Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-91669654-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 1449/10 (AD PASO), conforme los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del Código Aduanero.
2Imponer las costas a la actora –art. 1163 del CA-.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-21563429-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 29 de Febrero de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados “BOUCHET WALTER ALEJANDRO c/ Dirección General de Aduanas s/ APELACIÓN” Expte. 31.284-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: El Sr. Bouchet Walter Alberto se presenta e interpone recurso de apelación contra la resolución 1449/10 (AD PASO), dictada por el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12303-5873-2005, por medio de la cual se rechaza la impugnación oportunamente deducida y se confirma el cargo 275/05 efectuado en concepto de tributos por la destinación suspensiva de tránsito de importación registrada como MANI 02042MANI02350U-TRAS N° 02042TRAS016018P. Explica que el cargador, Nestlé Argentina S.A., encomendó a Transportes Gargano S.A. transportar mercaderías desde Sao Paulo -Brasil- a Buenos Aires, para lo cual dispuso el semirremolque ARZ 159 y el camión TZO 093. Manifiesta que sufrió un robo en ocasión del tránsito formulando de inmediato la denuncia correspondiente, dando cumplimiento al art. 308 del CA. Agrega que la mercadería se encontraba asegurada contra riesgo de robo, habiendo sido contratado por Nestlé Argentina S.A., quien además habría nacionalizado la mercadería a través del pago de los derechos y tributos. Explica que la Aduana de Paso de los Libres determinó la liquidación tributaria de autos, la cual fue impugnada invocando la inconstitucionalidad del art. 315 del CA. Procede luego a expresar agravios, reiterando en primer lugar lo dicho sobre el art. 315 del CA e indicando que en función de los arts. 308, 310, 311, 312 y 314 del CA si el transportista hubiere denunciado a la Aduana el siniestro ocurrido y hubiera acreditado tal circunstancia, la mercadería siniestrada no está sujeta al pago de tributos que gravaren su importación para consumo. Por último, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 40/44). Relata brevemente los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria, que no sean objeto de expreso reconocimiento. Señala que la destinación suspensiva de tránsito de importación fue documentada por el ATA en representación del transportista siendo que la misma no fue cumplida. Agrega que la denuncia de robo no es un hecho controvertido y en consideración a ello es que no se formuló imputación de infracción alguna. Explica que la denuncia de robo y comunicación del siniestro en los términos del art. 308 del CA no resulta suficiente para eximir del pago de tributos, ya que la manda legal exige que la mercadería no pueda ser utilizada por un tercero. Cita además los arts. 311, 312, 315 y 780 del CA. Menciona que la norma atribuye responsabilidad tributaria juris et de jure, es decir, sin admitir prueba en contrario. Manifiesta que si la empresa transportista y su agente pretendían no verse afectados por las consecuencias de la responsabilidad de naturaleza tributaria del régimen debieron contratar una póliza de seguros contra el robo por el valor en plaza de la mercadería, y de esa forma evitar el riesgo que hoy deben asumir. Indica que el hecho invocado no puede ser calificado como de fuerza mayor o caso fortuito, pues no puede calificarse al robo como un riesgo no asumido ni como imprevisible, tal cual lo requiere el art. 514 del CC. Cita jurisprudencia que hace a su derecho y refiere, por último, que en este caso no se ha logrado demostrar que los bienes que integraban el lote siniestrado no se encuentran en territorio nacional siendo utilizado por terceras personas, a la vez que no se ha aportado prueba alguna tendiente a demostrar el especial deber de custodia sobre la mercadería objeto de transporte. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 15 se le solicita al actor que aclare si se presenta también en representación de Transportes Gargano S.A. y, en su caso, acompañe la documentación que acredite la personería invocada. A fs. 28 se resuelve tener por no presentado el recurso interpuesto por el Sr. Bouchet como apoderado de la firma Transportes Gargano S.A. A fs. 51 se abre la causa a prueba.
