Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 25.048-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Nro. 493/2008 (AD CORD) dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el expediente administrativo SIGEA N° 12668-1012-2006 (SA17-04-297).
2Con costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-118672609-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en el expediente Nº 25.048-A, caratulado “BRISTOL SA c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 2/25 se presenta BRISTOL SA, con patrocinio letrado e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 493/2008 (AD CORD) dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el expediente administrativo SIGEA N° 12668-1012-2006 (SA17-04-297) por la que se lo condena al pago de una multa de $5.265,77 por la presunta comisión de la infracción al art. 954 ap. 1 inc. c) del Código Aduanero, en relación al despacho Nro. 03 017 IC04 002492 Y. Relata que las actuaciones administrativas se inician con motivo del ingreso a depósito fiscal EDCADASSA, ubicadas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Córdoba, de la carga amparada por la Guía Aérea 07531476964 de la compañía Federal Express Corp. con una diferencia de peso de 2,55 Kg. según lo plasmado en la planilla de recepción de vuelos N° 556470. Sostiene que formalizó la correspondiente declaración de la destinación definitiva para consumo mediante despacho de importación, indicando el peso real detectado al momento del ingreso del bulto a depósito, contemplando la diferencia de peso que fuera constatada entonces. Al proceder a la descarga del bulto, se determinó que en su interior no había ninguno de los 38 relojes declarados, por lo que, si bien la diferencia de peso hacía suponer un faltante parcial, se concluyó que era total. Agrega que el faltante que se ha denunciado ha tenido origen en la sustracción a cargo de manos anónimas del total del contenido del bulto mientras éste se encontraba a cargo del transportista. Señala que el hecho que el faltante haya sido advertido en oportunidad del ingreso del bulto al depósito, permite sostener que la mercadería fue sustraída en alguna etapa anterior, y que la inmediata anterior es la que coloca bajo la responsabilidad del transportista. Finalmente solicita que se revoque la Resolución apelada con costas.
II. Que a fs. 39/42vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Refiere a los antecedentes administrativos y formula una negativa general respecto de los hechos y afirmaciones vertidos por la actora que no sean de su expreso reconocimiento. En primer lugar, destaca que el texto de la Exposición de motivos del Código Aduanero, que el legislador ha querido tutelar en el capítulo VII, referido a las “Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas”, el principio básico de la veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera. Cita jurisprudencia. Señala que resulta necesario tener presente que el sistema aduanero descansa sobre la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas acerca de la naturaleza, calidad y propiedades de las mercaderías que constituyen los objetos de las destinaciones u operaciones que se realizan en las aduanas. Agrega que habiéndose efectuado ante el Servicio Aduanero una declaración que difiere con lo resultante luego de la comprobación –habida cuenta que se constató la existencia de mercadería faltante-, produciéndose un egreso hacia el exterior de un importe distinto del que correspondiere, se encuentra tipificada la infracción. Agrega que la doctrina de los tribunales superiores respecto del art. 954 del CA, da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante, salvo los supuestos previstos en la propia ley o del control que pueda efectuar el Servicio Aduanero (Conf. CSJN 15/02/92 “SUBPGA SACIEI” y “FRIGORÍFICO RIOPLATENSE S/ RECURSO DE APELACIÓN, entre otros). Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, efectúa reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada con costas.
III. Que a fs. 46 se declara la causa de puro derecho y a fs. 49 se elevan los autos a la Sala G. Finalmente, a fs. 50 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa Nro. SIGEA N° 12668-1012-2006 (sumario contencioso SA17-04-297) se inician el 01/10/03 con el acta de denuncia N° 262/03, con motivo de detectar una posible infracción al art. 954 de la ley 22.415 por un faltante de mercadería a la verificación-destinación de importación N° 03 017 IC04 002492 Y. A fs. 2 obra el acta de verificación N° 37/03. A fs. 3 obra ensobrada la destinación 03 017 IC04 002492 Y. A fs. 4 se instruye sumario contencioso en los términos del art. 1090 inc. “c” a la firma BRISTOL SA por la presunta comisión de la infracción prevista y reprimida en el art. 954 ap. 1 inc. a) y c) y se ordena la intervención de la Sección Contabilidad a efectos de practicar la liquidación tributaria pertinente. A fs. 5/7 obra el aforo de la mercadería. A fs. 8 se corre vista y a fs. 9 obra cédula de notificación de fecha 04/05/06. A fs. 10/25 obra el descargo presentado por la firma BRISTOL SA. A fs. 26 se tiene por presentado, por parte y se ponen los autos para alegar en los términos del art. 1110 del CA. A fs. 27 obra pase a asesoría letrada a los fines de su intervención. A fs. 28/28vta. luce el Dictamen N° 255/08 en el que se propicia el dictado de la pertinente resolución condenatoria. A fs. 29/36 se dicta la Resolución N° 493/2008 (AD CORD) apelada en autos.
V. Que corresponde resolver si la Resolución Nro. 493/2008 (AD CORD) se ajusta a derecho.
Que la presente causa se inicia como consecuencia del ingreso a depósito fiscal EDCADASSA y la verificación de la destinación de importación 03 017 IC04 002492 Y, ubicada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Córdoba, de la carga amparada por la Guía Aérea 07531476964 con una diferencia de peso de 2,55 Kg. conforme lo plasmado en la planilla de recepción de vuelos N° 556470. Que el art. 954 del C.A. sanciona al que para cumplir cualquiera de las operaciones de importación o exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) inc. c) el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que correspondiere.
Que, a su vez el art. 956 del C.A. establece en los inc. b) y c) que se entiende por perjuicio fiscal la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación... y que a los fines de lo dispuesto por el art. 954 la presentación del manifiesto general de la carga, equivale a efectuar una declaración relativa a lo expresado en la misma.
Que es requisito para la configuración de la figura plasmada en el mencionado precepto legal la existencia del elemento “declaración”, entendida como un hacer positivo, veraz, suficientemente amplio y explicativo como para auxiliar al servicio aduanero en el aporte que debe efectuarse a la aduana de los datos exigidos por ésta para la correcta aplicación del régimen aduanero que correspondiere (resulta ilustrativo el Comentario 1ero, al art. 954 del “Código Aduanero Comentado”; M. Alsina, E. Barreira, R. Basaldúa, J.P. Cotter Moine y H.G. Vidal Albarracín; Ed. Abeledo Perrot, 2011, 1a ed., Tomo III, pág. 381)
VI. Que de las Act. Adm. resulta que del acta de verificación N° 37/2003 efectuada con fecha 26/09/03 (ver fs. 2) un (1) bulto que ingresó al depósito fiscal lo hizo con la diferencia de peso y observaciones. Al momento de proceder a la apertura del bulto se constató el faltante de 38 (treinta y ocho) relojes correspondientes a la totalidad de la mercadería documentada en el ítem 2 de la destinación de importación N° 03 017 IC04 002492 Y. Dicha apertura fue efectuada en presencia de los agentes de aduana, el despachante de aduana y el Sr. Juan Carlos Velasco en representación de la firma importadora -debajo del acta obran las firmas de cada uno de los representantes-.
Que con fecha 26/09/03 la firma consignataria de la mercadería, oficializa y presenta el despacho de importación con documento de transporte 03 017 IC04 002492 Y, declarando un bulto cuyo “peso bruto” contempló el realmente ingresado a depósito, es decir contemplando el “presunto faltante” (5,55 Kg.). Que, en concordancia de lo documentado, y del acto de verificación del bulto, surge que se produjo la comisión de la infracción por el faltante de la mercadería –en los términos del art. 954 ap. 1 inc. “c”- por el egreso hacia el exterior de un importe por pagar distinto al que efectivamente correspondiere. Que de las constancias de autos surge de manera indubitable que el declarante ha incurrido en transgresiones que permiten tener por configurada la infracción que se imputa, por ende, quedan demostradas las inexactitudes que, de haber pasado inadvertidas, hubieran producido un giro indebido de divisas al exterior.
Que, en consecuencia, cabe concluir que se ha configurado en autos la infracción imputada a la firma “BRISTOL SA”, toda vez que ha quedado acreditada la diferencia entre lo declarado por la recurrente en la destinación de importación Nro. 03 017 IC04 002492 Y y lo comprobado por el servicio aduanero.
VII. Que en virtud de cómo se resuelve la presente estimo conveniente imponer las costas a la parte vencida (art. 1163 del C.A.).
Por ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución Nro. 493/2008 (AD CORD) dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el expediente administrativo SIGEA N° 12668-1012-2006 (SA17-04-297).
2. Costas a la actora.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Los antecedentes de la causa están suficientemente relatados en el voto preopinante. Por consiguiente, los puntos I y II los hago propios y pasaré a estudiar el fondo de la cuestión planteada.
II. Que corresponde expedirse en autos en relación a la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del Código Aduanero, destinada a tutelar la veracidad de las declaraciones aduaneras. Aun reconociendo la centralidad de tales manifestaciones para el sistema de control, su discordancia con lo verificado no autoriza por sí sola la aplicación de sanciones. El Derecho Aduanero sancionatorio, regido por los principios de culpabilidad y razonabilidad, exige la acreditación de dolo o culpa como presupuesto indispensable de responsabilidad.
Que de las constancias de autos surge que el depósito fiscal EDCADASSA, en el Control de Recepción de Vuelos N.º 556470, registró que el bulto cuestionado arribó con un peso de 5,55 kg, frente a los 8,1 kg consignados en la aduana de salida, y que el mismo se encontraba “roto”. Tales extremos, asentados en documentación oficial (ver fs. 3 de las Actuaciones Administrativas), permiten sostener que la “rotura” del bulto contenedor, (durante el transporte), fue al efecto de acceder a su contenido y sustraerlo, en un hecho ajeno a la esfera de control de la importadora. Ello coloca a la imputada en la posición de damnificada, sancionarla en tales condiciones implicaría desconocer el principio de culpabilidad y consagrar un régimen de responsabilidad objetiva, proscripto por el orden constitucional.
Que frente al planteo de la Aduana de Córdoba acerca de la no utilización de la figura prevista en el art. 221 del Código Aduanero, a saber, la manifestación de “ignorar el contenido”, cabe señalar que su omisión fue interpretada como una supuesta “asunción de riesgo” por parte de la firma (ver fs. 28/30 vta. de las Actuaciones Administrativas). Tal conclusión carece de sustento jurídico, la falta de invocación de dicha previsión no constituye un factor autónomo de imputación ni releva al servicio aduanero de la carga de acreditar dolo o culpa en el obrar del administrado. Admitir esta tesis importaría nuevamente consagrar un régimen de responsabilidad objetiva, en abierta contradicción con los principios de culpabilidad y razonabilidad que gobiernan el derecho sancionador al efecto de los preceptos constitucionales.
III. Que, en refuerzo de lo expuesto en el considerando anterior, corresponde atender a la realidad económica de la operación. En este sentido, el valor de la mercadería del despacho cuestionado ascendió a la suma de dólares estadounidenses dos mil veinticinco con 45/100 (USD 2.025,45 cf. Despacho N.º 03 017 IC04 002492 Y), importe notoriamente exiguo frente a los costos inherentes a toda operatoria de comercio exterior. Atribuir a esa operación la finalidad de encubrir un giro indebido de divisas hacia el exterior carece de toda razonabilidad económica.
IV. Que la ausencia de dolo o negligencia en la conducta de la importadora, unida a las constancias oficiales que evidencian que la rotura y el faltante se produjeron en ocasión del transporte, sumado a la insignificancia económica de la operación, impiden subsumir el hecho en el tipo infraccional del art. 954 inc. c). Una solución contraria conduciría a un resultado manifiestamente injusto e irrazonable, ajeno a los fines propios del poder punitivo estatal.
Por las razones expuestas, voto por:
1. Revocar la Resolución Nro. 493/2008 (AD CORD) dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el expediente administrativo SIGEA N° 12668-1012-2006 (SA17-04-297).
2. Costas a la D.G.A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Conviene comenzar por recordar que el derecho aduanero no puede leerse con las mismas lentes con que se examina el derecho penal, pues su arquitectura responde a fines y necesidades propias. El legislador, al diseñar el Código Aduanero, no buscó erigir un templo de dogmática garantista, sino una muralla de vigilancia frente al incesante tráfico de mercaderías y capitales que atraviesa las fronteras. Pretender que cada infracción se mida con la vara solemne de la culpabilidad penal equivale a desconocer la esencia misma de este régimen, nacido para garantizar la veracidad de las declaraciones y la regularidad del comercio exterior. De allí que resulte vano alegar una supuesta incompatibilidad constitucional de la responsabilidad objetiva, cuando lo cierto —y aquí la paradoja se impone— es que la Constitución no veda lo que el legislador dispuso de manera expresa en los artículos 902 y siguientes del Código. La letra está ahí, nítida y obstinada, afirmando que el error o la ignorancia no liberan del deber y que la sanción se impone como respuesta institucional a la inobservancia. El juez no puede reinventar la norma como un narrador que corrige a su antojo una fábula ajena: su tarea es aplicarla, reconociendo que el sistema aduanero tiene sus propias reglas, toscas quizás, pero indispensables para preservar la integridad del contralor estatal.
Por antonomasia la responsabilidad infraccional en materia aduanera se construye sobre bases objetivas y no requiere el escrutinio psicológico propio del derecho penal. Sin embargo, ello no significa que el sistema esté liberado de todo límite, pues la Constitución tolera este diseño siempre que respete el principio de razonabilidad. Dicho de otro modo, la potestad de configuración del legislador se mantiene incólume, excepto que se demuestre la irrazonabilidad, que constituye un valladar infranqueable para evitar que la disciplina del contralor se transforme en desmesura.
No son pocos los que, hechizados por la simetría penal, insisten en que todo régimen sancionador debe reproducir servilmente los cánones del derecho penal, como si la culpabilidad fuera la única llave que abre y cierra el universo jurídico. Olvidan, sin embargo, que el Código Aduanero no surgió de una abstracción académica ni de una teoría elegante dictada en un aula universitaria. Tuvo su origen, en cambio, en la dinámica concreta de las fronteras, ámbito en el que confluyen mercancías y capitales, y en el que no es infrecuente la aparición de conductas elusivas por parte de quienes intentan aprovechar la fragilidad del control aduanero. Pretender que ese régimen de control copie al pie de la letra la dogmática penal es desconocer su naturaleza: la de ser un derecho de vigilancia inmediata, de disciplina objetiva y de tutela económica, en el que la letra de la ley se impone como muro de contención frente a la inexactitud de las declaraciones.
Porque lo cierto —y aquí la ironía es inevitable— es que la Constitución no prohíbe en modo alguno lo que el legislador ha dispuesto de manera expresa y terminante. Efectivamente, si el artículo 902 del Código Aduanero prevé que la ignorancia o el error no eximen de sanción, salvo excepciones que él mismo indica, no cabe al juez reinventar la letra como quien acomoda un cuento policial a su gusto. La literalidad de la norma pesa como plomo, y quien pretenda volatilizarla en nombre de la Constitución, corre el riesgo de fabricar una Constitución paralela, escrita con tinta invisible en los márgenes de sus propios apuntes. Verdaderamente, el artículo 902 del Código Aduanero está ahí, impávido, como un baldío en medio de la ciudad, ya que todos lo ven, todos saben que contradice lo que se enseña en la dogmática penal, pero nadie lo derriba. La letra dice, sin rubor ni rodeos, que la ignorancia o el error de hecho o de derecho no eximen de sanción, salvo las excepciones que el mismo Código tolera. Pero qué paradoja, porque hasta dónde llega mi conocimiento, ningún tribunal lo declaró inconstitucional, ninguna Corte lo desterró del orden jurídico. A contrario sensu, el derecho penal vive repitiendo como salmo que no hay pena sin culpabilidad, que el error invencible libera, que el dolo se deshace con el desconocimiento. Pero el Código Aduanero, está a la vista, sanciona igual, aunque el sujeto no haya comprendido, aunque haya obrado bajo error. Es un mazazo contra la teoría garantista, un muro que se levanta frente a las aulas donde se predican principios como si fueran dogmas religiosos. Repito, nadie declaró inconstitucional el artículo 902. ¿Será porque la Aduana no puede darse el lujo de andar evaluando conciencias individuales? Así es la paradoja: lo que en cualquier manual de penal sería herejía, en el derecho aduanero se volvió rutina. El 902 es la prueba de que existen subsistemas jurídicos que caminan con sus propias botas, embarradas y toscas, pero eficaces.
II. En ese sentido, cabe indicar que sostener que la responsabilidad objetiva es inconstitucional equivale a negar la especificidad de este derecho aduanero, que tiene el aroma áspero de los depósitos fiscales, de los puertos y de los despachos, no el perfume etéreo de las aulas donde todo se discute sin urgencia. Pretender importar al pie de la letra la dogmática penal, con sus escrúpulos de relojería, es desconocer que el aduanero es un derecho de contralor, una máquina que no puede detenerse a deliberar cada vez que alguien alega no haber entendido la norma. Lo repito sin vueltas, si bien podrá discutirse la justicia o conveniencia de la responsabilidad objetiva, pero no su legalidad. La Constitución no es un comodín para reescribir el Código a gusto del intérprete, ni el juez un novelista que corrige párrafos ajenos para hacerlos más agradables a su oído.
El derecho penal, con toda su pompa de garantismo, se llena la boca diciendo nullum crimen sine culpa. Aquí no, ya que, en la aduana, la consigna podría ser nulla infractio sine responsabile. Que suene duro, porque lo es. El artículo 903 convierte a las personas en fiadores perpetuos de sus dependientes, aunque nunca hayan sabido de la trampa que les armaban a sus espaldas. El 904 arrastra a los directores y administradores como si sus cargos fueran cadenas que los condenan por adelantado, salvo que demuestren —ellos, no el acusador— que no estaban allí el día del pecado. El 905 y el 906 hacen que el tutor pague por el menor, como si la guarda fuese una condena escrita en letras invisibles. Y el 907 y el 908 juegan a la calesita, a veces paga el despachante, a veces el representado, pero siempre paga alguien.
Claramente, esto no es derecho penal, es otra criatura. A estas alturas sería una monstruosidad pretender trasladar estas reglas a un código de delitos. Imagínese una ley que diga que el padre va preso porque su hijo robó una bicicleta, o que el director de una empresa cumpla condena porque un empleado estafó sin su conocimiento. La Constitución se prendería fuego sola para evitar semejante ultraje. Pero en la aduana no. Aquí la letra admite lo que en el penal sería herejía. Precisamente, la tesis del ius puniendi único podrá indignarse con su diccionario constitucional bajo el brazo, pero el texto es implacable respecto de que el Código legitima estas figuras, y la tarea del juez no es disolverlas en tinta de agua, sino aplicarlas con la misma aspereza con que fueron pensadas.
Porque si algo queda claro, es que este régimen no pretende imitar al derecho penal, ya que lo supera en rigor, lo deja atrás, lo pisa con la bota pesada de la recaudación.
III. Ciertamente, la doctrina mayoritaria, con esa vocación de unificarlo todo en categorías brillantes, sostiene que el derecho sancionador es uno, indivisible, un bloque monolítico que no distingue entre lo penal y lo administrativo. De allí se sigue, dicen, que la infracción administrativa debe ser tratada como un delito en miniatura: exigir dolo o culpa, proclamar la culpabilidad como principio rector, clausurar toda puerta a la responsabilidad objetiva. El silogismo es limpio, casi elegante, y se enseña en las aulas como si fuera una verdad indiscutible. Pero la realidad, que no lee manuales, se burla de esa pulcritud. Porque el derecho administrativo sancionador muestra sin pudor figuras que serían impensables en el punitivo: responsabilidad por el hecho de otro, solidaridad entre dependiente y principal, imputación a personas jurídicas, incluso traslación automática de la sanción a directores y administradores.
Todo eso, que en el penal provocaría escándalo constitucional, aquí se aplica sin sonrojo. Lo que ocurre —y conviene decirlo con todas las letras— es que la regla de la culpabilidad en el campo administrativo no funciona como regla de todo o nada. No es el “si hay dolo o culpa, hay sanción, y si no, no hay nada”. Es más bien un principio optimizable, sometido a ponderación, capaz de ceder frente a las necesidades de control, de recaudación, de tutela de la organización administrativa. En otras palabras, el derecho administrativo sancionador se da el lujo de relativizar lo que en penal es dogma. Y en este punto el artículo 902 del Código Aduanero es ejemplar. A contramano de la dogmática penal, declara que el error o la ignorancia no eximen de responsabilidad.
¿Inaceptable bajo el prisma penal? Sí. ¿Perfectamente aplicable bajo la lógica aduanera? También. Porque aquí lo que se protege no es solo la libertad individual sino el orden económico, la eficacia del contralor y la regularidad del comercio exterior. De seguro, la letra del Código no se entretiene con introspecciones psicológicas: necesita responsables concretos. Por eso, a pesar de la elegante pretensión de unidad en el derecho sancionador, lo cierto es que el campo administrativo —y dentro de él el aduanero con particular crudeza— conserva viva la responsabilidad objetiva. No como un capricho autoritario, sino como un instrumento de control. Va de suyo que en esa contradicción radica la verdad incómoda, ya que la unidad del derecho sancionador es una aspiración académica, no una realidad normativa.
IV. En esa inteligencia, ninguna duda cabe respecto de que la culpa no constituye un elemento imprescindible en la arquitectura de la responsabilidad sancionatoria administrativa. Basta la realización del hecho que exterioriza las apariencias típicas de la infracción para que se configure la responsabilidad. Dicho en términos llanos: en este ámbito el juicio de reproche personal es irrelevante, habidas cuentas de que la imputación no descansa en la interioridad subjetiva del agente sino en la constatación objetiva de la infracción. A diferencia del campo penal, donde la culpabilidad opera como requisito indeclinable para la razonabilidad de la sanción, en el derecho administrativo la sanción no se legitima en la proyección de un reproche personal sino en la protección funcional del sistema regulatorio. Esto explica que pueda verificarse —como bien ha señalado la doctrina crítica— una disociación entre autoría y responsabilidad, algo que en el universo punitivo resultaría un oxímoron inaceptable.
V. En este sentido, el Código Aduanero argentino es quizás el laboratorio más franco de este modelo. Allí se consagra un régimen donde la simple inobservancia de los deberes objetivos genera responsabilidad, prescindiendo de cualquier factor subjetivo de atribución. No obstante que la Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades (Fallos: 267:457; 275:242, entre otros) la aplicación de principios generales del derecho penal al derecho infraccional, la verdad es que ese bagaje punitivo no desciende con toda su densidad, ya que se lo invoca como parámetro retórico, pero se lo mutila en lo esencial, justamente en el punto de la culpabilidad.
VI. La infracción paradigmática del sistema, prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, es ilustrativa. Allí se sanciona la mera inexactitud en la declaración aduanera, siempre que sea susceptible de producir perjuicio fiscal, transgresión normativa o alteración en los pagos. Lo que se protege es el principio de veracidad y exactitud en la declaración, porque de su cumplimiento depende que el aparato estatal no deba destinar recursos colosales a tareas de fiscalización. Si el obligado declarase correctamente, la Aduana podría prescindir de su costoso engranaje de control. Como ello no ocurre en la realidad —ni en la Argentina ni en ninguna aduana del mundo, se imponen figuras sancionatorias que obliguen a la disciplina. En orden a ello, la conclusión es inevitable respecto de que al servicio aduanero no le interesa la historia subjetiva del incumplimiento. El sistema no se pregunta si hubo dolo, si hubo error excusable, si hubo negligencia. Le basta constatar la inexactitud material. El obligado a declarar responde y las razones íntimas de su incumplimiento son, en principio, ajenas al interés del fisco. Así, el derecho administrativo sancionador —y en particular el aduanero— muestra que la tan proclamada “unidad del derecho sancionador” es más bien un artificio teórico. Porque mientras el derecho penal exige, con solemnidad, la culpa como condición de legitimidad, el derecho administrativo se permite desplazarla, relativizarla o prescindir de ella, en nombre de la eficacia, la veracidad y el orden económico.
VII. En ese sentido, cabe consignar que la Corte Suprema, con la solemnidad de siempre, ha repetido en sus viejos tomos de Fallos (CSJN Fallos: 18:350; 156:100; 162:224; 184:162; 184:417; 239:449; 239:501; 267:457; 287:76; 288:356; 289:336; 297:215; 304:892; 304:1692; 305:373; 308:1224; 308:2043), que las multas son sanciones penales. Lo dijo en aduaneros, en internos, en impuestos de sellos, en contribuciones especiales, y uno puede citar números como un disco que se repite una y otra vez. Pero basta mirar con lupa esos precedentes para advertir que las garantías del derecho penal no bajan con todo su peso al subsuelo del derecho administrativo. Allí el eco de la Constitución se escucha apagado y lo que en el Código Penal es regla de oro, en la aduana se vuelve un lujo académico. Cabe insistir respecto de que si el derecho infraccional se reglara con los cánones penales, solo respondería quien hizo la acción y nada más. En cambio, la maquinaria administrativa es menos sentimental. Lo único que le interesa es que alguien incumplió y que el deber objetivo quedó herido. Poco importa la trama que condujo al error, sino lo que pesa es la inobservancia, seca y contundente. Por eso mismo la legislación administrativa se permite cosas que en penal sonarían a herejía. La responsabilidad indirecta, la solidaridad automática, la sanción al guardador por lo hecho del menor, la condena a la persona jurídica como si fuera un sujeto de carne y hueso. Todo ello se acepta como si nada porque el sistema gira en torno al deber y no a la conciencia del infractor. Más todavía, el cuadro se vuelve aún más áspero. El obligado puede ser víctima del engaño de un tercero y sin embargo no podrá usar esa desgracia como excusa. La Aduana no quiere escuchar relatos de infortunio, quiere resultados. Es como un patrón impaciente que no pregunta por las razones de la demora, solo mide si la tarea fue hecha.
VIII. En ese escenario, el principio de culpabilidad pierde solemnidad y se vuelve un adorno. La infracción administrativa se nutre de la inobservancia objetiva y de la necesidad de mantener a raya el desorden del comercio exterior. Así se entiende que la responsabilidad se separe de la autoría y que la persona jurídica cargue con la pena como si fuera culpable de carne y hueso. Lo curioso es la paradoja. La Corte habla de sanciones penales, pero a la hora de aplicarlas no exige las mismas garantías. En el papel todo parece penal, en la práctica es administrativo puro, con la crudeza de un régimen que necesita disciplinar más que comprender. El discurso judicial viste de gala a las multas, pero debajo del traje late una maquinaria que castiga incluso al que fue víctima. Un sistema que no se detiene a preguntar si hubo dolo, negligencia o buena fe. Lo único que necesita es un responsable, alguien a quien dirigir el golpe. La conclusión es amarga. El derecho penal se desvive por las garantías, mientras el derecho administrativo sancionador por sabio sabe que en la frontera los manuales no sirven de escudo y que la responsabilidad objetiva goza de una salud envidiable.
IX. En efecto, si alguien pretendiera trasladar los principios del derecho penal a la potestad sancionadora administrativa, el resultado sería un derrumbe en cámara lenta. Bastaría exigir la coherencia con el dogma de la culpabilidad personal y de la autoría directa para que el sistema colapse como un edificio carcomido por dentro. El derecho administrativo sancionador quedaría maniatado, incapaz de imponer sanciones salvo a quienes hubieran actuado en forma personal y directa, como si la complejidad de la vida económica pudiera reducirse al esquema de un ladrón sorprendido con las manos en la billetera. La cuestión se vuelve aún más evidente cuando aparece la figura del intraneus, el obligado formal por la norma, frente al extraneus que maneja el dominio real de la situación.
De seguro, el derecho penal se ahogaría en debates sobre autoría mediata y dominio del hecho. El administrativo, más pragmático, recurre a la responsabilidad solidaria como mecanismo ordinario, no como excepción monstruosa. La solidaridad pasiva es, en este terreno, la llave que permite a la administración reclamar a más de uno, introduciendo un sistema de control interno entre quienes deben velar por la obediencia de la orden administrativa y quienes ejecutan la infracción. A estas alturas a ningún observador prudente de la realidad se le escaparía que la actividad económica, con su maraña de contratos, sociedades y delegaciones, obliga a aceptar esta lógica. Allí las personas jurídicas son protagonistas ineludibles y al mismo tiempo fantasmas jurídicos ya que actúan sin cuerpo, cometen infracciones sin manos.
¿Cómo hablar de autor material si la empresa es solo un artificio legal? Es en ese vacío donde aparece la figura del “actuar en lugar de otro”. Sin ella, sería imposible imputar responsabilidad en el marco de la empresa moderna. En la práctica esto significa que el empleado, el apoderado, el despachante o el agente operan en un ámbito ajeno, pero lo hacen bajo el paraguas de una obligación administrativa que pesa sobre otro. Y si en ese contexto cometen un ilícito, la imputación alcanza al obligado principal, siempre que el hecho coincida con la descripción formal del ilícito. No interesa la minuciosa reconstrucción psicológica del agente, ni la historia íntima de cómo se configuró la infracción.
Lo que cuenta es la condición del sujeto pasivo: ser agente de retención, ser contribuyente, ser importador. El delito común no reconoce estas sutilezas. Allí el sujeto activo es cualquiera y la culpabilidad se mide en la intención o la imprudencia de quien ejecuta la acción. En cambio, el ilícito administrativo se construye a partir de una cualidad especial.
X. En consecuencia, la responsabilidad se impone aunque el obligado no haya realizado materialmente el acto. Es la lógica áspera de un régimen que se orienta por la eficacia del control antes que por el consuelo garantista. Imaginemos la escena con crudeza. El obligado, ese intraneus al que la ley ata con sogas invisibles, se convierte en víctima del ilícito. Un extraneus se aprovecha de su estructura, utiliza su nombre o se vale de su confianza para consumar la infracción. El intraneus no participa, no ordena, no conoce y sin embargo termina arrastrado por la lógica implacable del sistema. En el derecho penal, este hecho lo liberaría, habidas cuentas de que la víctima nunca puede ser a la vez victimario. Pero en el derecho administrativo sancionador la historia es distinta. Allí el aparato normativo no se pregunta si el obligado fue engañado o si sufrió la maniobra ajena. Lo único que constata es la inobservancia del deber, y a partir de ese dato erige la sanción.
XI. No me escapa que esto puede sonar como un disparate, pero es la consecuencia directa de la concepción objetiva que estructura el régimen. El sistema no tolera excusas ni introspecciones. No le interesa la novela de cómo el intraneus fue burlado por el extraneus. Le basta con saber que el deber de garante existía y que se incumplió. La víctima de la infracción puede así convertirse en sancionado, no porque se le reproche dolo o negligencia, sino porque la arquitectura administrativa necesita responsables visibles. En este sentido, la sanción se despoja de su sentido clásico de reproche personal y se transforma en un instrumento de disciplina sistémica. El intraneus es sancionado no por lo que hizo, sino por lo que representaba en el engranaje del deber. Ser víctima no lo salva, porque su posición como obligado lo coloca en el centro de la responsabilidad objetiva.
XII. Con toda verdad, el resultado es incómodo, incluso doloroso, pero coherente con la lógica del sistema, habidas cuentas de que la autoridad administrativa no puede permitirse que el ilícito quede sin responsable. Si el obligado fue víctima del extraneus, podrá luego intentar repetir contra él en sede civil, pero la sanción administrativa se le aplicará igual. Así se desnuda la diferencia con el derecho penal, donde la culpabilidad individual es el límite. En el derecho administrativo sancionador, en cambio, lo que importa no es el relato subjetivo de la víctima, sino la eficacia objetiva del control. En última instancia, este rigor revela la crudeza de la arquitectura normativa, porque el sistema prefiere castigar al garante que fue víctima, antes que dejar sin sanción un incumplimiento que amenaza la regularidad administrativa.
XIII. En ese orden de ideas bien puede sostenerse sin rodeos que el derecho administrativo sancionador resuelve con rudeza las dificultades que el derecho penal arrastra desde hace siglos para establecer la relación entre acción y resultado. Mientras la teoría del delito se enreda en la prueba de causalidad, en el fino desmenuzamiento de la culpa y en la obsesión por el grado de diligencia debida, en principio, el régimen administrativo se limita a constatar la violación objetiva de la norma que regula una actividad. No le interesa ahondar en la relación psicológica entre el sujeto y el hecho ni tampoco en el análisis microscópico de la previsibilidad. Le basta la infracción como fenómeno externo. En el terreno penal, los tipos culposos demandan que la falta de cuidado haya sido la causa determinante del resultado. Sin ese puente entre negligencia y daño, no hay delito posible. En cambio, en la órbita administrativa, la sanción se apoya en la infracción objetiva, en la constatación de que un deber fue incumplido. Lo que en penal sería un vacío causal, en administrativo se llena con la mera inobservancia. El derecho administrativo construye un régimen de riesgos permitidos y riesgos prohibidos, y quien ingresa en ese universo sabe que su obligación no se evapora aunque delegue en terceros. Ejemplos sobran. El dueño de un automóvil no puede excusarse porque lo prestó a alguien que parecía serio y terminó usándolo para infringir las reglas. El contribuyente no puede ampararse en la desidia del contador que dejó de pagar los impuestos. El comerciante no puede limpiar su responsabilidad porque sus empleados estafaron al cliente cobrando en efectivo sin facturar. En todos esos casos, la sanción administrativa se impone igual. El sistema no se entretiene con relatos de buena fe ni con la auto puesta en peligro de la víctima. De allí se concluye que el derecho administrativo sancionador no admite excusas basadas en relaciones intersubjetivas. No se interesa por el drama personal de la traición ni por el engaño del tercero. La responsabilidad indirecta o refleja sigue gozando de excelente salud en este ámbito, y el legislador administrativo no está dispuesto a perder tiempo en el examen subjetivo del obligado. Lo que interesa es la eficacia del régimen y la garantía de que siempre exista alguien a quien reclamar.
XIV. En ese estado de cosas se percibe sin hesitación alguna que la célebre teoría del dominio del hecho, con toda su elegancia germánica, se muestra impotente cuando se la quiere aplicar al terreno pedestre del derecho administrativo sancionador. Allí donde ella pregunta quién tuvo la capacidad de dirigir el curso de los acontecimientos, el régimen administrativo responde con sequedad que autor es simplemente quien estaba obligado por la norma. En otras palabras, la dogmática penal se entretiene averiguando quién tenía el control de la orquesta, mientras que la administración solo busca al titular del deber, aunque haya sido un músico más en la escena. El derecho penal distingue entre autor y partícipe según el grado de control sobre el hecho. El administrativo sancionador, en cambio, prescinde de esa coreografía. Lo decisivo es si el sujeto era intraneus, portador de un deber especial, porque solo él puede violarlo. El extraneus, por más que empuje, persuade o colabore, nunca podrá ser autor. En este marco, discutir sobre dominio del hecho es un dispendio inútil, una distracción que solo serviría para enredar los procedimientos con debates de psicología jurídica. En la práctica esto significa que todo intraneus es autor, aunque su rol haya sido secundario o accesorio. Puede haber actuado de propia mano, facilitando medios, instigando a otro o dejando hacer. Poco importa la etiqueta penal de autoría, complicidad o instigación. La infracción del deber lo convierte siempre en autor a los ojos del sistema, porque solo quien estaba llamado a cumplir ese deber podía traicionarlo. Nadie más.
