Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la Acción Contencioso Administrativa promovida por Bridgestone Argentina S.A.I.C. en contra de la Municipalidad de Belén. En consecuencia, declarar la ilegitimidad de la Ordenanza Nº 1283/2022 dictada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Belén y la nulidad de los Decretos Nº 192/2022, Nº 195/2022 y Nº 196/2022 y de sus respectivas Liquidaciones administrativas N° 00004847-001, N° 00005114-001 y N° 00005228-001.
2Imponer las costas a la demandada que resulta vencida.
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: SEIS
San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de octubre de 2026
Estos autos Corte N° 008/2023 "BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.I.C. C/ MUNICIPALIDAD DE BELÉN s/ Acción Contencioso Administrativo", en los que a fs. 329 tiene lugar la Audiencia que prescribe el art. 39 del Código Contencioso Administrativo, obrando a fs.330/337 vta., Dictamen N° 078/2025, llamándose autos para Sentencia a fs. 338.
En este estado el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
1. ¿Es procedente la Acción Contencioso Administrativa promovida?. En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
2. Costas.
Practicado el sorteo conforme al Acta obrante a fs. 339 dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. RITA VERÓNICA SALDAÑO, JOSÉ RICARDO CÁCERES, NÉSTOR HERNÁN MARTEL, CARLOS MIGUEL FIGUEROA VICARIO, FABIANA EDITH GÓMEZ, JORGE RAFAEL BRACAMONTE y MARIA FERNANDA ROSALES ANDREOTTI .
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Saldaño dijo:
Conforme acta de sorteo de fecha 3 de julio de 2025, glosada a fs. 339, la suscripta fue desinsaculada en primer término.
Para tratar el tema traído a revisión, es conveniente hacer un breve relato de las actuaciones:
1. La causa dio inició con la presentación de demanda por parte del abogado apoderado de Bridgestone Argentina S.A.I.C., en contra de la Municipalidad de Belén, con el objeto de obtener la declaración de nulidad de los actos administrativos N° 192/2022, 195/2022, 196/2022, emitidos por el Intendente Municipal, mediante los cuales se rechazaron los recursos de reconsideración opuestos por su representada (BSAR) en el marco de los procedimientos administrativos iniciados por diversas liquidaciones, cursadas por el Municipio, reclamando el pago de tasas de almacenamiento, traslado y reciclado de neumático fuera de uso (NFU) por una suma total de $8.400.000. Tasa que fue creada mediante la Ordenanza N° 1283/2022.
Asimismo, solicita se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza antes mencionada por resultar violatoria del principio de legalidad (art. 19 de la Constitución Nacional), del derecho de propiedad (art. 17 de la CN y 8 de la Constitución Provincial) y de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa de su mandante, con expresa imposición de costas.
Dice que durante el año 2022 BSAR fue notificada de diferentes liquidaciones efectuadas por la Municipalidad de Belén, por la cuales se reclamaba el pago de la tasa por la suma $8.400.000, supuestamente la tasa les era exigible en su calidad de “generador” de neumáticos fuera de uso (NFU) dentro del ejido urbano de la Municipalidad, motivo por el cual dedujo los correspondientes descargos que fueron rechazados por el Municipio confirmando las liquidaciones, lo que fue objeto de sendos recursos de reconsideración también rechazados.
Niega que su parte, haya fabricado, importado, distribuido, o comercializado en argentina neumáticos (OTR) fuera de ruta para la minería, los cuales son de gran porte utilizados exclusivamente en la actividad minera, los que habrían sido importados directamente por las compañías mineras sin intervención de su representada. Agrega que dichos neumáticos jamás pudieron ser desechados en el territorio de la Municipalidad, quedando claro que fueron llevados intencionalmente al Centro Transitorio de Almacenamiento al solo y único efecto de reclamar a BSAR una suma en concepto de tasa.
Que, su parte con fecha 5 de agosto de 2022 se constituyó en dicho Centro con presencia de un escribano encontrándose el Dr. Falcone, hizo hacer CORTE Nº 008/2023
constar la existencia de los neumáticos OTR relevados en la liquidación. Oportunidad en la cual el Dr. Falcone le manifestó que el Municipio había contratado los servicios de Newco S.R.L. a los fines de acopio y el tratamiento respecto de los neumáticos fuera de uso. Realizando una nueva constatación con fecha 18 de agosto de 2022.
Destaca que, lo sorprendente es que esos neumáticos llegaron a la Municipalidad de Belén provenientes de Minera La Alumbrera -que es claramente el generador de los neumáticos en los términos de la Ordenanza 1283/2022, quien firmó un contrato con Newco S.R.L. para que recicle los neumáticos, tal como surge de las publicaciones periodísticas que señala. Agrega que esta empresa en lugar de reciclar los neumáticos, los llevó al Centro de Almacenamiento de la Municipalidad, por las que luego les envíó las liquidaciones. Concluye que no hay dudas que es un negocio orquestado desde afuera, del cual la Municipalidad es parte al pretender cobrar la tasa a su representada, en lugar de cobrarle dicha tasa a la Compañía Minera, quedándose con una parte de dichas sumas como pago por el uso del Centro de Almacenamiento.
Agrega que, los Decretos son nulos porque adolecen de vicios de procedimiento y de motivación que afectan el derecho de defensa. Toda vez que la Municipalidad omitió considerar la prueba informativa ofrecida por su parte (para acreditar la inexistencia de la efectiva y concreta prestación del servicio y la desproporción entre el costo del supuesto servicio y lo recaudado por la tasa), ya que en los Decretos cuestionados no se brindó las razones que fundamente la denegación tácita a la prueba informativa.
Entiende que, la pretensión de la Municipalidad de exigir el pago de la tasa a BSAR resulta inconstitucional, porque la Municipalidad carece de facultades constitucionales para establecer la responsabilidad extendida del productor por ende de imponer una tasa. Sostiene que su parte no resulta sujeto pasivo de la tasa respecto de los NFU ya que no reviste la condición de generador ni de distribuidor ya que la Municipalidad no prestó ningún servicio que la tasa retribuya y legitime su cobro, existiendo una manifiesta desproporción entre la tasa y el costo de los servicios retribuidos por la misma.
En este sentido agrega que, la Municipalidad carece de facultades constitucionales para establecer la responsabilidad extendida del productor, por ser materia reservada exclusivamente al Congreso Nacional por aplicación de lo dispuesto por el art. 75 inc. 12 de la CN no delegada a las provincias, menos aún a los municipios, ya que dicha responsabilidad es una variante de la responsabilidad civil regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Resalta que, este argumento no fue refutado por el Municipio en los Decretos cuya nulidad persigue, por lo cual quedó reconocido que cualquier tipo de regulación de la responsabilidad extendida de los productores constituye una extralimitación de sus facultades, admite que no cuenta con competencia para ello.-
Por otro lado, señala que BSAR no resulta sujeto pasivo de la tasa, porque no se certificó que los neumáticos acopiados fueren neumáticos usados o neumáticos fuera de uso conforme la distinción que hace la Resolución 523/2013, por lo que la tasa que comprende a los neumáticos fuera de uso no le sería aplicable. Dice que tampoco se acreditó que su representada fuera el productor de los neumáticos por el solo hecho de poseer la marca BSAR, teniendo en cuenta la gran importación existente y el contrabando. Por último refiere que tampoco debe responder por los neumáticos denominados “históricos” siendo aquellos que fueron descartados por los usuarios con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ordenanza en cuestión. Destaca que en relación a los neumáticos OTR fuera de ruta de minería, BSAR jamás fabricó, importó ni distribuyó los mismos, los cuales son importados directamente por las compañías mineras sin intervención alguna de su representada. Por lo que no califica como generador ni como distribuidor motivo por el cual no puede ser sujeto pasivo.
CORTE Nº 008/2023 También sostiene la ausencia de efectiva prestación de servicio por parte de la Municipalidad para reclamar a BSAR una tasa por almacenamiento, traslado y reciclado de neumáticos, ya que no prestó efectivamente ninguno de esos servicios. Toda vez que solo se verificó el amontonamiento de neumáticos a cielo abierto, en un predio ubicado en la RN 40 Km 4084, de la localidad de Belén, provincia de Catamarca, sin ningún tipo de procesamiento ni medidas sanitarias, situación que incluso agrava los riesgos ambientales y de salud pública que la propia Ordenanza Nº 1283/2022 dice querer prevenir, lo que evidencia un propósito meramente recaudatorio. En consecuencia, el tributo carece de causa y sustento legal, constituyendo un impuesto encubierto e inconstitucional todo lo cual surge del análisis del expediente administrativo.