A fs. 66 se declara la causa de puro Derecho. A fs. 69 se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. 70 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas SIGEA 12303- 5873-2005 se inician con la impugnación presentada por el Sr. Bouchet en su carácter de ATA y apoderado de la firma Transportes Gargano S.A. A fs. 8/9 obran las liquidaciones del cargo 275/08 notificadas al ATA y la empresa de transportes. A fs. 13/17 obra el manifiesto de carga 02042MANI023590U. A fs. 19 obra la multinota 80147/02 a través de la cual se informa a la DGA del robo denunciado. A fs. 20/21 obra copia de denuncia policial. A fs. 27 obra planilla de aforo, donde se liquidan los tributos adeudados. A fs. 29 se declara la causa como de puro derecho. A fs. 31 se ratifica la liquidación producida mediante planilla de aforo obrante a fs. 27. A fs. 44/45 obra la nota 1401/10 (REGS) por la cual se concluye que correspondería el cobro de la totalidad de los tributos por la mercadería del tránsito 02042TRAS016018P. A fs. 46/59 luce el dictamen 1649/10, que concluye que correspondería no hacer lugar al recurso interpuesto y confirmar el cargo 275/05. Por último, a fs. 60/64 obra la resolución 1449/10 (AD PASO) apelada en autos y que confirma el cargo 275/05.
V. Decisión del caso: En primer lugar, debo señalar que la actora realiza una incorrecta caracterización y presentación de los hechos controvertidos. No resulta conforme a las constancias de las actuaciones administrativas ni de autos que se haya producido un robo. Lo único que se encuentra demostrado es que, con fecha 14.04.02 se realizó una denuncia en sede policial de un robo que habría ocurrido entre el 12.04.02 y el 13.04.02, cuyos extremos fácticos carecen de otra demostración más que tal declaración unilateral contenida en dicha denuncia (fs. 20/219 de las act. adm.). Corresponde también poner de manifiesto que las constancias obrantes en las actuaciones administrativas y lo actuado ante este Tribunal nada aportan ni agregan al respecto. En consecuencia, lo único que puede afirmarse con certeza, en el plano de los hechos acaecidos en relación a estos autos, es que: a) existe una denuncia unilateral de robo de un semi-remolque dominio ARZ 159, efectuada ante autoridad policial, y que dicho siniestro habría ocurrido entre el 12.04.02 y el 13.04.02; b) la mercadería transportada en ese camión se encuentra, por ende, desaparecida –no robada- sin que haya podido ser recuperada por sus responsables.
Que, en segundo lugar -sentada la base fáctica de la causa-, resulta menester reafirmar un principio básico relativo al ejercicio de la función jurisdiccional: ella consiste en aplicar el derecho tal como este se encuentra legislado, con prescindencia del juicio particular de los magistrados sobre la justicia o injusticia de las soluciones objetivas contenidas en los textos legales -aplicables a los casos que les toca juzgar-.
Que los hechos expuestos supra tornan diferente este caso respecto a la base fáctica tenida en cuenta por la Corte Suprema en el precedente “Tevelam” -ver considerandos 3º y 11º a partir de la línea 11-; señalando asimismo que el examen jurídico del plexo normativo del CA -aplicable en autos- que realiza el Alto Tribunal en dicho precedente –exclusivamente sus considerandos 4º a 9º- resulta sustancialmente correcto.
Que la previsión del art. 315 del CA –conforme la explicación sistemática de los considerandos 4º a 9º del precedente “Tevelam” de la Corte Suprema- establece expresamente que la mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando resulte utilizable por un tercero (tal como se verificó en este caso, al no recuperarse la mercadería supuestamente robada), operando a los efectos tributarios la presunción legal iuris et de iure de que la mercadería fue importada para consumo, esto es sin dispensa a los responsables tributarios del pago de los derechos de importación -conf. arts. 312, 310 y 311 del CA.
