Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-56962250-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-49050842-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 15 de Mayo de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, para resolver en los autos caratulados “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, EX-2019-
56962250- -APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a con fecha 24/06/2019 se presenta la firma BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 4368/2016 de fecha 16 de septiembre de 2016, en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12197-3481-2007, por la cual se la condena por la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero. Señala que las citadas actuaciones se iniciaron como consecuencia de la imputación realizada a la firma METALUZ S.R.L., por no haber regularizado en tiempo y forma la situación de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT N° 05 001 IT14 003425 B, cuyo vencimiento habría operado en fecha 09/05/2006. Siendo condenada la referida firma al pago de una multa de $18.626,83, también se le formuló cargo, junto con la compañía aseguradora interviniente, por las sumas de U$S 6.127,25 y $12.181,56, en concepto de tributos, con más los intereses correspondientes.
Plantea, en primer lugar, la prescripción de la acción de cobro del Fisco por ineficacia del auto de instrucción de sumario, haciendo hincapié en que el acto administrativo que ordenó la apertura de sumario no reúne los requisitos taxativamente establecidos en el artículo 1094, inc. d) del Código Aduanero, por lo que carece de carácter interruptivo de la prescripción. Por otro lado, plantea la irrazonabilidad de la duración del proceso, detallando el tiempo que tardó el Fisco en tramitar el sumario aduanero. Se agravia, también, de la nulidad de todo lo actuado en sede aduanera, ya que la contraria ha rechazado absolutamente toda la prueba que ha solicitado, sin fundamento alguno, circunstancia que le crea un evidente perjuicio, toda vez que se la ve privada de ejercer su derecho de defensa.
De manera subsidiaria, funda su recurso de apelación puntualizando, en primer término, el expreso reconocimiento de la firma importadora, lo cual imposibilita la ejecución de la supuesta garantía. En segundo lugar, plantea que la póliza tiene un límite económico y si la beneficiaria no presentara el original del contrato, tampoco tiene derecho a cobro. También subraya que los rubros mencionados en el seguro para garantías aduaneras emitidas por la aseguradora no incluyen, ni incluían, los adicionales dispuestos por la Aduana, ni el IVA, garantizando únicamente los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería. De manera subsidiaria, acredita la improcedencia de la aplicación del CER.
Finalmente ofrece prueba, confiere autorizaciones, hace reserva del caso federal y solicita que, oportunamente, se dicte sentencia haciendo lugar al recurso interpuesto, con costas.
II. Que con fecha 13/09/2019 la representación fiscal contesta el traslado del recurso oportunamente conferido. Realiza un breve relato del objeto de la causa y de lo actuado en sede aduanera, y por imperativo procesal niega todas y cada una de las afirmaciones, los hechos, el derecho, la documentación y/o copias invocadas por la contraria, que no sean expresamente reconocidos en su responde, o que surjan de las constancias de las actuaciones administrativas. Contesta el planteo de la prescripción efectuado por la actora y afirma que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 1094, inciso c), del Código Aduanero. También responde el agravio en relación al plazo razonable, afirmando que el accionar del servicio aduanero se ajustó a los plazos establecidos por el citado cuerpo legal, resultando la actividad desplegada conforme a derecho. Hace referencia a que no ha habido afectación del derecho de defensa, resaltando que los eventuales vicios procesales en que se pudiera haber incurrido ante las dependencias aduaneras serían insuficientes para lesionar sustancialmente el derecho de defensa en juicio de la actora. Sostiene que la firma METALUZ S.R.L. ha incumplido obligaciones asumidas al someterse voluntariamente al régimen de importación temporal. Destaca que debe tenerse en cuenta que la aseguradora responde con los alcances que, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del contrato de seguro en cuestión, corresponde total o parcialmente con las garantías exigidas por las mismas, obligación que se extiende hasta la extinción de las asumidas por el tomador del seguro, cuyo cumplimiento cubre. Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que, oportunamente, se confirme la Resolución N° 4368/2016 (DE PRLA) objeto de apelación, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-3481-2007 se inician a fs. 1 con el Acta de Denuncia 158/07 de fecha 02/03/2007. A fs. 4 obra carpeta de la destinación 05 001 IT14 003425 B. A fs. 6/7 obra la liquidación de tributos A fs. 9 se dispone la instrucción de sumario con fecha 20/9/2011. A fs. 10, obra determinación de tributos y multa. A fs. 14/14 y vta. con fecha 1/3/2016 se corre vista a la importadora y se cita en garantía a la aseguradora. A fs. 15, se agrega cédula dirigida a Metaluz S.R.L., notificada con fecha 7/3/2016 y a fs. 16 se agrega cédula dirigida a Boston Compañía Argentina de Seguros S.A., notificada con fecha 7/3/2016, notificada con fecha 7/3/2016. A fs. 20/27 la aseguradora contesta la vista conferida. A fs. 28 se presenta la firma Metaluz S.R.L. y contesta la vista conferida. A fs. 36/52 surgen las impresiones de pantallas con los supuestos despachos de exportación. A fs. 54 obra la Nota N° 395/16 a través de la cual se manifiesta la cantidad de mercadería que se encontraría en infracción por no haber importado la firma el CTC utilizado. A fs. 55 obra nueva determinación de tributos y multa, en tanto que a fs. 56 surge la consulta del Registro de Infractores aduaneros. A fs. 58/63 surge la Resolución DE PRLA N° 4368/2016, en tanto que a fs. 63/64 obra el Dictamen 901/2016 se declara en rebeldía a la firma Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. A fs. 67/68 surgen las notificaciones de la Resolución 4368/16 a ambas co-actoras, realizadas a través del sistema SICNEA con fecha 28/5/2019.
IV. Que, en primer término, corresponde analizar el planteo de la recurrente sobre la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos, con fundamento en la invalidez del auto de apertura de sumario. Que, en consecuencia, se debe determinar si el auto de fs. 9 de las actuaciones administrativas resulta válido o no. Que, con fecha 20 de septiembre de 2011 se dispuso: “VISTO los hechos denunciados por los que se da cuenta que la firma METALUZ SRL CUIT N° 30-68595160-2 no habría regularizado dentro del plazo concedido la situación de la mercadería ingresada mediante el amparo del DIT 05 001 IT14 003425 B cuyo vencimiento operaba el 09/05/2006, lo cual constituye “prima facie” la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO en los términos del art. 1090 inc. c) del citado texto legal.
Que, considero que el auto de apertura de sumario es válido en razón de que el mismo se dictó en virtud del Acta de Denuncia de fs. 1/3 de las actuaciones administrativas, en el que expresamente obran consignados los hechos - falta de regularización del DIT referido-. En tanto que a fs. 4 luce el DIT. Asimismo, a fs. 6/7 surge el valor en aduana y alícuotas y liquidación tributaria.
V. Que, en consecuencia, resultando válido el auto de apertura de sumario, corresponde entender en el planteo expresamente impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 16 de septiembre de 2016 y notificada recién el 28 de mayo del año 2019, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentra adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX- 2019-112544550- ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-
10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del Código Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2007, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato data del 9 de mayo del año 2006), debiendo haber fenecido el 1/1/2012, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario en fecha 20 de septiembre de 2011 -vide fs. 9 act. adm.-, es decir, ya transcurridos 4 años, 9 meses y 20 días, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (20/9/2011) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 16 de septiembre de 2016- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién fue objeto de notificación el día 28 de mayo de 2019 (confr. fs. 68 act. adm.), es decir, casi tres años después de su dictado, constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
VII. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-.
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VIII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar –mientras que en la actualidad sólo opera hasta el décimo día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742-)-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
IX. Que, asimismo, también corresponde precisar que el inciso a) del artículo 806 del CÓDIGO Aduanero expresa que “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera...”, que en la práctica dicho acto se corresponde con la notificación de la corrida de vista, contemplada en el artículo 1101 del citado cuerpo normativo.
En tal sentido, el propio artículo 1103 del citado cuerpo normativo enfatiza que “La vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d)”.
X. Que, no obstante, y sin perjuicio que la Corte Suprema de justicia de la Nación ha destacado que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe estarse por la existencia de interrupción (Fallos: 323:192, "Andrili de Cúneo Libarona"; 326:742, "Garbellini; 329:1012, "Randazzo"; entre otros), en la especie su análisis carece de finalidad práctica, toda vez que dicha causal de interrupción se encuentra subsumida dentro de la causal de suspensión de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera contemplada en el inciso a) del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero, habida cuenta que ella empezó a correr en primer lugar, precisamente desde el auto de apertura del Sumario objeto de autos (20/9/2011), mientras que la corrida de vista es del día 1 de marzo de 2016, y su notificación se produjo a los 7 días (confr. fs. 16 act. adm.), cuando el curso de la prescripción ya se encontraba suspendido.