En igual sentido sostiene que la falta de prestación concreta, individualizada y efectiva desnaturaliza la naturaleza jurídica de la tasa, la cual sólo es válida cuando retribuye un servicio realmente prestado y divisible en beneficio del contribuyente. En consecuencia, el tributo reclamado carece de causa y sustento legal, revelando su carácter meramente recaudatorio y transformándose en un impuesto encubierto, contrario a los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad tributaria. Por ello, BSAR sostiene que la intimación de pago resulta ilegítima e improcedente, debiendo declararse su nulidad en virtud de la ausencia total de prestación de los servicios que la tasa pretende retribuir.
Por otra parte, da cuenta de la falta de proporcionalidad del costo de las tasas con el servicio que debería haber prestado la Municipalidad para así poder legitimar su cobro, el cual sostiene no prestó los servicios en cuestión, y, además, el monto de la retribución exigida por la Municipalidad no guarda ninguna relación razonable con la pretendida -y no cumplida- prestación. Por el contrario, la Municipalidad, deficientemente, además, monta la parodia del servicio prestado como justificativo presunto para obtener recursos que destina a fines generales, lo que no es admisible y convierte a la tasa lisa y llanamente en un impuesto ilegítimo.
Destaca la Violación de la Ley de Coparticipación Federal N.º 23.548 y del “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”.
BSAR sostiene que la tasa municipal reclamada carece de los elementos esenciales que la identifican como una verdadera tasa retributiva de servicios, conforme lo exige el artículo 9 inciso b) de la Ley Nº 23548, la cual establece que las tasas sólo son legítimas cuando retribuyen servicios efectivamente prestados al contribuyente y que tales servicios deben ser divisibles e individualizables. Que como ya lo indicó anteriormente la Municipalidad no acreditó la efectiva prestación de los servicios que pretende retribuir con la tasa, ni que éstos sean divisibles o específicos respecto de BSAR, por lo que el tributo en cuestión asume naturaleza de impuesto encubierto, vulnerando así los principios de legalidad y razonabilidad tributaria, y resultando inconstitucional.
Qué asimismo, desconoció los compromisos asumidos por la provincia de Catamarca al adherir al “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, el cual establece que las tasas deben corresponder a servicios administrativos efectivamente prestados y guardar relación con su costo real. El Pacto, como norma de derecho intrafederal, posee eficacia vinculante tanto para las provincias como para sus municipios, otorgando a los contribuyentes el derecho subjetivo a exigir su cumplimiento (CSJN, AGUEERA c/Provincia de Buenos Aires y otro, 19/08/1999).
Por todo lo expuesto, es que BSAR impugna la intimación de pago emitida por la Municipalidad, alegando su ilegitimidad e improcedencia, en virtud de que la tasa reclamada no cumple con los requisitos legales y constitucionales que la legitiman como tal, configurándose un impuesto encubierto contrario al Régimen Federal de Coparticipación y al Pacto Federal vigente.
Por último ofrece prueba documental, instrumental, informativa, CORTE Nº 008/2023 pericial. Formula reserva del caso federal.
Que a fs. 276/285 vta. la Municipalidad de Belén contesta traslado opone negativas genéricas y dice que la Ordenanza Nº 1283/22 supera el test de constitucionalidad, sirviendo de sostén a la tasa contributiva liquidada, con criterio ambiental-ecológico. Teniendo por finalidad desalentar o incitar en cierta medida a que las empresas extremen las precauciones contaminantes, inspirada en principios de conservación del ecosistema, por encima del ánimo puramente recaudador.
Refiere estar ante un problema de descarte de materiales altamente contaminantes, declarados “peligrosos” mediante la Res. Nac. 523/2013 de la Sec. del Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Dice que el hecho imponible “tratamiento de neumáticos fuera de uso” dentro del territorio de la ciudad de Belén, consiste en la recolección, transporte, acopio y el tratamiento de los mismos.
En cuanto a la responsabilidad empresarial extendida del productor entiende que el fabricante debe hacerse cargo por ser el principal beneficiario económico de la actividad y debe hacerse cargo de evitar las consecuencias ambientales de sus productos.
Agrega que, el Municipio entre los residuos que recolecta en su territorio encuentra neumáticos los cuales requieren un almacenamiento distinto, como así también un proceso de destrucción para no contaminar el medio ambiente, lo cual genera gastos que deben ser cubiertos por una tasa acorde que en definitiva es el precio de dicho servicio. La cual esta dentro del marco autónomo legislativo del Municipio a través de la Ordenanza respectiva emanada del poder legítimo el Concejo Deliberante.
Sostiene que, quien debe afrontarla es el fabricante del neumático que es quien introduce esos objetos ambientalmente peligrosos al sistema, beneficiándose con la compra de los usuarios finales y que en todo caso debiera encargarse de recuperar esos productos una vez convertidos en desecho, para evitar el daño ecológico. No haciéndolo le cargan el problema al Municipio, que cuando en la recolección encuentra NFU debe almacenarlos en un centro especial.
Ubica al fabricante, si el mismo se hace cargo de retirarlos y destruirlos con “certificación de disposición final” solamente paga una tasa modesta, compensatoria del acarreo y depósito.
Sostiene que al municipio le implica un costo, la recolección del NFU, almacenamiento, transporte hasta una planta de tratamiento, pagar la destrucción y disposición final, gastos todos estos que de algún modo deben ser compensados por el fabricante, comercializador.
Destaca que, en particular en el municipio de Belén, cobra especial significación el problema, en tanto la minería descarta cantidades ingentes de NFU de dimensiones monstruosas, con lo cual la contaminación es un peligro grave sino gravísimo superlativo lesivo para el MA.
El traslado de estos neumáticos requiere de maquinarias especiales y de mano de obra especializada lo que implica un riesgo de trabajo. Tareas que en parte realiza la Municipalidad y en parte por tercerización, todo lo cual se traduce en costos concretos y reales y obviamente con erogaciones importantes.- - - - - - - - - - - Aclara que no se esta aplicando una responsabilidad legal, ni financiera al productor de neumáticos, sino que se utiliza el concepto para determinar quién abonara la tasas por los servicios de recolección, almacenamiento, traslado y desnaturalización NFU.
Remarca que el fabricante es quien tiene que afrontarlos, ya que introduce esos objetos ambientalmente peligrosos al sistema y no resulta justo que soporten los gravámenes los vecinos de la ciudad de Belén y que el verdadero beneficiado permanezca al margen.
Por último, señala que los Decretos invocados, fueron dictados en el marco del Poder de Policía Municipal en materia de higiene, seguridad, orden CORTE Nº 008/2023
social y ambiental, de modo tal que no se puede calificar como ejercicio arbitrario, dichas potestades, sino que tiene plena justificación desde todo punto de vista. Cita jurisprudencia Bridgestone, Arg. S.A.I.C. c/ Municipalidad de Casilda s/ RCA cuil 21-7456017-7 y cita prueba que -prima facie- no corresponde a los presentes autos, hace reserva de caso federal y de recurrir ante la CIDH.
A fs. 293 se ordenó la apertura a prueba proveída a fs. 295 y producida a fs. 03/222, 296/301 y a fs. 315/328 se agregaron los alegatos de las partes.
Corrida vista al Ministerio Público, el Procurador emitió dictamen a favor de hacer lugar a la demanda planteada por Bridgestone Argntina S.A.I.C. Seguidamente se llama autos para sentencia (fs. 338), el que deja la causa en estado de emitir opinión.
2. En primer lugar, corresponde expedirme sobre el agotamiento de la via administrativa, siendo una causa iniciada con fecha 01/03/2023 es de aplicación la Ley N° 3559. Ahora bien, mas allá de la Sentencia Interlocutoria N° 40/2023 de fecha 22 de junio de 2023 (fs. 252/255 vta.) y compartiendo los fundamentos dados por el Sr. Procurador en dictamen N° 078, obrante a fs. 330/337 vta., a los cuales adhiero, ratifico lo resuelto en la mencionada sentencia, teniendo por cumplido el recaudo de agotamiento de la vía administrativa, por lo que considero que la acción fue interpuesta dentro del plazo previsto por el art. 7 del CCA.