Las normas del CA bajo examen son previsiones de naturaleza impositiva sustancial que, lejos de aparecer en desarmonía con el ordenamiento jurídico nacional -o arrojar consecuencias reñidas con los valores que tutelaguardan analogía con innumerables institutos del derecho tributario federal. Tales institutos regulan supuestos de responsabilidad impositiva ex lege, similares a los de las normas del CA aplicables en autos. Basta referir a: a) las previsiones de los arts. 780 y 781 del CA que establecen respectivamente los supuestos de responsabilidad tributaria aduanera del agente de transporte aduanero con el transportista, y del sujeto que por actividad o profesión tiene relación con el servicio aduanero con sus dependientes que realizaren un hecho gravado en ejercicio de sus funciones; b) el instituto de las salidas no documentadas del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias (“LIG”) donde un contribuyente debe pagar el tributo de la ley aplicando la alícuota marginal máxima de la escala -35 %- sobre un ingreso gravado (que así queda alcanzado) obtenido por otro contribuyente (el “beneficiario desconocido u oculto”); c) el Sexto Método de precios de transferencia -art. 15 de la LIG- donde el exportador o importador argentino pueden ver aumentado su ingreso gravado proveniente de una transacción controlada por el incumplimiento de otro sujeto –el intermediario internacional, no necesariamente vinculado- de determinados requisitos de sustancia empresarial; d) las presunciones de ganancias netas de fuente argentina contenidas en los arts. 9 a 13 de la LIG, establecidas con independencia de su carácter de ganancias de fuente argentina conforme el art. 5 de la misma LIG; e) las retenciones con carácter de pago único y definitivo -sin computar los gastos y deducciones legales- del impuesto a las ganancias a los beneficiarios del exterior, reguladas por los arts. 91, 92 y 93 –salvo incisos f) y g)- de la LIG, incluidas las presunciones de ganancia neta del último artículo referido, que no admiten prueba en contrario; f) en la ley 11.683 (t.o. 1998) que establece en su Capítulo II “Sujetos de los deberes impositivos” a los responsables por cumplimiento de deuda tributaria ajena (arts. 6 y 7), “los responsables en forma personal y solidaria con los deudores” (art. 8) y los “responsables por los subordinados” (art. 9); g) las numerosas normas de responsabilidad objetiva –no tributaria- por hechos de terceros que prevé el Código Civil, etc.
En línea con los institutos señalados los arts. 310, 311, 314 y 315 del CA establecen la obligación de pago, en cabeza de los responsables enumerados en el art. 312 del CA, de los derechos de importación para los supuestos de importación a consumo bajo las presunciones iuris et de iure que regulan, no existiendo razón legal atendible para apartarse de las previsiones normativas del CA, fundamentos que se colocan al margen de los claros textos normativos.
Que, a fortiori, cabe indicar que: a) no resulta correcto afirmar que en supuestos como el previsto en el art. 315 del CA se responsabiliza tributariamente al transportista o su agente por hechos involuntarios: quienes desarrollan o se vinculan a la realización de una actividad empresarial -regulada por ordenamientos como el CA- voluntariamente emprenden una actividad sometida a determinadas contingencias legales o tributarias como las aquí suscitadas, conociéndolas de antemano; vale recordar que rige en nuestro país, desde hace más de 100 años, el principio del antiguo art. 20 del Código Civil de Vélez Sarsfield que establece que “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley” (ley 340 BO: 01.01.1871), disposición mantenida en el vigente art. 8 del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994; BO: 01.10.14, vigencia 01.08.15); b) tampoco sirve de fundamento para dispensar pretorianamente el pago de los derechos de importación, una supuesta incoherencia entre lo previsto por el art. 783 y cc. del CA y su art. 315 para el caso de que la mercadería fuera finalmente encontrada en poder de terceros (los supuestos malhechores) que deberían pagar nuevamente los derechos ya satisfechos por los sujetos del art. 315 del CA: el ordenamiento legal prevé para estos últimos la acción de regreso contra tales terceros (arts. 827, 840 y cc. del Código Civil y Comercial vigente, que mantuvo los mismos dispositivos legales existentes desde 1.871); c) finalmente, respecto a las consideraciones sobre los valores de justicia y equidad que se verían afectados por el art. 315 del CA –que, en mi opinión, no se advierten lesionados en este caso- cabe recordar lo sostenido sabiamente por Blackstone: “la ley sin equidad, aunque dura y odiosa, es mucho más deseable para el bien común que la equidad sin ley, que hace de cada juez un legislador e introduce la más infinita confusión” (Law, without equity, though hard and disagreeable, is much more desirable for the public good, than equity without law: which would make every judge a legislator, and introduce most infinite confusion –William Blackstone: 1 Commentaries on the Laws of England 62, 4th ed., 1770).
V.1. Adicionalmente, la actora manifiesta que la mercadería en cuestión se encontraba ya nacionalizada, debido a que la firma Nestle Argentina S.A. abonó los respectivos tributos. Como prueba de ello solicitó en autos se intime a la firma a presentar los comprobantes de pago de los tributos correspondientes a la mercadería siniestrada, lo que se proveyó a fs. 51, intimándosela por segunda vez a fs. 60, bajo apercibimiento de tener por desistida dicha prueba. No habiendo cumplido la actora con el impulso de la prueba, y siendo su carga hacerlo, es que corresponde rechazar dicho agravio.
