Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las multas apeladas en autos, con costas.
2Regular en la suma de $13.333 (pesos trece mil trescientos treinta y tres) a la Dra. Elizabeth Silvia Regueira por su actuación como co-apoderada, en la suma de $33.333 (pesos treinta y tres mil trescientos treinta y tres) al Dr. Oscar Alberto Yulan por su tarea como co-patrocinante, y en la suma de $46.666 (pesos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis) los honorarios de los Dres. Paula Daniela Cervantes y Sergio Daniel Cerdan a cada uno de ellos por sus labores en su doble carácter de co-apoderados y co-patrocinantes teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, la etapa procesal cumplida y demás pautas de la ley 21.839.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-120499990-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Octubre de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7° Nominación), Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8° Nominación) y Daniel A. Martín (Vocal Subrogante de la 9° Nominación), para resolver en el expediente N° 39.937-I y su acumulado 40.342-I, ambos caratulados “BRITEZ, JORGE s/recurso de apelación”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 7/17 vta.y 62/72 vta. se interpone recurso de apelación contra las resoluciones dictadas los días 09/05/2014 y 25/07/2014 por el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI, mediante las cuales se resuelve aplicarle sendas multas en el Impuesto al Valor Agregado, peíodos fiscales enero a diciembre de 2008 y enero a diciembre de 2009 (expte. 39.937-I) y en el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2008 y 2009 (expte. 40.342-I), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 y 47, inc. c) de la ley 11.683 (t.o 1998 y sus modif.), entonces vigente, procediendo la reducción a un tercio prevista en el art. 49 de dicho ordenamiento.
Que el Fisco habría detectado que el contribuyente declaró débitos y créditos fiscales únicamente para el periodo 2008, en tanto que las declaraciones juradas del 2009 fueron presentadas en cero. Asimismo, consideró que existían ventas omitidas, conforme sus acreditaciones bancarias y además impugnó operaciones con ciertos proveedores presuntamente apócrifos. Por ello, el contribuyente procedió a presentar declaraciones juradas rectificativas por los gravámenes y periodos citados supra.
Que en su escrito recursivo, el actor señala que, luego de haber aportado información y documentación requerida por los inspectores, procedió a presentar voluntariamente las declaraciones juradas rectificativas de los tributos en cuestión. Aclara que su actuar no significó el reconocimiento de la materialidad de las infracciones.
Que sostiene que en el caso no se verifica la manifiesta disconformidad que habilitaría a presumir la configuración del elemento subjetivo en los términos del inc. c) del art. 47 de la ley procedimental. Remarca que de la observación de las declaraciones juradas originales y rectificativas se advierte que no surgen de éstas elementos que permitan inferir una conducta a la que pueda atribuirse una figura defraudatoria.
Que expresa que debe tenerse en cuenta que obró con transparencia y colaboró permanentemente con el Organismo para que pudiera establecer la exacta magnitud de sus obligaciones fiscales. Arguye que no fue negligente ni dejó de ser diligente en la liquidación de los impuestos y que sus registros contables no fueron cuestionados por el Fisco. Que entiende que no se ha consumado la conducta ilícita que se le atribuye “por aplicación analógica del criterio receptado por ese organismo en la... Instrucción General (AFIP) N°6/2007” (sic), más precisamente en su art 3.4.2.2. En este sentido, explica que debería aplicarse, en forma análoga en el presente caso, la solución dada por dicho artículo en el supuesto de omisión de impuestos por falta de presentación de declaraciones juradas, es decir, no se le debería imponer sanción. Al respecto, sostiene que resultaría carente de todo sustento jurídico pretender aplicar una multa por la supuesta defraudación del gravamen a aquel contribuyente que -también antes de corrérsele la vista que prescribe el artículo 17 de la ley de rito - procedió a rectificar voluntariamente sus declaraciones juradas. Expresa que de sostenerse lo contrario tendría un tratamiento fiscal (penal) más desventajoso aquel que ha demostrado voluntad de regularizar sus obligaciones tributarias frente a otros que no han evidenciado tal actitud.
Que además, plantea la nulidad de los actos apelados. Sostiene que éstos no cumplen con los requisitos esenciales exigidos por el art. 7 incs. b) y e) de la ley 19.549, a saber: falta de causa y de motivación. Expresa que de la resolución atacada no se desprende con claridad los datos y las pruebas con los que contó el organismo fiscal para arribar a la imputación Que en otro orden de ideas, en cuanto al elemento objetivo, asevera que corresponde al Fisco acreditar que el contribuyente presentó las declaraciones juradas engañosas consignando un impuesto inferior al real que tenía por objeto inducir a error a la Administración, circunstancia que no fue probada, según sus dichos.
Que del mismo modo, asevera que falta el componente subjetivo de la conducta que se le endilga. Al respecto, manifiesta que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas no se encuentran configurados ni el dolo ni el ardid requeridos por la figura típica, dado que no existió ni el organismo acreditó, según sus palabras, maniobra intencional que permita la configuración del tipo infraccional atribuido. Agrega que la postura del Fisco Nacional implica un desconocimiento y apartamiento de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, al invertir el “onus probandi” imponiéndole indebidamente la carga de la prueba de su inocencia.
Que asegura que tampoco se evidencia la ocultación maliciosa de información relevante en el caso dado que ésta surgía de la documentación y los libros de los que se desprendían con claridad los importes fiscales discutidos, conforme sus palabras.
Que advierte que el procedimiento sumarial previsto en la ley 11.683, no estipula que la carga de la prueba le incumbe al contribuyente, ya que según sus dichos, el deber procesal se encuentra a cargo del Fisco dado que si este considera que la conducta del administrado encuadra en alguna de las figuras infraccionales es a aquél a quien le corresponde, no bastando la descripción de los hechos, ya que el art. 47 debe interpretarse dentro del marco que respete los principios constitucionales referidos sin trasladar el deber de probar al contribuyente.
Que agrega que en materia penal tributaria no puede presumirse el dolo y que no se puede afirmar que su accionar reúna los recaudos del inc c) del art. 47, toda vez que el ente recaudador no fundamenta los presupuestos establecidos para que opere la presunción contenida en dicha norma.
Que además sostiene la falta de perjuicio fiscal. Entiende que el bien jurídico tutelado por el art. 46 es la protección de la recaudación tributaria, que en este caso, no se ha visto afectado por su conducta dado que procedió a rectificar las declaraciones juradas respectivas en forma voluntaria.
Que subsidiariamente, solicita se reencuadren las multas aplicadas bajo los lineamientos del art. 45 de la ley de procedimiento tributario, graduándolas en un tercio del mínimo legal, conforme el art 49. Asevera que en ningún momento llevó a cabo actividad alguna tendiente a engañar u ocultar en forma intencional su situación fiscal con ánimo de perjudicar al Fisco tal como lo exige para su configuración el tipo infraccional imputado.
Finalmente, ofrece prueba documental y pericial contable, hace reserva del caso federal y peticiona se revoque la sanción recurrida.
II. Que a fs.28/42 y 80/94 el Fisco contesta los traslados de los recursos interpuestos, solicitando el rechazo de éstos en todas sus partes, con costas, por las razones de hecho y de derecho que expone.
III. Que a fs. 128 se intimó al organismo fiscal para que informe si el recurrente canceló las obligaciones sustanciales en los términos de la ley 27.260 manifestando a fs. 130 que no se encuentra cancelada en su totalidad. De dicha presentación se corrió traslado al actor quien no contestó.
Que a fs. 140 -reiterado a fs. 146- se hace un requerimiento a las partes similar al mencionado en el párrafo precedente, aunque esta vez en los términos de la ley 27.541, siendo contestado sólo por el Fisco a fs. 153, quien informó que las obligaciones principales no han sido canceladas.
Que dicho organismo manifestó que, según sus registros informáticos, la actora no ha cancelado ni regularizado las obligaciones principales.
