Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Res. 129/2010 y 130/2010, con costas 2) Reencuadrar las sanciones impuestas en las Res. 12/2013 y 117/2013 en la figura del art. 45 de la ley 11.683 (t.v. al momento de los hechos), fijándolas en el 100% de los tributos omitidos. Costas por su orden.
3Confirmar las Res. 154/2011 y 155/2011, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-62430111-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 24 de Junio de 2026 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación); para resolver el expte 34.421-I y sus acumulados 34.422-I, 35.769-I, 35.768-I, 37.468-I y 38.100-I caratulado “BRANDCO INTERNATIONAL S.A. s/ Apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 08/14, 171/178vta., 324/334, 433/443, 573/580 y 707/715 la actora interpuso recurso de apelación contra las siguientes resoluciones:
a) Res. 130/2010, que determinó de oficio el impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos fiscales 01 a 12/2004.
b) Res. 129/2010, que determinó de oficio el impuesto a las ganancias (en adelante IG) del ejercicio 2004. c) Res. 154/2011, que determinó la responsabilidad solidaria de la Sra. Carina Verónica Pérez, frente al IG del ejercicio 2004.
d) Res. 155/2011, que determinó la responsabilidad solidaria de la Sra. Carina Verónica Pérez frente al IVA por los períodos 01 a 12/2004.
En todas las resoluciones anteriores, se intimó el impuesto determinado con más los intereses resarcitorios liquidados y se hizo reserva de la eventual aplicación de sanciones (cfrme. art. 20, ley 24.769, entonces vigente). e) Res. 12/2013, que le aplicó a la sociedad recurrente una multa de tres veces el IVA de los períodos fiscales 01 a 12/2004 (cfrme. arts. 46 y 47, incs. “b” y “d”, ley 11.683).
f) Res. 117/2013, que le aplicó a la sociedad una sanción de tres veces el IG del ejercicio 2004 (cfrme. arts. 46 y 47, incs. “b” y “d”, ley 11.683).
II. Que con relación a las Res. 129/2010 y 130/2010, la recurrente planteó la nulidad por falta de fundamentación y motivación suficiente (cfrme. art. 7, inc. “e”, ley 19.549), por considerar que los fundamentos que sustentan las determinaciones de oficio fueron desarrollados en forma tan escueta e insuficiente que le impidieron tener un conocimiento amplio, pormenorizado y completo del procedimiento realizado como para ejercer en toda su dimensión su derecho de defensa.
En este sentido, manifestó que el fisco omitió hacer mención del procedimiento realizado para arribar a los ajustes notificados, esto es, cuáles fueron los criterios aplicados, las fuentes consultadas, los resultados parciales obtenidos, cálculos matemáticos realizados, etc.; circunstancia que -a su entender- implicó lisa y llanamente la ausencia de motivación de la resolución notificada, que colocó a su parte en una insanable posición de indefensión, que trae aparejada la nulidad de los actos apelados.
Puntualizó que el fisco apreció la prueba recolectada en forma arbitraria. Apuntó que la resolución de IVA resultó contradictoria con los mismos resultados de la fiscalización que dieran motivo al ajuste por igual período en el IG. Entendió que esta contradicción no tiene explicación alguna, se proyecta e incide en la determinación de los gravámenes, resultando arbitraria, infundada e incausada. En este sentido, especificó que el monto determinado en concepto de ingresos por ventas agravió a su parte, ya que las depuraciones de extractos bancarios, con los vicios y defectos apuntados, arrojaron una cifra claramente alejada de la realidad. Continuó diciendo que ello surge de la simple comparación de los supuestos ingresos por ventas determinados, con el costo de la mercadería vendida tomado en el cálculo en cuestión, lo que implicó un margen de ganancia sideral, irreal, ficticio e ilógico en el mercado. Lo entendió también inverosímil, pues con escasas compras, jamás pueden obtenerse los ingresos por ventas tomados por el fisco nacional, máxime cuando el monto consignado en la “vista” corrida en los términos del art. 17 de la ley 11.683 prescinde, o por lo menos no se explicitó, de los principios de la contabilidad para su cálculo (existencia inicial, más compras, menos existencia final, es igual a costo de la mercadería vendida). Así, es que concluyó que la utilidad bruta no se condice con la realidad económica, lo que motiva a su entender la revocación de los actos administrativos recurridos.
