Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 34.930-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-73876309-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Junio de 2023 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Agustina O’Donnell (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el Expediente N° 34.930-I caratulado: “LA BOUTIQUE DEL MAR SA s/recurso de apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 1262/1307 se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 5/5/2011 de la AFIP- DGI, mediante la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de la recurrente frente al impuesto al valor agregado, períodos fiscales comprendidos entre los meses de julio de 2006 y diciembre de 2008 inclusive, con más intereses resarcitorios y se le aplica una multa de conformidad con los artículos 46 y 47 inciso d) de la ley 11683.-
Comienza su escrito destacando que su actividad es la compra y venta de productos provenientes del mar (pescadería) en forma mayorista y minorista, que compra la mercadería comercializada a productores debidamente inscriptos bajo las normas de sanidad vigentes y que poseen los controles exigidos por la ley. Entiende que al no haberse constatado ninguna irregularidad, el fisco recurrió al sistema indiciario con un afán recaudatorio, sin ninguna fundamentación técnica que avale sus dichos.
A continuación efectúa un análisis de la sucesión de hechos a fin de explicar tanto empecinamiento por tratar de crear un ajuste.
Al respecto manifiesta que el origen del cargo data del día 22/6/2009, allí se detalló que la fiscalización comprendió los impuestos a las ganancias por los períodos 2006 y 2007 e impuesto al valor agregado por los meses de julio de 2006 a junio de 2009. Frente a un requerimiento, dice, aportó toda la documentación atinente. Entiende que si se analizan los elementos fiscalizados, surge que no se pudo encontrar alguna anomalía, sino que la intención fue tapar la ineficiencia del fisco de controlar a un contribuyente supuestamente apócrifo. Refuta las inconsistencias volcadas en la resolución apelada, señalándolas detalladamente.
Realiza un extenso desarrollo sobre las presunciones. Manifiesta que no comprende qué tipo de prueba se requiere que produzca para que su contabilidad no sea impugnable.
Considera la irrazonabilidad en la inversión de la carga de la prueba, viéndose, dice, afectados diversos derechos constitucionales, como ser, principio de congruencia, principio de razonabilidad y derecho de defensa. Plantea como agravio subsidiario la teoría de los actos propios. En ese sentido, entiende que el accionar del Estado produce frustración de expectativa, ya que, dice, habiendo reconocido las operaciones, ahora no permite que la misma sea deducible impositivamente de los débitos fiscales originados en esos períodos fiscales. Sigue su extenso análisis con el principio de la realidad económica y la garantía del cumplimiento del debido proceso porque nunca se ha realizado la producción de la prueba solicitada por ella.
Plantea la nulidad de las actuaciones administrativas por entender que el acto se encuentra viciado en su causa, en su finalidad como así también en su procedimiento. Efectúa tal planteo con carácter de especial pronunciamiento. Se agravia de la sanción aplicada. Al respecto entiende que no se habría configurado tanto el elemento objetivo como el subjetivo y plantea error excusable.
Cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II, Que a fojas 1317/1341vta contesta el recurso la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirme la resolución apelada. Hace reserva de la cuestión federal.
III. Que a fojas 1318 se abre la causa a prueba. A fojas 1363 se dá por decaído su derecho a producir la pericial contable y a fojas 1366 la informativa. A fojas 1374 se elevan los autos a consideración de la sala “A”. A fojas 1375 se llaman los autos para dictar sentencia.
IV. Que por una cuestión de lógica precedencia, corresponde analizar el planteo de la recurrente, -quien lo formula en carácter de especial pronunciamiento-, dirigido a obtener la declaración de nulidad de la resolución apelada.
Como precisara en varias oportunidades “la ley establece que el procedimiento de determinación de oficio se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, acto destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y también solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso.
Así definido, el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece. Dicho texto normativo distingue los requisitos formales (artículo 8) y sustanciales (artículo 7), sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuente con estos últimos, que son, a saber: 1) la competencia de quien suscribe el acto; 2) la causa, 3) el objeto, 4) procedimiento, 5) la motivación y 6) la finalidad”. (Vid. Entre otros, TFN, Sala "A", “Shuberoff, Oscar Julio”, 5/10/18).