Que en atención a que la actora no ha contestado tales intimaciones ni el traslado que le fuera conferido respecto de las manifestaciones realizadas por el ente fiscal, a fs. 166 se decidió hacer efectivo el apercibimiento establecido a fs.158, punto 3, y, en consecuencia, se decidió continuar con los autos según su estado.
Que siendo ello así, cabe resolver sobre la procedencia de las multas aplicadas.
IV. Que, en primer lugar corresponde referirse a la nulidad planteada por el recurrente.
Que es dable señalar que los actos aquí apelados fueron emitidos de conformidad con las disposiciones que hacen a su dictado, ya que contienen todos los elementos propios del acto administrativo, habiendo estimado el juez interviniente las circunstancias de hecho y derecho que los sustentaron.
Asimismo, no se advierte en autos irregularidad alguna sostenida a lo largo de las actuaciones, sino que en todo momento y hasta el dictado de las Resoluciones atacadas se cumplieron acabadamente con los requisitos establecidos por el art. 7 de la Ley N° 19.549, ya que se han cumplimentado los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose a la contribuyente conocer la pretensión fiscal y colocándose a su disposición las actuaciones administrativas, para elaborar así la defensa que le pareció a su criterio adecuada razón por la cual corresponde rechazar la nulidad impetrada. Sin costas en atención a haber sido planteada como defensa de fondo.
Que sentado ello cabe recordar que el artículo 46 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.), entonces vigente, disponía que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Que a su turno, el artículo 47 establecía, en lo que aquí interesa: “…Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:… c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”.
Que no se encuentra en discusión que la recurrente conformó el ajuste fiscal mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, sin embargo dicho accionar configura el aspecto objetivo de las sanciones recurridas. Se pone de manifiesto, que no se observa en autos la presentación “espontánea” de las declaraciones juradas omitidas al vencimiento general, sino que esa formalidad se cumplimentó a requerimiento de la inspección actuante, atento a que el contribuyente conformó los ajustes propuestos por el ente recaudador que dejaron al descubierto la maniobra de ocultación. Que con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
Que según surge de los antecedentes administrativos de la causa -vide fs.5/11-, el ente fiscal procedió, como ya se dijo, a consultar las declaraciones juradas del IVA, periodos fiscales 01/2008 a 12/2009. Observó que el administrado declaró importes en concepto de débitos y créditos fiscales solo por el periodo 2008 y en el año 2009 presentó las DDJJ en cero. Que en atención a ello, se cruzaron los débitos fiscales que surgen del libro de ventas con los volcados en las declaraciones juradas del IVA surgiendo una diferencia sólo en el período 2009.
Que además se verificó el crédito fiscal del libro IVA compras con las DDJJ detectándose que en el 2009 la contribuyente no exteriorizó ningún valor. Tampoco dedujo importes en concepto de retenciones y percepciones del IVA. Que del cotejo entre las acreditaciones bancarias y sus ingresos, se observaron excedente de depósitos en ambos ejercicios, los cuales fueron considerados como venas omitidas .
Que como consecuencia de ello, luego de un riguroso análisis, el fisco procedió a impugnar las facturas de los proveedores Gabriel Angel Wildemer, Sergio Acosta, Nelson Francisco Digiobani, Roberto Salvador Gonzalez, Rolando Ramón Villordo, Ricardo Rafael Díaz, considerados por la fiscalización como apócrifos.
Que respecto al Impuesto a las Ganancias, se realizó el cruzamiento de las ventas según los libros con las informadas en las declaraciones juradas y con la circularización efectuada a los clientes, determinándose una diferencia en el ejercicio 2008.
Que también se relevaron las acreditaciones bancarias que tiene el Fisco en su base de datos efectuándose el cruce con los extractos bancarios obtenidos de las circularizaciones, se compararon con sus ingresos y se detectó un excedente de depósitos en ambos ejercicios que fueron considerados ventas omitidas.