XV. De seguro este enfoque revela la naturaleza distinta del ilícito administrativo. No se trata de reprochar intenciones ni de reconstruir cadenas de dominio. Lo que se tutela es un deber administrativo concreto, anclado en la justicia distributiva de las cargas públicas. El núcleo del ilícito no es la lesión a un deber general de sujeción a la ley, sino el quebrantamiento de un deber especial nacido de la posición del sujeto frente al aparato regulatorio. Es por ello que en los ilícitos administrativos no interesa quién tuvo el control material de la situación, porque la responsabilidad se construye de manera objetiva alrededor de la infracción de un deber sectorial. Lo que caracteriza a esta órbita es que el infractor no se define por lo que hizo, sino por lo que estaba obligado a hacer y no hizo. Esa es la brutal sencillez del sistema y también su diferencia insalvable con la prolija dogmática penal.
XVI. En tales condiciones, lo que debe subrayarse, a riesgo de sonar repetitivo, es que el fundamento de la responsabilidad en materia administrativa no descansa en los deberes generales de convivencia propios de la ciudadanía —el viejo neminem laedere— sino en la infracción de deberes especiales nacidos de un estatus específico. El particular no es sancionado por haber lesionado bienes ajenos en ejercicio de su libertad, sino por no haber cumplido la obligación que le impone la ley en razón de su rol. Esta diferencia, que puede parecer de matiz, es en realidad un corte profundo entre la lógica del derecho penal y la del derecho administrativo sancionador. El penalista seguirá buscando al autor a través de la teoría del dominio del hecho, preguntándose quién tenía el control de la acción, quién pudo decidir y orientar la realización del delito. El administrador, en cambio, no se pierde en esas introspecciones. Autor será siempre el intraneus, el obligado por el deber, aunque se haya limitado a mirar desde un costado mientras otro ejecutaba la infracción. Lo decisivo es el incumplimiento del deber, no el control empírico de los acontecimientos.
XVII. Así todo, he reconocido que esta lógica admite una excepción cuando el cumplimiento de la obligación se torna objetivamente imposible. El importador puede ser responsable por la inexactitud en su declaración de destinación aduanera, pero si los faltantes o sobrantes son atribuibles de manera razonable al transportista o al depositario —esferas también sometidas al control del servicio aduanero— la sanción no procede. Esa es la única grieta que admite el sistema en orden la imposibilidad probada de cumplimiento. Pero insistir en rescatar a la culpabilidad como esencia de la infracción administrativa es confundir las aguas. Se sanciona la infracción del deber, no la falta de diligencia respecto del extraneus que cometió la acción ilícita y máxime que en la mayoría de los regímenes sectoriales ni siquiera se exige diseñar modelos organizacionales específicos para garantizar el cumplimiento. Lo que se exige, de manera brutal, es que el deber se cumpla, y quien lo porta responde si no se cumple.
XVIII. Resulta evidente que la única excusa admisible en el terreno sancionador administrativo es la ausencia de razonabilidad en la obligación impuesta. No hay otra salida. Si la norma es confusa al punto de no permitir distinguir lo permitido de lo prohibido, se abre la puerta a la excepción. Pero fuera de ese supuesto, la regla es clara y dura: quien se mueve en un ámbito regulado debe conocer la normativa que lo rige, sin poder invocar ignorancia ni error como salvavidas. En este sentido, la responsabilidad personal pierde protagonismo porque desconoce el propósito del sistema. La sanción administrativa no es un reproche moral al infractor, sino un mecanismo de disciplina que redistribuye cargas y protege bienes colectivos. Sin embargo, este rigor debe estar limitado por los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley. La solidaridad no puede convertirse en una condena desmedida que comprometa patrimonios por todo evento ni tampoco puede funcionar como una máquina ciega de castigo que erosione garantías básicas. Por eso, el desafío contemporáneo consiste en reformular la potestad sancionadora administrativa como una herramienta autónoma, con reglas y principios propios, sin seguir atado a las fórmulas del derecho penal maquilladas para otro escenario. El derecho administrativo no puede seguir prisionero de categorías que no fueron pensadas para la complejidad de la economía regulada, ni puede permanecer impasible frente a los nuevos métodos de producción. Una potestad que no evoluciona se convierte en letra muerta y deja sin protección a los intereses colectivos.
XIX. En definitiva, negar las diferencias morfológicas entre el delito penal y el ilícito administrativo es cerrar los ojos ante lo evidente. Los deberes no son los mismos ni están dirigidos a los mismos destinatarios. En el ordenamiento penal los deberes de respeto hacia los bienes jurídicos se proyectan sobre todos los ciudadanos por igual. El derecho administrativo sancionador, en cambio, impone deberes especiales a sujetos que ocupan posiciones específicas frente al bien jurídico, y sanciona su incumplimiento con independencia de la intención o la culpa. En el campo penal, incluso en los delitos de infracción de deber, el simple quebrantamiento de la obligación no basta para integrar el injusto.
La pena exige algo más en orden a la afectación de un bien jurídico y un reproche personal sustentado en dolo o culpa. Sin esos elementos, el sistema penal se desmorona, porque no concibe sancionar a un intraneus sin reprochabilidad moral. En la órbita administrativa ya vimos que la imputación no requiere evaluar si actuó con dolo o culpa, porque lo que interesa no es el reproche moral sino la disciplina normativa. Allí cabe incluso la responsabilidad por hechos cometidos por terceros, porque lo determinante es que el obligado falló en su posición de garante. Por ello es que el contraste no puede ser más claro. En el derecho penal la pregunta es quién tuvo el dominio del hecho y cuál fue su culpabilidad.
En el derecho administrativo sancionador la pregunta es quién era el obligado y si cumplió o no su deber. El análisis se desplaza desde la subjetividad del autor hacia la objetividad del estatus. Por eso la teoría del ilícito administrativo relativiza la distinción entre acción y omisión, porque lo decisivo no es cómo actuó el sujeto sino si dejó insatisfecha su obligación. Lo relevante es si tenía la competencia jurídica para impedir el resultado y si la obligación que lo ataba era posible de cumplir. Esto último abre una puerta estrecha para las excusas en orden a que solo se admite la imposibilidad objetiva, como en los supuestos de fuerza mayor. Allí donde el cumplimiento resulta irrazonable o imposible para cualquiera, la responsabilidad se extingue.
En los demás casos, la infracción del deber basta para fundar la sanción, sin necesidad de indagar en las motivaciones íntimas del agente. De este modo, el sistema administrativo logra dos objetivos, habidas cuentas de que, por un lado, asegura eficacia y economía en la imposición de sanciones, evitando el dispendio probatorio propio del derecho penal y, por otro, preserva la justicia distributiva al imponer la carga a quien está mejor posicionado para cumplirla.
XX. Asimismo en orden a mantener una línea de coherencia no debe perderse de vista que esta sala con igual conformación a la presente ha sostenido que el principio de culpabilidad no rige como exigencia invariable en sede infraccional aduanera, admitiéndose la configuración de responsabilidad sobre bases objetivas cuando la finalidad del sistema es asegurar el cumplimiento de deberes institucionales. En tal sentido, se ha considerado el art. 954 C.A. exige la verificación objetiva de una inexactitud con aptitud para producir los efectos tipificados, sin requerir prueba de dolo o culpa; y la ausencia de esa aptitud impide la sanción. TFN, Sala G, Cintolo Hnos Metalúrgica S.A.I.C. c/ D.G.A., EX‑2024‑88970337 (voto del Dr.