3. Bridgestone Argentina S.A.I.C. demandó a la Municipalidad de Belén a los fines de que se declare la nulidad de los actos administrativos N° 192/2022, 195/2022, 196/2022 emitidos por el Intendente Municipal, los cuales confirmaron diferentes liquidaciones efectuadas por la Municipalidad de Belén sobre neumáticos fuera de uso, establecida la tasa mediante la ordenanza N° 1283/2022, por considerar que ésta es inconstitucional, por resultar violatoria del principio de legalidad (art. 19 de la Constitución Nacional), del derecho de propiedad (art. 17 de la CN y 8 de la Constitución Provincial) y de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa de su mandante, al no tener la Municipalidad competencia para legislar sobre responsabilidad del productor y por no existir un servicio que justifique la tasa.
La Municipalidad de Belén por su parte dice que la tasa es válida porque fue dictada por la autoridad competente -Concejo Deliberante- en el marco del derecho ambiental-ecológico, defiende la constitucionalidad de la misma y aclara que no se está aplicando una responsabilidad legal, ni financiera al productor de neumáticos, sino que se utiliza el concepto para determinar quién abonará la tasa por los servicios de recolección, almacenamiento, traslado y desnaturalización NFU. Siendo el hecho imponible el “tratamiento de neumáticos fuera de uso” dentro de la ciudad de Belén que consiste en recolección, transporte, acopio y el tratamiento de los mismos. Por último, señala que los Decretos invocados, fueron citados en el marco del Poder de Policía Municipal en materia de higiene, seguridad, orden social y ambiental de modo tal que no se puede de modo alguno calificar como un ejercicio arbitrario de dichas potestades, sino tiene plena justificación desde todo punto de vista.
En cuanto al cuadro probatorio existente en la causa, la parte actora ofreció prueba documental, la cual se encuentra producida a fs. 03/46 consistente en copias de los Decretos cuestionados. A fs. 48/53 obra copia de Escritura N° 12 de fecha 05 de agosto de 2022 y a fs. 54/67 obra copia de Escritura N° 29 de fecha 18 de agosto de 2022, ambas llevadas a cabo por la Esc. Lisa Noelia Isasmendi. En la primera se hace constar que presentes en el Centro de Almacenamiento de la Municipalidad de Belén, sito en Ruta Nacional N° 40 Km. 4084 se observa la existencia de una cantidad considerable de neumáticos de gran tamaño en desuso alrededor de 60 en acopio, de los cuales solo de 6 se pudo tomar el número de serie, la presencia del Dr. Falcone en el lugar quien manifestó que la Municipalidad CORTE Nº 008/2023 contrata los servicios de Newco SRL a los fines del acopio y el tratamiento respectivo de los neumáticos fuera de uso, tomando fotografía de los mismos. En la segunda se hace constar que hay una cantidad menor de cubiertas que en la constatación anterior, por otro lado, da cuenta el requerimiento realizado por el abogado de Brigestone Argentina S.A.I.C. al apoderado del Municipio y al encargado de la Newco S.R.L. Cesar del V. Moroni, de los manifiestos correspondientes a cada uno de los neumáticos individualizados en la liquidación, conforme normativa el CAT es responsable de gestionar la emisión del certificado y disposición final del neumático fuera de uso y por último les solicita que le expliquen en detalle la forma en que se procede a la detección y traslado de los neumáticos fuera de uso y en qué lugares se recolectan, a lo que el encargado manifiesta que no tiene conocimiento alguno y el Dr. Falcone señala que la empresa Newco S.R.L. es contratada por el Municipio a los fines del CAT y traslado a la planta de triturado de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe para certificar su disposición final, que el CAT lo gestiona Newco S.R.L. por contrato con el Municipio, a lo demás el Dr. Falcone responde que desconoce el asunto y la parte operativa.
También ofreció prueba informativa a los fines de que la Municipalidad de Belen informe y precise, (I) que la Municipalidad prestó efectivamente a BSAR los servicios que dan lugar al cobro de la tasa; (II) cómo se determina el costo de dichos servicios; (III) que relación tiene el costo de los servicios retribuidos por la Tasa con relación a lo abonado por los contribuyentes y, especialmente, con los importes que se pretenden cobrar a BSAR por cada uno de los conceptos involucrados en las Liquidaciones N° 00004847-001, 00005114-001, 00005228-001 (IV) acompañe copia de los certificados de disposición final de los residuos que motivan el cobro de la Tasa; y (V) informe cuál es la relación que vincula a la Municipalidad con el titular del inmueble sito en RN 40 Km 4084, Belén, provincia de Catamarca, en el cual se acumulan los neumáticos objeto de la Tasa. Dicha prueba fue producida a fs. 297/301 donde la Municipalidad de Belén informa que su actual gestión no cuenta con demasiada información ni documentación para brindar un informe acabado, porque esa documentación estaría en manos del estudio jurídico de Falcone y Asociados apoderado de la gestión que los precedió. Por otro lado, informa que supone que los servicios fueron prestados pero que el Municipio no cuenta con registros y comprobantes, por lo que al poco de asumir intimaron al apoderado de la anterior gestión a devolver toda la documentación sin respuesta, por lo que no están en condiciones de informar el criterio y las pautas económicas evaluatorias utilizadas por la administración anterior. También informa que la Municipalidad no cuenta con los exptes en los que se tramitaron las diferentes liquidaciones, que conforme los empleados del sector la documentación la manejaba el asesor legal externo de la gestión anterior. La prueba pericial contable ofrecida por la actora: a los fines de que el perito determine si los libros y registraciones contables de BSAR son llevados en legal forma. Informe si de los registros e información contables de BSAR surge que haya fabricado, importado y/o distribuido en Argentina neumáticos OTR (fuera de ruta) de minería individualizados en las Liquidaciones municipales adjuntas como Anexo C. fue desistida.
4. Así planteada la cuestión, dictado y firme el llamado de autos, la cuestión controvertida queda circunscripta a dilucidar la competencia de la Municipalidad de Belén para establecer la responsabilidad extendida del productor por ende de imponer el pago de una tasa de almacenamiento, traslado y reciclado de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) en un estado posterior al ciclo de vida del producto -Ordenanza N° 1283/2022-. Por otro lado, dilucidar si el servicio por el que se realizaron las liquidaciones fue efectivamente prestado. En consecuencia, con ello vale iniciar con los fundamentos de éste decisorio evaluando si es procedente o no la declaración de inconstitucionalidad ya que de prosperar la misma, devendría CORTE Nº 008/2023
en inoficioso tratar sobre las demás cuestiones planteadas.
Previo a ingresar al análisis de la presente causa voy hacer algunas consideraciones referidas a las previsiones constitucionales respecto a las cuestiones aquí planteadas. El art. 257 de la Constitución de la Provincia de Catamarca establece: Los decretos, ordenanzas y demás disposiciones de las Municipalidades, son obligatorios en cuanto no afecten los derechos garantizados por la Constitución Nacional o Provincial o por las leyes de la Nación o de la Provincia. La parte que se considere damnificada, puede demandar el restablecimiento del derecho vulnerado y la reparación del perjuicio causado. Y el art. 259 reza que: Cuando se deduzca acción contra la legalidad de una ordenanza municipal, el pleito será contencioso-administrativo y su fallo corresponderá a la Corte de Justicia. En todos los demás casos en que los actos de las municipalidades, obrando como persona jurídica, dieren origen a acciones civiles, serán judiciales ante los jueces respectivos, como cualquier otra persona civil.
Dicho esto, ingresaré al tratamiento de la cuestión traída a resolver la cual se enmarca dentro del Derecho Ambiental por lo que corresponde tratar en primer lugar la legislación aplicable a la protección del ambiente y luego las potestades de la Administración Municipal en materia tributaria.
En cuanto al encuadre legal, el art. 41 de la CN establece el derecho fundamental de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado, esencial para el desarrollo humano y para asegurar que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las futuras generaciones. Este precepto constitucional establece, además, la obligación de reparar cualquier daño ambiental que se produzca.
La Ley de Política Ambiental N° 25675 Ley General del Ambiente, establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Principios de la política y gestión. Educación e información. Participación ciudadana. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdo federal. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de compensación Ambiental. En lo que aquí atañe el art. 3 establece que: La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizaran para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia. En esa misma línea el art. 4 dispone el principio de responsabilidad estableciendo que, el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan y por último el art. 5 determina que los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley.