Que del mismo modo, se cotejaron los gastos deducidos en concepto de sueldos y cargas sociales con los determinados en la base a los formularios 931 SUSS donde surgió una inconsistencia en los dos períodos anuales.
Que de igual modo, se impugnaron gastos que implicaban erogaciones de fondos por no aportar documentación respaldatoria y no se admitió la deducción de los gastos en concepto de organización.
Que finalmente, teniendo en cuenta los ajustes realizados en el IVA se proyectaron los del impuesto a las Ganancias por su incidencia en este último gravamen.
Que el elemento objetivo se encuentra constituido por la presentación de declaraciones juradas rectificativas; y el elemento subjetivo se vislumbra en la existencia de normas que indican una conducta a seguir y que, no obstante ello, fueron transgredidas mediante la ocultación realizada por la recurrente de los datos que debió oportunamente exteriorizar, resultando una grave contradicción entre las declaraciones juradas presentadas por ésta y los antecedentes recolectados por el personal fiscalizador con el fin de determinar el verdadero alcance de la materia imponible y la documentación que acredita los créditos fiscales reales.
Que cabe destacar, que la actora no acompañó elementos probatorios suficientes que permitan acceder al convencimiento de que la misma ha procedido conforme a derecho, sino que, por el contrario, las irregularidades pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la verdadera magnitud de la operatoria comercial que llevaba a cabo. Tampoco propuso ni produjo pruebas que demostraran que su conducta no se condice con la imputación que le hace el ente fiscal.
Que en este sentido, el citado artículo 47 ley 11.683 incorpora presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. La consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo se presume que el infractor ha tenido intención de defraudar, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (esta Sala causa Nº 17.372/08, "Andechaga, Jorge Luis (TF 25.401-I) c/ D.G.I.", del 15/04/09" Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, del 11/11/2014).
Que en atención a ello, habiéndose acreditado el supuesto dado por la figura dolosa prevista en la ley procedimental, no corresponde hacer lugar al reencuadre de la conducta del actor bajo la figura culposa dispuesta en el art. 45 de dicha normativa, conforme fuera peticionado por él.
Que en virtud de las circunstancias expuestas, corresponde confirmar las multas apeladas, con costas.
V. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $52.510 (Pesos cincuenta y dos mil quinientos diez) por el patrocinio letrado y de $21.004 (Pesos veintiún mil cuatro) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley Nº 21.839, modificada por la Ley Nº 24.432.
Regular los honorarios de la Dra. Liliana F. Maglieri, perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $ 18.344 (Pesos dieciocho mil trecientos cuarenta y cuatro), por la aceptación del cargo, los que quedan a cargo de la recurrente.
Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.-
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos y a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
II. En relación al planteo nulidificante respecto de la falta de causa y motivación, debe destacarse que las resoluciones impugnadas fueron dictadas con fundamento en las circunstancias de hecho y de derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos externos de validez, sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que las presupone, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas.
Asimismo, se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa; en definitiva los planteamientos efectuaos denotan discrepancias con el accionar fiscal, cuestión que deberá ser analizada al resolver el fondo de la cuestión.
En virtud de las consideraciones efectuadas, procede rechazar este agravio de la recurrente.
Que al respecto procede puntualizar que, toda vez que, las quejas nilidificatorias no fueron tratadas como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no pueden considerarse de forma autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. CSJN, in-re “Colorin IMSSA”, 02/07/2013).
III. Que teniendo en consideración que el organismo recaudador encuadra las multas apeladas en el artículo 46 de la ley 11.683 (vigente a la fecha de comisión de la sanción) y que las infracciones tributarias poseen una indiscutida naturaleza penal , debe analizarse si en el caso de autos se han configurado los elementos del tipo penal y el proceder doloso. Que en lo atinente a la conducta de la actora, se ha receptado la presunción del art. 47, inciso c) de la ley 11.683 que dispone: Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: .. c) si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso..”
