Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 13 de Mar del Plata · Causa 127494
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar los planteos efectuados por el demandado en fecha 10/11/2026 con costas (arts. 68, 172 y cdtes del CPCC);
II. Diferir la regulación de honorarios; III.
Expdte. Nº 127494 ( FF ) ( 1 )
Objeto de la petición: PRESENTACION ELECTRONICA ( 19/11/2026 ) - Contesta traslado .
Rol procesal del peticionante: Dra Taliercio .
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En la ciudad de Mar del Plata, a la fecha que resulta de la suscripción digital de la presente (Art. 7mo. del Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.).
AUTOS Y VISTOS: Los presentes actuados caratulados " BORRAZAS LAURA MARINA C/ FIGOLI ALEJANDRO JAVIER S/ DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) " Expdte. Nº 127494 , traídos a despacho para resolver.
Y CONSIDERANDO: I. Que en fecha 10/11/2026 se presenta el Sr. Alejandro Javier Figoli con el patrocinio del Dr. Juan Manuel Belliure, solicitando la suspensión del lanzamiento ordenado en autos.
Relata que por sentencia del 18 de diciembre de 2025 se hizo lugar a la demanda y se condenó al demandado a desalojar el inmueble en el plazo de diez días de quedar firme la presente -y previo cumplimiento de las cargas fiscales y previsionales, bajo apercibimiento de ser lanzado con el auxilio de la fuerza pública. Agrega que el 3 de septiembre de 2026 la actora solicitó el libramiento del mandamiento de lanzamiento y que el 23 de septiembre de 2026 el suscripto dispuso que, previamente, debían encontrarse pagos o garantizados los honorarios y aportes de ley.
Indica que el 28 de septiembre de 2026 la actora se presentó invocando el art. 48 del CPCC, y el 8 de octubre de 2026 se. ordenó hacer efectivo el apercibimiento, decretándose el lanzamiento poniendo en posesión de la actora en el mismo acto.
Explica que el 13 de octubre de 2026 la actora solicitó que, en caso de constatarse la existencia de menores se librara oficio al Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescencia y, en caso de haber animales, a la Dirección de Zoonosis, lo cual se proveyó de conformidad el 15 de octubre de 2026, librándose los oficios el 21 de octubre de 2026.
Señala que no consta en autos contestación alguna de los organismos oficiados, ni constatación de las personas que habitan el inmueble, y que los proveídos del 8, 15 y 27 de octubre de 2026 no contienen orden de notificar al demandado.
Afirma que los despachos posteriores a la sentencia y tendientes a su ejecución, no le fueron notificados. Sostiene que tomó conocimiento efectivo de la orden de lanzamiento y de su inminencia con la revisión integral del expediente realizada el 5 de noviembre de 2026.
Explica que si bien no desconoce que el art. 133 del CPCC admite la notificación por ministerio de la ley de las providencias que no deban notificarse en forma personal o por cédula conforme al art. 135, el mismo inciso 5 del artículo 135 exige notificación personal o por cédula de las resoluciones que "ordenan intimaciones", y -según su postura- el despacho que decreta el lanzamiento intima a desocupar y ejecuta el apercibimiento fijado en la sentencia.
Alega que un proveído que ordena lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, ingreso sin orden de allanamiento y uso de cerrajero es un acto de ejecución que afecta de modo directo y prácticamente irreversible la vivienda de las personas alcanzadas, y su eficacia frente al demandado requiere que éste haya tenido una oportunidad efectiva de conocerlo y de cuestionarlo, conforme a la garantía de defensa en juicio. Agrega que esta exigencia es mayor en este caso, or cuanto los proveídos no le fueron notificados.
Solicita que se libren notificaciones de los proveídos señalados, dejando planteado en subsidio la nulidad de las referidas notificaciones.