En relación a la desestimación de la prueba, este Tribunal ya ha manifestado en reiteradas oportunidades que el juez competente en el proceso de determinación de oficio no está obligado a admitir ni a ponderar toda la prueba ofrecida en la instancia administrativa por el contribuyente, sin que dicha circunstancia amerite la tacha de nulidad del acto administrativo (entre varios, "Craft SA”, Sala C del 19/12/2005). Es dable notar, que en esta instancia, ante su inactividad se dio por decaído su derecho a producir la prueba informativa y contable. En síntesis, la resolución se estima suficientemente fundada atento que el juez administrativo expresó sucintamente los motivos que lo llevaron a resolver como lo hizo y los hechos que ponderó a ese efecto, por lo que los agravios se traducen en meras discrepancias con lo resuelto por aquel funcionario.-
En función de lo expuesto, corresponde rechazar las defensas opuestas por la actora. Con costas.
V. Que en la presente causa se discute el acto por el que se determinó la obligación tributaria de la actora frente al impuesto al valor agregado por haberse constatado que la firma se computó crédito fiscal improcedente vinculado con operaciones con la firma Acopios Gualjaina SRL. Entre las inconsistencias verificadas por la inspección actuante se hallaron, a saber:
• La proveedora no pudo ser localizada en su domicilio fiscal sito en la calle Tucumán N° 1484, piso 2° Dpto. B (CABA); ni en su domicilio legal, sito en Avda. Corrientes N° 1642, Torre 2, piso 13, Dpto. 217 (CABA).
• Se intentó localizar al Sr. Carlos Desiderio Knotek, integrante de la firma proveedora, en el domicilio fiscal sito en Avda. Divisadero N° 1460, Cariló, prov, de Buenos Aires. Asimismo, se comprobó que se desempeñaría como empleado en relación de dependencia de la firma Berniers SA. Frente a esto, la inspección concurrió a los domicilios fiscal y legal de dicha empresa, sin poder hallar a la sociedad ni al Sr. Knotek (vide fojas 1/13 cpo informe de investigación, 1/23 cpo. Berniers SA, 4 cpo. Antecedentes N° 1 y 133/139, 144/145, 161/162 y 214/217 de los a.a.).
• Tampoco se pudo localizar al Sr. Manuel Liberato Pérez, integrante de la supuesta proveedora- en su domicilio fiscal sito en Rivadavia 1209, Paso de los Libres, prov. De corrientes, siendo devuelta la cédula de citación con la leyenda “se mudó”. (vide foja 4 cpo antecedentes N° 1 y fojas 133/139, 146/147, 163/164 y 214/217 de los a.a.).-
• De la consulta efectuada en la Inspección General de Justicia surge que no existen presentaciones de balances comerciales; los integrantes de la sociedad a la fecha de su constitución eran los Sres. Carlos Desiderio Knotek y Sami Can (quien no pudo ser localizado en su domicilio fiscal); tampoco se pudo localizar en el domicilio de la sede social a la firma (vide fojas 133/139, 165/167, 191, 193/196, 198/200 y 214/217 de los a.a.).-
• De la circularización efectuada a los bancos Santander Rio SA y Credicoop Cooperativo Limitado a fin de solicitarles las cuentas bancarias con las que opera la supuesta proveedora, se informó: banco Santander Rio SA: que la firma otorgó poder general amplio de administración y disposición a favor de Carlos Fratesi, quien no pudo ser localizado.
• No se encuentra inscripta como productor primario en la Dirección de Agricultura y Ganaderia, ni como acopiador en los registros de la Dirección de Comercio Interior, ambas de la prov de Chubut (vide fojas 1/13, cpo informe de Investigación y fojas 133/139 y 214/217 de los a.a.).
• Presentó las DDJJ de IVA por los períodos fiscales relativos a las facturas observadas con débitos y créditos fiscales de montos similares.
• La imprenta Kirka SRL aportó un modelo de los comprobantes solicitados por la firma Acopios Gualjaina SRL. De aquél se observó que el domicilio no coincide con el que figura en las facturas cuestionadas. El personal se constituyó en el domicilio que figura en el modelo constatándose que allí se encuentra un colegio.
• Se citó a la firma transportista de las mercaderías, Coirón S.A, sito en Avda Pinedo N° 801, CABA, la cual fue devuelta con la leyenda “dirección insuficiente”.
• No posee bienes registrables • Nunca realizó pagos ante la AFIP relativos al impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado. • De la información brindada por el banco HSBC Bank Argentina SA acerca de los cheques librados por la actora. La entidad aportó dicha documentación, de ello se observó que los mentados cheques fueron cobrados por el Sr. Adrián Cruz Ramón Lucero, de quien se constató que su domicilio fiscal fue archivado por resultar erróneo.
• Por último, se encuentra registrada en la base de facturación apócrifa bajo la condición “Con resistencia a la fiscalización”.
