Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución apelada de conformidad con el Considerando VIII. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2Reencuadrar la multa aplicada frente al impuesto al valor agregado por los periodos fiscales enero a marzo de 2008, en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en su mínimo legal. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
3Ordenar al Fisco Nacional que en el término de 30 días practique la reliquidación de conformidad con las pautas establecidas en los puntos 1°) y 2°) de la presente, poniéndose a su disposición las actuaciones administrativas por idéntico plazo, haciéndole saber que las mismas se encuentran en la Mesa de Entradas de este Tribunal.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-39266003-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Abril de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, la Dra. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y el Dr. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el expediente N° 35.217-I, caratulado “BOUDY GRACIELA CRISTINA s/apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 7/44 se interpone recurso de apelación contra la resolución Nro. 239/2011, suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de AFIP-DGI, con fecha 29/07/2011. Por medio de este acto se impugnó parcialmente el crédito fiscal declarado respecto los periodos febrero y marzo de 2008 y se determinó de oficio el crédito fiscal correspondiente al periodo enero de 2008, del impuesto al valor agregado. En consecuencia, se determinó la materia imponible y el débito fiscal ajustado por los periodos febrero y marzo de 2008 y el importe a ingresar por el periodo enero de 2008 frente al impuesto al valor agregado. Asimismo, se liquidan intereses resarcitorios y se aplica una multa con sustento en los arts. 46 y 47 inc. a) y b) de la ley 11.683.
Cuestiona la impugnación de los créditos fiscales. En este punto informa que el verdadero titular del Supermercado, el Sr. Aira, se negó a entregar la documentación respaldatoria de las operaciones, pero por medio de un abogado, consiguieron una caja de facturas, que fue acompañada en la instancia administrativa. Asimismo, con sustento en los proveedores que no contestaron los oficios librados ni “la AFIP en ningún momento pretendió conocer a ciencia cierta la realidad de la situación fiscal del contribuyente”, alega que tuvo la obligación de apelar la presente resolución ante Tribunal.
Refiere que los intereses son abusivos y exorbitantes, los que deben ser desestimados.
A continuación, fundamenta la inexistencia de la defraudación imputada. En primer lugar, analiza la sanción prevista en el art. 46 de la ley 11.683, a través de sus tres elementos (objetivo, subjetivo y material). A partir de ello, manifiesta que no se ha demostrado la existencia del elemento subjetivo y por lo tanto la responsabilidad impuesta se originaría en la omisión del pago del impuesto, junto a la mención de un conjunto de situaciones fácticas que justificarían la ausencia de la evasión. Entre otros, la ocultación de las facturas por parte del Sr. Aira, el hecho de que los periodos de enero y abril de 2008 fueron desestimados por AFIP con sustento en la documentación a su nombre por encontrarse el Sr. Aira inhibido.
Impugna el monto de la sanción dado que a su criterio no tiene en cuenta las circunstancias personales de la contribuyente.
Plantea que el juez administrativo no respeta los lineamientos de la Instrucción General AFIP Nro. 6/2007, por no haberse acreditado fehacientemente la defraudación y tampoco se apreció la voluntad de colaborar con la Administración en la fiscalización realizada.
Respecto al art. 47 inc. a) y b) de la ley de rito, cuestiona su aplicación al caso dado la negativa y ocultamiento de las facturas que hubieran permitido consignar los datos exactos en las declaraciones juradas presentadas. Con este pretexto, reitera la ausencia del dolo en la conducta cuestionada.
Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, solicita el reencuadre de la sanción y una graduación de esta conforme a derecho, con la reducción prevista en el art. 49 de la norma mencionada.
Aporta prueba documental y ofrece informativa y hace reserva del caso federal.
II. Que a fojas 52/66vta. contesta el recurso la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirme la resolución recurrida, con imposición de costas. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas y hace reserva del caso federal.
III. Que a fojas 73 se abre la causa a prueba y a fojas 234 fue clausurado el periodo probatorio, elevándose los autos a consideración de la Sala “A”. A fojas 235 se ponen los autos para alegar, observando el alegato de la apelada a fojas 243/244 y no habiendo hecho uso de ese derecho la actora.
