Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 69407438-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° CAF 8421/2025 BRIDGESTONE ARGENTINA SAIC (TF 69407438-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de julio de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante la resolución del 22/10/2024, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 009156/2018, dictada el 27 de noviembre de 2018 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente administrativo nro. 12197-2176-2010. Asimismo, declaró prescripta la potestad sancionatoria del Fisco en el marco de esas actuaciones, pero rechazó esa defensa de la actora con relación a la facultad del Fisco para reclamar tributos por la operación referida a la destinación Nº 08 001 IT01 000051 P. Impuso las costas al Fisco.
Para así decidir, el a quo -por mayoría- explicó que en el expediente SIGEA N°12197-2176-2010 tramitaba el procedimiento contra la actora (y el importador) por infracción a lo preceptuado en el art. 970 del C.A respecto de la destinación 08 001 IT01 000051 P, cuyo vencimiento operó el 21/07/2008.
Señaló que si bien el servicio aduanero dispuso la instrucción de sumario en fecha 23/12/2013, se omitió la carga dispuesta por el art. 1101 C.A. de correr vista de lo actuado a los supuestos infractores, ya que, aunque la corrida de vista fue ordenada, no se emitieron las notificaciones correspondientes. Explicó que sin haber permitido a las sumariadas ofrecer defensas y producir prueba, la Administración dictó el acto atacado, que pese a disponer el archivo de las actuaciones renunciando a su potestad sancionatoria (IG N° 9/17), formuló cargo por tributos.
Concluyó por lo anterior que esa omisión resultaba lesiva del derecho fundamental de defensa en juicio, lo cual tornaba nulos los actos procesales posteriores a la apertura de sumario, inclusive el acto administrativo corolario del procedimiento infraccional, esto es, la Resolución DE PRLA N° 009156/2018. Con respecto a la acción sancionatoria, explicó que, dada la nulidad de la resolución apelada, sólo cabía considerar la Alta en sistema: 11/07/2025 interrupción por el dictado del auto de apertura del sumario. Concluyó por eso que desde aquella fecha (23/12/2013) había transcurrido holgadamente el plazo de prescripción de la acción sancionatoria.
En punto al planteo de prescripción de la acción para percibir tributos recordó que, según el artículo 803 del C.A., la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribe por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que tiene lugar el hecho gravado (804, C.A), es decir, el 1 de enero de 2009. Y explicó que, dada la fecha del dictado del auto de instrucción de sumario (23/12/2013), que suspendió el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del CA, la facultad del Fisco para reclamar los tributos no se encontraba prescripta.
En consecuencia, ordenó la devolución de las actuaciones a la DGA para que subsane las irregularidades incurridas, e imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del CA.
II. Que el Fisco apeló esa resolución y expresó sus agravios en la presentación del 30/12/2024 (v. página 232/44 del archivo que contiene las actuaciones), replicado por la actora el 23/01/2025 (v. p. 249/65 del DEO).
En su memorial, luego de recordar los antecedentes del caso, señaló que en autos no se discute una infracción sino un cargo, derivado de la importación a consumo de la mercadería amparada por un DIT.
A su juicio, no existe accesoriedad entre el cargo por tributos y la infracción.
Explica que al no haber imputación infraccional resultaba innecesario correr vista de las actuaciones.
El Fisco señala que al notificarles a las recurrentes únicamente el cargo (determinación de tributos) y la imputación de una infracción aduanera, no se trataba aquí del procedimiento para las infracciones, sino de un acto administrativo determinativo de tributos (atacable por el procedimiento de impugnación).
Además, entiende que la acción sancionatoria no se encuentra prescripta, en razón del dictado del auto de apertura y, luego, de la resolución apelada.
Alta en sistema: 11/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Solicitó por ello que se revocara la resolución apelada.
III. Que en la resolución del 29/11/2024 el a quo reguló los honorarios de la representación letrada de la actora (v. p. 167/8 del DEO).
Contra esa decisión el beneficiario dedujo apelación el 20/11/2024 (v. p. 172/5 del DEO) y el Fisco hizo lo propio el 9/12/2024 (v. páginas 200/4).
IV. Que de las actuaciones administrativas surge -en síntesis- que:
(i) El 11/05/2010 se labró acta de denuncia por el presunto incumplimiento del régimen de importación temporaria (p. 67 del DEO);
(ii) La División Verificación confirmó que no había constancia del cumplimiento de la reexportación de la mercadería involucrada y ordenó la remisión de las actuaciones a la Sección Liquidaciones para la liquidación de los tributos que gravan la importación a consumo; además, se detallaron los tributos aplicables en función de la clasificación realizada (p. 69/71);
(iii) El 2/05/2011 se practicó la liquidación de los tributos (p. 72/5);
(iv) A fs. 11/2 de las actuaciones obra el detalle de la liquidación de la multa reclamada (p. 76/7 del archivo);
(v) En el auto del 23/12/2013 se dispuso la instrucción de sumario, en los términos del artículo 1090, inc. c), y se ordenó correr vista de las actuaciones (lo cual no aparece cumplido) (p. 80);
(vi) Se incorporó la constancia del SIM, de la cual surgen los datos de la destinación, incluido su vencimiento (p. 81); (vii) El 27/11/2018 se dictó la Resolución DE PRLA n° 9156/18 por la cual, con fundamento en la IG (DGA) n° 9/17, dispuso el archivo de las actuaciones, pero no sin antes formular cargo a la firma importadora y a la aseguradora en concepto de tributos por u$s2.571,25 y $4.458,41, e intimar a su pago (p. 88/9).