Licht; adhesiones de la Dra. Sarquis y del Dr. Segura, del 24 de abril de 2025). Unos días antes en el precedente “Embassy Freight Argentina S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación” (Expte. N° 35.663-A, 10 de abril de 2025), esta Sala resolvió revocar la resolución administrativa apelada y liberar de sanción a la actora. Cabe dejar expreso que quien suscribe compartió la solución final alcanzada por el voto preopinante, pero sostuvo una diferente opinión en el considerando VII, relativa al alcance del principio de culpabilidad en materia infraccional aduanera. En ese tramo del voto preopinante se enfatizó la vigencia del factor subjetivo de atribución, mientras que este magistrado, aunque arribando al mismo resultado absolutorio, reafirmó la naturaleza objetiva de la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, entendiendo que la responsabilidad en este ámbito se vincula al incumplimiento de un deber formal de veracidad, con independencia del dolo o la culpa.
Cabe destacar que la Dra. Sarquis, por su parte, adhirió expresamente al voto de quien suscribe, dejando de ese modo consolidada la posición que distingue entre el desenlace práctico de la causa —revocatoria de la sanción— y la fundamentación jurídica, en la que se sostuvo una concepción objetiva de la infracción aduanera, en disidencia con lo sostenido en el considerando VII del voto del Dr. Segura. Precisamente, en ese derrotero corresponde también recordar lo decidido por esta Sala en los autos “Papelera Tucumán S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación” (Expte. N° 36.319-A, sentencia del 17 de abril de 2024), en la que se debatió una diferencia entre la mercadería declarada y la efectivamente ingresada, imputándose la infracción prevista en el artículo 954 incisos b) y c) del Código Aduanero.
En aquella oportunidad, la defensa invocó la inexistencia de perjuicio fiscal y la necesidad de aplicar el principio de culpabilidad de raigambre constitucional para eximir de responsabilidad a la encartada. La Sala, sin embargo, rechazó expresamente tal planteo y reafirmó que el derecho administrativo sancionador aduanero no se edifica sobre la comprobación de dolo o culpa, sino sobre la verificación objetiva de la inexactitud y su aptitud para producir los efectos previstos en la norma. Se enfatizó que, a diferencia del derecho penal, donde la culpabilidad constituye presupuesto indispensable de la sanción, en el ámbito aduanero el bien jurídico tutelado es la veracidad de la declaración y la regularidad del tráfico internacional, bastando la discordancia objetiva entre lo declarado y lo constatado para configurar la infracción.
Este precedente, dictado el 17 de abril de 2024, es decir, un año antes de los casos posteriormente mencionados, permite advertir la existencia de una línea jurisprudencial reciente que consolida la naturaleza objetiva de la responsabilidad en materia de declaración inexacta. De tal manera, Papelera Tucumán se erige como antecedente inmediato y coherente con la interpretación que aquí se sostiene: la infracción del artículo 954 del Código Aduanero se configura por la mera constatación de la inexactitud, con prescindencia de la intencionalidad del sujeto. Así, en apariencia, la sala habría modificado su jurisprudencia anterior establecida en la causa “SISEN S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación” (Expte.
N° 31.631-A, sentencia del 2021), en la cual la mayoría de sus integrantes entendió que la aplicación de sanciones en materia infraccional aduanera requiere la verificación de un mínimo de culpabilidad en cabeza del encartado. En dicho precedente, frente a un transporte en el que se halló mercadería oculta en la cabina del camión, la Sala —con votos de los Dres. Segura y Sarquis— resolvió eximir de responsabilidad a la empresa transportista sobre la base de que la conducta podía atribuirse exclusivamente al chofer, rechazando así la posibilidad de imputar objetivamente la infracción a la firma. Sin embargo, corresponde dejar constancia de que quien suscribe mantuvo en aquella ocasión una opinión disidente, por entender que el derecho administrativo sancionador, y en particular la materia aduanera, admite hipótesis de responsabilidad objetiva en las que basta la verificación de la infracción sin necesidad de acreditar dolo o culpa, toda vez que el transportista asume la calidad de garante frente al servicio aduanero.
XXI. Sentado lo que antecede, cabe señalar que la causa se reduce a la sencillez de un hecho incontestable. El importador, frente a un bulto que no arribó intacto y cuya diferencia de peso fue constatada con anterioridad a la formulación de la declaración, eligió igualmente declarar la mercadería como si la totalidad de los relojes se encontrara presente. Tan es así que, al contestar la vista, la propia defensa sostuvo que el faltante no pudo pasar desapercibido para la Aduana, lo que equivale a reconocer que tampoco pudo pasar inadvertido para el declarante. No se trata, entonces, de indagar en presuntas sustracciones durante el transporte ni de extender responsabilidades solidarias por hechos de terceros, sino de constatar que el obligado, con pleno conocimiento de la anomalía, persistió en una declaración inexacta. Ninguna duda cabe que esa conducta frustra la finalidad de control del servicio aduanero y encuadra en el tipo previsto por el art. 954 del Código Aduanero, cuya configuración se satisface con la sola discordancia entre lo declarado y lo verificado.
XXII. En efecto, no existe controversia en cuanto a los hechos: el 23 de septiembre de 2003, la mercadería ingresó al depósito fiscal con una diferencia de peso de 2,55 kg respecto de la guía aérea N.º 07531476964, circunstancia asentada en la planilla de recepción de vuelo N.º 556470. El importador, al oficializar la destinación, consignó un peso bruto coincidente con el efectivamente registrado, lo que revela que estaba advertido de la anomalía. Pese a ello, en el ítem correspondiente declaró la totalidad de los 38 relojes (posición arancelaria 9102.11.10.123B), como si hubieran arribado sin merma. Tal proceder configura, sin hesitación, una declaración inexacta en los términos del art. 954 del Código Aduanero. No se trata de indagar en la existencia de un robo ni de desplazar culpas hacia terceros, ni tampoco de discutir la intencionalidad del declarante, pues la infracción se configura de modo objetivo y el art. 902 del Código expresamente descarta que el error de hecho o de derecho sirva como eximente. Lo determinante es que, advertido de la diferencia, el obligado persistió en consignar una cantidad que no correspondía con la realidad fáctica, frustrando con ello la finalidad de control aduanero.
XXIII. En esa comprensión del tema, en cuanto al grado de responsabilidad del importador, no puede soslayarse que éste conocía al momento de oficializar la destinación la diferencia de peso existente entre lo declarado en la guía aérea y lo efectivamente constatado en el depósito fiscal. Tal circunstancia no sólo estaba documentada en la planilla de recepción de vuelo, sino que había sido reconocida al declarar el peso bruto coincidente con el del bulto ingresado. A pesar de ello, el obligado no adoptó ninguna de las medidas que la ley propicia para ajustar su declaración a la realidad, sino que insistió en consignar la totalidad de los 38 relojes.
XXIV. Precisamente frente a situaciones de duda respecto del contenido de un envío, el Código Aduanero prevé expresamente en su art. 221 la posibilidad de formular la denominada “declaración de ignorar contenido”, a fin de que la verificación aduanera determine con certeza la mercadería efectivamente ingresada. Este mecanismo, concebido como salvaguarda ante anomalías, estaba a disposición del importador en el caso. Sin embargo, lejos de ampararse en esa herramienta, la firma optó por avanzar en la oficialización de la destinación consignando los 38 relojes, a pesar de conocer la diferencia de peso registrada y los riesgos que ello implicaba. A lo que debe adicionarse que, ni siquiera se ha actuado con la posibilidad de realizar la declaración conforme manda el artículo 234 apartado 3 del Código Aduanero, a través de la cual se posibilita que, cuando la declaración se realizare utilizando un procedimiento informático, el servicio aduanero podrá codificar los elementos de la declaración. No obstante, si a juicio del declarante el sistema de codificación no llegara a contemplar ciertos datos relativos a la descripción de la mercadería o a las circunstancias concernientes a la operación, que fueren necesarios para la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería o que tuvieran relevancia para la correcta aplicación del régimen tributario o de prohibiciones o restricciones, el declarante podrá optar por registrar la destinación solicitando la intervención del servicio aduanero y brindando los elementos que considerare necesarios para efectuar una correcta declaración. Omisiones que, ante el conocimiento del importador de estas diferencias que se han advertido previamente, resultan relevantes para rechazar cualquier eximente de responsabilidad pretendida por la recurrente.
XXV. En consecuencia, la omisión de requerir la constatación previa que la ley ofrece como remedio específico convierte en inexcusable la inexactitud de la declaración y confirma la responsabilidad infraccional en los términos del art. 954 del Código Aduanero. Máxime que tal situación ha quedado reconocida por el propio importador en el propio recurso de apelación, en donde reconoce que el faltante fue advertido en el depósito aduanero antes de la oficialización de la declaración aduanera, circunstancia que también era conocida por todos los intervinientes, incluido él mismo. Justamente no resulta relevante, si la mercadería fue sustraída en una etapa previa o si se encontraba bajo la custodia jurídica de otro operador.
En tanto, el importador teniendo conocimiento de la diferencia de peso y contando con experiencia técnica suficiente a través de su despachante de aduana, podía comprender la trascendencia de una declaración aduanera, pero prefirió no corroborar el contenido y declarar de manera inexacta, sin efectuar las acciones que la ley posibilita a fin de no situarse ante una declaración comprometida de naturaleza inexacta. La cual pudo haber sido evitada y a pesar de ello, se decidió documentar la declaración aduanera. No pudiendo con posterioridad a conformar la destinación, con expreso conocimiento de una diferencia de este tipo, sostenerse como argumento válido que ha habido una sustracción anterior para, ahora, eximirse de responsabilidad en su conducta de llevar adelante una declaración que en principio existían elementos que daban cuenta de una inexactitud inicial.
Por otro lado, tampoco resulta atendible la justificación del importador en cuanto, a que no solicitó la declaración de contenido porque ello no habría pasado desapercibido para el servicio aduanero. La finalidad de dicha figura es justamente brindar seguridad cuando existe duda sobre la naturaleza o cantidad de la mercadería a importar, evitando declaraciones incorrectas. Lo relevante es el deber del importador de asegurar la exactitud de su declaración, no la constatación del servicio aduanero. Además, el propio apelante sostiene que el faltante fue constatado previamente por las autoridades del depósito, lo que —a su criterio— impediría que el servicio aduanero pudiera alegar desconocimiento.
Sin embargo, este argumento refuerza la improcedencia de su conducta, pues reconoce que el faltante ya era evidente y, aun así, procedió a declarar los relojes inexistentes. Debe recordarse que la relación jurídica aduanera entre el Estado y los operadores de comercio exterior se funda en el principio de “despacho en confianza”, basado en la declaración previa (arts. 231 y 330 del Código Aduanero). Dicho sistema busca agilizar el comercio internacional, confiando en la veracidad de las declaraciones del importador o exportador. La Aduana autoriza el libramiento sin verificar en muchos casos la totalidad de la mercadería, razón por la cual la exactitud de las declaraciones constituye un pilar esencial.
Así, el argumento del importador de que el servicio aduanero “no habría pasado por alto” la diferencia carece de validez. Lo que se tutela es la obligación de declarar con veracidad, independientemente de los controles posteriores.
XXVI. En tales condiciones no comparto lo señalado en el voto que antecede, en cuanto absuelve al importador bajo la premisa de que el monto involucrado sería irrelevante o de que no existió una finalidad de encubrir un giro indebido de divisas. Efectivamente el art. 954 del Código Aduanero sanciona, no el propósito subjetivo del declarante, sino la falta de veracidad objetiva en las declaraciones aduaneras. De su literalidad resulta que la norma dispone que incurre en infracción quien declare datos distintos a los que surjan de la comprobación, siempre que, de pasar inadvertidos, pudieran producir un ingreso o egreso indebido de fondos. En consecuencia, conviene remarcar dos premisas esenciales para evitar equívocos: A diferencia del delito de contrabando, las infracciones aduaneras no exigen intencionalidad ni dolo alguno. El concepto de inexactitud abarcado por el art. 954 inciso c) se refiere a aquellas diferencias que puedan implicar un resultado económico indebido. No se trata de “encubrir” un egreso de divisas —lo cual sería materia de contrabando— sino de declarar con rigor y fidelidad lo efectivamente ingresado.
En conclusión, en la especie, el importador, con pleno conocimiento de la diferencia de peso y disponiendo de mecanismos legales para constatar el contenido del bulto, omitió utilizarlos y persistió en declarar la totalidad de los relojes. Tal proceder basta para encuadrar su conducta en el art. 954 del Código Aduanero, sin que puedan admitirse excusas, justificaciones ni alegaciones sobre la cuantía del perjuicio. Ya que, en efecto, aceptar la tesis absolutoria bajo el pretexto de la irrelevancia económica o de la falta de intención equivaldría a desnaturalizar el régimen infraccional previsto en el art. 954 del Código Aduanero y a abrir una peligrosa puerta, en donde la Aduana quedaría reducida a un espectador indulgente de inexactitudes “menores”, tolerando un goteo constante de falsedades que, en su acumulación, erosionarían la eficacia misma del sistema. El control aduanero exige declaraciones veraces y completas; lo contrario sería como legitimar la inexactitud en dosis homeopáticas. Por ello, la sanción no solo es jurídicamente procedente, sino también institucionalmente necesaria para preservar la integridad del comercio exterior.
Por ello voto por confirmar la resolución apelada, con costas.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
1. Confirmar la Resolución Nro. 493/2008 (AD CORD) dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el expediente administrativo SIGEA N° 12668-1012-2006 (SA17-04-297).
2. Con costas a la actora.
Regístrese y notifíquese. Por Prosecretaría de Registro procédase a notificar al Dr. Ricardo Bordcoch en el domicilio constituido en autos (Av. Corrientes N° 1145 Piso 5°, Of. 59/60), por medio de Oficial Notificador.
Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.10.23 16:34:51 ART Date: 2025.10.24 15:22:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.24 15:34:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.24 15:34:36 -03:00
Fin de la sentencia