A fojas 247 se llaman los autos para dictar sentencia.-
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho. Durante la fiscalización practicada a la recurrente, se constató el cómputo de créditos fiscales sin su debida documentación respaldatoria y diferencias entre el debito fiscal declarado y el registro de los controladores fiscales analizados.
Del informe de inspección (vid. fs. 120/127 del cuerpo 1 de Impuesto al Valor Agregado de los antecedentes administrativos y su complementario a fs. 404/406 de su cuerpo 3) y los argumentos esbozados por el juez administrativo en la resolución recurrida, surgen los motivos por los que se efectuaron las observaciones, a saber:
- La contribuyente se encontraba inscripta en el rubro “Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimentarios y bebidas”.
- Presentó las declaraciones juradas originales del impuesto al valor agregado por los períodos enero a abril de 2008.
- Al presentarse la inspectora en el domicilio fiscal, fue recibida por José Aira y éste informó que la recurrente no explotaba más aquel local, que ahora está a cargo de Carolina Isabel Aira Kitter.
- La recurrente no aportó documentación ni de compras ni de gastos, por lo tanto no se verificó su incidencia en los créditos fiscales, no se cotejaron por muestreo los medios utilizados para cancelar sus operaciones con terceros; no fueron procesados algunos de los comprobantes de compras y/o gastos de la Base APOC. - A partir de los datos registrados en los dos controladores fiscales utilizados en ese local, que fueron dados de baja en junio y agosto de 2008, se constató que respecto a los períodos enero a febrero de 2008 hubo diferencias entre los débitos fiscales declarados y la información contenida en dichos controladores.
- En primer lugar, la contribuyente declaró frente al requerimiento de la documentación respaldatoria de los créditos fiscales declarados que “en oportunidad de la mudanza, fueron extraviados efectos personales de la titular, como así gran parte de la documentación respaldatoria de la actividad, motivo por el cual resulta imposible poder cumplir con lo requerido”. A partir de ello, de la base de datos de la propia administración se obtuvo la información de compras a fin de obtener datos de terceros.
- La fiscalización circularizó a los proveedores de la contribuyente y a las entidades financieras con las que operó. - Por otro lado, le solicitó a la Sra. Aira información sobre el local y la sucesión en su titularidad. Así se confirmó que la cesión del comercio fue efectuada en abril de 2008, comenzando la actividad a su cargo desde ese mes. - Ante la vista recibida, la contribuyente prestó su disconformidad con el procedimiento. Presentó diversas facturas y se produjo la prueba informativa solicitada, habiéndose contestado algunos oficios de los proveedores cursados.
- En conclusión, la determinación fue efectuada teniendo en consideración los débitos fiscales tomados de los controladores fiscales, en tanto y en cuanto fueran mayores a los informados, y en cuanto a los créditos fiscales se consideraron los informados por los terceros que contestaron las empresas oficiadas y circularizadas, toda vez que la recurrente no aportó pruebas que acrediten los créditos originales.
- A su vez, dadas las circunstancias, el Fisco Nacional encuadró la conducta de la contribuyente en la infracción prevista en el art. 46, con fundamento en la presentación de declaraciones juradas engañosas y aplicando las presunciones del art. 47 incisos a) y b).
V. Que de acuerdo con el relato efectuado en autos, a raíz de la verificación efectuada y toda vez que la recurrente no acompañó -en su totalidad- la documentación que acreditara los créditos fiscales declarados, el ente fiscal requirió información a diversos proveedores habituales, de los cuales algunos informaron las operaciones celebradas con la recurrente.
De acuerdo a ello, efectuándose la comparación de la información brindada con lo declarado y los datos de los controladores fiscales, se advirtieron inconsistencias en los períodos bajo análisis.
VI. Que resulta pertinente destacar que la defensa de la actora consiste -fundamentalmente- en sostener que el crédito fiscal fue correctamente declarado, pero manifesta su imposibilidad de acreditarlo por no disponer de documentación respaldatoria que se encontraría en poder del Sr. Aira. Asimismo, plantea que los proveedores habituales no han contestado los oficios librados en sede administrativa y por esa razón el ente fiscalizador no computó las operaciones efectuadas con ellos. Sumado a ello, brinda detalles de la situación fáctica de la contribuyente y respecto a la administración del local de supermercado.