Afirma que de haber sido notificado, habría planteado antes de cualquier ejecución: a) la presencia en el inmueble de cuatro niños cuya documentación se acompaña, entre ellos un niño de seis años con certificado único de discapacidad emitido el 15 de octubre de 2026 y una niña de dos años y cuatro meses; b) la intervención de la Asesoría de Incapaces (art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación); c) la verificación de las cargas impuestas por la sentencia; y d) la fijación de un plazo razonable de desocupación con la intervención de los organismos competentes.
Concluye que ninguna de esas defensas pudo ser opuesta antes del despacho del 8 de octubre de 2026.
Alega que de la lectura de las actuaciones no surge resolución que declare la firmeza de la sentencia dictada, ni el cómputo del plazo que el proveído del 8 de octubre de 2026 considera transcurrido, ni constancia de que se haya acreditado el cumplimiento de las cargas previsionales, tal como manda ela sentencia defintiva dictada en autos.
Argumenta que antes de una medida de lanzamiento corresponde que consten en autos los recaudos que la propia sentencia impuso.
Luego, explica que el procedimiento de ejecución de un lanzamiento que alcanza a niños exige, en consecuencia y según lo expuesto, que: a) el demandado sea notificado de la orden en el domicilio constituido y en el real (art. 135 inc. 5 del CPCC); b) se identifique previamente a las personas que ocupan el inmueble y, en particular, si hay niños; c) se dé intervención a la Asesoría de Incapaces y al Servicio Local con anterioridad a la diligencia y no en forma simultánea a ella; y d) se verifique el cumplimiento de las condiciones fijadas en la sentencia.
Sostiene que en el inmueble habitan sus seis hijos menores de edad, de los cuales uno de ellos cuenta con certificado único de discapacidad, el cual consigna que el menor padece un trastorno generalizado del desarrollo no especificado y otros trastornos del habla y del lenguaje.
Agrega que si bien las niñas, niños y adolescentes involucrados no son parte en este proceso, la ejecución de la sentencia los alcanza de manera directa.
Explica que no pretende desconocer el derecho reconocido a la actora por la sentencia, sino que su ejecución se practique con la intervención de los organismos con competencia en la materia y de modo que no deje a niños a la intemperie, para lo cual el propio Juzgado ya dispuso oficiar al Servicio Local.
Solicita que hasta tanto se resuelva lo expuesto, se solicita que V.S. suspenda la ejecución del mandamiento de lanzamiento y que comunique esa decisión de manera urgente, por la vía más rápida, a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, a fin de que se abstenga de diligenciarlo (arts. 34 inc. 5, 36 y 195 del CPCC).
Requiere en forma subsidiaria que se conceda un plazo de 90 días para desocupar el inmueble.
Luego, interpone recurso de revocatoria (art. 238 del CPCC) contra el proveído del 8 de octubre de 2026, que decretó el lanzamiento, y, en subsidio, recurso de apelación (arts. 241 y 242 del CPCC). Explica que -a su entender- el recurso es temporáneo por cuanto no le fue notificado el proveído atacado.
En cuanto a los fundamentos del recurso, señala los mismo argumentos que los expuestos al momento de fundar el pedido de suspensión del lanzamiento.
Seguidamente, plantea la nulidad de la sentencia del 18 de diciembre de 2025 y de los actos de ejecución que de ella derivan, solicitando que, se suspenda entretanto la ejecución.
Formula reserva del caso federal y solicita que se suspenda el lanzamiento dispuesto en autos.
II. Sustanciado el planteo con la parte actora (v. proveído de fecha 13/11/2026), el 118/11/2026 se presenta Laura Marina Borrazas con el patrocinio letrado de la Dra. Lorena Taliercio, solicitando se rechacen los planteos formulados, y peticionando se continúe el trámite de las presentes actuaciones según su estado.
Liminarmente, señala que los hijos del demandado no son parte en el presente proceso, siendo este el motivo por el cual no ha intervenido la Asesoría de Menores e Incapaces.
Explica que sin perjuicio de ello, ante la posibilidad de la existencia de menores en el lugar al momento de practicarse la diligencia ordenada en autos, se dispuso librar oficio al Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescencia, intervención que se produce al diligenciarse el mandamiento de lanzamiento.
