Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-123203088-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución RESOL-2022-453-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma Bridgestone Argentina SA, imponiendo las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-48188129-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Abril de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Christian González Palacio, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX- 2022-123203088- -APN-SGASAD#TFN (“BRIDGESTONE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 15.11.22, mediante RE-2022-123202429-APN-SGASAD#TFN, la firma actora interpone recurso de apelación con la Resolución RESOL-2022-453-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, dictada por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires, en el expediente SIGEA 19144-5167-2019, en cuanto deniega la repetición de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación –establecidos conforme el Decreto 793/2018- correspondientes a los permisos de embarque (“PE”) 18001EC0169443P, 18001EC0175619R, 18001EC0174490N, 18001EC0173977W, 18001EC0172778U, 18001EC0175548S, 18001EC0172820X, 18001EC0174129M, 18001EC0175757U y 18001EC0181407J. Las sumas reclamadas en el expediente SIGEA suman un total de Pesos Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Novecientos Dieciséis con 06/100 ($2.680.916,06).
La actora hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que, mediante los PE involucrados documentó las exportaciones declaradas y, al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, pagó los derechos de exportación establecidos mediante el decreto 793/18. Entendiendo que es aplicable al caso, cita el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Fallo Camaronera Patagónica, del 14.04.14. Plantea que el pago efectuado en cada permiso de embarque resulta sin causa, cuyo importe debe ser restituido por cuanto los derechos de exportación del decreto 793/18 resultan violatorios del principio de reserva legal en materia tributaria, siendo su exigencia ilegítima hasta la vigencia de la Ley 27.467 que le diera rango legal a tales tributos.
Señala que los derechos de exportación son tributos que clasifican en la categoría de impuestos, teniendo en cuenta la división tripartita de los recursos tributarios en impuestos, contribuciones y tasas. Por ello, entiende que se debe tener en cuenta una serie de derechos y garantías, explícitos e implícitos, a favor de los obligados tributarios. Considera afectado en este caso el principio de legalidad, que constituye una garantía esencial en el derecho constitucional tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley material y formal. Hace mención de que el art. 755 del Código Aduanero (“CA”) expresamente dispone que el Poder Ejecutivo está facultado para gravar con un derecho de exportación, la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada, desgravar mercadería gravada o modificar el derecho de exportación establecido.
Sin embargo, continúa diciendo que a partir de la reforma constitucional de 1994 se ha puesto en tela de juicio la legitimidad de esta delegación contenida en el CA y con la nueva redacción del art. 76 de la ley fundamental, dicha delegación debe ser y ha sido materia de revisión. De esta forma, expresa que el decreto 793/2018 dictado al amparo de las facultades delegadas del art. 755 CA, violenta el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria. Reseña nuevamente el antecedente de la CSJN a lo fines de resaltar que allí se declaró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación impuestos por la resolución ME 11/02, por resultar dicha resolución y la norma “delegante” (22.415 y 25.561) violatorias del principio de reserva legal contenido en el art. 4º de la Constitución (“CN”) para la materia tributaria.
Agrega que la CSJN limitó dicha invalidez al período comprendido entre el dictado de la resolución en cuestión (5/3/02) y la ratificación de la delegación legislativa y las normas delegadas que efectuó la Ley 25.645 en el marco de la Cláusula Transitoria Octava del art. 76 CN. Hace mención del antecedente de la CSJN, Selcro, para reforzar la doctrina del fallo Camaronera Patagónica y cita, además, jurisprudencia que hace a sus fundamentos. Referencia el plenario dictado por éste Tribunal con fecha 26.04.22 y al respecto manifiesta que la negativa a la que se refiere el art. 1 - el Tribunal Fiscal no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley-, no le resulta aplicable, toda vez que no se persigue que se declare la inconstitucionalidad de la ley sino la invalidez de un decreto emanado del Poder Ejecutivo.
Continúa analizando el plenario y señala que el art. 2 - el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón delo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero- se opone palmariamente con lo señalado por la CSJN en el caso “Camaronera Patagónica”. Por último, hace mención que con relación al art. 3 del citado plenario pareciera que este organismo no reconoce la supremacía de los principios constitucionales emanados de la doctrina del fallo “Camaronera Patagónica” en lo que respecta a la materia de derechos de exportación, pretendiendo excluirlos de la categoría de tributos que deben ser fijados por ley. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 04.04.23 mediante el IF-2023-37107362-APN- DTD#JGM. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y la normativa aplicable: arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia, ni tampoco el sentido que le dio la Corte. Cita jurisprudencia de este tribunal en los autos “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación”, Expte. 38.422-A, como así también los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al citado decreto 793/18, que le dieron razón a su mandante, entre otros el fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. C/ DGA. S/ Apelación”, Expte. EX-2020-15395348--APN- SGASAD#TFN, del 18.02.21, que cita y da por reproducido. Refiere a la limitación de este tribunal para declarar la inconstitucionalidad solicitada e indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el art. 1164 del CA. Agrega que la contraria plantea como único argumento la inconstitucionalidad de normas jurídicas, entendiendo que, conforme la normativa transcripta, esté Tribunal no debería expedirse al respecto. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada. Indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. El 14.04.23 (PV-2023-41148841-APN-VOCXIII#TFN) se declara la causa de puro derecho, se elevan los autos a la Sala “E” y el 27.04.23 se los pasa a sentencia.
