Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 24.376-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9124/07 dictada en el expediente N° 604.859/03 (SIGEA 12034-142-2005), en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 34/100 ($6.485,34), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 18/6/2007 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, así como la exigencia de CER por todo concepto.
3Imponer las costas del proceso conforme los respectivos vencimientos, los que se establecen en 20%, a cargo de la parte actora, y un 80%, a cargo de la parte demandada.
4Fijar los honorarios del Dr. Alejandro Felipe Noel, en su carácter de apoderado de la parte actora, en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($52.000) y de la Dra. Cora Zunino, en su calidad de letrada patrocinante de la misma parte, en la suma de CIENTO TREINTA MIL PESOS ($130.000); ambas sumas a cargo del fisco (art. 1.163 del C.A.; arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley de aranceles para abogados y procuradores N° 21.839, modificada por la ley 24.432).
5Fijar los honorarios de la representación fiscal (Mario Luis Vetere), en la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), a cargo de la parte actora (art. 1.163 …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-121607476-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 31 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “BOSTON CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/D.G.A. s/Recurso de apelación”, Expediente N° 24.376-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 6/9 se presenta BOSTON CÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 9124/07 dictada en el expediente N° 604.859/03 (SIGEA 12034-142-2005), mediante la cual se condenó a la firma Visor Enciclopedia Audiovisuales SA por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., intimando a su parte al pago de $ 49.784,58 en concepto de tributos, con más el CER y los intereses del art. 794 del C.A., en carácter de garante de la obligación tributaria; ello, con motivo de la emisión de la Póliza de Caución N° 5147 por la que garantizó la operación. Consiente parcialmente la mencionada resolución y reconoce la emisión de la póliza N° 5147, por la suma asegurada de 10.250 dólares. En ese sentido, se agravia por considerar que la resolución cuestionada intima a su parte al pago de tributos relativos a la operación documentada en el DIT N° 99 001 IT14 3059 A, que exceden la suma por ella asegurada. Explica que, en su condición de garante, su responsabilidad se limita a los tributos que gravan la importación, pero no a tributos adicionales que pudieran exigirse a la firma importadora. A su vez, cuestiona la exigencia del pago del Derecho Adicional, IVA e IVA adicional. Asimismo, plantea la inaplicabilidad del CER y cita jurisprudencia que entiende afín a su postura. Ofrece prueba y solicita que se “ordene a la DGA practicar liquidación, con la exclusión del derecho adicional solicitado…y se deje sin efecto la aplicación del CER, con costas”.
II. Que a fs. 25/38 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Manifiesta que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal, y que, habiéndose configurado el siniestro, la actora debe afrontar el pago de los tributos. En ese sentido, señala que el derecho adicional le fue correctamente exigido por haberse configurado, en el caso, el supuesto de importación “irregular” para consumo, previsto en el art. 274 del C.A., que habilita su liquidación. Reseña la normativa y finalidad del régimen de importación temporaria. Señala que, por la Resolución 72/92, se encuentra habilitada para “ejecutar automáticamente las garantías en el supuesto que no se cumplan las obligaciones establecidas” tal como se prevé en el art. 462 del C.A.; y, en refuerzo, agrega de manera genérica que: “las propias pólizas en sus Condiciones Generales (art. 3°) establecen: ‘una vez formulado el cargo por la dependencia aduanera que corresponda o existiendo resolución dictada en firme que establezca la responsabilidad del Tomador y el monto por el cual corresponda afectar las garantías objeto de la presente póliza, la Administración Nacional de Aduanas tendrá derecho a requerir del tomador o del Asegurado el pago pertinente’.” Acompaña como prueba el expediente administrativo perteneciente a estos autos, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 57 se declara la causa como de puro derecho y, asimismo, se requiere, en los términos del art. 1143 y como medida para mejor proveer, a la parte actora que libre oficio a fin de solicitar la remisión del original de la Póliza de caución N° 5147 o, en su caso, copia certificada de la misma; medida que no fue impulsada por la parte. Que fs. 61 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 62 se pasan a sentencia.
IV. Que el expediente administrativo N° 604.859/03 (SIGEA 12034-142-2005) se inicia con el Acta de denuncia, por medio de la cual se informa que el 3/6/2003 operó el vencimiento de la destinación temporaria documentada por DIT N° 99 001 IT14 3059 A, oficializada el 12/6/2001; y, en consecuencia, se denuncia la posible comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. A fs. 2 se agrega el sobre contenedor de la documentación original de destinación en trato, junto con la declaración de valor de la mercadería, su carta de porte y su respectivo MANI, certificado de origen y la factura comercial. A fs. 3/10 se produce el aforo de la mercadería considerada en infracción y la liquidación de los respectivos tributos. A fs. 11 obra el print de pantalla de consulta de garantía. A fs. 13 se instruye sumario en los términos del art. 1090, inc. c), del C.A. por infracción al art. 970 del mismo código. En la misma oportunidad, se corre vista prevista en el art. 1101 del C.A., a la firma importadora y a la aseguradora. A fs. 16/17, se presenta la importadora, se allana a la pretensión fiscal y comunica que, con posterioridad al vencimiento de la destinación transitoria en trato, se presentó a concurso preventivo; y, por ese motivo, se encuentra imposibilitada de responder a lo exigido. La aseguradora no contestó la vista. A fs. 33/35 se agrega consulta al registro general de infractores. A fs. 36/vta. se dicta la Resolución DE PRLA N° 9124/07 que se notifica a la importadora y a la garante. A fs. 40/41 la aquí recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que, de manera preliminar, cabe destacar que, en el caso, no se encuentra discutida la Resolución DE PRLA N° 9124/07, en cuanto se tuvo por configurada la infracción normada en el artículo 970 del CA, por la totalidad de la mercadería documentada en el DIT N° 99 001 IT14 3059 A. En efecto, de las actuaciones administrativas resulta que la firma importadora se allanó en la instancia administrativa a la pretensión fiscal, y que la parte actora no se presentó a ejercer su descargo en aquella oportunidad, ni efectuó un cuestionamiento de esa índole ante este Tribunal. Sentado ello, es dable señalar que la obligación contraída por la aseguradora proviene de un vínculo convencional con la firma importadora y no se deriva directamente de una norma legal que regule esa relación; sin perjuicio de lo cual, en el caso, no obstante la falta de agregación del título original, lo cierto es que es la misma interesada quien reconoce expresamente la existencia y el alcance de la Póliza de Caución N° 5147, por la suma de 10.250 dólares; y que, además, eso se condice con la información resultante del print de pantalla de consulta de garantía agregado a fs. 11 de las actuaciones administrativas.
A ello, cabe agregar que la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 57, a fin de conocer el estado actual de la referida póliza, no fue impulsada por la aseguradora.
VI. Que, en tales condiciones, por un lado, la cuestión a resolver en autos se circunscribe a determinar los rubros tributarios por los que debe responder la actora en su calidad de garante de la operación documentada en el DIT N° 99 001 IT14 3059 A, en virtud de la emisión de la Póliza de Caución N° 5147, por la suma máxima de 10.250 dólares; y, por otro lado, el ajuste por CER aplicado en la Resolución DE PRLA N° 9124/07.
VII. Que, en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, el seguro de caución fue otorgado en favor del servicio aduanero, en los términos del art. 453, inc. a), del C.A; y, tal como sostuvo esta Sala en numerosos precedentes, la relación entre la firma aseguradora (fiador garante) y sus derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada), debe ser analizada a la luz de la regulación de la fianza prevista el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria.
En ese sentido, la aseguradora-fiadora garante, se constituye como deudora solidaria del deudor principal tomador del seguro (aquí, la importadora); y, en consecuencia, la citación del deudor solidario en el procedimiento sumarial en el que se debate la responsabilidad del aludido deudor principal, se justifica a los fines de poner en su conocimiento las razones por las que se exige el cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas –propias y aún las del deudor principal-, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora aseguradora) la coloca, en cuanto a su obligación tributaria, a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial). Ello, con el único requerimiento de formulación del cargo al deudor principal, tal como resulta del art. 462 del Código Aduanero, también de aplicación, y dadas las condiciones generales de la póliza de caución (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía, art. 3°), resultando así, a opción del acreedor, que la resolución contra el tomador se encuentre firme. Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente su derecho de defensa.
VIII. Que en relación a la liquidación tributaria de fs. 10 corresponde efectuar algunas precisiones. Así, esta Sala se ha pronunciado en reiterados fallos en el sentido de no introducir de oficio, cuestiones tales como, el análisis del derecho adicional en los casos en que no se presentado ningún cuestionamiento, ni agravio respecto a dicho rubro en el plazo previsto para apelar, en razón de entender que, al no haber sido puesto en crisis en su oportunidad, el mismo pasó en autoridad de cosa juzgada. Y que, asimismo, la jurisdicción de este Tribunal debía limitarse a aquellas cuestiones por las cuales la recurrente instó a su avocamiento, sin que lo dispuesto por el art. 1143 del C.A. ni el principio “iura novit curia” autoricen a ampliar el ámbito de su tratamiento.
Que, no obstante ello, en virtud del pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Codorniu Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017, y en atención al principio de economía procesal, corresponde modificar el criterio adoptado anteriormente. Que, en consecuencia, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, sin perjuicio de los rubros tributarios cuestionados por la aquí actora, corresponde analizar la procedencia del derecho adicional, IVA Adicional, así como también la percepción del Impuesto a las Ganancias.
IX. Que, en relación al derecho adicional, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido respecto al mismo en la causa “IEF Latinoamericana S.A.(TF 16.912-A) c/ DGA”, en la cual remitió a la doctrina sentada en la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, donde sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “ No puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye —en principio— una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (v. página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. En consecuencia, deben reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero.
X. Que, en lo que respecta al IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, corresponde señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (Expte. N.° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido que A partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177). Que, justamente, sobre esa base, concluye que “...cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde también modificar la exigencia tributaria con exclusión de los mencionados rubros de IVA Adicional y Ganancias.
XI. Que, en conclusión, a los fines de determinar el importe nominal correspondiente de tributos adeudados por la mercadería en cuestión corresponde efectuar la reliquidación, sin incluir el derecho adicional, IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias.
Asimismo, es dable señalar que el servicio aduanero, en el año 2004 y en oportunidad de efectuar la referida liquidación de fs. 10, pesificó la deuda y su consecuente obligación mientras que las sumas garantizadas debieron liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, por ser un hecho imponible acaecido en 2003; es decir, en dólares estadounidenses. Por ello, y teniendo en cuenta la teoría de los actos propios, corresponde estar al tipo de cambio utilizado a fs. 10: pesos 2,85 por cada dólar estadounidense; y, en consecuencia, revocar la Resolución DE PRLA N° 9124/07, en cuanto a la exigencia de ajuste CER por todo concepto.
Valor en aduana: $ 13.433 Derechos de importación 13,5% ----------------------- $ 1.813,46 Estadística 0,5% -------------------------------------- $ 67,17 Base Imponible IVA $ 1.880,63 IVA 21% -----------------------------------------------$ 394,93 Tributos en dólares: u$s 2.275,56 TC: 2,85 Total de tributos pesificados: $6.485,34 XII.- Que, en cuanto al tope máximo de responsabilidad de compañía aseguradora, cabe señalar que, en el caso, la operación documentada en el DIT N° 99 001 IT14 3059, fue oficializada ante la Aduana de Buenos Aires el 12/6/2001, con vencimiento del plazo de permanencia el 3/6/2003, dando garantía por los tributos (liquidados en el aludido DIT) que en el momento del referido registro habrían gravado la importación para consumo de la mercadería, garantía extendida mediante la póliza de seguro de caución N° 5147, emitida por la firma Boston Cía. Argentina de Seguros S.A., en fecha 12/6/2001 por la suma de dólares estadounidenses (U$S) 10.250.
En tales condiciones, cabe destacar que, en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, como se dijo, la actora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar (al importe de dicho monto límite, si fuera que los tributos que adeuda la importadora lo superan) los accesorios que correspondan. Esa suma máxima era, según lo expresamente pactado y según lo establece el art. 1578 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 (disposiciones sobre la fianza supletoriamente aplicable al caso), el tope hasta donde podía resultar obligada la aquí actora aseguradora, sin perjuicio, claro está, de los accesorios, aún si con ellos se excediese dicha suma. Lo dicho, se recalca, cualesquiera fueran o hubieran sido las razones para determinar ese límite o suma máxima. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes.
En tales condiciones, sin perjuicio de lo resuelto en cuanto a la exigencia tributaria y la pesificación efectuada por el servicio aduanero, a los fines de estimar el monto asegurado, deberá convertirse dicho monto asegurado por la póliza (U$S 10.250), en la relación U$S 1 = $ 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1 = $ 1, en los términos del art. 8° del dec. 214/02, por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto).
Así, el importe nominal de los tributos pesificados por el servicio aduanero a $6.485,34 (determinado en el Considerando XI.-) queda comprendido dentro del límite garantizado (U$S 10.250), a razón $ 10.250 con más el CER; por lo que es por aquel importe que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
XIII. Que, en lo atinente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. En el caso de autos, la citación de la importadora se produjo el 4/6/2007 (fs. 15 de las act. adm). Por lo tanto, los intereses corren desde el 18/6/2007, según el art. 794 del C.A.
XIV. Que, en consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la resolución aduanera, en relación a los rubros derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A y los intereses devengados desde el 18/6/2007 hasta la fecha de total y efectivo pago (art. 794 del C.A.); y revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias; así como la exigencia de CER por todo concepto, por las consideraciones expuestas en el considerando XI.
XV. Que, en virtud del modo en que se resuelve, corresponde imponer las costas del proceso conforme los respectivos vencimientos, los que, quedan determinados en un 20%, a cargo de la parte actora, y el restante 80%, a cargo de la DGA.
XVI. Que, sentado lo que antecede, corresponde fijar las pautas a tener en cuenta para la determinación de los emolumentos. De este modo, se constata que las tareas desarrolladas primera y única etapa del proceso se sucedieron durante la vigencia del régimen previsto por la ley 21.839 de Aranceles y Honorarios para Abogados y Procuradores y su modificatoria ley N° 24.432 (v. CSJN; “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ Acción declarativa”; sentencia del 4 de septiembre de 2018). Además, cabe tenerse en consideración la calidad y extensión de la labor profesional efectuada y, a tal efecto, resultan de aplicación, en virtud de lo dispuesto por el art. 1.163 del C.A. y las circunstancias de autos, los arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley de aranceles para abogados y procuradores N° 21.839, modificada por la ley 24.432.
En ese contexto, corresponde fijar los honorarios del Dr. Alejandro Felipe Noel, en su carácter de apoderado de la parte actora, en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($52.000) y de la Dra. Cora Zunino, en su calidad de letrada patrocinante de la misma parte, en la suma de CIENTO TREINTA MIL PESOS ($130.000); ambas sumas a cargo del fisco.
Por otra parte, fijar los honorarios de la representación fiscal (Mario Luis Vetere), en la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), a cargo de la parte actora.
Finalmente, cabe dejar constancia de que, en el caso de que los profesionales beneficiarios de los emolumentos regulados por la presente, acrediten su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado se deberá adicionar a los honorarios aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo de la parte que deba afrontar esas costas.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9124/07 dictada en el expediente N° 604.859/03 (SIGEA 12034-142-2005), en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 34/100 ($6.485,34), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 18/6/2007 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2. Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, así como la exigencia de CER por todo concepto.
3. Imponer las costas del proceso conforme los respectivos vencimientos, los que se establecen en 20%, a cargo de la parte actora, y un 80%, a cargo de la parte demandada.
4. Fijar los honorarios del Dr. Alejandro Felipe Noel, en su carácter de apoderado de la parte actora, en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($52.000) y de la Dra. Cora Zunino, en su calidad de letrada patrocinante de la misma parte, en la suma de CIENTO TREINTA MIL PESOS ($130.000); ambas sumas a cargo del fisco (art. 1.163 del C.A.; arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley de aranceles para abogados y procuradores N° 21.839, modificada por la ley 24.432). 5.-Fijar los honorarios de la representación fiscal (Mario Luis Vetere), en la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), a cargo de la parte actora (art. 1.163 del C.A.; arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley de aranceles para abogados y procuradores N° 21.839, modificada por la ley 24.432).
6. Dejar constancia de que, en el caso de que los profesionales beneficiarios de los emolumentos regulados por la presente, acrediten su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado se deberá adicionar a los honorarios aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo de la parte que deba afrontar esas costas. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto que antecede.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente la descripción efectuada por la vocal preopinante con relación al objeto del proceso, los fundamentos de la apelación y la contestación del traslado (considerandos I, II y VI). Por otra parte, si bien entiendo que, en la presente litis, se debería decidir, en términos generales, en virtud del desarrollo presentado por el voto que me precede, me veo obligado a manifestar algunas aclaraciones con relación a la hermenéutica empleada en su considerando VIII con relación a la determinación del alcance de lo decidido por Nuestro Más Alto Tribunal (en adelante “CSJN”, “Corte” o “Corte Suprema”) en la causa Codorniu Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo (CAF 30796/2016/CAI- CS1, sentencia del 26 de diciembre de 2017). Si bien, por razones de practicidad, en algunos casos previos (como, por ejemplo: TFN, Sala “G”, Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/DGA s/recurso de apelación, expediente n° 30.563- A, sentencia del 26 de diciembre de 2022, considerando XI), he adherido a la interpretación referida, lo he hecho en la inteligencia de que el fundamento desarrollado no modificaba lo sustancial. En el presente caso, la situación se torna diferente, ya que la aplicación de lo decidido por la Corte Suprema en el fallo citado repercute, indefectiblemente, en la decisión de fondo pendiente en el presente caso.
II. En rigor de verdad, en la causa Codorniu Argentina, la Corte sustentó su decisión de declarar formalmente procedente el recurso extraordinario y, por consiguiente, de confirmar la sentencia apelada, en lo dictaminado oportunamente por la Sra. Procuradora Fiscal (Dictamen de la Procuradora Fiscal, Dra. Laura M. Monti, Codorniu Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo [CAF 30796/2016/CA1-CS1], Dictamen del 4 de julio de 2017). Esta última, por su parte, en respaldo a la posición del Fisco Nacional, llegó a afirmar que “…el Tribunal Fiscal no se encuentra habilitado para expedirse sobre cuestiones que no sean requeridas por la actora al interponer su recurso de apelación, ni tampoco objeto de controversia durante el curso del proceso”. En forma complementaria a lo mencionado con anterioridad, estimó que, “…si bien el art. 1143 del Código Aduanero establece que el Tribunal Fiscal impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y “resolver el caso independientemente de lo alegado por la partes” – lo cual implica encuadrar el requerimiento de los contendientes en su adecuado fundamento de derecho (Fallos: 306:303, disidencia de los Dres. Fayt y Belluscio), pudiendo, en esta tarea, incluso, aplicar una norma no invocada por ellos (Fallos: 335:2333, cons. 10 y su cita)-, estas atribuciones no pueden ser empleadas para introducir pretensiones que los litigantes no han efectuado, ya que reconocer y acordar a una de las partes derechos no debatidos es, como principio, incompatible con el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 237:328; 239:442; 267:419; 284:47)” ( nuestro subrayado).
Así, pues, luego de hacer referencia al aspecto general de la cuestión, la Dra. Monti centró la atención en ciertos aspectos particulares de la causa bajo examen. En efecto, en este sentido, manifestó el no poder dejar pasar “…desapercibido que en su escrito de inicio […], la actora solicitó que se “revoque in totum” la resolución (DEPRLA) 1373/11 de la Dirección General de Aduanas (AFIP) sin exclusión ni salvedad alguna, lo cual conduce forzosamente a concluir que impugnó – además de los otros conceptos cuyo pago allí se exigía – también el derecho adicional. Desde mi perspectiva, ello resulta corroborado por el formulario F.4 elaborado por la propia accionante […], en el cual se deja en claro que no consiente importe alguno sino que cuestiona la suma total intimada por el acto administrativo recurrido”. Bajo este prisma, concluyó que, “…si bien el Tribunal Fiscal ha resuelto el caso independientemente de las normas alegadas por las partes, lo ha hecho sin apartarse de las pretensiones planteadas al trabarse el diferendo”.