Por su parte la Resolución 523/2013 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, enmarcándose así en la Ley N° 25675, resolvió acerca del manejo sustentable de neumáticos. Estableciendo definiciones, y lineamientos, para el desarrollo de una estrategia nacional referida al Manejo Sustentable de Neumáticos en su Ciclo de Vida, particularmente los neumáticos de desechos. En lo que aquí concierne se establece como neumático fuera de uso (NFU) aquel neumático usado cuyo estado de desgaste no reúne las condiciones para seguir siendo utilizado como tal, que es almacenado por el consumidor o usuario final y que mediante un proceso de reconstrucción puede ser reutilizado para su rodamiento. Define al productor del neumático como aquella persona física o jurídica, pública o privada, que fabrique y/o coloque en el mercado, neumáticos y/o lo importe al territorio nacional. Por último, conceptualiza el manejo ambientalmente racional de neumáticos como producto usado, fuera de uso y de CORTE Nº 008/2023
desecho, prescribiendo la adopción de todas las medidas, actividades y procesos posibles para garantizar que los neumáticos se gestionen de manera que queden protegidos el ambiente y la salud humana contra los riesgos o daños que de ellos puedan derivarse y que priorizan los principios de prevención, reducción de fuentes, proximidad, ciclo de vida integrado, responsabilidad extendida del productor y las mejores prácticas y técnicas disponibles ambientales asociadas a su producción, uso, consumo, transformación, valorización (reutilización y reciclaje), tratamiento (desmontaje, desarmado, desensamblado, trituración, valorización) y disposición final.
En igual sentido la Ley N° 5359 de la Provincia de Catamarca de Gestión Integral y Ambientalmente Responsable de los Neumáticos en Desuso, en consonancia con la Resolución 523/2013, tiene por objeto lograr una gestión integral y responsable ambientalmente de los neumáticos en desuso y promueve sistemas de manejo, reciclado y otras formas de valorización.
Por último, la Ordenanza Municipal N° 1283/2022 la cual adhiere a la Ley N° 25675 ley general del ambiente y a la Resolución N° 523/2013 de manejo sustentable de neumáticos de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministro de Gobierno Nacional (art. 1). Asimismo, dispone la habilitación de un lugar que se utilizará como centro de almacenamiento transitorio de los neumáticos fuera de uso, a los fines de su posterior traslado a los gestores en el o los centros de reciclados habilitados, y que cuenten con las autorizaciones pertinentes a nivel provincial, que permita la emisión de certificaciones de disposición final (art. 4). Establece que el generador del N.F.U y el Distribuidor, solidariamente al mismo, deberán pagar una tasa de almacenamiento, traslado y reciclado de N.F.U por unidad conforme a la siguiente progresión: …Neumático O.T.R (Fuera de Ruta). Quedan exentos del pago de la tasa todos los contribuyentes inscriptos en el Registro de Inspección de la Municipalidad, no alcanzando esta excepción a los que inscriptos tengan sus casas matrices o centrales fuera de la Localidad$ 350.000 (art. 5).
5. Establecidos así los principios mínimos de protección ambiental, la fijación de políticas ambientales, conforme a lo consagrado en el art. 41 de la Constitución Nacional, las provincias y las jurisdicciones locales se reservaron el poder de policía.
En su texto impone a las autoridades el deber de proteger activamente este derecho. A nivel nacional, se faculta a la Nación para dictar normas que establezcan los presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las provincias deben complementar estas regulaciones con sus propias leyes, respetando siempre las jurisdicciones locales.
También la Constitución de la Provincia de Catamarca consagró en el art. 252 como atribuciones y deberes del Gobierno Municipal, preservar el sistema ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente, a fin de garantizar las condiciones de vida de los habitantes (inc.9).
A su vez la doctrina asevera que: “… el poder de policía protege es el “orden público,”61 el “bien común,” el “buen orden de la comunidad,”62 etc., comprendiendo allí todas las especies vistas: La “economía pública,” la “seguridad social,” la confianza pública, “el bienestar social,” etc. … Por un lado, que los fines que el Estado puede perseguir con su poder son amplios; no puede hoy día sostenerse que el Estado sólo puede establecer limitaciones a los derechos individuales para proteger nada más que la seguridad, salubridad y moralidad de la población, sino que todo objetivo de bienestar social está comprendido dentro de sus funciones y de sus fines…El art. 14 de la Constitución permite a la ley establecer restricciones a los derechos individuales aunque no se trate de los fines de seguridad, salubridad y moralidad; a su vez, la administración a) no puede proteger por sí esos tres bienes mediante restricciones a los derechos individuales si la ley no la faculta para ello y b) puede proteger otros bienes que los señalados, CORTE Nº 008/2023
si la ley la autoriza. (GORDILLO, A. (2014) Tratado de derecho administrativo y obras selectas, (10º ed. T. 2, p.211-212) Recuperado de (https://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo5.pdf ).
Asimismo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, parte general-, tomo 2 Ediciones Macchi pag. XII-19 asevera que: “La restricción de los derechos individuales está a cargo del Congreso y no de la administración ya lo deducimos del art. 14 de la Constitución en cuanto dice que los derechos están sometidos “a las leyes” que reglamentan su ejercicio. Sigue diciendo que “resulta que hoy en día que en lugar de que la moción sirva para proteger a los individuos, hay que proteger a los individuos contra la “moción”, analizando y remarcando las “limitaciones al poder de policía”, las “garantías individuales..” pág XII-24. “El orden jurídico no confiere a la administración ningún poder de policía genérico e indeterminado que lo autorice a actuar en ausencia de ley…la supresión de la noción de poder de policía, y por lo tanto de la posibilidad de que la administración actué sin fundamentación legal, es por consiguiente una posición que encaja y se adecua perfectamente a los principios del estado de derecho…pág. XII- 26. Cuando en un caso concreto la fundamentación normativa es deficiente, o no la hay, casi siempre es dable ver como se recurre accesoriamente a la noción de poder de policía, pretendiendo fundar allí lo que no se pudo apoyar en norma expresa alguna… pág. XII-27. El congreso está facultado por la Constitución Nacional para reglamentar los derechos individuales (art. 14), siempre que no los altere (art. 28), lo que no quita que los restrinja en alguna medida para hacerlos compatibles con los derechos de los demás (fallos, t.136, p. 161, cita)…para interpretar si una ley es constitucional o no al reglamentar en un determinado caso un derecho individual, deberá analizarse si la misma interpreta razonablemente o no lo que dispone la constitución; si “altera”, en buen sentido común, el contenido del derecho de que se trata; si destruye el equilibrio constitucional previsto por nuestros constituyentes entre los poderes del estado y los derechos de los individuos…pág. XII-32).
Tales potestades incluyen, la función normativa, preventiva, fiscalizadora y sancionatoria, como también la de recomposición del daño ambiental (art. 41 del la CN). En este marco normativo se le impone al estado un rol activo en la protección del medio ambiente como bien colectivo, reconociendo el carácter de interés público, lo cual justifica y exige una actuación inmediata, eficaz proporcional frente a cualquier afectación.
La vinculación entre la autonomía y el poder de policía reside, en que las facultades que constituyen el contenido de esta prerrogativa hacen a las esferas de gobierno que la Constitución ha creado: Nación, provincias y municipios. Pero este poder tiene limitaciones, las normas sustentadas en él serán antijurídicas si repugnan a algún principio constitucional, o incurren en contradicción con el texto o el espíritu de la Constitución -Nacional o provincial- o las leyes que en su consecuencia se dicten.
"Así concebido, como función normativa reglamentaria este poder es ejercido dentro de sus respectivas atribuciones por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y también por las municipalidades mediante la sanción de leyes, decretos y ordenanzas respectivamente. SCJBA causa I. 1983, “Copetrosa c/Municipalidad de Ensenada”.
Que en virtud de los principios citados, corresponde reconocer a las administraciones públicas, tanto nacionales, como provinciales y municipales, la potestad-deber de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental dentro de sus competencias.
El poder de policía municipal, caracterizado como una potestad jurídica para limitar la libertad de acción o el ejercicio de determinados derechos individuales con la finalidad de asegurar el interés general, y en la medida en que la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales, asegurando que todos los individuos gocen de la CORTE Nº 008/2023
efectividad de sus derechos en igual forma y extensión.
La regulación de los derechos necesariamente deriva de la vida en comunidad y debe propender a su bienestar, y también encuentra su límite, en los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad e intimidad, que la actividad del Estado debe preservar. De Pascale, Gabriel, El Poder de Policia Tributario Municipal en Materia de Servicios Públicos, Revista de Derecho Público 2005-1 Derecho Municipal, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 116.