Otro de los argumentos que –a su juicio- originan la nulidad de las resoluciones 129/2010 y 130/2010, es el relativo a la supuesta incoherencia del propio criterio fiscal, resultando improcedente el ajuste practicado sobre las ventas y también el practicado sobre las compras, tomadas como costo para calcular la utilidad bruta en la determinación de la ganancia sujeta a impuesto.
Por su parte, la responsable solidaria de Brandco International S.A., Sra. Carina Verónica Pérez, respecto de las Res. 154/2011 y 155/2011, señaló que los proveedores impugnados (sic) -Transmerco S.A., World Traders S.A. y Juan Domingo Arce-, existieron al realizarse las operaciones, puesto que todos se encontraban inscriptos ante la AFIP, ya que el propio fisco nacional les asignó una Clave de Identificación Tributaria (CAI).
En este sentido, la Sra. Pérez indicó que resultó desacertado el cuestionamiento del fisco respecto de la autenticidad de las operaciones al no justificarse los medios de pago a los proveedores, pues su eventual incumplimiento no habilita la aplicación del instituto de SND (sic).
Consideró que se encuentra fuera de toda discusión que la erogación está respaldada por comprobantes que fueron exhibidos a la fiscalización y que los conceptos facturados guardan estrecha relación con la actividad comercial desarrollada.
Señaló que resulta indiferente que el proveedor tenga o no empleados en relación de dependencia, pues ello sería relevante en materia de seguridad social, pero no para sustentar la impugnación de la operación realizada y mucho menos para la aplicación del instituto de SND (sic).
Entendió que no existe ninguna disposición legal que obligue a investigar en forma exhaustiva a cada proveedor de bienes y servicios con el que se trata, puesto que ello no sólo está fuera del alcance de cualquier contribuyente normal, sino que además, ello se erige en un obstáculo para el desarrollo del tráfico mercantil. Respecto de Silvia Laura Martínez, manifestó que el fisco reseñó un sólo caso de factura sin CAI y que la SND (sic) sólo es procedente cuando no hay documentación y aquí sí la hubo, tal como lo acepta -según sus dichos- la propia AFIP.
Reiteró que los documentos respaldatorios están y fueron entregados a su parte en oportunidad de contratar los servicios y/o adquirir los insumos utilizados para el desarrollo de la actividad y que también fueron exhibidos ante la fiscalización.
Indicó la Sra. Pérez que el hecho de que los proveedores Pedro Omar Zaballa, World Traders S.A., Juan Domingo Arce y Silvia Laura Martínez, no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales no puede serle atribuido y, menos aún, concluir que no existen como tales. Agregó que ello importaría que el contribuyente asumiera el poder de policía que se encuentra en cabeza del organismo recaudador (sic).
Concluyó que existió el efectivo desarrollo de la actividad gravada; que se verificó la concreta utilización de los servicios e insumos necesarios para la prestación del servicio a sus clientes, cuya compra y contratación impugnó el fisco nacional, pese a encontrarse debidamente documentada; que los conceptos facturados constituyen gastos destinados a obtener, mantener y conservar la ganancia gravada; que el volumen de compras de insumos guarda relación con la actividad gravada y que efectivamente se entregó la mercadería adquirida al Sr. Juan Domingo Arce, en el domicilio de la actora y con destino al ejercicio de su actividad.
Consideró que de la evolución global de compras y ventas efectuadas, debe concluirse que éstas sólo fueron factibles en la medida en que idénticas condiciones se verificaron respecto de las compras. En este sentido, se agravió por la valoración de la prueba efectuada por el fisco, en tanto afirmó que omitió considerar los elementos reunidos con la objetividad debida, aplicando las reglas de la sana crítica.
La Sra. Pérez indicó que durante los períodos objeto de fiscalización sus tareas consistieron en organizar el trabajo, entrevistar y dar las directivas al personal, abonar sueldos y facturas de servicios y alquiler del local, tratar con los distintos proveedores y clientes, así como también con los asesores contables y legales de la empresa, efectuar todo el trabajo administrativo consistente en archivar y clasificar documentación, facturas de compra y venta; y de servicios y demás cuestiones organizativas.
Señaló que para las cuestiones estrictamente técnicas como las contables y tributarias, la empresa había contratado a un profesional de ciencias económicas, en tanto carece de conocimiento en la materia contable y fiscal. Agregó que su trabajo se limitó a enviarle mensualmente al profesional la documentación relativa a las compras, ventas, gastos, honorarios, etc., siendo aquél quien confeccionaba las DDJJ de los impuestos que correspondan.
Indicó que ello implica que su parte carece de responsabilidad alguna en los hechos investigados y demuestra la inexistencia del elemento subjetivo en la responsabilidad que le atañe por su cargo.
En cuanto a las multas impuestas en las Res. 12/2013 y 117/2013, la firma recurrente manifestó que no corresponde aplicar sanción alguna, ya que jamás ocultó en forma maliciosa su situación impositiva con el fin de defraudar al fisco nacional.
Explicó que la falta de puesta a disposición de la documentación, obedeció al fallecimiento del asesor contable, circunstancia esta que imposibilitó el acceso a la misma.
Entendió que no constituye ocultamiento la mera falta de presentación de la ddjj del IG, sino que además, el fisco pudo determinar la materia imponible practicando una depuración de los movimientos registrados en la cuenta corriente de su titularidad, circunstancia esta que obsta a todo intento de ocultamiento.
Sostuvo que quien tiene la intención deliberada de ocultar sus movimientos financieros jamás bancarizaría sus ingresos.
Argumentó la falta del elemento subjetivo exigido por la infracción contemplada por el art. 46 de la ley 11.683, en tanto nunca se incurrió en una conducta de ocultamiento ni tergiversación.
Destacó que la imputación del fisco resultó imprecisa, toda vez que no explica concretamente en qué consistieron los ardides, maquinaciones o procedimiento deliberadamente concebidos para causar un daño a la hacienda pública.
Entendió que las presunciones contenidas en el art. 47, incs. “c” y “d” de la ley 11.683, no resultan aplicables al caso y que es el fisco quien tiene la carga de probar el elemento subjetivo analizado. También, cuestionó la graduación en tres tantos de las sanciones impuestas, por considerarla desproporcionada y carente de razonabilidad.
Por último, se agravió por la falta de tratamiento al planteo de recalifación de su conducta.
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba y solicitó que se revoquen las resoluciones recurridas, con costas.
III. Que a fs. 135/145vta., 220/231vta., 344/363vta., 475/493, 590/601vta. y 745/755 se presentó el fisco y contestó los traslados de los recursos. Acompañó los antecedentes administrativos (en adelante aa), solicitó la acumulación de las causas que señaló; y que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
IV. Que a fs. 265/265vta., 396/396vta., 504/504vta., 604/604vta. y 762/762vta. obran las sentencias del Tribunal en Pleno y de la Sala por las cuales se acumularon los expedientes que originariamente tramitaron bajo los números 34.422-I, 35.769-I, 35.768-I, 37.468-I y 38.100-I al que lleva el N° 34.421-I.
V. Que a fs. 606/606vta. se abrió la causa a prueba. A fs. 791 se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 789 se pusieron los autos para alegar, obrando el alegato del fisco a fs. 807/809 sin haber hecho uso de su derecho la actora. Finalmente, a fs. 811 se pusieron los autos para dictar sentencia.
VI. Que cabe anticipar que los jueces no se encuentran obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes, sino solo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (CSJN Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros), ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
VII. Que primeramente corresponde me expida con relación al agravio de nulidad articulado por la actora, por considerar que los actos administrativos apelados no responden a las pautas del art. 7 de la ley 19.549, toda vez que de ser acogido favorablemente, se pondría fin al litigio. En este sentido, consideró que el fisco omitió mencionar el procedimiento realizado parar arribar a los ajustes notificados, por lo que las resoluciones apeladas carecen de motivación. También puntualizó entre los principales agravios, que el fisco apreció la prueba recolectada en forma arbitraria.
En este sentido, cabe tener presente lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (CSJN, Fallos 318:1798, 324:151, entre otros). Al respecto, cabe precisar que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho; mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y lo justifican. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que ameritaron su dictado.
Del análisis de los actos apelados, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, no se observa que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan las resoluciones apeladas, ni que haya existido agravio alguno al derecho de defensa, resultando que el planteo de la actora, sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de los actos.
Ello así, corresponde desestimar la defensa de nulidad articulada.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra los actos apelados y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas a su respecto.