IV. La actuación administrativa SIGEA 19144-5167-2019, se inicia el día 24.06.19, con la solicitud de repetición de lo abonado en exceso respecto a los derechos de exportación adicionales (decreto 793/2018) con relación a los PE 18001EC0169443P, 18001EC0175619R, 18001EC0174490N, 18001EC0173977W, 18001EC0172778U, 18001EC0175548S, 18001EC0172820X, 18001EC0174129M, 18001EC0175757U y 18001EC0181407J. A fs. 135 se agrega el pronto despacho presentado con fecha 20.10.21. A fs. 136 se dicta con fecha 01.12.21 la providencia por la cual se tiene por deducido el procedimiento de repetición y el trámite a seguir. Se agregan print de pantalla: a fs. 137/141, 144/147, 149/152, 154/157, 159/162, 164/167, 169/172, 174/177, 179/182 y 184/187 del Sistema Informático Malvina, a fs. 142/143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 178, 183 y 188 del listado afectación de depósito, a fs. 189 carga de expedientes, a fs. 190 resumen de devolución cargada y a fs. 191/196 carga/edición de expediente. A fs. 198 se dicta la nota 770/2021 (DV TECE) de fecha 06.12.21. A fs. 199/200 se agrega copia del IF-2022-00801886-AFIP- DVCLAR#SDGTLA de fecha 19.05.22. A fs. 201 el Jefe División Arancel Informático -Dpto. Técnica de Nom. y Ctas. Arancelarias- dicta la nota 201/2022 (DV ARIN) de fecha 23.05.22 y a fs. 202/203 la División Técnica dicta la nota 216/2022 (DV TECE). Se agrega a fs. 204 el IF-2022-00847588-APN-DETEX#SGDTLA de fecha 26.05.22 y con fecha 30.05.22 se ordena el pase a la Div. Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero, agregándose el dictamen IF-2022- 00963268-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 10.06.21 a fs. 206/209. Se dicta, a fs. 212 la nota 118/2022 (SECTOR RAMO B) de fecha 17.08.22 y a fs. 213 la nota 373/2022 (SE PUAE) de fecha 22.08.22. Se agregan print de pantalla: a fs. 214 carga/edición de expedientes y a fs. 215 resumen de devolución cargada. Con fecha 12.10.22 mediante nota 1254/2022 (SE RECA) se eleva el proyecto de acta administrativo, que a fs. 218/220 se dicta con fecha 26.10.22 RESOL- 2022-453-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, resolución apelada en autos, la que le fuera notificada a la firma con fecha 28.10.22 (fs. 222).
V. Corresponde resolver en la causa si la resolución RESOL-2022-453-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM en cuanto dispuso no hacer lugar a la devolución de la suma pretendida por Bridgestone Argentina SA, en concepto de derechos de exportación abonados con relación a los PE 18001EC0169443P, 18001EC0175619R, 18001EC0174490N, 18001EC0173977W, 18001EC0172778U, 18001EC0175548S, 18001EC0172820X, 18001EC0174129M, 18001EC0175757U y 18001EC0181407J, oficializados todos entre el 04.09.18 y el 13.11.18 se ajusta a derecho. Mediante los referidos PE la actora documentó la exportación de la mercadería allí declarada, abonando los derechos establecidos por el decreto 793/18 que los fijó, para todo el universo arancelario, con una alícuota del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería). La actora cuestiona la validez constitucional del decreto 793/18 por los fundamentos que expone, remitiendo al precedente de la Corte in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14.
Asiste razón a la actora en su planteo, conforme los fundamentos que, en un caso análogo al presente, expuse en mi voto correspondiente a la sentencia de esta Sala E del 29.10.21, autos “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA”
(EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN), en donde se tratan todos los argumentos expuestos por las partes en estos autos y a la que, en mérito a la brevedad, se considera integrando este voto (puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN -SGASADTFN-29-10- 2021.pdf).
Asimismo, frente a las manifestaciones de la actora respecto a los alcances del plenario del 26.04.22, me expedí en mi voto en disidencia -considerandos VII, VIII y IX- en la causa "RIVARA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN", Expediente EX-2020-91669654- -APN-SGASAD#TFN, del 19.10.22 (ver https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/12/EX-2020-91669654-APN -SGASADTFN-19-10- 2022.pdf).
En consecuencia, opino que correspondería: declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 793/18 entre el 04/09/2018 y 04/12/2018 con fundamento en los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución y revocar la resolución apelada; hacer lugar al reclamo de repetición de la actora por la suma total reclamada de Pesos Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Novecientos Dieciséis con 06/100 ($2.680.916,06) con sus intereses hasta la fecha de pago (art. 811 del CA); e imponer las costas a la Aduana vencida.
VI. Que, sin perjuicio de lo expuesto, el 26.04.22, este tribunal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA C/DGA S/RECURSO DE APELACIÓN”, por mayoría, acordó fijar la siguiente doctrina legal: “(…) ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Conforme lo dispuesto en el art. 151 de la ley 11.683, resulta aplicable a este caso la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, correspondiendo confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma Bridgestone Argentina SA.
VII. En cuanto a la imposición de las costas, pese a tratarse de un recurso de apelación interpuesto con posterioridad al plenario del tribunal del 26.04.22, no pueden desconocerse a esta altura ni la jurisprudencia de la instancia revisora de este tribunal, ni el contexto judicial que rodea al caso.
Tenemos así que, a la fecha, las cinco salas de la Cámara del Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal han resuelto, de modo unánime, que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable entre el 04.09.18 y el 04.12.18, aplicando el precedente “Camaronera” de la Corte; ello, en los términos en que fue declarado por esta Sala E en el caso referido supra (ver Sala I, causa 13061/2022 “Newsan SA (TF 9748062-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo – Sala G”, sentencia del 02.02.23; Sala II, causa 22.219/21 “Minera Santa Cruz c/ EN- AFIP- DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 05.07.22; Sala III, causa 377/2021 “Catajuy SRL c/EN – DGA s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 18.10.22 y causa 26.963/2022 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, confirmatoria de una sentencia de esta Sala “E” previa al plenario del 26.04.22; Sala IV, causa 20.415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31.05.22 y Sala V, causa 51.458/19 “Gut Metal SRL c/ EN AFIP s/ recurso directo de organismo externo”, causa 21.909/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y causa 10.914/20 “Catajuy SA c/ EN- DGA s/ Dirección General de Aduanas”, sentencias del 05.05.22, 24.06.22 y del 02.08.22 respectivamente; entre otras).
Asimismo, como ya se señaló en el precedente de esta sala del 29.10.21 -comprensible para quienes pueden leer la jurisprudencia de la Corte por lo que hace y no solamente por lo que dice- el Alto Tribunal, mediante la aplicación sistemática del art. 280 del Código Procesal, viene otorgando firmeza a todas las sentencias de las cámaras federales que invalidaron el decreto 793/18 aplicando el precedente “Camaronera”, haciendo lugar a las repeticiones de diferencias de derechos de exportación y ordenando a la Aduana la devolución de esas sumas. Vale recordar que, en una fecha tan lejana como lo es el 9 de enero de 1950, en su voto en el caso Maryland v. Baltimore Radio Show (338 U.S. 912, 917-918) haciendo uso de su sugestiva pluma, el juez Félix Frankfurter, luego de ilustrar las unívocas, divergentes o contradictorias razones que podrían animarla, escribió que la Corte ha dicho, again and again, que la denegatoria discrecional del certiorari -el hermano de nuestro art. 280- no implica pronunciamiento alguno del tribunal sobre el mérito de la sentencia apelada, martillando inmediatamente que again and again the admonition has to be repeated.
En conclusión, entiendo que la actora contó desde siempre -con independencia del plenario del 26.04.22- con fundamentos más que suficientes (Fallos 337:388 in re “Camaronera”) para interponer el recurso de apelación que encabeza estos autos, con lo que, dado el modo en que se resuelve, las costas deben imponerse por su orden (art. 1163 del CA).
VIII. Por ello, VOTO POR:
Confirmar la resolución RESOL-2022-453-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma Bridgestone Argentina SA, imponiendo las costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que se da por reproducida la relación de los hechos efectuada en el voto del Dr. Juan Manuel Soria, en los Considerandos I, II, III y IV.
II. Que de las actuaciones administrativas del caso (SIGEA 19144-5167-2019), resulta que la firma “BRIDGESTONE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL” documentó mediante los Permisos de Embarque Nros. 18001EC0169443P, 18001EC0175619R, 18001EC0174490N, 18001EC0173977W, 18001EC0172778U, 18001EC0175548S, 18001EC0172820X, 18001EC0174129M, 18001EC0175757U y 18001EC0181407J, oficializados entre el 04/09/2018 y el 13/11/2018, la exportación a consumo de las mercaderías en ellos declarados, por las que se abonaron derechos de exportación en los términos de lo dispuesto en el Decreto Nro. 793/18.
Que el art. 726 del Código Aduanero dispone que sea aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, y dada la vigencia del Decreto Nro. 793/18 la recurrente, abonó los derechos de exportación liquidados a la fecha de registro de la operación. Que atento el planteo efectuado por la recurrente, en primer término corresponde dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la fecha, no se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 793/18, ni tampoco resulta aplicable –ver fundamentos en el punto V “infra”- el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388), por lo que a su respecto corresponde rechazar el planteo efectuado por los recurrentes.
III. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
IV. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban (e interactúan) en forma conjunta con las leyes 26.939 (B.O. 29-04-2014) que al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (confr. doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad.
La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
En el caso de autos, y toda vez que -como se expondrá en los puntos siguientes- el Congreso de la Nación procedió a la ratificación legislativa del Decreto 793/2018, en consecuencia, no se ha producido la vulnerabilidad al principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria planteada por la parte apelante.
V. Que en relación al planteo de la recurrente en cuanto a que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y que recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley 27.467 que lo validó, corresponde tener presente las siguientes consideraciones:
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisamente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Aclarado ello, corresponde analizar si la aprobación expresa realizada por el Congreso de la Nación mediante la Ley de Presupuesto Nro. 27.467 resulta suficiente para convalidar la validez del Decreto 793/2018 entre los días 04/09/18 y 04/12/2018, toda vez que a partir de ahí y hasta el final del periodo de tiempo de fijación de las alícuotas (30/12/2020) nada se ha cuestionado.
Este punto es medular a los fines de comprender la controversia planteada. El recurrente no plantea la invalidez del Decreto “in totum” sino solo respecto del período de tiempo comprendido entre el día 04/09/18 y el 04/12/2018, por lo que se deduce, que la aprobación realizada por el Congreso de la Nación, a partir de ahí es suficiente, caso contrario se hubiera planteado su invalidez absoluta.
En otros términos, la parte no cuestiona que la aprobación del Congreso mediante la Ley 27.467 es nula por no haber seguido los procedimientos formales de la ley 26.122, sino que solamente plantea que su aprobación no puede ser retroactiva, lo que nos conduce nuevamente al punto previo ya analizado y resuelto por el artículo 17 de la ley 26.122. Pero si existieran dudas sobre la interpretación respecto de la fecha de vigencia de las alícuotas, la misma ha quedado expresamente aclarada en el art. 82 de la ley 27.467 que expresamente dispone: “ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos … y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades.” (las negritas me corresponden).
Es decir, que el Congreso de la Nación expresamente “mantuvo” la validez y vigencia del Decreto 793/18 desde su dictado y publicación ocurrida con fecha 04/09/2018.
Con respecto al argumento de que la aprobación del Congreso mediante la ley 27.467 no tendría efecto convalidante toda vez que no se ajusta al procedimiento instaurado por la ley 26.122, debe tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación, habitualmente denominada “ley de leyes”, tiene precisamente por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar -entre muchos otros- los gastos de la nación. En definitiva, se ha cumplido (dentro de un plazo razonable: 3 meses) con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
Además de ello, el legislador reiteró nuevamente la integra aprobación del Decreto 793/18 en el artículo 54 de la ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), en donde, también fijó un tope arancelario máximo (33 % del del valor imponible o del precio oficial FOB) por lo que la voluntad del legislador en este sentido es indubitable.
Que en este sentido, con fecha 26/04/2022, este Tribunal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad del Decreto 793/2018 planteada por la recurrente.
VI. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa (Leyes 27.467 y 27.541) de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
VII. En relación a las costas, y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal, que se aplica a la resolución del caso, es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas a la parte actora vencida conforme lo establece el art. 1163 del C.A..
VIII. Por ello, VOTO POR:
Confirmar la resolución RESOL-2022-453-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma Bridgestone Argentina SA, imponiendo las costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Christian González Palacio dijo:
Adhiero a la propuesta del Dr. Soria, dejando a salvo mi opinión disidente respecto a lo resuelto por la mayoría en el acuerdo plenario aludido por el distinguido colega preopinante.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE
Confirmar la resolución RESOL-2022-453-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma Bridgestone Argentina SA, imponiendo las costas por su orden.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y González Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 59 del RPTFN y 1162 del CA).
Date: 2023.04.27 13:32:32 -03:00 Date: 2023.04.28 12:57:20 -03:00 Hector Hugo Juarez Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Subrogante Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.28 13:02:13 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.28 13:02:14 -03:00
Fin de la sentencia