IV. Que en cuanto al elemento objetivo, esta juzgadora entiende que con los elementos obrantes en autos, desarrollados por la vocalía instructora en el considerando IV, ha quedado debidamente acreditado.
Que respecto del elemento subjetivo resulta necesario destacar que el apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no ofreció prueba alguna para demostrar la aludida falta de intencionalidad dolosa, más allá de los antecedentes administrativos en poder de la contraria, limitándose a aducir su falta de intención de defraudar, que por sí solo no permite justificar su conducta.
En tal sentido, teniendo en consideración las inexactitudes de la declaración jurada original puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbe a dicha parte la carga de acreditar que aquella “… había sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”… ”porque … si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en la descripción de conducta sancionada por la ley , su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de la excusa admitida por el derecho penal vigente”. (Wekser, Marcelo A- CNACAF Sala V 23-6-15).
Por otra parte, es dable sostener que de no ser por el ejercicio de las facultades de verificación del organismo fiscal, la conducta del actor hubiese probablemente pasado desapercibida (conf. Sala I en “Mapri Distribuidora SRL” 7-3-2013 y “Refinadora Neuquina S.A.” 23-12-15).
En virtud de lo expuesto, las sanciones aplicadas en los términos de los artículos 46 y 47 inc. c) de la ley procedimental, han sido adecuadamente encuadradas y ponderadas, razón por la cual corresponde su confirmación, con costas.
V. Que en relación con la regulación de honorarios a los profesionales del Fisco Nacional, se procede aplicando las pautas emergentes de la ley 21.839 y su modificación, toda vez que los trabajos efectuados por los profesionales intervinientes por el fisco nacional fueron realizados íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.423. Asimismo, en el caso resulta necesario apartarse de las escalas legales, ya a fin de arribar a una solución justa y mesurada, acorde a las circunstancias de cada caso. (“Cia. Financiera Argentina”, sentencia del 2-3-2016, entre muchas otras).
VI. Por ello, procede regular en la suma de $13.333 (pesos trece mil trescientos treinta y tres) a la Dra. Elizabeth Silvia Regueira por su actuación como co-apoderada, en la suma de $33.333 (pesos treinta y tres mil trescientos treinta y tres) al Dr. Oscar Alberto Yulan por su tarea como co-patrocinante, y en la suma de $46.666 (pesos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis) los honorarios de los Dres. Paula Daniela Cervantes y Sergio Daniel Cerdan a cada uno de ellos por sus labores en su doble carácter de co-apoderados y co-patrocinantes teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, la etapa procesal cumplida y demás pautas de la ley 21.839.
VII. Que no habiéndose llevado a cabo la pericia oportunamente ordenada, no procede la regulación de los honorarios a la contadora Liliana F. Maglieri.
VIII. Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados se encuentran a cargo del recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Luis dijo:
I. Que adhiero a los Considerandos I a IV del voto del Vocal preopinante.
II. Que respecto de la regulación de honorarios, sólo a los efectos de arribar a una mayoría que conduzca a una sentencia válida, adhiero a los Considerandos VI y VII de la Dra. Marmillon.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. Confirmar las multas apeladas en autos, con costas.
2. Regular en la suma de $13.333 (pesos trece mil trescientos treinta y tres) a la Dra. Elizabeth Silvia Regueira por su actuación como co-apoderada, en la suma de $33.333 (pesos treinta y tres mil trescientos treinta y tres) al Dr. Oscar Alberto Yulan por su tarea como co-patrocinante, y en la suma de $46.666 (pesos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis) los honorarios de los Dres. Paula Daniela Cervantes y Sergio Daniel Cerdan a cada uno de ellos por sus labores en su doble carácter de co-apoderados y co-patrocinantes teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, la etapa procesal cumplida y demás pautas de la ley 21.839.
3. Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados se encuentran a cargo del recurrente y no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y archívese.- Date: 2025.10.29 11:46:47 -03:00 Date: 2025.10.29 16:13:56 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.29 17:04:34 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.29 17:04:35 -03:00
Fin de la sentencia