Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 13742625-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
10805/2024 “BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC (TF 13742625-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, septiembre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, por resolución del 21/2/24, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución RESOL-2022-494-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM dictada por el director (int.) de la Dirección Aduana de Buenos Aires en las actuaciones administrativas SIGEA 19144-4989-2019, en cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en concepto de derecho de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación al permiso de embarque 18001EC01066097R.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
La mayoría distribuyó las costas por su orden. Entendió que la actora pudo tener motivos para litigar, fundándose en lo que establecen la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. pp. 229-233 de la versión digital del expediente TF 13742625-A, remitida con el oficio del 14/6/24).
2. Que, disconforme, la actora interpuso apelación el 10/4/24, que se fundó el 12/4/24, se concedió el 16/4/24 y fue replicada el 29/4/24 (v. pp. 239,244-272, 291 y 304- 331, expte. cit.).
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Por otra parte, planteó que el plenario al que remitía la resolución no fijaba doctrina legal unívoca, ya que los vocales firmantes arribaron a una misma conclusión por diversos argumentos; todo lo cual le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
3. Que, por otra parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación con respecto a la condena en costas el 16/4/24, que se concedió ese mismo día y fue replicada por su contraria el 22/4/24 (v. pp. 277-286, 291 y 294-300, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
4. Que, el 14/8/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851- A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 21/2/24, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 —que otorgó rango legal a su contenido—, y admitir la devolución de los importes abonados por tal concepto con relación a la destinación de exportación 18001EC01066097R (oficializada el 13/9/18) (v. p. 136, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que resta tratar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 2/7/24).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 10805/2024 “BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC (TF 13742625-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 27/6/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE. Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa según su estado.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia