Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 35217-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de la parte demandada y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto ha sido materia de agravios, sin imposición de costas esta instancia por no haber existido actividad procesal de la parte vencedora (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
BOUDY, GRACIELA CRISTINA (TF 35217-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 11/4/23 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la Resolución nro. 239/11, suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata del 29/07/2011. Mediante aquella resolución, se impugnó parcialmente el crédito fiscal declarado por la actora respecto de los períodos febrero y marzo de 2008, y se determinó de oficio el crédito fiscal correspondiente al período enero de 2008 del IVA. Asimismo, se había determinado la materia imponible y el débito fiscal ajustado por los períodos febrero y marzo de 2008, y el importe a ingresar por el período enero de 2008 frente al IVA; liquidándose intereses resarcitorios y aplicándose una multa con sustento en los artículos 46 y 47, incisos a) y b) de la Ley 11.683.-
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación señaló que correspondía confirmar parcialmente los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en la resolución determinativa antes mencionada en cuanto impugnó el crédito fiscal computado y el débito fiscal del IVA y ordenó al Fisco Nacional practicar reliquidación respecto de las operaciones celebradas con Distribeb Argentina SA, con costas en proporción a los respectivos vencimientos (conf. considerando VIII). Asimismo, el Tribunal Fiscal de la Nación reencuadró la multa aplicada frente al IVA por los períodos fiscales enero a marzo de 2008, en el artículo 45 de la Ley 11.683 y en su mínimo legal, con costas en proporción a los respectivos vencimientos.-
II.-Que el 6/6/23 apeló la parte demandada, quien expresó agravios el 22/11/23, los que no fueron contestados por su contraria. El 22/3/24 se llamaron autos a sentencia.-
III.-Que para resolver como lo hizo, expresó el Tribunal Fiscal de la Nación: “Que sentado lo que antecede debe ahora este Tribunal apreciar la prueba ofrecida y producida por la recurrente, la que se limita al pedido de informes a proveedores…sin embargo, los informes acompañados por estos proveedores no resultan hábiles para destruir las fundadas impugnaciones efectuadas por el ente Fiscal, por ya haber sido consideradas durante la fiscalización a partir de sus contestaciones en la actuación administrativa, al igual que la información de los controladores fiscales y la aportada por los demás proveedores habituales y entidades financieras circularizadas”.-
IV.-Que el Tribunal fiscal confirmó la procedencia de los intereses liquidados, en proporción al impuesto que se confirmó, en atención a que no se advirtió la existencia de una mora inculpable.-
V.-Que por otra parte, el a quo analizó la multa que fuera aplicada con sustento en los artículos 46 y 47, incisos a) y b) de la Ley 11.683, y concluyó: “Que no obstante lo expuesto, en atención a los hechos relatados, los elementos que obran en los antecedentes administrativos, y si bien no se comparten las conclusiones del Fisco Nacional acerca de la configuración de la conducta dolosa, lo cierto es que el recurrente omitió declarar el impuesto en su justa medida. Como quedó dicho, si bien el Fisco Nacional no pudo probar en forma fehaciente y directa la conducta dolosa que se le atribuye, la misma debe reputarse como cometida con culpa y por ello, encuadrarse en la figura que especifica el artículo 45, salvo que se acredite la presencia de error excusable, situación que no se produjo en autos”.-
VI.-Que en su expresión de agravios, la parte demandada desistió parcialmente de su recurso y mantuvo la apelación en cuanto el Tribunal Fiscal entendió que la AFIP-DGI no probó debidamente el accionar doloso de la parte actora, en la medida en que la defraudación fiscal requiere la verificación del elemento intencional que –según lo concluyera el Tribunal Fiscal de la Nación- no se ha acreditado en la causa.-
VII.-Que en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma, cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5-2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).- VIII.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
IX.-Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.- Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- X.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5 -98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
XI.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa (conf. esta Sala in re “Noble Argentina S.A. (TF 32885-I) c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. nro. 15283/2010, sentencia del 19/9/2017), por lo que CORRESPONDE: Rechazar el recurso de la parte demandada y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto ha sido materia de agravios, sin imposición de costas esta instancia por no haber existido actividad procesal de la parte vencedora (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN). ASI VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy adhiere al voto del Dr. Gallegos Fedriani.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Alemany, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).- En virtud de las consideraciones del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de la parte demandada y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto ha sido materia de agravios, sin imposición de costas esta instancia por no haber existido actividad procesal de la parte vencedora (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Regístrese notifíquese, y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy
Fin de la sentencia