Entre las facultades del poder de policía que se le otorga al municipio se encuentra el ejercicio de la potestad tributaria municipal la cual debe enmarcarse estrictamente en el principio de legalidad, lo que implica su sujeción a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes provinciales y, por ende, su materialización a través de las correspondientes ordenanzas.
La doctrina mayoritaria entiende que en materia tributaria rige “el principio de reserva de ley en materia tributaria” la cual debe regularse por ley formal que emane del Congreso, siendo un límite al poder reglamentario de la administración (Jose Osvaldo Casas, Giuliani Fonrouge, Amoros Dino Jarach, Carlos Maria Giuliani).
En este orden de ideas entiendo que la Municipalidad de Belén mediante la Ordenanza N° 1283/2022 se extralimitó en sus facultades, bajo el pretexto de la facultad del poder de policía, al imponer, de forma discrecional y arbitraria, al generador o productor y no a cualquiera de los otros eslabones de la cadena de consumo, la responsabilidad del pago de la tasa municipal por los neumáticos fuera de uso.
La misma violenta el art. 14 de la CN, al establecer la imposición de una tasa en materia de responsabilidad extendida del generador al estadio posterior al ciclo de vida del producto. Es indiscutible el poder de policía municipal para legislar sobre medidas de gestión de protección en cuestiones ambientales, pero en ejercicio de su poder tributario, el cual se limita a la normativa derivada de la constitución y las leyes nacionales y provinciales, respectivamente, no puede imponer el pago de una tasa a un sujeto cuya responsabilidad no está determinada por la ley; violentando el principio de legalidad consagrado de manera general en el art. 19 de la CN.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación-con cita de Jarach- afirmó que “el primer principio fundamental del Derecho Tributario Constitucional, lo que podríamos llamar 'la partida de nacimiento' del Derecho Tributario, es el principio de legalidad, principio análogo al que rige en el Derecho Penal-si bien sus fundamentos son tal vez distintos- llamado también principio de reserva de ley (Jarach, Dino: Curso de Derecho Tributario, Ediciones Cima, 1980, p. 75)”2. Y su relevancia es tal por cuanto la posibilidad de fijar contribuciones por el poder de imperio del Estado a sus ciudadanos pone en juego el derecho de propiedad. Ante ello la necesidad de que el Poder Legislativo sea quien-en un espacio deliberativo, representativo de las mayorías, minorías, y del sistema federal, al cual le corresponde proveer lo conducente para perseguir el progreso del país y el desarrollo humano- establezca los tributos. Este principio hace a la previsibilidad de las reglas en materia impositiva3 y debido a ello se ha sostenido que “la primera consecuencia resultante de la aplicación de este principio es que si no hay tributo sin ley, esta ley debe ser previa o anterior al hecho imponible (Bidart 1 Para un análisis exhaustivo ver Casás, José Osvaldo “Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente. A partir del principio de reserva de ley tributaria” Buenos Aires, Ad-Hoc, 2002. 2 CSJN, Fallos 323:3770 3 CSJN, Fallos 329:1568 Campos, Manual de la Constitución reformada. Ediar. Buenos Aires, 1998, pág 167)”4.
Principio de reserva de ley. Fundamento Debemos preguntarnos cuál es el fundamento de este principio que en nuestra Constitución Nacional se encuentra presente centralmente en los artículos 17 y 75. Hensel enseñaba que un sistema tributario ordenado sobre el concepto del estado de derecho, “debería CORTE Nº 008/2023
realizar de modo absoluto y desde todo punto de vista el principio 'ninguna imposición sin ley', donde se quiera seguir estrictamente el concepto tradicional del estado de derecho”5. Rosembuj, al abordar la cuestión, realiza un primer acercamiento respecto a su fundamento y señalaba que “la legalidad tributaria […] tiene por fundamento establecer una sólida barrera contra todo acto de autoridad del poder público, tendiente a limitar la libertad patrimonial de los particulares”6 y agregaba que “la reserva de ley da una connotación particular a la prestación tributaria, no sólo en el sentido implícitamente sostenido que la materia esté sujeta a un tratamiento diferenciado respecto a las restantes materias legisladas, sino en cuanto a que la reserva de ley está dirigida a garantizar la propiedad de los particulares, 4 CSJN, “Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones Y Pensiones S.A. c/ Salta, Provincia de s/acción declarativa”, N. 197. XXXVII. ORI, sentencia del 7 de febrero de 2006. 5 Hensel, Albert, Derecho Tributario, Buenos Aires, Nova Tesis, 2004, pág. 117. 6 Rosembuj, Tulio Raúl, El hecho de contribuir, Buenos Aires, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1975, pág. 52 (Coronello, S. Plata M. S., Sanz, J.M., Rodriguez Oliva, M.L. (septiembre 2024. La igualdad como valor. Principio…Revista Debates de Derecho Tributario y Financiero(13),373-400) revista-Tributario-Ed0013 PDF (www.derecho.uba.ar).-
Pues la norma impugnada tiene un defecto de origen y resultaírrita del principio de reserva legal al contradecir los arts. 4º, 17, 52, 75 inc. 1º y 2º, y 99 inc. 3º de la Constitución Nacional, hallándonos frente a un tributo que, mas allá de su encuadramiento infraconstitucional, ha sido establecido mediante un mecanismo que se halla a extramuros de la única forma que la Carta Magna prevé, es decir, mediante una ley formal. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-Jurado Golf S.A. c/ En Dga Resol 433/07 (ADEZ) s/Dirección General de Aduanas J. 118. Xlvi. Rex 01/11/2011 Fallos: 334:1198.
“Por último vemos que la función garantista de la libertad y de la propiedad cobra sentido en tanto se tenga en claro que los derechos comprometidos constituyen algo fundamental, desde que la libertad y la propiedad son derechos naturales preexistentes a la aparición del Estado. Si bien es cierto que sin recursos no hay gobierno, la tutela del derecho de propiedad frente a los desbordes y abusos del Fisco, reclama levantar una valla infranqueable que habrá de tutelar no solamente el mencionado derecho, sino aquello que Segundo V. Linares Quintana dio en denominar la libertad fiscal.
En línea con esa idea podemos citar a García Belsunce quien entendía que el principio de legalidad “encuentra su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan restricciones a ese derecho, ya que en su virtud se sustrae a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares y en el estado de derecho, ello no es legítimo si no se obtiene por decisión de los órganos que en las formas republicanas de gobierno representan la soberanía popular. Su fundamento podemos encontrarlo en el mismo artículo 19 de la Constitución Nacional que preceptúa que 'Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe” (Coronello, S. Plata M. S., Sanz, J.M., Rodriguez Oliva, M.L. (septiembre 2024. La igualdada como valor. Principio…Revista Debates de DerechoTributario y Financiero, (13), 373-400) revista-Tributario-Ed0013 PDF) (www.derecho.uba.ar).
Dicho esto, de las actuaciones resulta evidente que la municipalidad demandada avasalló el derecho constitucional de la propiedad consagrado en el art. 17 de la CN al hacer pesar sobre la cabeza del productor o generador la responsabilidad extendida por los neumáticos fuera de uso (NFU), sin que exista una legislación o regulación legal en materia de responsabilidad, la cual se encuentra en proyecto de ley en tratamiento, violentando así el principio de legalidad tributaria, materia de carácter federal. Que bajo la facultad del poder de policía se restrinjan derechos garantizados constitucionalmente como el derecho de CORTE Nº 008/2023
propiedad.
Al respecto la Ordenanza Nº 1283/2022 tomó como antecedente la Ley General de Medio Ambiente y la Resolución N° 523/2013 la cual solo definió al productor y exhortó a priorizar los principios de prevención…responsabilidad extendida del productor y las mejores prácticas…, por lo que entiendo que mal puede aplicarse a los fines de fundar la fijación de una tasa una resolución administrativa de una Secretaria del estado.
Al respecto la jurisprudencia ya se ha manifestado: “…que los presupuestos plasmados en tal resolución fueron captados por un proyecto de ley que aún no obtuvo sanción en el Congreso nacional, por lo que debe informarse que a la fecha no existe legislación vigente, específica y regulatoria de la problemática de los neumáticos fuera de uso, que permita ser invocada para resolver el presente caso. Dicha aclaración es necesaria dado que se está analizando la legitimidad de una tasa municipal, y las partes invocan en sus argumentos reglas y principios que surgen, dicen, de las constituciones nacional y provincial y de leyes y resoluciones, pero debe advertirse que la validez de esas reglas y principios solo son aplicables si fueron positivizadas, lo que no ocurre en el caso, como se expuso, pues solo existe un proyecto no sancionado” Michelin Argentina SAICYF c/ Municipalidad de Macachin s/ demanda contencioso administrativa, La Ley ar/Jur/3843/2025.