V. Que esta Sala ya se ha expedido con anterioridad acerca de la validez de reclamos tributarios como el de Alta en sistema: 11/07/2025 autos, dictados en aplicación de la Instrucción General n° 9/17 de la DGA y sin sustanciar el procedimiento previsto en el Código para infracciones como la imputada.
En efecto, confrontada a planteos similares con relación a la Instrucción General nº 9/17, declaró inválidos los actos del servicio aduanero que, sin valorar las defensas de los particulares imputados –en especial, en relación con el cumplimiento del régimen de destinación de importación temporaria-, tras disponer el archivo del sumario formulan mecánicamente cargos por los tributos que se adeudarían, teniendo por constatado el incumplimiento (v. causas nº 10.727/2020 “TPC Compañía de Seguros SA c/ EN - AFIP - DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 18/12/2024; nº 37.318/2022 “La Perseverancia Seguros SA (TF 53189519-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 25/08/2022; y n° 3.407/2020, caratulada “HTI Cono Sur S.A. c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19 de octubre de 2021).
Como surge del relato de las actuaciones, el servicio aduanero no corrió vista a la importadora y a la aseguradora de la imputación formulada, lo cual impidió que estas ofrecieran defensas y prueba.
La decisión del servicio aduanero se apoyó exclusivamente en que el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general DGA 9/17.
Pues bien, resulta evidente que la exigencia del cumplimiento del procedimiento previsto (arts. 1080 a 1117 del Código Aduanero), propia de todo acto administrativo (art. 7, inc. b), LNPA), es el reverso del derecho de los administrados al debido proceso adjetivo (art.1, inc. e), LNPA), que comprende –como es lógico- no solamente el de exponer las razones de sus pretensiones y defensas (ap. 1) y producir la prueba conducente para acreditarlas (ap. 2), sino también de que la decisión haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas (ap. 3). De otro modo, se estaría consintiendo que el acto del artículo 1101 constituyera un inútil formalismo sacramental y no la verdadera consagración del derecho del administrado a ser oído (conf. Sala IV, causa nº 46.832/2022 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022; y sus citas; y esta Sala, causa “TPC” ya citada).
De esta forma -tanto aquí como en los precedentes citados al inicio del considerando- la clausura de la investigación Alta en sistema: 11/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V condujo a que se intimara una suma de tributos en los términos del artículo 274 del Código Aduanero, pero sin determinar fehacientemente si se había reexportado o no la mercadería ingresada al amparo de la importación temporal, al vencimiento del plazo acordado para su permanencia (v. en el mismo sentido arg. Sala I, causa nº 30.397/2023 “Geminelli SA (TF 74859875-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 26/10/2023; Sala II, causa “Aseguradora de Cauciones SA Compañía Argentina de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 12/11/2019; Sala III, causa nº 23.858/2023; “Carraro Argentina SA c/ EN-AFIP-DGA-SIGEA 12210- 4661- 2012 Resol 9384/18 s/ Dirección General de Aduanas”, del 25/04/2024; Sala IV, causas nº 46.832/2022 “Envases”, ya citada, y nº 47883/2022 “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 1/11/2022).
En consecuencia, no corresponde convalidar el requerimiento fiscal derivado del acto cuestionado, dictado sin la sustanciación del sumario correspondiente.
VI. Que tampoco puede admitirse el agravio referido a la prescripción de la acción sancionatoria.
Es que la previsión invocada por la apelante señala que “[l]a prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” (art. 937, CA). Y si bien el servicio aduanero dictó el auto de apertura de sumario (23/12/2013), desde entonces transcurrió con creces el plazo quinquenal (art. 934, CA).
Es que, por un lado, la resolución apelada no condenó a la empresa por la infracción involucrada; pero, además, ese acto fue declarado inválido en la instancia previa, temperamento que aquí se confirma.
VII. Que, finalmente, en función de la naturaleza del proceso y su monto, el resultado obtenido, la extensión, calidad y eficacia del trabajo cumplido ante la anterior instancia, corresponde modificar la regulación practicada en la instancia previa de los honorarios del Dr. Enrique Benitez Cruz por su desempeño en la representación legal y asistencia letrada de la actora, y reducirlos a Alta en sistema: 11/07/2025 la cantidad de 2,3 UMA -equivalente, actualmente, a la suma de $ 168.369,2 (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA Nº 1432/2024).
Asimismo, por la actuación del Dr. Benitez Cruz ante esta Alzada, en la representación letrada de la actora, corresponde fijar sus honorarios en la cantidad de 1 UMA equivalente al día de la fecha a la suma de $73.204 (cfr. artículos 16, 19, 21 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA CSJN Nº 1432/2025).
Por las consideraciones precedentes, corresponde:
1. Desestimar el recurso del Fisco y confirmar la resolución apelada, sin especial imposición de costas, dada la falta de intervención de la contraria (art. 68, CPCCN); 2) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora en la forma indicada en el considerando VII.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Jorge F. ALEMANY Alta en sistema: 11/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Alta en sistema: 11/07/2025
Fin de la sentencia