XI. Que, por lo demás, y sin perjuicio del modo en que se decide el agravio bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la DIT en trato ha vencido en fecha 9 de mayo de 2006 y la resolución apelada ha sido objeto de notificación el 28 de mayo de 2019, es decir, más de 13 años después de haber acaecido el hecho gravado.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuvieran en consideración las causales de suspensión establecidas en los artículos 17 de las leyes 26.840 (B.O. 3/6/2013) y 27.572 (B.O. 26/8/2020) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto constitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
XII. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve la cuestión tributaria es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
XIII. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
En tales condiciones, cualquier metodología interpretativa que valide, consienta, acepte, ratifique o permita, de modo activo u omisivo, que la notificación de una resolución aduanera definitiva pueda realizarse casi 3 (tres) años después de su dictado, sin ningún tipo de consecuencia prescriptiva, resulta contraria a un sano entendimiento del derecho.
XIV. Que, asimismo, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
En primer lugar, hago propio por razones de brevedad el relato de los hechos que realiza el Sr. Vocal instructor.- El vocal preopinante, dr. Pablo Garbarino, sostiene que la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el régimen anterior. El DNU 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario “Hughes Tool Company” (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Wonderland Entertainment S.A. c/ EN – DGA s/ recurso de apelación” (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas.
En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: “Shell C.A.P.S.A. c/ DGI” (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA” (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y “Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI” (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria (“Hughes Tool”) y otro en materia tributaria (“Wonderland”)— confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del dr. Garbarino que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
A pesar de ello, el dr. Garbarino recurre en este caso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para sostener que la prescripción debe computarse desde el dictado de la resolución. No puedo dejar de advertir la inconsistencia de ese razonamiento con sus propios antecedentes. En su voto en el Expte. N° 33.400-A, “RECKITT BENCKISER ARGENTINA SA c/ DGA s/ Apelación”, del 21 de junio de 2023, citando la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”. Del mismo modo, en su habitual estilo autoreferencial, recordó lo que ya había dicho al votar en “Chubb Argentina de Seguros S.A.” (Expte. 31.241-A, Sala F) y en “ABB S.A.” (Expte. 36.950-A, Sala F), como si el argumento necesitara del eco de sí mismo para robustecerse. Paradójicamente, tras tantas autocitas donde insiste en que las personas jurídicas no son sujetos de la Convención, se invoca ahora la CADH para fundar una solución precisamente en un caso donde el obligado es una persona de existencia ideal.
Más allá de ello, considero que todos los sujetos de derecho —de existencia real o ideal— deben ser ponderados a la luz de la Convención. Ello porque, detrás de cada persona jurídica, existen individuos cuyos derechos pueden verse afectados por actos estatales dirigidos contra aquélla. La Corte IDH, en la Opinión Consultiva 22/2016, reconoció que los derechos de las personas físicas pueden verse comprometidos cuando sus intereses se canalizan a través de una persona jurídica. En igual línea, aplicar los principios de la Convención a la actuación estatal evita que la República Argentina se exponga a eventuales condenas internacionales por actos que, aunque formalmente dirigidos a una entidad, terminan afectando a seres humanos que la integran o representan.
La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de velar por el plazo razonable (art. 8.1 CADH), pero también ha subrayado que su análisis exige evaluar la actividad procesal del interesado. Así, en los casos Genie Lacayo vs. Nicaragua (1997), Valle Jaramillo vs. Colombia (2008) y Furlan y Familiares vs. Argentina (2012), se estableció que la razonabilidad del plazo depende de la complejidad del asunto y de la conducta de las partes. Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero (tal como bien lo destaca el dr. Garbarino). Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional.
Por lo expuesto, si bien cabe tener por allanada a la demandada en los términos incorporados por el Sr. Vocal instructor, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del dr. Pablo Garbarino, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo, tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario.
Por ello, de adoptarse el temperamento aquí propuesto, los autos deberán volver a la Vocalía instructora para que se expida sobre la cuestión de fondo.
Así lo voto.
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.
Por ello, SE
1. No hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
2. Devolver los actuados a la Vocalía instructora a efectos de sustanciar el fondo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.05.15 15:56:34 ART Date: 2026.05.15 20:47:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.15 23:01:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.15 23:01:33 -03:00
Fin de la sentencia