Ahora bien en relación a la tasa para De Juanjo, es “el recurso derivado consistente en la suma de dinero que se cobra por el sujeto activo de la obligación tributaria (sea la Nación, las provincias, las comunas o las entidades autárquicas) a las personas que se benefician particularmente por la prestación de un servicio público divisible, coactivo o libre, por el reconocimiento de una ventaja diferencial basada en la concesión de un beneficio o por el uso del dominio público a través de un medio especial”.
“El hecho imponible de la tasa esta dado “por la prestación de un determinado servicio y concreto que le efectuara” y se caracteriza en cuanto al monto en que éste debe guardar relación directa con el costo del servicio que se presta (CSJN, fallos 201:545; 225:688; 234:663 Villegas Basavilbaso ob. Cit. T.III p. 182).
De la prueba agregada en autos surge con claridad meridiana, que el hecho imponible causante de la imposición de la tasa no quedó acreditado por elemento de prueba alguno.
En primer lugar, porque si nos remitimos a la constatación practicada por la Escribana Isasmendi en el Centro de Almacenamiento de la ciudad de Belén y de las placas fotográficas tomadas en esa oportunidad con fecha 05/08/2022, dan cuenta de la existencia de gran cantidad de cubiertas de máquinas mineras aproximadamente 60 neumáticos acopiados de gran tamaño, no constando la existencia de neumáticos de otro tipo de vehículos; mientras que el abogado apoderado del Municipio sostiene que la actora es responsable por los neumáticos que se recogen entre los residuos, sin precisar de donde recogen los neumáticos que hacen a la actividad minera que dieron origen a las liquidaciones.
Por otro lado, los exptes en los cuales se dictaron los Decretos cuestionados, conforme el informe de la Municipalidad no se encuentran en el ámbito del Municipio, en consecuencia, no podemos determinar la identificación de los neumáticos por los que se habría generado la liquidación de la tasa municipal. Tampoco se acreditó quien se encargó de la recolección, traslado y almacenamiento hasta el Centro de Almacenamiento.
En cuanto al servicio de desnaturalización de los neumáticos fuera de uso, tampoco pudo ser acreditado, toda vez que no se cuenta con los certificados de disposición final del neumático fuera de uso, que conforme constancia de la Escribana el abogado apoderado del Municipio ante el requerimiento del abogado de la actora se desentendió de la cuestión atribuyendo a la empresa Newco S.R.L. CORTE Nº 008/2023
dicho trámite.
Por su parte la Municipalidad de Belén no ofreció prueba alguna que haga a su defensa, como ser el contrato suscripto con Newco S.R.L. ni la facturación y pagos por parte del Municipio, tampoco acompaña actuaciones penales ni administrativas a las que hace referencia en sus alegatos, tendiente a dilucidar todas las cuestiones irregulares que informa, como ser que los exptes. en los que se tramitó las diferentes liquidaciones, no se encuentran en el ámbito de la Municipalidad.
En consecuencia, entiendo que la tasa ha quedado desnaturalizada al no probarse la real prestación del servicio por lo que la tasa es ilegítima.
En éste mismo sentido se ha manifestado el abogado apoderado de la Municipalidad en sus alegatos cuando expresamente reconoce (fs. 324 vta.): “…Que entiende esta gestión y luego del análisis jurídico de la cuestión traída a decisión administrativa, que como otras situaciones que han ido saliendo a la luz en el Municipio, el intento de cobro de tasas municipales a la actora, probablemente constituyó una situación fraudulenta creada y organizada por la gestión anterior y una empresa local, que curiosamente realiza doble carga de facturación en la zona, al Municipio de la Ciudad de Belén y a la Empresa Minera. Es por ello, que oportunamente se solicitó la citación de dicha empresa "Newco S.R.L.", que tiene domicilio legal en calle Esquiú 340 de esta Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y opera con los neumáticos en desuso, en el domicilio de Ruta 40 s/n dentro del ejido urbano de la Ciudad de Belén - CTCA-., en calidad de tercero dentro del presente pleito, lo cual no contó con la indulgencia judicial”.
Continúa diciendo a fs. 325 vta. “…En principio aparecería como ilegitimo imponer el pago de una tasa a un contribuyente que no tiene presencia física o material en el ejido comunal, pues no existe posibilidad de realizar la contraprestación base y sustento legal de una tasa municipal”.
Por otro lado, refiere (fs. 326) “La Ordenanza…en principio aparenta no ajustarse a la normativa de la C.N., ni provincial, ni a las leyes inferiores sustentadas en ambas. Presumiblemente, se habría avanzado ilegítimamente en la materia extendiendo la responsabilidad en el carácter de sujeto pasivo a la empresa productora de neumáticos recurrente, que sería ajena a la jurisdicción municipal y sin que se verifique un hecho imponible en la misma que justifique la prestación de un servicio efectivo, individualizando al fabricante, ni consta (por lo menos para la presente gestión Municipal ) que desarrolle actividad alguna en jurisdicción municipal, que le otorgue competencia para imponer una tasa especifica al fabricante para el financiamiento del sistema de disposición final de neumáticos fuera de uso”.
6. Por todo ello corresponde declarar la ilegitimidad de la Ordenanza Nº 1283/2022 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Belén, como también de las Liquidaciones N° 00004847-001, N° 00005114-001, N° 00005228-001 y la nulidad de los decretos 192/2022,195/2022 y 196/2022.
Conforme se resuelve resulta inoficioso el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas por la actora.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministra Dra. Saldaño, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Martel dijo:
Comparto los fundamentos vertidos en el voto que inaugura el presente acuerdo en relación a la ilegitimidad de la Ordenanza N° 1283/2022. Sin perjuicio de ello, considero inconstitucional la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Belén, al legislar sobre responsabilidad civil y responsabilidad solidaria -en el caso, de fabricantes y generadores de neumáticos-, extendiendo y CORTE Nº 008/2023 modificando los parámetros determinados por el Código Civil y Comercial de la Nación en la materia, a los fines de crear una tasa tributaria sobre la base de dicha extensión de responsabilidad. Tratándose de una competencia innegablemente ajena al Municipio, la Ordenanza impugnada vulnera las disposiciones del art. 75 inc. 12 de la CN respecto de las facultades legislativas delegadas al Congreso Nacional, tornando en inconstitucional la tasa creada bajo tales condiciones.
Los presupuestos que se enuncian en la Resolución N° 523/2013 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no han sido, a la fecha, plasmados o regulados por una ley nacional, con aptitud suficiente para modificar el marco normativo vigente en materia de responsabilidad civil. Al respecto, el Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, en el análisis de una tasa de idéntico tenor a la que nos ocupa, concluyó “que si bien es innegable la competencia municipal para adoptar normas que colaboren con la protección del medio ambiente, se extralimita el Municipio legislando sobre materias que van más allá de la tutela ambiental permitida, como responsabilizar al productor/importador para obtener una contribución para el destino post consumo de los neumáticos fuera de uso, temática que aún a nivel nacional no está legislada ni regulada” (STJ La Pampa, sala C, “Michelin Argentina SAICyF c. Municipalidad de Macachín s/ Demanda contencioso administrativa, 17/03/2025; LL Online, AR/JUR/38343/2025”).
Sin perjuicio que lo expuesto basta para determinar la invalidez constitucional de la Ordenanza Municipal en análisis; cabe también considerar que, como expone en su voto la Dra. Saldaño, de las constancias del expediente no se desprende la prestación de servicio alguno por parte del Municipio que justifique la creación de la tasa de almacenamiento, traslado y reciclado de neumáticos fuera de uso -NFU-, violentando consecuentemente la protección constitucional dispuesta en el art. 17 de la Carta Magna.
En ese sentido, el máximo Tribunal Nacional en innumerables precedentes detalló que “al cobro de la tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado de un contribuyente” (Fallos 312:1575). “El requisito fundamental respecto de las tasas, es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio … ” (Fallos 347:653).
Consecuentemente, considero que debe declararse la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 1283/2022 del Municipio de la ciudad de Belén y, la nulidad de las liquidaciones administrativas determinadas contra la actora en función de dicha norma. Así voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Figueroa Vicario dijo:
Adhiero a la relación de causa y a la procedencia de la acción, que propone al pleno, el voto inaugural de la Sra. Ministra, Dra. Rita V. Saldaño .