VI. Que resulta menester adelantar que el contribuyente no aporta elemento alguno que permita acreditar que se encuentran cumplimentados los requisitos para computar las sumas discriminadas en concepto del impuesto al valor agregado, no desvirtuando lo informado por el Fisco Nacional en la resolución determinativa. De acuerdo con el relato efectuado en autos, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo recaudador pudo comprobar serias y concretas irregularidades, que lo llevaron a entender que si bien las operaciones fueron realizadas, ya que surge claramente el ingreso de la mercadería, lo cierto es que las transacciones en trato no pudieron ser realizadas por Acopios Gualjaina SRL.
En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta, en el caso, solamente documental. En punto a ello, resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
VII. Que se advierte que los argumentos y exposición de motivos objeto de su defensa se limitan - fundamentalmente- a sostener que las operaciones se realizaron y que se coloca en cabeza de los contribuyentes controles que sólo puede ejercer la administración fiscal.
Sobre el particular, si bien de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con la firma Acopios Gualjaina SRL se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la falta de localización del proveedor en todos los domicilios declarados, la diferencia entre el modelo aportado por la imprenta y las facturas aportadas por la recurrente, la no localización de quién la actora libró los cheques, tampoco el proveedor se encuentra inscripto como productor primario en la Dirección de Agricultura y Ganaderia, ni como acopiador en los registros de la Dirección de Comercio Interior, ambas de la prov de Chubut, etc. Con relación a la prueba documental del SENASA, cabe mencionar que dicho organismo se limitó a informar que la mercadería en trato ingresó al establecimiento de la recurrente, pero sin informar de dónde provenía.
En esa inteligencia, cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés”.
VIII. Que puntualmente, del texto del artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado y normas complementarias, se desprende que resulta necesario a los fines de que se pueda computar el crédito fiscal que éste sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; que se vincule con operaciones gravadas cualquiera que fuese la etapa de su aplicación; que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA y que las operaciones que originan crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Asimismo, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales en particular es imperioso recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material- formales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
Así las cosas, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales. En base a lo expuesto, a criterio de la suscripta la actividad probatoria de la actora no persiguió la realización de medidas que acrediten que las operaciones han sido realizadas con el proveedor cuestionado y –en definitiva- no aportó elementos que pudieran destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal en el acto en crisis.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012)”.
En virtud de lo expuesto, debe destacarse que la actora no aportó probanza alguna para acreditar la existencia de las operaciones impugnadas, toda vez que se le dio por decaído su derecho a producir la prueba pericial contable e informativa, ante los incumplimientos a las intimaciones cursadas.- Con respecto a la documental acompañada, cabe destacar que no resulta idónea y suficiente a fin de acreditar de forma fehaciente que la firma observada haya realizado las operaciones cuestionadas.
Sentado cuanto antecede, los agravios de la recurrente –sobre la que reposaba la carga probatoria resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada en autos, por lo que corresponde confirmar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugna el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado respecto al proveedor consignado. Con costas.
IX. Que finalmente corresponde expedirse sobre la procedencia de la sanción que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y artículo 47 inciso d) de la Ley N° 11.683.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo, corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación. Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de "declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) "Tratado Jurisprudencia¡ y Doctrinario", Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones' Cap. XXI, "Multa por defraudación", Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
X. Que ello así, y teniendo en consideración lo resuelto ut supra, se desprende que el accionar del Fisco resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante en las previsiones del artículo 47, inciso d) de la Ley N° 11.683 pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de las operaciones realizadas con el proveedor impugnado, por lo cual no ingresó el impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que cometió el ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, lo que surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar la sanción aplicada. Con costas. El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán, pero difiero en la imposición de costas autónomas aplicadas por la vocal preopinante en el planteo de nulidad y con la graduación de la sanción aplicada en autos.
II. Que en cuanto a la imposición de costas del planteo de nulidad, corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o especifica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto –en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
III. Que en relación a la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado comparto los argumentos expuestos por la Vocal preopinante en cuanto confirma la multa impuesta, no obstante, no surge del Informe Final de Inspección ya mencionado en este decisorio que la recurrente presentara antecedentes infraccionales, lo cual conduce reducir la sanción a su mínimo legal en dos tantos del gravamen dejado de ingresar en su justa medida, con costas en la parte que se confirma y por su orden en relación a la reducción de las mismas. La Dra. O'Donnell dijo:
Adhiero al voto de la Vocal Instructora, salvo respecto de la imposición de costas por el planteo de nulidad que adhiero al voto del Dr. Porporatto (Consid. II).
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2023.06.28 11:01:07 -03:00 Date: 2023.06.28 13:42:42 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.28 14:24:53 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.28 14:24:54 -03:00
Fin de la sentencia