VIII. Que ahora procede analizar la cuestión de fondo a las que refieren las Res. 129/2010 y 130/2010. Conforme surge de los informes finales de inspección (en adelante IFI), la recurrente tiene como actividad principal declarada la “Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico”. El cargo fiscal se originó al realizarse una investigación sobre los proveedores del cuero, a los cuales la actora les adquiría sus productos (v. fs. 131/145, Cpo. IVA; fs. 133/147, Cpo. IG; fs. 58/62, Cpo. IVA RS y fs. 66/70, Cpo. IG RS, aa-). En un principio, se verificó que en el domicilio fiscal declarado se encontraba otra firma, Cintrey S.A., aunque el requerimiento fue contestado informando un domicilio alternativo. Luego, se intentó localizar a la apelante en el domicilio denunciado, pero ya no se encontraba allí. Al final, se presentó el Sr. Aun, autorizado de la firma (v. fs. 28/37 y 112/129, Cpo. ppal., aa).
Se extrajo la información surgida de las bases de AFIP (v. fs. 98/111, Cpo. ppal., aa), a saber: -Conformación de IVA, encontrando saldos del primer párrafo, computados en forma errónea en el ejercicio fiscal 2004.
-Comparación de los ingresos determinados, mediante el débito fiscal (en adelante DF) declarado en las DDJJ de IVA y los ingresos declarados en la DDJJ del IG, encontrando diferencias en los ejercicios fiscales 2004 a 2006. -Comparación de los ingresos declarados en el IG, con las acreditaciones bancarias surgidas del Sistema SITER Financiero, encontrando diferencias en los ejercicios fiscales 2004 a 2006.
-Comparación, en forma global, del DF sobre las DDJJ de IVA con el informado en el Sistema CITI Compras, encontrando diferencias en los ejercicios fiscales 2004 a 2006.
-Comparación, en forma global, del crédito fiscal (en adelante CF) sobre las DDJJ del IVA con el Sistema CITI Ventas, encontrando diferencias en el ejercicio fiscal 2005.
-Comparación de las retenciones sufridas y declaradas en las respectivas DDJJ del IG y las retenciones surgidas de las bases obrantes en AFIP del mismo impuesto, encontrando diferencias en los ejercicios fiscales 2004 a 2006.
-Comparación de las retenciones sufridas y declaradas en las respectivas DDJJ de IVA y las retenciones surgidas de las bases obrantes en AFIP del mismo impuesto, encontrando diferencias en los ejercicios fiscales 2004 a 2006.
Así, el 21/01/2008 se inició el procedimiento determinativo de oficio notificando requerimientos en el domicilio alternativo, sin obtener respuesta. Tras ello, el 29/01/2008 se notificó en el domicilio constituido por el Dr. Marcelo Aun, el mismo detalle de la documentación requerida, fijando fecha de vista de las actuaciones administrativas. El 15/02/2008, el Dr. Aun se apersonó y observó el requerimiento notificado (v. fs. 2/9 y 18, Cpo. IG, aa).
Luego, el 04/03/2008, se notificaron los requerimientos nuevamente en el domicilio informado por el Dr. Aun, fijando nuevos plazos, y la notificación fue impugnada nuevamente (v. fs. 15/17, Cpo. IG y fs. 1/5, Cpo. escrito impugnatorio, aa-).
Alternativamente, el 10/06/2008, personal actuante se apersonó en el domicilio legal constituido por la sociedad, siendo atendidos por la Sra. Patricia Fabiana Álvarez Vacarezza, quien manifestó desconocer a la recurrente. Declaró que ocupa el inmueble desde el 2007 y que el mismo pertenece a los Sres. Diego y Hernán Ferretti. Asimismo, se encontraba presente el administrador del edificio, Sr. Daniel Heraldo Petrelli, quien corroboró los dichos de la Sra. Vacarezza y agregó que es administrador del edificio desde hace treinta años. (v. fs. 22 y ss., Cpo. IG, aa).
En cuanto a la determinación de la base de cálculo y ante la persistente actitud del contribuyente de no aportar ninguna documentación y/o información, sobre la base de la información de la base E-Fisco (Siter, Retenciones/Percepciones, Citi Compras, Citi Ventas, etc.), se circularizó a entidades bancarias, clientes, tarjetas de crédito y proveedores, para establecer los vínculos comerciales que la sociedad pudo haber tenido en el período auditado.