A mayor abundamiento y en lo que respecta a tasa municipal, digo:
I. La doctrina desde antaño, donde podemos incluir al maestro Rafael Bielsa (Derecho Administrativo, T. IV, Buenos Aires. 1937, p. 578 y sgtes.) enseña que, tasa es la cantidad de dinero que percibe el Estado en virtud y con motivo de la prestación de un determinado servicio o un uso público, o de una ventaja diferencial, proporcionado por ese servicio o uso.
García Vizcaino Catalina (Derecho Tributario, t.I., Depalma, Buenos Aires,p-99) identifica a la tasa municipal , como toda prestación obligatoria, en dinero o en especie que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de una ley, por un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al pago.
En definitiva, la doctrina es conteste en señalar que la obligación de la tasa tiene su presupuesto en el hecho que deba producirse la prestación de un servicio público que concierne personalmente al obligado.
II. La CSJN, desde el fallo Compañía Química c/ Municipalidad de Tucumán (Fallos: 312: 1575) sin perjuicio de haber afirmado con anterioridad el alto Tribunal (Fallos: 236: 22, entre otros) que un requisito fundamental respecto de las tasas, que el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado. Idem Laboratorios Raffo SA c/ Municipalidad de Córdoba, del 23/06/2009, agrega que la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Alto Tribunal vuelve a reiterar, el concepto de la efectiva prestación del servicio, en el Fallo Esso Petrolera SRL y Otro c. Municipalidad de Quilmes (Fallos: 344:2123) y que tantoÁbalos María Gabriela, en un trabajo publicado en LA LEY 18/11/2021, 5 y Spisso Rodolfo R., publicado en IMP-Práctica PROFESIONAL 2021-cix, 73, haciendo un análisis del fallo de Esso Petrolera, y sin perjuicio de las disidencias en cuanto a la cuantificación del Tributo, coinciden que la efectiva prestación de un servicio individualizado en el contribuyente es un elemento esencial para justificar la validez de la imposición de una tasa.
En igual sentido, el Tribunal cimero, en causa Gasnor S.A c/ Municipalidad de La Banda (Fallos: 344:2728) ratifica los anteriores precedentes, indicando que la contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones, pues son estos servicios los que permiten a las municipalidades gravar a los contribuyentes que se benefician con ellos sin violar con ello la Constitución Nacional; la excesiva latitud en la caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear.
En causa Granja Tres Arroyo SACAFEI c. Municipalidad de Rio Cuarto, de fecha 03/08/2023, la Corte Nacional, señala que todas las tasas deben derivar de la prestación de un servicio fundado en una incumbencia propia de los Municipios; así la manifestación del poder de imposición local sigue y presupone a un legitimo ejercicio de esas atribuciones, de lo contrario, ante una competencia de titularidad municipal ejercida contra la Constitución, la tasa será invalida no ya por ausencia de prestación del servicio que la justifique, sino como derivación de un hecho imponible viciado.
Concluyo el recorrido doctrinario y jurisprudencial, con Western Unión S.R.L. c. Municipalidad de Merlo, de fecha 10/04/2025 (Fallos: 348:267) donde el superior Tribunal de la Nación, puso el foco en reiterar que el Tribunal ha caracterizado a la tasa como una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que consiste en el desarrollo de una actividad que atañe al contribuyente y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este se encuentra constreñido a su pago aun cuando no haga uso o no tenga interés en el, ya que tiene en miras el interés general. Y para el caso concreto, el Tribunal concluyó que el Municipio no ha demostrado que las actividades comerciales que se desarrollan en los locales aquí involucrados requieran la puesta a disposición de un servicio estatal, diferenciado en su naturaleza o intensidad del que ya se brinda en dichos comercios y por el que el Municipio percibe el Tributo correspondiente. Dicho de otro modo, no se ha acreditado en autos que las actividades de la parte actora requieran un servicio municipal diferente del ya prestado.
CORTE Nº 008/2023 III.- La caracterización de la tasa, como la contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio, y su ausencia, en el sentido de que la pretensión municipal de percibir una suma de dinero por una tasa que no retribuye un servicio efectivamente prestado, queda desnaturalizada, siendo su pago improcedente (Hidroeléctrica Tucumán S.A. c/ Tucumán Provincia, fallo del 11/06/2002).
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Gómez dijo:
Convocada a emitir voto, en quinto término, conforme acta de sorteo de fs.339, adhiero a la relación de causa efectuada por el voto inicial, por la Sra. Ministra Dra. Rita V. Saldaño, y, en un mismo sentido, comparto el resultado arribado, debiendo declararse la ilegitimidad de la Ordenanza Nº 1283/2022 dictada por la Municipalidad de Belén y, en consecuencia, la nulidad de las liquidaciones de determinación de la tasa impugnadas por la parte actora.
Dicho ello, me permito recordar lo oportunamente expuesto en los autos Corte Nº 075/2018 "INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA S.A. Y COARCO S.A. - c/ MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO - s/ Acción Contencioso Administrativa", en relación a las cuestiones aquí analizadas: “Partiendo de la premisa que "la determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o conjuntos de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación.", siendo el acto de determinación efectuado por la autoridad fiscal "… un acto administrativo unilateral, ya que, por su naturaleza, responde a la actividad espontánea de ella en sus funciones de poder público. (…) Como acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (…)". (Fonrouge, Derecho Financiero, volumen I, 7º edición, Depalma, 2001, págs. 537 y 561).
A su vez, “Respecto a la naturaleza jurídica de la contribución citada, es imprescindible establecer la misma, para determinar cuál es el hecho imponible, el obligado al pago, y, si cumple con los recaudos esenciales del tipo tributario base la de la determinación fiscal. (…) Ello así, cabe recordar lo dicho por la CSJN: “Esta Corte ha caracterizado a la tasa como una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al contribuyente y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este se encuentra constreñido a su pago aun cuando no haga uso o no tenga interés en él, ya que tiene en mira el interés general (Fallos: 251:50; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332:1503, CSJ 1533/2017/RH1 “ESSO Petrolera SRL y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa”, sentencia del 2 de septiembre de 2021, entre otros). La atribución de los municipios para crear una tasa, entendida como un recurso de naturaleza coactiva, con fuente legal, regido por el Derecho Público, se encuentra sujeta a las siguientes pautas: a) la definición clara y precisa del hecho imponible y la individualización de los servicios o actividades que se ofrecen; b) la organización y puesta a disposición del servicio, acto o bien al contribuyente, pues de lo contrario el cobro carecería de causa importando un agravio al derecho de propiedad del contribuyente (doctrina de Fallos: 312:1575, cit.); y c) la adecuada y precisa cuantificación del tributo, debiendo para ello la autoridad fiscal ponderar prudencialmente, entre otros parámetros, el costo global del servicio o actividad concernido (Fallos: 201:545; 225:688) y la capacidad contributiva del contribuyente (CSJ 1533/2017/RH1, “ESSO Petrolera y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso administrativa”, sentencia del 2 de septiembre de 2021, citado).-
CORTE Nº 008/2023 Que, “Conforme lo expuesto, se torna ineludible acreditar que el servicio, que establece la norma local haya sido efectivamente prestado por la municipalidad para que cumpla con la legalidad exigida conforme los lineamientos fijados por la CSJN: “La excesiva latitud en la caracterización de los servicios que las tasas municipales pretenden gravar convierte a dichas tasas en tributos que los municipios están inhibidos de crear. El juez Belluscio así lo ha expresado en su voto concurrente en Fallos: 312:1575 al sostener que la excesiva latitud en la determinación de los servicios que las tasas pretenden retribuir al no discriminar debidamente los servicios cuya manutención solicita, contrarían el principio de legalidad tributaria, pues posibilitan “la eventual recaudación de los fondos para una finalidad ajena a la que presuntamente le habría dado origen”. Es por ese motivo que, ante normas que realizan la descripción del hecho imponible en términos excesivamente amplios se acrecienta la obligación de demostrar la efectiva prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado (conf. arg. Fallos: 331:2406, considerando 12) (SD Nº3/2023).