V.2. Planteo de inconstitucionalidad del art. 315 y concordantes del CA: Dicho lo anterior, y atento las sendas declaraciones de inconstitucionalidad del art. 1164 del CA y del art. 1 del plenario de este tribunal del 26.04.22 - sin perjuicio de la nulidad absoluta que vicia a esta última norma- fundamentadas en mis votos en las causas: (i) “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.” (Expte. Nº 36.719-A; ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/12/36719-A-02-12-2019.p df), 02.12.19, considerandos VII a XIV y; (ii) “RIVARA S.A.” (EX-2020-91669654- -APN-SGASAD#TFN), 19.10.22, considerandos VIII y IX (ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/12/EX-2020- 91669654-APN -SGASADTFN-19-10-2022.pdf); este tribunal legislativo (art. 75 inc. 20 de la Constitución) se encuentra plenamente facultado para examinar la constitucionalidad de las leyes.
La actora plantea la inconstitucionalidad del art. 315 del CA, por los fundamentos que expone en su recurso de apelación y en cuanto dicha norma establece, para los supuestos que gobierna, la responsabilidad tributaria mediante una presunción iuris et de iure. Los argumentos expuestos por la parte para fundamentar la invalidez del art. 315 del CA se encuentran suficientemente refutados en los considerandos precedentes. En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora y declarar la validez constitucional del art. 315 del CA como de sus normas concordantes.
En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución 1449/10 (AD PASO), conforme los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del Código Aduanero.
2. Imponer las costas a la actora –art. 1163 del CA-.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero en lo sustancial a la parte resolutiva de su voto teniendo en consideración las siguientes circunstancias de hecho y derecho:
A.- Que el incumplimiento del tránsito de importación fue consecuencia del robo del semi-remolque dominio ARZ 159 mientras se encontraba en el predio de la firma trasportadora, es decir, en un ámbito espacial delimitado, bajo custodia de la transportista, lo que surge de la denuncia policial de fs. 20/21 de los antecedentes administrativos.
En dicha oportunidad, el Sr. Horacio Adrian Mariotti, apoderado de la empresa de transporte Gargano S.A., en Declaración Testimonial tomada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comisaría de Tigre, manifestó que la mercadería había sido robada dentro del predio de la empresa con fecha 14/02/2002.
Que por tratarse de un predio propio, y la mercadería encontrarse estacionada bajo su custodia, deberían haberse arbitrado todos los medios necesarios para asegurar la integridad de las cargas allí depositadas, circunstancias que no se dieron en el caso de autos en donde se sustrajeron mercaderías de diversos semi-remolques allí estacionados (tres furgones, según su declaración).
Que estas circunstancias de hecho, por si mismas, excluyen la aplicación del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Tevelam SRL (TF 22.427-A) c/ DGA”, de fecha 11 de diciembre de 2012, toda vez que los elementos fácticos difieren sustancialmente de la situación y el contexto del referido precedente judicial.
B.- Que en relación a la inconstitucionalidad del art. 315 del CA planteada por la recurrente, debe tenerse presente lo dispuesto al respecto por el art. 1164 del C.A., que expresamente prevé que “la sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal”, es por ello que los agravios vertidos no pueden ser tratados en esta instancia.
Además de ello, debe tenerse presente la doctrina legal (art 151 de la ley 11.683) recaída en el Fallo Plenario de este Tribunal (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN), de fecha 26/04/2022, dictado en la causa EX-2020- 24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en la que por mayoría se resolvió: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.” por lo que no corresponde hacer lugar al tratamiento del agravio vertido por la actora.
Que en virtud de la votación que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución 1449/10 (AD PASO), conforme los arts. 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del Código Aduanero.
2. Imponer las costas a la actora –art. 1163 del CA-.
Regístrese, notifíquese y firme que quede la presente, remítanse las actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros.
Suscriben los Dres. Soria y Juárez, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ava. Nominación (art. 52 RPTFN y art. 1162 CA).
Date: 2024.02.29 12:41:20 -03:00 Date: 2024.02.29 13:11:47 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.29 13:11:48 -03:00
Fin de la sentencia