Así, sobre la base de lo informado por Cheek S.A., Calzados José Luis y Calzados Impacto S.H. y C&A Argentina SCS -todos clientes de la inspeccionada-, con más lo que surgió de retenciones y percepciones de la base E-fisco respecto a Gandara S.A. y La Madrileña S.A.; se confeccionó el Anexo II y C, en los cuales se determinaron los precios netos gravados, DF y retenciones de IVA, por el período impugnado. Asimismo, el total de ventas establecidas fue comparado con las retenciones y percepciones de la base E-fisco, verificándose que los primeros superan los informados por el sistema. También se depuraron las acreditaciones bancarias de los extractos bancarios -Banco Patagonia y Santander Río- determinando que estas últimas resultaron ser inferiores a las ventas declaradas según las DDJJ de IVA (v. fs. 6/46, 88/110, 222/265, Cpo. IG y fs. 7/46, 253/436, 438, 465/468, 471/642 y 645/711, Cpo. circularización, aa).
También en base a los datos suministrados por Favacard, Santa Mónica, American Express, First Data Nono Sur S.A., VISA Argentina S.A., CABAL y Tarjeta Shopping; sumado ello a lo que surge de la base E-Fisco como informado por las empresas y Bancos proveedores de tarjetas de crédito, se confeccionó el Anexo IV, en el cual se establecieron los importes de compra y DF. a partir de las retenciones de IVA, pretendiendo -de este modoreconstruir las ventas realizadas por la inspeccionada a consumidores finales (v. fs. 65/79, 81/112, 114/115, 202/228, 442/447, 449/452, Cpo. circularizaciones; fs. 257/258, 292/294 y 382/412, Cpo. reflejos sistemas y fs. 114/116, Cpo. IG, aa).
Asimismo, sobre la base de la información proporcionada por Boston Cía. de Seguros, EDESUR S.A. y TELECOM DE ARGENTINA S.A. -todos proveedores del contribuyente-, con más la que surgió de CITI ventas y retenciones y/o percepciones de la base E-Fisco respecto a Grimoldi S.A., Híbrido S.R.L. y NIKRO S.A., se confeccionó el anexo "I" y anexo "C" (v. fs. 53/58 y 117/186, Cpo. Circularizaciones; fs. 75/85 y 107/109, Cpo. reflejos sistemas y fs. 93/101, Cpo. IG, aa).
Por último, del sistema Emsyas, se obtuvo detalle de remuneraciones brutas, de aportes a obras sociales, de aportes a la seguridad social, de contribuciones a obras sociales, de contribuciones a la seguridad social y de ART, lo que se encuentra reflejado en el Anexo "D" (v. fs. 95, Cpo. IG, aa).
En base a ello, se elaboró el papel de trabajo que contiene el Estado de Resultados para establecer el resultado impositivo e impuesto a ingresar correspondiente al período fiscal 2004. Se aclaró que el rubro ingresos brutos fue calculado aplicando la alícuota general del 2,5% sobre el total de ventas y las retenciones del IG computadas, son las que surgen del Anexo "F" (v. fs. 89/90, 97 y 159/160, Cpo. IG, aa).
También se realizaron circularizaciones a contribuyentes de similar perfil al inspeccionado, para recabar información acerca de los márgenes de utilidad bruta declarados, a saber: Retail Company S.A. informó 8,19%, Alejandro Fabián Gallardo 33,90%, Calzados Silvio S.R.L. 45,71%, Carla Collia 26,40% y Canvel S.R.L. 25,12% (v. fs. 84/91, 95/149, 152/155, 170/171 y 177, Cpo. Consulta Sistema Bafis, aa).
Se concurrió a la IGJ, donde se verificó el Contrato Constitutivo del 12/11/1998, con domicilio legal en Montevideo 666, 2° piso, "211" de CABA, Acta de Asamblea Extraordinaria del 12/05/2002, mediante la cual se eligieron como Presidente a Carina Verónica Pérez y Director Titular a Fabián Ariel De Grazia y Acta de Directorio del 08/05/2003 que eligió como Presidente a Carina Verónica Pérez y Director Titular a Leonardo Sánchez (v. fs. 80/82, Cpo. IG, aa).
Con ello, se le notificó requerimiento a la Sra. Carina Verónica Pérez y Leonardo Sánchez, presentándose -por la primera- el Dr. Aun, impugnando la notificación y -por el segundo- no compareció nadie (v. fs. 1/7, Cpo. responsabilidad solidaria, aa). Al no comparecer nadie, se notificó la prevista conjuntamente con los papeles de trabajo (v. fs. 83/130, Cpo. IG, aa).
En lo referido a la responsabilidad solidaria, el Banco Santander informó que la Sra. Carina Verónica Pérez se encontraba registrada como autorizada en la cuenta de Brandco International S.A. como representante legal (v. fs. 8, Cpo. IVA RS, aa).
Asimismo, de los registros de la IGJ surge el Acta de Asamblea Extraordinaria 5, del 10/05/2002; Acta de Directorio 13, del 10/06/2002; Acta de Asamblea del 08/05/2003 y Acta de Directorio del 08/05/2002 en las cuales se la nombró “Presidente” (v. fs. 80/82, Cpo. IG, aa).
Finalmente, la investigación fiscal señaló que la Sra. Pérez presentó y firmó reiterados escritos impugnatorios en su carácter de Presidente de la sociedad y que en la contestación de “vista” reconoció que dentro de sus tareas administrativas se encontraba la cancelación de los VEP de las DDJJ (v. fs. 149/155, Cpo. IG RS, aa). Una vez dictadas las resoluciones de IVA y IG del ejercicio 2004, sin haberse dado cumplimiento a la intimación de pago allí dispuesta, el fisco confirió “vista” a la Sra. Carina Verónica Pérez en su carácter de responsable solidaria de la recurrente (v. fs. 106/148, Cpo. IG RS y fs. 150/153, Cpo. IVA RS, aa).
Debo destacar que en la presente instancia la actora acompañó la sentencia del 07/03/2012 del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nro. 3 que declaró extinguida por prescripción la acción penal instada con relación al IVA correspondiente a los períodos 01 a 12/2004 y se decretó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Carina Verónica Pérez por el IG del ejercicio 2004. Asimismo, adjuntó la sentencia del 02/08/2012 de dicho Juzgado por la cual –con fundamento en los lineamientos dictados por la Sala “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que revocó el procesamiento por el IG del ejercicio 2004- se sobreseyó totalmente a la Sra. Carina Verónica Pérez con relación a la presunta evasión del pago del IG del período 2004 de Brandco Internacional SA, por cuanto el hecho mencionado no encuadra en la figura legal del art. 1 de la ley 24.769, entonces vigente (v. fs. 271/287vta.).
A fs. 778 y como medida para mejor proveer, este Tribunal intimó al fisco para que informe si se encuentran firmes las sentencias del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nro. 3 de fechas 07/03/2012 y 02/08/2012 acompañadas por la actora, la primera relativa al IVA, períodos 01 a 12/2004 y, la segunda, al IG del ejercicio 2004. A fs. 790, el fisco informó que la causa penal en la que se dictaron las sentencias citadas se encuentra finalizada desde el 02/08/2012 por sobreseimiento total.
IX. Que como es sabido, las resoluciones de la AFIP, como todo acto administrativo, gozan de presunción de legitimidad (cfrme. art. 12 de la ley 19.549), incluso las determinativas de oficio (Fallos 328:3720), por lo que en la etapa de revisión del acto, la carga impugnatoria se desplaza al contribuyente o responsable. Ello así, resulta aplicable la regla del onus probandi incumbit et qui dicit (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN, que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de aquello que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido debe recordarse que si bien este Tribunal -cfrme. art. 164, ley 11.683 tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal.
En el caso de autos, y tal como fue expuesto en el Considerando VIII, el fisco argumentó en forma razonable los ajustes practicados, sin que la recurrente haya ofrecido elemento probatorio alguno para acreditar sus dichos. Al respecto, cabe destacar que –a diferencia de lo manifestado por la recurrente a lo largo de su recurso de inicio- el fisco no ajustó el impuesto a las salidas no documentadas (en adelante ISND) en las resoluciones apeladas, ni impugnó las operaciones con los proveedores que menciona en su recurso de inicio.
En este sentido, la recurrente no acompañó elementos fehacientes que justifiquen razonablemente que las ventas y las compras determinadas por el fisco en sus ajustes no eran correctas.
Ello así, corresponde confirmar las determinaciones de oficio de las Res. 129/2010 y 130/2010, con costas.
X. Que con relación a los intereses resarcitorios intimados, al no haber la actora expresado agravios al respecto y encontrándose correctamente liquidados, corresponde su confirmación, con costas, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la Ley 11.683.
XI. Que con relación a las sanciones aplicadas en las Res. 117/2013 y 12/2013, las mismas tienen sustento en los arts. 46 y 47, incs. “b” y “d” la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos).