Que, conforme constancias obrantes de autos, lo expuesto precedentemente y en razón a que la tasa retributiva creada por la Ordenanza impugnada no contiene los recaudos establecidos legalmente para su validez, esto es la carencia de competencia del emisor para imponer el pago a la parte actora -fabricante de los neumáticos-, quien se encuentra fuera de la jurisdicción municipal y, a su vez, la ausencia de la efectiva prestación de un servicio, que lo justifique, como contraprestación a la misma, comparto que debe hacerse lugar a la demanda, debiendo declararse la ilegitimidad de la Ordenanza Nº 1283/2022 dictada por la municipalidad de Belén y, en consecuencia, la nulidad de las liquidaciones de determinación de la tasa impugnadas por la parte actora.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Bracamonte dijo:
I. Que, convocado a emitir mi voto en sexto término conforme al acta de sorteo obrante a fs. 339, adhiero al voto inaugural de la Sra. Ministra Dra. Rita V. Saldaño, haciendo míos tanto la relación de causa cuanto el encuadre jurídico del sub lite y la solución que propone al acuerdo, esto es, declarar la ilegitimidad de la Ordenanza Nº 1283/2022 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Belén y, en consecuencia, la nulidad de los Decretos Nº 192/2022, 195/2022 y 196/2022, como así también de las liquidaciones de determinación de la tasa impugnadas por la parte actora.
Sin perjuicio de ello, considero oportuno adicionar algunas precisiones que, sin alterar el hilo argumental ni el sentido decisorio del voto al que adhiero, contribuyen a reforzar la conclusión a la que se arriba, particularmente en lo que concierne al alcance del pronunciamiento y al fundamento que estimo dirimente para sellar la suerte del tributo.
II. No obstante, si bien coincido con el resultado propiciado en el primer voto, estimo conveniente precisar por qué entiendo que la vía adecuada para resolver la contienda es la declaración de ilegitimidad de la Ordenanza -y no, como con sólidos argumentos propone el voto del Dr. Martel, su inconstitucionalidad por confrontación con el artículo 75º, inciso 12, de la Constitución Nacional-, sin que ello importe disenso alguno en cuanto a la suerte de la pretensión.
En tal sentido, cabe recordar que la ilegitimidad constituye el género y la inconstitucionalidad su especie más grave.
Una norma o un acto resultan ilegítimos cuando contradicen el bloque de legalidad en cualquiera de sus estratos -la Constitución, pero también la ley, los principios generales y, tratándose de tributos, los recaudos esenciales que hacen a su validez como tales-; la inconstitucionalidad, en cambio, supone la colisión directa e insalvable con la Ley Fundamental y configura, conforme inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ultima ratio del orden jurídico, a la que solo cabe acudir cuando la cuestión no puede ser resuelta CORTE Nº 008/2023
por otra vía.
Así las cosas, advierto que en el sub lite el reproche dirimente sobre el que convergen los votos que anteceden -esto es, la ausencia de un servicio efectivamente prestado que opere como causa de la tasa- encuentra adecuada respuesta en el plano infraconstitucional, propio de la teoría del tributo y del acto administrativo, sin que resulte menester ingresar al examen del deslinde de competencias en materia de responsabilidad extendida del productor.
En efecto, comprobada la falta de aquel presupuesto de hecho, la Ordenanza queda descalificada por su contradicción con los recaudos esenciales que condicionan la validez del tributo, sin necesidad de confrontarla de modo directo con la Carta Magna.
III. Sentado lo anterior, cabe destacar que la tasa es la especie tributaria cuyo presupuesto de hecho consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe de modo individualizado al obligado, de lo que se sigue que a su cobro debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado del contribuyente.
Tal exigencia constituye doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el precedente “Compañía Química c/ Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575), reiterada en “Laboratorios Raffo S.A. c/ Municipalidad de Córdoba” (Fallos: 332:1503), “Esso Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes” (Fallos: 344:2123), “Gasnor S.A. c/ Municipalidad de La Banda” (Fallos: 344:2728) y “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.E.I. c/ Municipalidad de Río Cuarto” (sentencia del 3 de agosto de 2023).
Faltando aquella contraprestación, el tributo carece de causa y deja de ser tasa para convertirse en un impuesto encubierto, ilegítimo por su desnaturalización.
Importa subrayar que esta conclusión no exige negar la legitimidad de los fines ambientales invocados por el Municipio (artículo 41º de la Constitución Nacional, Ley Nº 25.675, Ley provincial Nº 5359 y artículo 252º, inciso 9, de la Constitución de Catamarca), pues, aun concediendo en su totalidad esa premisa, la tasa igualmente resulta ilegitima por la ausencia comprobada de prestación, pues el poder de policía ambiental podrá fundar reglamentaciones y deberes de gestión, mas no suplir, en el ejercicio del poder tributario, la inexistencia del hecho imponible propio de una tasa.
IV. A lo expuesto se añade un extremo de decisiva gravitación en el plano probatorio, sobre el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en su composición actual.
En efecto, en autos “Aeropuertos Argentina 2000 S.A. c/ Comuna de Delfín Gallo y otro” (causa FTU 205/2008/1/RH1, sentencia del 15 de abril de 2025), el Alto Tribunal -haciendo suyo el dictamen de la Procuración General- estableció que, frente a la negativa del contribuyente de haber recibido servicio alguno, es la comuna quien se encuentra en mejores condiciones de acreditar -si así hubiera ocurrido- la prestación de los servicios cuyo cobro pretende (con cita de Fallos: 319:2211, considerando 5º), descalificando como acto jurisdiccional válido a la sentencia que convalida el tributo sin esa acreditación, por sustentarse en un fundamento solo aparente (Fallos: 322:2415).
Trasladada dicha directriz al caso de autos, la conclusión se refuerza en tanto no era la actora quien debía probar la inexistencia del servicio, sino el Municipio su efectiva prestación.
V. En este orden de ideas cabe poner de resalto que el criterio expuesto se corresponde con el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Western Union S.R.L. c/ Municipalidad de Merlo” (Fallos: 348:267, sentencia del 10 de abril de 2025), cuyo núcleo -la exigencia de un servicio diferenciado en su naturaleza o intensidad, no acreditado por el Municipio- ha sido ya desarrollado en el voto del Dr. Figueroa Vicario, a cuyas consideraciones CORTE Nº 008/2023 adhiero.
Por lo expuesto, y las concordantes consideraciones de los votos a los que presto adhesión, me pronuncio por declarar la ilegitimidad de la Ordenanza Nº 1283/2022 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Belén y, en consecuencia, la nulidad de las liquidaciones Nº 00004847-001, Nº 00005114-001, y Nº 00005228-001, y de los Decretos Nº 192/2022, 195/2022 y 196/2022.
Conforme la solución que se propicia, deviene inoficioso el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas por la actora.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro Dr. Bracamonte, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Saldaño dijo:
Costas a la vencida
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:
Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una vez más adhiero al voto de la Dra. Saldaño votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Martel dijo:
Costas a la vencida. Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Figueroa Vicario dijo:
Costas a la Municipalidad vencida. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Gómez dijo:
Costas a la vencida. Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Bracamonte dijo:
Finalmente, adhiero a la solución propuesta en materia de costas, las que corresponde imponer a la demandada vencida, por no advertir mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota. Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Que conforme el modo de resolución de la cuestión planteada, una vez más adhiero al voto del Dr. Bracamonte votando en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el Acto, quedando acordada la siguiente Sentencia, doy fe.
Fdo.: Dres. Néstor Hernán Martel (Presidente -Según su voto-), Fabiana Edith Gómez (Ministra), Rita Verónica Saldaño (Ministra), Jorge Rafael Bracamonte (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro), Maria Fernanda Rosales Andreotti (Ministra), Carlos Miguel Figueroa Vicario (Ministro), Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
CORTE Nº 008/2023
San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de octubre de 2026
El Acuerdo de Ministros que antecede y,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Hacer lugar a la Acción Contencioso Administrativa promovida por Bridgestone Argentina S.A.I.C. en contra de la Municipalidad de Belén. En consecuencia, declarar la ilegitimidad de la Ordenanza Nº 1283/2022 dictada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Belén y la nulidad de los Decretos Nº 192/2022, Nº 195/2022 y Nº 196/2022 y de sus respectivas Liquidaciones administrativas N° 00004847-001, N° 00005114-001 y N° 00005228-001.
2. Imponer las costas a la demandada que resulta vencida.
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
4. Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.
Fdo.: Dres. Néstor Hernán Martel (Presidente -Segun su voto-), Fabiana Edith Gómez (Ministra), Rita Verónica Saldaño (Ministra), Jorge Rafael Bracamonte (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro), Maria Fernanda Rosales Andreotti (Ministra), Carlos Miguel Figueroa Vicario (Ministro), Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).-
Fin de la sentencia