En primer lugar, no resultan atendibles sus argumentos esgrimidos sobre ser empleada del Sr. Aira, junto con la presunta obligación de convertirse en su prestanombre para mantener su trabajo, ni tampoco la imposibilidad de obtener las facturas faltantes. Por otro lado, lo mismo ocurre sobre su condición de jubilada. Ello por cuanto ningunas de las circunstancias mencionadas fueron probadas por ningún medio en los presentes autos, por lo que sus argumentos resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas sin sustento alguno. Respecto a la impugnación de las operaciones de la recurrente, lo cierto es que la misma se realizó a partir de los elementos concretos mencionados, que en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir cuales operaciones efectivamente se realizaron y aquellas impugnadas por no contar con apoyatura documental. A esta altura resulta oportuno recordar que el artículo 33 de la LPT exige que “Todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas" y aclara en su párrafo final que “Los libros y la documentación a que se refiere el presente artículo deberán permanecer a disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el domicilio fiscal”. Este deber de conservación de los documentos y registros contables encontraba respaldo en el Código de Comercio vigente a la sazón. Ello así, pesa sobre el recurrente el deber de conservación de sus registros y asientos contables, no siendo argumento válido para su exoneración la mera alegación de robo o extravío.
En suma, siendo aplicable la regla "onus probandi incumbit el qui dicit" el resultado desfavorable de la falta de prueba habrá de recaer, necesariamente, sobre la parte que invocó el hecho incierto.
VII. Que, puntualmente, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales por carecer de respaldo documental, cabe recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material- formales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal). Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esta inteligencia, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales.
VIII. Que sentado lo que antecede, debe ahora este Tribunal apreciar la prueba ofrecida y producida por la recurrente, la que se limita al pedido de informes a proveedores.
De aquellos oficiados en esta instancia, se recibieron las contestaciones de Almacenes del Plata SA, Papelera Camoga SA, Distribeb Argentina SA, Enrique Leandro Arenz, Maxiconsumo SA, Redonhielo SA, Reginald Lee SA, Supermercados Mayoristas Yaguar SA, La Rural Viñedos y Bodegas SA y Frigorífico Paladini SA. Además, obra en autos la respectiva a Telefónica de Argentina SA, que no brindó detalle alguno. Sin embargo, los informes acompañados por estos proveedores no resultan hábiles para destruir las fundadas impugnaciones efectuadas por el ente fiscal, por ya haber sido considerados durante la fiscalización a partir de sus contestaciones en la actuación administrativa, al igual que la información de los controladores fiscales y la aportada por los demás proveedores habituales y entidades financieras circularizadas. Por lo que podemos afirmar que la actividad probatoria de la actora no aportó nuevos elementos que pudieran destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal en el acto en crisis, con excepción de la empresa Distribeb Argentina SA.
En efecto, obra a fs. 167/168 de las presentes actuaciones la contestación de oficio de aquella empresa, donde se acompañó el listado de operaciones realizadas con la actora y sus correspondientes números de facturas. Información que por otra parte no ha merecido manifestación alguna de la representación fiscal, por lo que debe acogerse el planteo de la recurrente en este aspecto.
En mérito a las razones expuestas, corresponde confirmar parcialmente los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugna el crédito fiscal computado y el débito fiscal del impuesto al valor agregado y ordenarse al Fisco Nacional practicar reliquidación respecto a las operaciones celebradas con Distribeb Argentina SA, de acuerdo a lo informado a fs. 167/168. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
IX. Que la recurrente se agravia de los intereses liquidados con sustento en jurisprudencia respecto a la constitucionalidad de los intereses aplicados por el Fisco Nacional. Cabe recordar que la falta de pago en término o en su justa medida de las obligaciones tributarias origina el nacimiento de una obligación accesoria, ingreso de intereses, que se devengan desde la fecha de vencimiento de las mismas y hasta el momento de su efectivo pago y cuyo fundamento es indemnizar al acreedor -en este caso, el Estado- por el atraso del deudor en cumplir con su obligación, que le ocasiona un perjuicio al no poder hacer uso de su derecho de crédito.
Es menester tener presente que la doctrina y la jurisprudencia es conteste en exigir, para su procedencia, la presencia de mora culpable. Ello así, el retardo en el cumplimiento de la obligación debe ser imputable al deudor, razón por la cual quedará excluido el incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor. De tal forma, si el deudor considera estar liberado de toda responsabilidad debe probarlo, lo que implica que para la constitución en mora, deben coexistir los elementos formal y subjetivo.