La figura se construye con un “elemento objetivo”, consistente en la falta de ingreso total o parcial del impuesto debido, y un “elemento subjetivo“, consistente en “una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco” (Fallos 323:2172 considerando 4).
Como se desprende de los considerandos que anteceden, debe tenerse por acreditado el elemento objetivo o material de la sanción impuesta, consistente en el ingreso en menos del impuesto debido.
Ello así, corresponde analizar el elemento subjetivo teniendo en cuenta la figura legal imputada por el ente fiscal (art. 46 y 47 inc. “b” y “d”, ley 11.683).
A dichos fines, el fisco debió acreditar no sólo la conducta defraudatoria del contribuyente, sino también que la misma fue realizada con el ardid o engaño suficiente –idóneo- para materializarla.
En este sentido, y más allá de no compartir el criterio ni lo resuelto, encuentro que la Sala “A” de la Cámara Nacional en lo Penal Económico (en adelante CNPE) evaluó oportunamente la conducta de los responsables de la apelante, y por consiguiente implícitamente la de ésta, en su sentencia del 30/05/2012, a la que hace referencia la Jueza Straccia en su decisorio cuya copia obra a fs. 272. Así, en una escueta sentencia la CNPE con remisión a precedentes propios sostuvo que “…el comportamiento que la ley describe como declaración engañosa, ocultación maliciosa o cualquier otro ardid o engaño, no puede entenderse incurrido por el mero incumplimiento al deber de presentar una declaración jurada que el organismo de recaudación puede igualmente exigir. La omisión no tiene tampoco idoneidad para evadir tributos puesto que, en ese caso, el organismo de recaudación tiene facultad para proceder a determinar de oficio la materia imponible (conf. Art. 16 de la ley 11.683, - t.o.1998-) y el contribuyente, como consecuencia de esa determinación, se encuentra obligado al pago correspondiente”.
Si bien los términos transcriptos podrían ser exiguos en el análisis de la figura infraccional del art. 46 de la ley 11.683 achacada a la actora, lo cierto es que dicha figura y la del art. 1 de la ley 24.769 –vigente al momento de los hechos-, comparten el mismo requerimiento de dolo en el accionar del sujeto. La diferencia sustancial u ontológica entre ambas figuras es el grado de afectación al mismo bien jurídico que protegen. Por ello, lo relevante en el caso será la existencia o no de dolo en el accionar del sujeto. Y al respecto, la CNPE entendió que la omisión de presentar la ddjj por parte de los responsables de la sociedad, y por ende de la sociedad, no puede entenderse como constitutiva del dolo que exige la norma delictual; y considerando que la conducta –y su valoración- es única; tampoco puedo en esta instancia tener por acreditada una conducta “dolosa” que la citada Cámara –más allá de no compartir tal valoración- tuvo por inexistente.
En tal inteligencia, corresponde reencuadrar la conducta de la actora en la figura del art. 45 de la ley 11.683, fijando las sanciones aplicadas en las Res. 12/2013 y 117/2013 en el 100% (ciento por ciento) de los tributos omitidos, ello frente a la ausencia de invocación de error excusable por parte de la actora. Costas por su orden.
XII. Que en cuanto a la responsabilidad solidaria de la Sra. Carina Verónica Pérez en la deuda determinada a Brandco International S.A. en el IVA e IG (Res. 154/2011 y 155/2011), cabe formular las siguientes consideraciones.
El inc. “a” del art. 8° de la ley 11.683 establece que todos los responsables enumerados en los puntos “a” a “e”, del inc. 1. del art. 6°, responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las infracciones cometidas, cuando por el incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el tributo, esto es, si no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de efectuada la intimación administrativa de pago (Fallos: 327:769). La responsabilidad solidaria se predica respecto de los directores, gerentes o administradores de empresas junto con los deudores de la obligación tributaria, para el supuesto de no satisfacerse el gravamen por incumplimiento de sus deberes, debiendo darse para su procedencia tres condiciones: a) que los deudores no cumplan con la intimación administrativa previa; b) que el responsable solidario haya omitido el cumplimiento de sus deberes; y c) que dicho incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa (CCAF, Sala V, “Caputo, Emilio y otro”, sentencia del 7/8/2000).