Luego, respecto a la falta de notificación personal de los autos relativos a la ejecución de la sentencia, entiende que son notificables en los términos del art. 133 del CPCC.
Agrega que la intimación a desocupar y el apercibimiento de lanzamiento se encuentran en la sentencia, que fue notificada y se encuentra firme y consentida, y que el proveído del 8/10/2026 se limitó a hacer efectivo ese apercibimiento contenido en la sentencia y no contiene una nueva intimación.
Entiende que el recurso de revocatoria con apelación en subsidio resulta extemporáneo, por cuanto fue interpuesto treinta y dos días después de haber operado la notificación del auto cuestionado.
En lo que hace a la falta del cumplimiento de las cargas fiscales y previsionales, advierte que las costas del presente proceso se encuentran a cargo del demandado y que por este motivo se dispuso avanzar con la ejecución de la sentencia, resultando -conforme su parecer- injusto mantener suspendido el lanzamiento por el propio incumplimiento del demandado en el pago de los honorarios y aportes de ley de los profesionales intervinientes.
Seguidamente, se niega a la fijación de un plazo de desocupación. Afirma que la sentencia fue dictada el 18/12/2025, por lo que el demandado lleva 11 meses sin haber cumplido la manda judicial. Entiende que el accionado tuvo un plazo más que suficiente para organizar su traslado y desocupar la vivienda.
En lo que respecta a la falta de recursos, señala que la Sra. Pacini, cónyuge del demandado, trabaja en relación de dependencia hace más de 10 años para TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. Asimismo denuncia que de los autos AVERZA LILIA S/ SUCESION AB INTESTATO de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 2 departamental Expdte. 124385 surge su condición de heredera de quien fuera su madre, acervo hereditario compuesto por un inmueble sito calle Saavedra 1613 esquina Sarmiento de esta ciudad. .
Concluye que la presentación del demandado es una nueva maniobra para evitar el desalojo, solicitando el rechazo con costas de los planteos deducidos.
III. Adelanto que asiste razón a la accionante.
Por cuestiones de orden analizaré los diversos planteos efectuados por el demandado en forma separada.
a. Nulidad por falta de notificación al demandado de los proveídos de fechas 8, 15 y 27 de octubre de 2026. Suspensión del lanzamiento por falta de firmeza de la sentencia y de cumplimiento de las cargas previsionales.
Teniendo en consideración que los proveídos en cuestión no se encuentran contenidos en los que ordenamiento procesal dispone que sean notificados por cédula, estos fueron notificados en los términos del art. 133 del CPCC., motivo por el cual no resulta atendible el planteo efectuado por el demandado.
Lo antedicho sin perjuicio del argumento relativo a que los proveídos que contiene intimaciones deben notificarse por cédula, por cuanto el auto de fecha 08/10/2026 dispuso el lanzamiento del accionado, y no una intimación a que desocupe el inmueble (art. 135 inc. 5 del CPCC).
La sentencia dictada el 18/12/2025 fijó un plazo cierto y determinado: 10 días desde que adquiriera firmeza el dispositivo sentencial. Ello en el caso, ocurrió el 02/02/2026. La firmeza de la sentencia no requiere un acto jurisdiccional que así lo disponga, bastando para su determinación que transcurra el plazo dispuesto en el arst. 244 del CPCC).
A su vez, la sentencia sujetó su materialización a la concurrencia de ciertos recaudos, que no son más que requisitos fiscales y previsionales que quedan aprehendidos en el concepto de costas y como tales, sujetos a las reglas del proceso (art. 21 de la ley 6716).
Siendo ello así, corresponde poner de resalto que la parte actora cuenta con beneficio de litigar sin gastos, siendo su principal efecto la exención del pago de las costas (art. 84 del CPCC).
La parte demandada fue condenada en costas, imposición que no fue cuestionada por esta, en tanto no apeló la sentencia dictada en autos (art. 68 del CPCC).
En este contexto, donde la actora está exenta del pago de las costas y demandado en mora del pago de honorarios y aportes (art. 54 de la ey arancelaria; art. 21 de la ley 6716), fue que mediante proveído de fecha 08/10/2026, dispuse la materialización del lanzamiento dispuesto en la sentencia.
Entiendo que supeditar ejecución de la sentencia de desalojo, a que el demandado cumpla con el pago de los honorarios del proceso, importaría dotar a este de una herramienta que, a más de injusta y contraria a derecho, le permitiría alongar sine die la materialización del desalojo, en tanto le bastaría con no pagar las costas para suspender indefinidamente la culminación del proceso, y obligar al actor a iniciar su ejecución con resultado incierto.
Asimismo, no puedo dejar de señalar que el eventual incumplimiento de las cargas previsionales y fiscales no produce agravio al demandado, desde que no es el beneficiario de las sumas que se deban en tales conceptos (art. 726 del CC y C).
Por otra parte, corresponde poner de resalto que las diligencias de lanzamiento cuentan con un trámite específico que prevé el aviso y la fijación de un plazo para desocupar el inmueble, circunstancias que son llevadas a cabo por el Oficial de Justicia, oportunidad en la que, de ser necesario, contará con la asistencia de personal de Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, tal como fue solicitado por la parte actora y ordenado por el suscripto (art. 224 del Ac. 3397 de la SCBA; Ley 13298).
No resulto ajeno a la delicada situación, familiar, económica y habitacional que plantea el demandado, principalmente atendiendo a la existencia de menores de edad en el inmueble, pero a la par y puesto a atender la petición en tratamiento, no puedo soslayar las constancias objetivas de este proceso, el cual se inició el 27/09/2023, y donde las partes pudieron ejercer plenamente su derecho de defensa en juicio, ofreciendo y produciendo prueba, y en el que se obtuvo sentencia definitiva el 18/12/2025 (arts. 8 y 25 de la CIDH), donde finalmente desde la firmeza de esa sentencia transcurrieron más de 11 meses.
Recuerdo que los hijos menores de edad se encuentran sometidos al régimen de la responsabilidad parental, lo que implica, entre otras consecuencias, hallarse bajo la autoridad y cuidado de sus progenitores, lo que supone la obligación de convivir con ellos, obedecerlos y respetarlos, así como el derecho a ser alimentados por ellos, lo que incluye la provisión de habitación (arts. 638, 646, 658, 659 y cdtes del CC y C).
En el subexamine no se trata de desconocer el derecho a una vivienda digna de los menores cuyos intereses representa el accionado, sino de que, tanto quienes ejercen la patria potestad como quienes velan en paralelo por la defensa de los intereses de los menores adopten con el tiempo suficiente las medidas y peticiones adecuadas ante los órganos específicos para que el derecho a una vivienda digna de estos sea efectivizado por aquéllos obligados: padres y/o Estado, evitando de esta manera que la falta de actuación oportuna imponga la urgencia de forzar el traslado esa responsabilidad hacia terceros, tal como sería la actora en este proceso.
Es un recurso sencillo a la par que peligroso pretender hacer cargar a la accionante con el déficit habitacional de los menores y su grupo familiar; sacrificando el efectivo goce del derecho de propiedad del titular de la vivienda para garantizar una obligación final del Estado, como es proporcionar el acceso a una vivienda digna en los términos de art. 14 bis de la Const. Nacional (art. 1 y 19 Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica").