III. Al retomar los hechos involucrados en la presente litis, se logra constara que, a diferencia de lo destacado por la Sra. Procuradora Fiscal con relación a los hechos involucrados en la causa Codorniu Argentina, la firma apelante ante la presente instancia (Boston Cia. Argentina de Seguros SA) no solicitó, por lógicas razones, que se lleve a cabo una revocación in totum de la Resolución DE PRLA n° 9124/07. Tampoco requirió la revocación específica de su artículo 3°; disposición, esta última, mediante la cual se establecía la correspondiente deuda tributaria. Por otra parte, mediante los fundamentos de su recurso, la apelante destacó, en un primer momento, consentir “…parcialmente la resolución recurrida, en lo que se relaciona con la obligación tributaria que fue garantizada mediante la póliza 5147, por la suma de U$S 10.250”, para luego aclarar que el recurso “…está dirigido a obtener la revocatoria de la resolución recurrida, con respecto a la pretendida aplicación por parte del servicio aduanero del derecho adicional y del CER a la deuda tributaria” ( nuestro subrayado). Posteriormente, complementando lo especificado con anterioridad, se requirió puntualmente excluir “…dicho adicional…” de la liquidación y ajustar los conceptos de IVA e IVA adicional calculados a su respecto. De esta manera, se logra constatar que la firma Boston Cia. Argentina de Seguros SA, mediante su recurso de apelación ante el presente Tribunal, tuvo como único objetivo cuestionar el cálculo de los siguientes conceptos: derecho adicional, IVA, IVA adicional y CER; sin hacer referencia alguna a lo liquidado en concepto de Impuesto a las Ganancias. A mayor abundamiento, resulta pertinente destacar que, mediante el formulario F.4, la apelante no hace aclaración alguna con relación a los montos cuestionados o consentidos.
Consecuentemente a lo mencionado con anterioridad, y en clara aplicación de lo decidido por Nuestro Más Alto Tribunal en la causa Codorniu Argentina, corresponde agregar a la reliquidación presentada por el Vocal preopinante el importe determinado oportunamente por el servicio aduanero en concepto de Impuesto a las Ganancias (ver a fs. 10 de las actuaciones administrativas n° 12034-142-2005).
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 9124/07 dictada en el expediente N° 604.859/03 (SIGEA 12034-142-2005), en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 34/100 ($6.485,34), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 18/6/2007 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2. Revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, así como la exigencia de CER por todo concepto.
3. Imponer las costas del proceso conforme los respectivos vencimientos, los que se establecen en 20%, a cargo de la parte actora, y un 80%, a cargo de la parte demandada.
4. Fijar los honorarios del Dr. Alejandro Felipe Noel, en su carácter de apoderado de la parte actora, en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($52.000) y de la Dra. Cora Zunino, en su calidad de letrada patrocinante de la misma parte, en la suma de CIENTO TREINTA MIL PESOS ($130.000); ambas sumas a cargo del fisco (art. 1.163 del C.A.; arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley de aranceles para abogados y procuradores N° 21.839, modificada por la ley 24.432). 5.-Fijar los honorarios de la representación fiscal (Mario Luis Vetere), en la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), a cargo de la parte actora (art. 1.163 del C.A.; arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley de aranceles para abogados y procuradores N° 21.839, modificada por la ley 24.432).
6. Dejar constancia de que, en el caso de que los profesionales beneficiarios de los emolumentos regulados por la presente, acrediten su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado se deberá adicionar a los honorarios aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo de la parte que deba afrontar esas costas. Regístrese, notifíquese, -oportunamente- devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2025.10.29 14:45:41 ART Date: 2025.10.31 21:44:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.31 22:02:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.31 22:03:04 -03:00
Fin de la sentencia