Debe recordarse que la responsabilidad solidaria es de carácter subjetiva y no meramente objetiva, por lo que es improcedente su extensión si no media culpa/negligencia o dolo en el incumplimiento de las obligaciones del director, gerente o administrador (cfme. criterio seguido por CCAF, Sala I, “Monasterio Da Silva, Ernesto”, sentencia del 8/6/1970, confirmada por la CSJN en Fallos 278:11).
Al respecto, cabe observar que esta jurisprudencia fue incorporada en la reforma introducida por el art. 180 de la ley 27.430 (BO 29/12/2017) a la ley 11.683 al disponerse que “No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente”.
Ahora bien, no puede soslayarse que en las actuaciones administrativas se encuentra agregada diversa documentación que da cuenta que la Sra. Pérez fue quien efectivamente ejerció el cargo de Presidente de la firma Brandco International S.A. y como autorizada en la cuenta bancaria del Banco Santander (v. fs. 8, Cpo. IVA RS, aa).
En este sentido, recuérdese que los responsables solidarios deben arrimar las probanzas concluyentes para desvirtuar la extensión de responsabilidad, claro está, desde el punto de vista subjetivo, lo que resulta insuficiente con la documentación obrante en los antecedentes de la causa, máxime si a fs. 150/150vta. de las actuaciones por Responsabilidad Solidaria en el IG luce agregada la contestación de vista, en donde la Sra. Pérez reconoce “...las tareas de la suscripta consistieron en organizar el trabajo, dar las directivas al personal, entrevistar al personal, abonar los sueldos, facturas de servicios, alquiler del local, tratar con los distintos proveedores y clientes así como también con los asesores contables y legales de la empresa, efectuaba todo el trabajo administrativo consistente en archivar y clasificar documentación, facturas de compra y venta y de servicios y demás cuestiones” y “Una vez recibidas las declaraciones juradas correspondientes con sus volantes de pago, esta parte gestionaba su cancelación”, lo que no hace más que ratificar que la Sra. Pérez “tuvo intervención en el manejo de los fondos de la empresa” de acuerdo con el criterio jurisprudencial del precedente “Monasterio Da Silva” ya citado.
En suma, de acuerdo con las constancias incorporadas a la causa, los actos a través de los cuales se intimó la deuda al responsable principal -Brandco International S.A.-, fueron debidamente notificados a la sociedad y no interpuso nulidad alguna, pero no obstante, no ingresó los impuestos intimados.
Por su parte, la única prueba ofrecida y producida por la Sra. Carina Verónica Pérez fue la testimonial a los Sres. Hernán Sanfelice, Oscar Cayetano Curti, Roberto Claudio Orensans y José Luis Loureiro, puesto que la informativa y pericial contable, se le dio por decaído el derecho a su producción por no haberla instado. Del análisis de dichos testimonios, obrantes a fs. 641/641vta., 659, 660 y 661, se desprende que Brandco Internacional S.A. organizaba agasajos con su personal al que también le realizaba obsequios, cuestión que no se encuentra discutida en autos, por lo que corresponde desestimar lo dicho al respecto, pues además de resultar inconducentes, no se logró demostrar la diligencia debida de la Sra. Carina Verónica Pérez en el desempeño de su actividad como Presidente de la sociedad.
Debe reiterarse la misma observación efectuada respecto de la firma apelante, relativa a la mención en los recursos de apelación a agravios relativos a un ajuste del impuesto a las salidas no documentadas, como así también a la impugnación de los proveedores que allí se mencionan, ya que no forman parte de las resoluciones tratadas.
Ello así y no habiendo demostrado la Sra. Pérez circunstancia alguna que, de acuerdo con lo señalado ut supra, permita excusarla de responsabilidad, corresponde confirmar las Res. 154/2011 y 155/2011 en cuanto extendieron su responsabilidad personal y solidaria respecto a la deuda de Brandco International S.A. por el IVA e IG e intimó su pago con más intereses, en los términos de la ley 11.683, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Res. 129/2010 y 130/2010, con costas 2) Reencuadrar las sanciones impuestas en las Res. 12/2013 y 117/2013 en la figura del art. 45 de la ley 11.683 (t.v. al momento de los hechos), fijándolas en el 100% de los tributos omitidos. Costas por su orden.
3. Confirmar las Res. 154/2011 y 155/2011, con costas.
Se deja constancia que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2026.06.24 14:21:28 -03:00 Date: 2026.06.24 16:27:33 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.24 16:27:34 -03:00
Fin de la sentencia