Todo lo que llevo dicho se eleva en el caso de autos, en el que el demandado tuvo el tiempo suficiente, más de 11 meses desde que la sentencia quedó firme, para procurar la intervención de los organismos de protección integral de los menores que ahora reclama (Ley 13928),
Reflexiono que acceder a la suspensión del lanzamiento solicitado mediante presentaciones cuya urgencia es generada por la propia acitud de la parte, cuando -conforme se explicó en el párrafo anterior- contó con todas las oportunidades correspondientes para hacer valer sus derechos oportunamente, sería habilitar un mecanismo que -a más de injusto- desvirtúa por completo el contenido de la sentencia que puso fin a la controversia suscitada entre las partes y que a la fecha pasó en autoridad de cosa juzgada (arg. art. 18 de la C.N, arts. 8 y 25 de la C.A.D.H). Tal proceder no puede ser admitido, aún cuando se invocaren la existencia de menores, pues en todo caso estas circunstancias imponían justamente al peticionante un actuar más diligente.
b. Revocatoria con apelación en subsidio.
Teniendo en consideración lo expuesto en el partado "a" del presente, el recurso interpuesto resulta extemporáneo por tardío, motivo por el cual se lo desestima (arts. 239 y cdtes del CPCC).
c. Fijación de un plazo para desocupar el bien.
Respecto de la fijación de un plazo para desalojar el inmueble, corresponde señalar que la parte actora se opuso formalmente, esgrimiendo un argumento sumamente atendible: el accionado tiene conocimiento desde el 18 de diciembre de 2025 que debe desocupar el inmueble.
Ha transcurrido casi un año desde que se dictó la sentencia, plazo de tiempo más que razonable y suficiente para organizar la desocupación del bien.
Solicitar una prórroga en este estadío procesal, en las ciernes del lanzamiento, luego de una extensa tramitación por todas las etapas procesales correspondientes, y luego -reitero- de contar con 11 meses desde la sentencia para procurar una nueva vivienda, resulta inatendible.
d. Cosa Juzgada írrita.
Ha dicho nuestra Cámara Deptal que "La inmutabilidad de la cosa juzgada, como tantas otras de raigambre constitucional, no es absoluta. La cosa juzgada no es una noción de orden lógico, sino un concepto de naturaleza procesal; su autoridad no es absoluta y necesaria, de manera que cabe admitir su revocación cuando ello es imprescindible para impedir los efectos de sentencias intolerablemente injustas. La acción impugnativa es un remedio extraordinario y excepcional, pues, las consideraciones de utilidad y oportunidad emergentes de aquélla pueden a veces aconsejar su sacrificio para evitar el desorden y el mayor daño que se derivaría de la conservación de una sentencia intolerablemente injusta" (Cámara Deptal, Sala II, causa 16414307/06/2018).
En esa línea Bidart Campos ha señalado que "destronar la cosa juzgada nula o írrita es una de las batallas constitucionales más elocuentes y necesarias para dar prioridad a la verdad objetiva y, con ella, a la justicia cuyo afianzamiento ordena imperativamente el preámbulo constitucional ("El derecho de la Constitución su Fuerza Normativa", Editar, Argentina, 1995, p.71 citado por Ruggeri Sandra M. en rmedios contra la cosa juzgada írrita, publicado en La Ley el 12/05/2017, cita online: AR/DOC/1203/2017).
En el caso de autos, la regularidad y justicia de la sentencia viene reconocida por el propio demandado, quien señaló que "no pretende con estas consideraciones desconocer el derecho reconocido a la actora por la sentencia, sino que su ejecución se practique con la intervención de los organismos..." (sic. v. escrito de fecha 10/11/2026).
Esta afirmación, formulada en la misma pieza que en la que luego se peticiona la revisión de la cosa juzgada, resulta contradictoria y le resta toda seriedad al planteo, motivo por el cual corresponde su rechazo.
IV. Por lo que llevo dicho;
RESUELVO: I. Desestimar los planteos efectuados por el demandado en fecha 10/11/2026 con costas (arts. 68, 172 y cdtes del CPCC); II. Diferir la regulación de honorarios; III. REGISTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría, al domicilio electrónico (art. 10 del Anexo I del Acuerdo 4013 modificado por acuerdo 4039 de la SCBA).
MAXIMILIANO COLANGELO
JUEZ CIVIL Y COMERCIAL
Firmas
Funcionario firmante: COLANGELO Maximiliano - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 757-2026
Fin de la sentencia