El elemento formal está configurado por el mero acaecimiento del plazo, concepto que deriva de la obligación contenida en el artículo 37 de la ley de rito que obliga al pago de los intereses sin necesidad de interpelación alguna. En tanto, el elemento subjetivo refiere a la inimputabilidad del deudor, cuya presencia en el derecho tributario procede de la aplicación supletoria de las normas del derecho privado, conforme la autorización expresa otorgada por el artículo 1 de la ley 11.683 (t.o. En 1998 y sus modificaciones). Así, resulta en la especie de aplicación el art. 509 del CC, vigente a la sazón, que dispensa de responsabilidad a quien acredite que la mora no le es imputable. Criterio este convalidado por la C.S.J.N. In re “Citibank NA”, del 1/6/00.
En ese contexto, corresponde confirmar los intereses liquidados, en proporción al impuesto que se confirma.
X. Que resta entonces tratar la multa aplicada, que se sustenta –como quedó dicho- en los artículos 46 y 47 inciso a) y b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
En este punto, los agravios de la recurrente se centran en establecer que deben existir los tres elementos para configurarse la defraudación y en el caso que aquí se discute, no se evidencia el aspecto subjetivo. Al respecto, cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
XI. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió, para el encuadre de la conducta del recurrente, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es –generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580).
XII. Que analizados los antecedes administrativos, el informe del inspector actuante y la resolución dictada en consecuencia, se desprende que el Fisco Nacional no actuó diligentemente en razón de las consideraciones que paso a exponer.
En el acto administrativo impugnado se imputa al recurrente la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas “cuando en la documentación indicada...se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
Ello así, considerando que los datos utilizados por el ente fiscal a fin de efectuar el ajuste fueron respaldados parcialmente a partir de las facturas aportadas por la recurrente, demuestra la inexistencia del accionar doloso que presume el Fisco Nacional. Sobre el particular, cabe señalar que no quedó acreditado el despliegue de métodos ardidosos, considerando la gestión realizada por la recurrente durante todas las etapas de la fiscalización en su intento de acreditar la totalidad de las operaciones declaradas originalmente.
XIII. Que no obstante lo expuesto, en atención a los hechos relatados, los elementos que obran en los antecedentes administrativos, y si bien no se comparten las conclusiones del Fisco Nacional acerca de la configuración de la conducta dolosa, lo cierto es que el recurrente omitió declarar el impuesto en su justa medida. Como quedo dicho, si bien el Fisco Nacional no pudo probar en forma fehaciente y directa la conducta dolosa que le atribuye, la misma debe reputarse como cometida con culpa y por ello, encuadrarse en la figura que tipifica el artículo 45, salvo que se acredite la presencia de error excusable, situación que no se produjo en autos. Por tal razón, voto en el sentido de reencuadrar la conducta del recurrente en los términos de aquella norma, que prevé la omisión fiscal mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas para el período en cuestión, por errores imputables a la actora, los que no resultan excusables.
Este Tribunal sostuvo en varios pronunciamientos el encuadre legal de la conducta por la que se atribuye al responsable haber cometido la infracción, siempre que no se agrave la sanción, toda vez que no es posible en esta instancia la “reformatio in pejus”, tesitura que ha sido confirmada por la Alzada.
En consecuencia, voto por reencuadrar la multa aplicada frente al impuesto al valor agregado por los periodos fiscales enero a marzo de 2008, en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en su mínimo legal. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Que, por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución apelada de conformidad con el Considerando VIII. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2. Reencuadrar la multa aplicada frente al impuesto al valor agregado por los periodos fiscales enero a marzo de 2008, en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en su mínimo legal. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
3. Ordenar al Fisco Nacional que en el término de 30 días practique la reliquidación de conformidad con las pautas establecidas en los puntos 1°) y 2°) de la presente, poniéndose a su disposición las actuaciones administrativas por idéntico plazo, haciéndole saber que las mismas se encuentran en la Mesa de Entradas de este Tribunal.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 59 del RPTFN por encontrarse vacante la Vocalía de 3era. Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2023.04.11 13:38:46 -03:00 Date: 2023.04.11 14:36:26 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.11 14:36:27 -03:00
Fin de la sentencia