318/13, recaída en la actuación SIGEA 12539-107-2008, mediante la cual se había condenado a la importadora Borrachas Vipal SA y a su despachante de aduana Roberto Luis Guzardi al pago de una multa y tributos por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero con relación a 22 destinaciones de importación para consumo.
Impuso las costas a la Aduana.
Para resolver como lo hizo, mencionó que la imputación se originó porque la empresa documentó la importación de mercadería ubicada en la posición arancelaria 4006.10.00.000K, originaria de la República Federativa de Brasil; mientras que el servicio aduanero determinó que la mercancía debió ubicarse en la posición arancelaria 4012.90.90.100N, lo cual invalidaba el certificado de origen presentado y provocaba que la actora no pudiese beneficiarse con el régimen preferencial invocado (ACE 18), con un consiguiente perjuicio fiscal.
En ese marco, el tribunal administrativo consideró importante aclarar que la directiva CCM 4/00, que aprueba el instructivo para el control de certificados de origen MERCOSUR por parte de las administraciones aduaneras, establece en el punto D.8 del anexo I que la identificación relativa a la mercadería en el campo 9 debe ajustarse a los códigos de la NMC vigentes al momento de la emisión del certificado de origen. Además, el punto D.9 prevé que en los casos en que la autoridad aduanera determine una clasificación arancelaria distinta de la indicada en el certificado de origen, podrá dar curso a los despachos de importación en condiciones preferenciales, siempre que refiera a un mismo producto y que ello no implique cambios en el requisito de origen ni en el tratamiento arancelario. Finalmente, el punto D.10 determina que en el campo 10 (denominación de la mercadería) aquella debe estar descripta de acuerdo con la glosa de la NCM, sin que ello signifique exigir el ajuste estricto a dichos textos.
En esa línea, advirtió que, más allá del potencial error al declarar la posición arancelaria de la mercadería, existía sustancial coincidencia entre la descripción, cantidad y valor FOB de los bienes indicados en los certificados de origen y en cada uno de los despachos de importación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, y con sustento en precedentes de esta Cámara, determinó que el tratamiento arancelario preferencial era procedente a pesar de la errónea ubicación arancelaria de la mercadería.
Por todo lo expuesto, sostuvo que no alcanzaba a producirse el efecto lesivo previsto por el artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero, y revocó la multa y los tributos reclamados a las recurrentes.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 282/vta., que se concedió a fs. 284, se fundó a fs. 286/293 y fue replicada por la importadora a fs. 296/298.
Hizo algunas consideraciones generales relativas a los requisitos que debían cumplir los certificados de origen conforme las disposiciones del ACE 18, y destacó que el error en la indicación de la posición arancelaria no configuraba un defecto formal, porque no figuraba como tal en la enumeración taxativa del protocolo vigente a la fecha de registro de las operaciones del caso.
Insistió en que los certificados con defectos sustanciales no servían para acreditar el origen de la mercadería y que, por lo tanto, la inexactitud en las declaraciones del caso sí había ocasionado un perjuicio fiscal.
Citó doctrina y jurisprudencia para sostener que se había configurado una declaración inexacta punible.
3. Que, para tener por configurado el hecho ilícito descripto en el artículo 954 del Código Aduanero, es necesario que la Aduana acredite la concurrencia de los elementos allí establecidos, es decir que exista una declaración aduanera que difiera con el resultado de la comprobación física o documental que hace el servicio aduanero; que esta diferencia tenga entidad para pasar inadvertida, y también para generar alguna de las consecuencias previstas en los incisos a, b, y c, de la norma. Concretamente, en el caso del inciso a, se sanciona a quien formulare una declaración que difiera de lo que resulte de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produzca o pudiere producir un perjuicio fiscal.
La procedencia de la sanción queda entonces condicionada a la concurrencia de dos elementos sin los cuales no puede considerarse, desde el punto de vista objetivo, que existe conducta reprochable a través de este tipo infraccional; a saber, la diferencia entre lo declarado y comprobado, y la producción del efecto lesivo que prevé el inciso (doctr. Fallos: 312:1997), pues, como también lo establece la Exposición de Motivos del Código Aduanero, “…si la declaración incorrecta no es idónea para provocar alguno de estos efectos no es punible en sí misma…” (en relación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 27361/2025 BORRACHAS VIPAL SA (TF 33253-A Y ACUM) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO a la Sección XII, Título II, Capítulo 7º, ap. 2, 3er párrafo). Ello sin perjuicio de que no se requiera el efectivo daño sino la posibilidad concreta de que ello ocurra.
4. Que el fundamento por el cual el Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que no se configuraba la infracción en trato fue, precisamente, la falta de idoneidad de la conducta para generar un perjuicio fiscal. Tal afirmación se sustentó en el análisis de los hechos y de las pruebas obrantes en el expediente. En particular, se valoró la documentación complementaria a los despachos de importación, de la cual surgió una sustancial coincidencia en la descripción, cantidad y valor FOB de la mercadería, más allá del error cometido al declarar la posición arancelaria. Sobre esa base, se tuvo por acreditado el origen intrazona Mercosur de la mercadería y, en consecuencia, la procedencia de la preferencia arancelaria invocada.
Esta conclusión —derivada razonablemente de los elementos probatorios de la causa— no fue específicamente rebatida en el memorial del Fisco. Ello, por sí solo, bastaría para confirmar la decisión recurrida, en virtud de la limitación propia del recurso y de la carga que pesa sobre quien impugna una resolución jurisdiccional (arg. arts. 1180 y 1182 del CA, y arts. 265 y 266 del CPCCN). Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, en línea con lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación, esta Sala también ha reconocido la procedencia del tratamiento arancelario especial previsto en el marco del Mercosur, aun frente a errores en los certificados de origen, siempre que exista plena correspondencia entre la descripción de la mercadería consignada en la factura comercial y en el certificado de origen, y que ambas posiciones arancelarias se encuentren negociadas en el acuerdo (cfr. causa 30173/14 “Inmobal Nutrer SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 2/12/14, y sus citas). Tales circunstancias, nuevamente, no fueron controvertidas en el sub examine.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la resolución apelada; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2. En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado al demandado el 17/7/25, sin que aquel cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicarle astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92). Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión ordenada en el punto 2.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia