Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 16.682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Modificar la SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) reducir la suma otorgada en concepto de daño físico al importe de pesos SEISCIENTOS MIL ($600.000,00); b) reducir la suma otorgada en concepto de daño psicológico en el importe de pesos DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($18.450,00); c) reducir la suma otorgada en concepto de daño moral al importe de pesos TRESCIENTOS MIL ($300.000,00); 2º) confirmar el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) imponer las costas generadas en esta instancia recursiva a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).4°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
BRIZUELA CRISTIAN EDUARDO C/ LA CABAÑA SA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
LM 16682/2013 JUZ CIV. NRO. 8 RSD: 50 /21 FOLIO NRO.:747
A los 8 días del mes de abril de dos mil veintiuno, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal), atento a lo que surge de las Resoluciones de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, (Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) y Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18) - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “BRIZUELA CRISTIAN EDUARDO C/ LA CABAÑA SA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Dr. Taraborrelli - Dr. Pérez Catella- Dr. Posca- resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
2. cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 12/05/2020 y su aclaratoria de fecha 29/05/2020 la sentenciante de grado resolvió: “Hacer lugar a la demanda promovida por la Sr. BRIZUELA CRISTIAN EDUARDO contra LA CABAÑA SA. y citada en garantía PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 2) Condenar a LA CABAÑA SA y a PROTECCION MUTUAL DE SEFGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS (en calidad de citada en garantía) a abonar en el término de diez días (10 días) de notificada la presente, al Sr. BRIZUELA CRISTIAN EDUARDO la suma de Pesos UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS. ($ 1.927.400,61) suma total asignada atento la responsabilidad atribuída, en concepto de daños y perjuicios sufridos con motivo y en ocasión del accidente acaecido el 29 DE NOVIEMBRE DE 2012, con más los intereses fijados en el considerando VII. 3) Imponer las costas a las demandadas vencidas (art. 68 del CPCC). 4) Diferir la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad…”; “A la presentación RECURSO - SE INTERPONE (246901667016806456) efectuada por el Dr.
Cristian D. Costa: Por interpuesto en legal tiempo y forma, siendo exacto lo manifestado y siendo que por un error material involuntario, se ha consignado en forma errónea el monto por el que prospera la demanda en la sentencia dictada en autos con fecha 12/5/2020, rectifíquese la misma y en consecuencia, donde dice "...VII.- Intereses: Ahora bien, al monto por el cual prospera la demanda que asciende a la suma de pesos UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 1.877.496) deberá adicionarse..." deberá leerse y entenderse como " ...VII.- Intereses: Ahora bien, al monto por el cual prospera la demanda que asciende a la suma de pesos UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.877.496,61) deberá adicionarse...".
Y donde dice: "RESUELVO: ... 2)... a abonar en el término de diez días (10 días) de notificada la presente, al Sr. BRIZUELA CRISTIAN EDUARDO la suma de Pesos UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS. ($ 1.927.400,61) suma total asignada..." deberá leerse y entenderse como: "RESUELVO: ...2)... a abonar en el término de diez días (10 días) de notificada la presente, al Sr. BRIZUELA CRISTIAN EDUARDO la suma de Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.877.496,61) suma total asignada..." REGISTRESE, en relación al Reg. Sent. Def. Nº 20 Fol. Nº 76/84 del libro de sentencias Definitivas del año 2020.” Contra dicha sentencia, apelaron la parte demandada (23/05/2020) y citada en garantía con fecha 01/06/2020, recursos que fueran concedidos libremente el día 29/05/2020 y 04/06/2020 respectivamente.
Con fecha 16/10/2020 se radican las presentes actuaciones ante esta Sala Primera, poniéndose los autos en secretaria para que expresen agravios las partes con fecha 21/10/2020, habiendo presentado su fundamentación la parte demandada el día 28/10/2020 y la citada en garantía en la misma fecha. Teniéndose por fundado en tiempo y forma dichos recursos, se corrió el respectivo traslado de ley –véase proveído de fecha 06/11/2020 ptos. II, III y IV-, los cuales no recibieran réplica.
El día 09/12/2020 pasaron los autos para sentencia, practicándose el sorteo de vocalía el día 28/12/2020.
II.a. Agravios de la parte demandada Con fecha 28/10/2020 expresó agravios la parte demandada “La Cabaña SA”, manifestando que la sentencia la agravia –en lo medular- por: a) la procedencia y cuantificación de la suma concedida en concepto de daño físico – incapacidad sobreviniente-, la cual considera que resulta absolutamente desproporcionada, infundada y cuyo cálculo deviene incoherente. Del mismo modo, destaca las observaciones realizadas por dicha parte como así también, que en la especie existe incumplimiento de los factores de atribución de causalidad médico legal, cuestiones que la sentenciante ha descartado sin merituarlas siquiera, así como también –refiere la apelante- que el error de cálculo del monto consagra una violación del principio de congruencia.
Que la sentenciante de grado manifiesta que no ha encontrado mérito para apartarse del dictamen pericial del Perito médico Eduardo Vicente Cacchione producido el 27/12/16, quien manifestó que a causa del accidente se lesiono el menisco interno de la rodilla interna izquierda, que debió ser tratada de manera incruenta y que como secuela quedó una sinovitis reactiva, hipotrofia muscular del muslo y la gonalgia residual por configurar un síndrome meniscal interno crónico de tipo traumático. Que además aclaró que la patología es crónica, pero puede mejorar con la cirugía, y en función de ello estimó una incapacidad parcial y permanente del 12 % de la total Obrera. Que la sentenciante, sin apartarse del dicho informe ni considerar los pedidos de explicaciones y lo observado por esta parte consideró apropiado fijar la suma indemnizatoria de un millón cuarenta y seis mil novecientos noventa y seis con 91/100 pesos, lo cual considera no guarda relación con lo solicitado por la parte actora.
Que de las explicaciones solicitadas por esta parte surgen claramente observaciones fundadas que indican con rigor científico que: a) No existe documental médica en autos que pruebe la atención inmediata del actor acreditando la lesión informada, habida cuenta que la atención más cercana al hecho del actor data del 29/11/12, es decir 6 días posteriores al hecho por lo que no puede asegurarse o aseverarse fehacientemente que el “desgarro del cuerno posterior del menisco interno” se produjera en el momento del accidente; ya que, bien pudo existir una lesión previa que se agravó con la caída del evento de autos; que lo cierto es que solo hubo un diagnóstico de traumatismo de rodilla y que de la prueba producida ha surgido que en el Hospital de Agudos Fernández, lugar que la parte actora invocó como de atención inmediata al hecho, surge que no existía la historia clínica ofrecida como prueba informativa por la actora ni que jamás ingresó por guardia.
Que de la contestación del oficio (10/06/2019) hay constancia de solicitud de turnos para ser atendida por consultorios externos para traumatología de rodilla, adjuntando el reconocido nosocomio constancias de una única atención el 29/02/2013 (Tres meses después del hecho) y el diagnóstico que surge es traumatismo en rodilla izquierda –síndrome meniscal-, comprobado mediante RX.-. Que no hay elementos que permitan al perito aseverar ni fundar la relación directa entre el hecho y la lesión que informa con una gravedad muy superior al diagnóstico que surge de las constancias de atención; advierte que lo acreditado es traumatismo y no desgarro del cuerno posterior del menisco interno, crónico, etc.
Que no existe acreditación alguna en autos que el actor, como consecuencia de dicha lesión –aun considerando que derivara del hecho de autos- ha dejado de realizar actividad anterior habitual alguna. Que el perito tampoco realizó estudios comparativos en la rodilla contralateral a efectos de demostrar que la patología o disfuncionalidad se relaciona directamente con este cuadro. Que la incapacidad otorgada no se condice con los Baremos de uso común en la materia. Asimismo, destacó el pedido de explicaciones efectuado oportunamente a dicho perito, refiriendo la falta de respuesta del mismo. Que ha reconocido el perito, en sus respuestas que el actor no realizó ningún tratamiento, y que, de realizarlo hubiera sido incruento -no cruel- y que la lesión es susceptible de mejoría con una cirugía laparoscópica mínimamente invasiva.
Que habiendo dictaminado que se trató de un accidente “in itinere”, debía informar si la cirugía pendiente de realizar se encontraría entre las prestaciones en especie cubiertas al 100 % por las aseguradores de riesgos del trabajo en el contexto de la Ley 24.557 y, asimismo, si se ofrece a título oneroso en instituciones públicas de salud. Que estas cuestiones no fueron merituadas por S.S., que existe una sobrevaloración de la supuesta incapacidad, la ausencia de fundamentación del grado de incapacidad que surge de “un baremo” de selección arbitraria y desconocido fundamento, falta de distinción de causalidad o concausalidad probable en patologías previas, de ausencia de factores de atribución objetiva de causalidad médico-legal y que no existe acreditada la concreta repercusión funcional de la supuesta lesión en las actividades habituales del actor, por lo que, a falta de prueba respecto a una merma en dichas actividades habituales ha de inferirse que ha continuado desarrollando las mismas que realizaba.
Que no puede atribuirse el carácter de secuela permanente no susceptible de mejoría, ya que no se ha realizado tratamiento de rehabilitación alguno y ello no ha quedado comprobado en autos. Que solo puede informarse incapacidad cuando la lesión no admite ya otros cambios ni modificaciones y se ha producido la consolidación o estabilización. Que en el caso de autos una cirugía simple y mínimamente invasiva podría tornar reversible total o parcialmente la patología. En síntesis, considera que la sentenciante tomó erróneamente el porcentaje que el perito estimó, que excede el estipulado en los baremos de uso habitual y no halla fundamento objetivo alguno, existiendo, además, doble valoración de las circunstancias del caso en particular, dado que el perito ya las había considerado para incrementar el porcentaje de incapacidad, dentro del cual las había incluido, y la juez las volvió a considerar para incrementar el monto de indemnización.
Que el Juzgador enumera los factores considerados, como por ejemplo la ocupación, sin especificar en qué incide particularmente la misma para apreciar el monto de la indemnización en este caso. Por otra parte, considera que, siendo la lesión susceptible de reparación quirúrgica mínimamente invasiva, que si bien sin posibilidad de restitución integral, resulta idónea para disminuir el grado de incapacidad, no siendo imputable al condenado sino culpa concausal sobreviniente de la víctima, quien no ha acatado las indicaciones de tratamiento médico recomendado. Que nada indica que su rendimiento laboral o en alguna actividad haya sido afectada, cuando siendo un accidente “in itinere” jamás procuró realizar dicho tratamiento, pese a tener derecho a cobertura legal y gratuita.
Que el propio actor no requirió ni acreditó lo que la sentenciante ha considerado y ésta ha excedido sus facultades incurriendo en incongruencia procesal, en evidente perjuicio de su mandante. Que el punto de la incapacidad se estaría elevando a más de $ 100.000. En suma, solicita, se descarte la indemnización otorgada por la sentenciante y se adecue su cuantificación a las constancias y acreditaciones reales que surgen de la presente acción; b) daño psicológico y tratamiento: expone que surge claramente del informe que el actor posee una concausa de origen previo al evento por lo que resulta erróneo atribuirle al hecho de autos la incapacidad dictaminada 10 % que informa la experta y ha sido objeto de explicaciones y observación.
El agravio se centra en que ha tenido acogida el rubro incapacidad psicológica, como rubro autónomo y por otro, respecto al tratamiento psicológico, considerándolo inapropiado que la sentenciante de grado otorgue doble indemnización por un mismo daño. Que asimismo se agravia por la cuantificación adjudicada por la Juez de grado por considerarla además de improcedente, excesiva y arbitraria. Que S.S. otorgó a la actora una incapacidad psicológica de un 10 % con más una terapia breve focalizada en el hecho traumático y que, de su respuesta a las explicaciones solicitadas por esta parte es informado como la incapacidad general hallada sin discriminar –refierelas concausas que surgen del mismo informe pericial y que esta parte ha puesto de resalto.- Critica la apelante el porcentaje del 10% otorgado por la perito.
Que la experta fija la incapacidad, pero no afirma sea definitiva, y al recomendar el tratamiento, afirma: “El Sr. Cristian Brizuela presenta características que hacen prever una buena respuesta a la terapia y por lo tanto posibilidades de recuperación”. Por lo cual, entiende, que ello permite interpretar que el grado de incapacidad que fija la experta es temporario, no permanente y por lo tanto, no debe indemnizarse como rubro aparte sino dentro del daño moral. Del mismo modo, considera que los 6 meses de terapia resultan excesivos, cuando la bibliografía especializada, a la par que la experiencia de prácticamente todos los especialistas, considera que con “terapias breves” de tres a cuatro meses de duración estos cuadros curan con “restitutio ad integrum psíquica”.
Por lo cual, insiste en la transitoriedad y concausalidad. En suma, solicita se revoque la sentencia de grado descartando la indemnización otorgada por la juez por daño psíquico y se otorgue solo el monto por tratamiento psicológico dado que la terapia revertirá el mismo, que tan solo reviste el carácter de transitorio; c) Daño moral: se queja por la procedencia y sumas concedidas en dicho concepto, no habiéndose advertido que se trata de un supuesto de responsabilidad contractual. Que lo ocurrido al actor, no se ha producido por una negligencia imprudencia o conducta alguna de su mandante, sino por circunstancias vinculadas causalmente al mero hecho del transporte, sin culpa, no se ha acreditado conducta alguna negligente o imprudente, sino por circunstancias inherentes al tránsito y al probable riesgo provocado por un tercero.
Que el daño moral debe ser probado, al igual que los restantes presupuestos de la responsabilidad civil, en tanto y en cuanto la ley no consagre una presunción legal del daño. Que no hay en autos verificación de los presupuestos de procedencia del rubro, que habiliten la correspondencia de una indemnización por daño moral como la fijada por la juez en la suma de pesos quinientos mil ($500.000), la cual entiende desproporcionada, arbitraria e infundada. Por lo cual solicita, se haga lugar al presente agravio, descartando la indemnización otorgada por la sentenciante y/o adecuando su cuantificación a las constancias y acreditaciones reales que surgen de la presente acción; d) gastos de farmacia: Por otra parte, se queja por el monto otorgado en el rubro en cuestión.
Que ha quedado acreditado que la parte actora no ha sido sometida a tratamiento alguno y su traslado se ha limitado a una única consulta realizada 3 meses después del hecho, por lo cual entiende que nada justifica lo otorgado por la sentenciante, lo que considera la habilita a solicitar se acoja el presente agravio. Finalmente, expone que S.S. ha actualizado los valores de cada rubro, de manera excesiva, muy por encima de lo solicitado por la parte en su escrito liminar. Sin perjuicio de ello, ha establecido correctamente la tasa de interés puro en la sentencia dictada, por ende, considera que este Tribunal debería adecuar la actualización efectuada de los rubros conforme los valores actuales promedio de la jurisdicción, a la fecha de la sentencia.
II.b. Agravios de la citada en garantía “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros”
De los fundamentos expuestos por la aseguradora, se vislumbra que esta se agravia por: a) responsabilidad: en primer lugar, refiere que la juzgadora de grado ha tenido por probado un hecho cuyo nexo causal con los perjuicios invocados no ha sido probado tal como fuera descripto en el escrito de inicio de la actora. Que la sentencia de primera instancia incurre en una notoria arbitrariedad al haber realizado una valoración de la prueba aportada, a todas luces incorrecta y perjudicial para esta parte. Que de la lectura de la resolución en conflicto, se desprende que solo se han tomado en cuenta elementos de forma segmentada y descontextualizada, favoreciendo a la accionante. Que ante el desconocimiento de la lesión denunciada, el ordenamiento jurídico aplicable prevé que quién debe probar el daño sufrido, es el reclamante soportando asimismo el correlativo riesgo de la falta de pruebas, que es la no demostración del hecho que conviene a su interés.
Que está claro que no acreditó Brizuela que la caída fuera causada por el frenado de la unidad mientras se encontraba siendo transportado. Que en este caso sopesan la declaración del testigo Lobo, sin que este aporte mayores precisiones, y por otro lado, a la testigo Angélica Gavilan Salinas que señala “reconocerlo” mientras estaba en la guardia del Policlínico San Justo; lo cual –entiende- denota un conocimiento previo del testigo con el actor y una inverosímil escena donde coincidentemente se encontraba en la guardia, situación que le permite dar un testimonio oportuno. Que estos detalles dejan al testimonio al descubierto, con claras inconsistencias que dan por tierra con su valor probatorio., b) En segundo lugar: Que la sentencia de primera instancia, solo tuvo en cuenta el informe pericial tanto del perito médico como del psicológico desestimando las explicaciones presentadas por las partes, haciendo una referencia solapada a las mismas pero apartándose de todo antecedente doctrinario y jurisprudencial al respecto, que ante las mismas afecciones otorgan porcentajes menores.
Por lo tanto, es motivo de agravio el porcentaje de capacidad tomado como base para la cuantificación del daño; c) En tercer lugar, es motivo de agravio el monto acordado para resarcir la incapacidad sobreviniente, y sus consecuentes gastos por tratamiento, por considerar que en este aspecto el fallo adolece de la debida fundamentación y tal cosa se desprende de la lectura del considerando respectivo. Entiende esta parte que la sentencia no ha hecho un análisis adecuado de las constancias de la causa, las condiciones personales de la accionante y de la escasísima prueba producida en orden a demostrar las consecuencias del accidente. Que la sentencia en crisis parece considerar que la lesión a la integridad física de la persona es resarcible, en cualquier caso, con total desinterés de la situación concreta de la víctima y con prescindencia de toda prueba sobre ulterioridades económicas negativas, criterio que se contrapone al que prevalece en la jurisprudencia: todo título resarcitorio (a excepción del daño moral) supone la existencia de repercusiones económicas del menoscabo.
Que el perjuicio debe valorarse en relación con las condiciones particulares y concretas de la víctima y sostener lo contrario importaría aceptar que a igual lesión corresponde idéntica indemnización, en una suerte de tabla de tarifación ajena al espíritu de la reparación civil. Que la caída en el colectivo asegurado pudo provocar al reclamante una lesión de gravedad relativa y pese a estos antecedentes, lo cierto es que resulta cuestión del todo incomprensible –refiere- el modo en que se ha llegado entonces a la cuantificación del perjuicio en la elevada suma en que se ha hecho. Que, respecto de las condiciones particulares del actor, más allá de sus datos objetivos, todo lo que se sabe proviene de sus propias declaraciones y por ello carecen de toda fuerza probatoria.
Que el porcentaje de incapacidad física y psíquica fijado en 12% y 10% respectivamente, no resultan decisivos sino en cuanto incida en la situación actual de la víctima y en sus posibilidades futuras. En suma, solicita se reduzca sustancialmente las indemnizaciones asignadas de $ 1.346.996,61 por daño psicofísico; d) Que la cuantificación del reclamo por daño moral es asimismo exagerada, incurriéndose en un notorio exceso que amerita su corrección. Que la indemnización concedida, por lo exagerada demuestra que se ha soslayado el carácter reparatorio de la indemnización pecuniaria, lo que resulta de la aplicación prudente de las reglas de la experiencia, de la valoración del caso concreto, de la realidad económica general y el resto de las pautas tenidas en cuenta por la Jurisprudencia del Fuero.
LA SOLUCIÓN
Centrado los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de esta Alzada, comenzaré a dar tratamiento a los mismos, dejando constancia que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Del mismo modo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para resolver el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).
III. El contrato de consumo de transporte oneroso de personas. El deber de seguridad como obligación de resultado Que por una cuestión metodológica corresponde dar tratamiento al agravio que gira en torno a la responsabilidad endilgada a la empresa de transporte demandada. En efecto, en la especie se ha cuestionado la existencia del daño a la salud del actor y que la juzgadora de grado tuvo por acreditada la relación causal existente entre el incumplimiento contractual de la accionada y el daño a la salud producido al accionante, cuyos perjuicios fueron invocados y debidamente probados. La apelante considera que no han sido demostrados o justificados, dichos daños tal como fuera descripto en el escrito de inicio del actor.
No hay dudas que –en la actualidad dentro de un contexto histórico, social, político, económico, y cultural- las acciones de daños y perjuicios originadas en un contrato de transporte terrestre oneroso de personas, resulta de aplicación la ley 24.240 y sus leyes modificatorias, integrada y armonizada – en el presente caso bajo revisión- con el texto del art. 184 del Código de Comercio, teniendo en cuenta los derechos subjetivos de los consumidores y usuarios, dado que resultan ser los sujetos más vulnerables, a los que el art. 42 de la C. N. decidió tutelar y proteger.
Va de suyo entonces que modernamente se aplica la idea o el concepto de diálogo de fuentes del derecho, integrando el macro sistema (en nuestro caso el Código de Comercio, en especial su art. 184) con el micro sistema jurídico impuesto por la de Defensa del Consumidor Nro. 24.240, con sus modificaciones entre ellas la ley 26.361, interpretando armónicamente y de modo concordante dichos ordenamientos jurídicos, que se complementan entre sí.
La Ley de Defensa del Consumidor nro. 2.4240 y sus leyes modificatorias, define como consumidor o usuario a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1) quedando incluido -a mi juicio- en su régimen de protección a los usuarios del transporte público y abarca por lo tanto –aunque no en forma excluyente- a los sujetos transportados en virtud de la existencia y vigencia de un contrato regulado por el art. 184 del Cód. de Comercio. Por su parte, el art. 2 dice que el proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional actividades (…) de comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. El pasajero transportado es una persona física (denominado usuario) que utiliza un servicio público privatizado en forma onerosa, como destinatario final en beneficio propio. Quedan así incluidos en su régimen de protección a los usuarios del transporte público, abarcando a los sujetos transportados. El art. 42 de la C. N. y 38 de la Const. de la Pcia. de Bs.As., establecen que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el texto del art. 7 regula pertinentemente que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Además, agrega que en las relaciones de consumo se aplican las normas más favorables al consumidor y deben ser aplicadas e interpretadas conforme con los principios de protección del consumidor, y en los supuestos de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. (art. 1094 del C. C. y C. N.). El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor (art. 1095 del C. C. y C. N.).
Por su parte La Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 modificada por la ley 26.361 en sus arts. 3, 25, 37 y 50, establecen armónica y concordantemente que en caso de duda se aplica la norma más favorable para el consumidor o usuario. Igualmente, en cuanto a la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor.
Del mismo modo, la regla general en el contrato de transporte es que el transportista contrae una obligación de traslado del pasajero determinada, que lo obliga a obtener el resultado propuesto. Que el pasajero llegue al destino fijado sano y salvo; su incumplimiento contractual configura la violación del deber de seguridad, por la no obtención del propósito perseguido. Se trata de una responsabilidad contractual objetiva, de la que solo el transportista puede eximirse de responsabilidad invocando la causa ajena. Resulta, según lo establecido por el artículo 184 del Cód. de Com. que en el caso de muerte o lesión de un viajero acaecida durante el transporte la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, no obstante, cualquier pacto en contrario, a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o por un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable. En esta materia, -reitero- resulta de aplicación la Ley de Defensa del Consumidor (arts. 1 y 2 Ley 24240), por cuanto constituye un contrato de consumo, cuando se celebra para el destino final del consumidor o usuario de ese servicio público, cobrando relevancia jurídica el precepto legal del artículo 5 de dicha ley –que prevé el deber de seguridad como obligación de resultado en cabeza del deudor de la obligación-, bajo el subtítulo “protección al consumidor”, al disponer que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios (véase también el artículo 42 de la Constitución Nacional).
El contrato de transporte no tiene carácter formal. La responsabilidad derivada del incumplimiento de la obligación de llevar sano y salvo al pasajero hasta su lugar de destino rige, bastando para ello la demostración que el pasajero se encontraba transportado.
Con respecto a la valoración de la prueba testimonial “cabe recordar que un testigo es atendible cuando su declaración sea idónea para crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos a que aquella se refiere (conf. Palacio, Tratado de Derecho Procesal, T.I, pág.478), y para apreciar la eficacia del testigo debe atenderse a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyen la fuerza de las declaraciones, ya que ni el juramento de decir la verdad impuesto por la ley ni las manifestaciones al responder por las generales de la ley, obstan el ejercicio por el juzgador de la potestad legal de apreciarlas según las reglas de la sana crítica, normas éstas que no son sino las del correcto entendimiento humano, extraídas con recto criterio de lógica y basadas en la ciencia, experiencia y observación de los demás elementos agregados a la causa, por tanto la fuerza probatoria de la declaración testimonial está vinculada a la razón de sus dichos y en particular a la explicación que pueda dar del conocimiento de los hechos, ya que es condición esencial de su validez, al punto que el Código impone al juez exigirla”. (E.D, 81-334).(García López Silvia c/ Empresa del Oeste S.A. de Transporte s/ daños y perjuicios. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala/Juzgado: A Fecha: 5-sep-2012. Cita: MJ-JU-M-75760-AR | MJJ75760 | MJJ75760).
“No resulta determinante el número de testigos existentes en un proceso sino la convicción, sólida y contundente, que generan en el juzgador. En este sentido se señala que muchas veces resulta imposible conseguir al menos dos testigos para declarar sobre un mismo hecho, como sucede precisamente en la hipótesis de accidentes viales. (…) así que cualquiera que echa en la balanza probatoria un elemento de juicio -digamos un testigo- impone a la otra parte cuando menos, la necesidad de aportar otro elemento de signo contrario. O sea que si el actor trajo a los autos sólo un testigo presencial, esa mínima obligación probatoria le cabía también al demandado”.(ROTMAN, Rodolfo B. «Testigo único: límite de su admisibilidad». LL-1979-A-214). (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, fallo del 6 de diciembre de 2006, «Zapata, E. c.Cristoff y otro»).P. L. R. en J° 119.461/12.612 M. E. J. y ots. c/ P. L. R. p/ d y p. (acc. de transito) s/ inc.Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza Sala/Juzgado: Primera. Fecha: 19-may-2014. Cita: MJ-JU-M-86937- AR | MJJ86937. Voto en disidencia: del Dr. Palermo).
Ahora bien, sentadas las premisas legales aplicables al presente caso objeto de revisión judicial en esta Alzada, es preciso reiterar, que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Para resolver este tópico de los agravios expuestos, corresponde formularse la siguiente pregunta, a esos efectos jurisdiccionales: ¿Está probada la relación causal –que debe existir- entre el incumplimiento contractual o deficiente cumplimiento y el resultado dañoso?
Para dar respuesta y solución judicial a este interrogante, cabe destacar nuevamente que la citada en garantía al expresar agravios, ha referido que la Jueza de grado ha tenido por probado un hecho cuyo nexo causal con los perjuicios invocados no ha sido probado. Los agravios están dirigidos a que el actor no ha probado que el daño (presupuesto de la responsabilidad) se produjo producto de la caída.
Ahora bien, de las constancias de autos, advierto que de la atenta lectura de la demanda que luce glosada a fs. 27/36 la parte actora expuso respecto a los hechos que: “con fecha 29 de noviembre de 2012, siendo aproximadamente las 17.30 horas, me dirigía a mi domicilio viajando en el colectivo interno 316 de la línea 298, sentado en el asiento para dos pasajeros del lado del pasillo. El colectivo era conducido por el Sr. Marcelo Carbajo, legajo 508, siendo propietaria la empresa de transporte La Cabaña SA. Cuando el vehículo circulaba por la calle José Ingeniero intersección Merlo, haciéndolo a excesiva velocidad, el chofer realiza una brusca e imprevista maniobra a fin de esquivar a otro vehículo y frena bruscamente. Producto de tal maniobra caigo bruscamente al suelo, soportando el peso del cuerpo en la rodilla izquierda, y a consecuencia se produce un movimiento antinatural de dicha rodilla y un fuerte golpe en la zona, causando todo esto rotura de meniscos de la mencionada rodilla…”.
Del mismo modo, al contestar la demanda “La Cabaña SA”, la cual obra adunada a fs. 48/59, ésta expuso que “si bien es cierto que el ómnibus de mi mandante circulaba por la calle José Ingenieros, lo hacía a velocidad normal y reglamentaria, al llegar a la intersección con la calle Merlo tenia expedito el cruce y mientras cruzaba normalmente se cruza un vehículo que repentinamente apareció por la transversal y a toda velocidad. Cabe agregarse que no solo ya se encontraba cruzando normalmente habiendo ingresado a la intersección con anterioridad, sino que además tenía prioridad de paso atento a que circulaba por la derecha. Atento a la imprevista aparición del vehículo, el chofer detuvo inmediatamente el ómnibus para preguntar a los pasajeros como se encontraban, manifestando los pasajeros que se encontraban bien y ninguna caída ni golpe se detectó en pasajero alguno. Cabe destacarse, asimismo, que tampoco fue necesario llamar a ambulancia ni trasladar a ninguno de los pasajeros a un nosocomio”. / A fs. 74/79 contestó la demanda la citada en garantía “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de pasajeros”, quien se limitó a efectuar una negativa general de los hechos denunciados por el actor, solicitando el rechazo de demanda.
A fs. 138/142 obra glosada la contestación del oficio dirigido al Director del Policlínico Central de San Justo en el cual se informara que: “se remite en sobre cerrado luego de una exhaustiva investigación como dato fehaciente, fotocopia fiel de su original del folio 145 extraído del libro Policial, perteneciente al servicio de emergencias de este Policlínico Central donde consta la atención correspondiente a Brizuela Cristian DNI 28.664.394, ocurrida la fecha enunciada en dicho oficio 29/11/12”. Asimismo de dicha atención recibida por el actor el día 29 de noviembre de 2012 en el Policlínico Central de San Justo, se ha dejado constancia que: “29/11/2012 siendo las 17 hs., Brizuela Cristian, argentino, 31 años, documento n°: 28664394 (…) previa conformidad del interesado y a esos solos efectos y lo que resulte de la misma, digo que presenta lesiones macroscópicamente visibles de reciente data sobre la superficie corporal y/o impresión diagnostica primaria: Traumatismo Rodilla Izquierda. Se deja constancia que el presente es válido para la hora y día otorgado, debiendo ser examinado por el médico forense. Exámenes complementarios: rx rodilla izquierda sin lesión ósea aparente, tratamiento AINE (…) accidente de tránsito: si”. Se dejó constancia que no se contaba con historia clínica toda vez que el actor resultó paciente ambulatorio. De esta prueba documental surge expresamente que fue asistido por profesional médico el mismo del accidente. A fs. 119/120 contamos con la contestación del oficio dirigido a Diagnostico Tesla por estudios médicos efectuados con fecha 26/03/2013 por el actor (habiendo dicha institución manifestado que el informe de resonancia magnética de rodilla es auténtico). Del mismo se observa: “Brizuela Cristian Eduardo (…) se realizó RNM de rodilla (…) afectación del menisco interno con señal hiperintensa lineal intrasustancia de su cuerno posterior con aparente contacto con la superficie meniscal articular, hallazgo que se interpreta a signos de desgarro”.
A fs. 225 se observa la planilla de la tarjeta SUBE –fs.26- , en la cual se dejara constancia que la tarjeta nro. 6061267245297997 el día 29/11/2012 en el horario de las 05:08.39 pm se abonó a la empresa de colectivos La Cabaña SA, línea 298 interno 316, lo cual también acredita el contrato de transporte, ello, más allá que de la expresión de agravios no resultó una cuestión controvertida la calidad de pasajero del actor.
A fs. 311/316 (27/12/2016) presentó su experticia médica, el perito traumatólogo Eduardo Vicente Cacchione, quien en sus conclusiones, determinó que: “que este experto pueda informar a VS, que el actor presenta: 1- Sufrio accidente de trabajo in itinere donde se lesiono el menisco interno de la rodilla interna EN EL CUERNO POSTERIOR que debió ser tratada de manera incruenta. Como secuela queda una sinovitis reactiva, hipotrofia muscular del muslo y la gonalgia residual por desgarro del cuerno posterior del menisco interno configurando un síndrome meniscal interno crónico de tipo traumático. 2- Estimo una incapacidad parcial y permanente del 12 % de la total Obrera. -Se cumple la relación causal con el accidente de autos porque se cumplen los postulados y surge de los antecedentes de fs.12/20, fs. 22 y fs 41”. Adelanto, que no encuentro motivo para apartarme de lo dictaminado por el experto, toda vez que la pericia se ajusta debidamente a las prescripciones legales de los. arts. 472 y 474 del Cód. Proc.
Por otra parte, a fs. 378/379 declaró Lobo Ariel Orlando, quien resultando testigo presencial del hecho refirió que: “Para que diga si presenció un accidente en que participare el Sr. Brizuela: si yo estaba con él, nosotros viajábamos en la línea 298 como todos los días y sentimos un freno muy grande que los volcó a todos yo iba parado y di como tres giros pare como adelante. Mucha gente y niños se cayeron uno encima de otro, una Señora cayo en la escalera de adelante con un nenito, otra señora también mayor se golpeó y lastimó la cabeza, había un muchacho que estaba operado de la hernia de disco y lloraba mucho del dolor y nosotros en ese momento nos pusimos a ayudar a la gente y mucha gente (…) al colectivero por que iba muy fuerte, encima estaba por llegar a una avenida por la que tenía que doblar a la Av.
Crovara y en ese momento estaba a una cuadra de la avenida que tenía que llegar y sentimos que freno muy de golpe. (…) para que diga porque calle venia el colectivo: no recuerdo la calle, es el 298 que viene por Brandsen siempre hacíamos el mismo recorrido. (…) el pregunto si estaban todos bien, pero por la manera que freno nadie estaba bien, había una señora que dio la cabeza contra el fierro del lado de la puerta. (…) para que diga en qué estado se encontraba Brizuela después de la frenada: él se encontraba con mucho dolor lloraba que le dolía la rodilla tenía mucho dolor en todo el cuerpo, las piernas se le fue abajo del asiento, nosotros estábamos en el asiento de dos en el medio. Brizuela estaba del lado del pasillo yo iba parado enfrente de él, yo me tente de la risa porque lo veía llorar después el colectivero lo iba a trasladar a un hospital, pero yo no fui yo me bajé y me fui para otro lado le dije que le avisaba a su familia.
(…) para que diga si sabe y como le consta el día y el horario del accidente: el horario fue 5:30 o 6 de la tarde porque era el horario que, salida del laburo, y fue a fines del 2012 lo sé por qué arranque a laburar en ese año. (…) para que diga si sabe y como le consta a que empresa pertenece el colectivo en el que viajaban: si a la Cabaña (…) para que diga si sabe y como le consta el trayecto que iba a hacer del Sr. Brizuela: si nos íbamos para la casa cada cual a su casa, viajábamos juntos porque somos del mismo barrio (…) para que diga si sabe y como le consta las condiciones climáticas en ese momento: era un día normal no estaba mojado el asfalto no había llovido ni nada. (…) para que diga si sabe y como le consta si el Sr.
Brizuela fue atendido y en donde: sé que lo llevaron al hospital y por él me dijo que fue atendido en el policlínico de San Justo, lo llevo el colectivero (…) para que diga si sabe y como le consta si vio al actor después del accidente y como se encontraba: si, estaba muy adolorido yo lo vi el sábado creo que dos días después del accidente y estuvo en reposo el fin de semana en la casa, tenía una venda en la rodilla por que le dolía mucho y después lo volví a ver en la semana en el trabajo porque fue a laburar pero no hacia actividades pesadas por que la rodilla le dolía muchísimo (…) para que diga si sabe y como le consta cuanto tiempo estuve en reposo: y habrá estado cinco días. (…) para que diga si sabe y como le consta si el actor estaba en blanco en su trabajo: no, estábamos trabajando en negro por que no recibíamos recibo”.
Del mismo modo, a fs. 379/379 vta. obra glosada la declaración testimonial de Gavila Salinas Angélica Josefina, quien manifestó que: “para que diga si sabe acerca de un accidente en el que participare el actor: si por que el día que tuvo el accidente él, lo llevaron al policlínico de San Justo yo estaba ahí en la guardia porque me había agarrado un ataque de vesícula, en el momento que llegaron él y otros pasajeros. Entraron por la guardia con el chófer, sé que era el chófer porque estaba con la camisa, después lo vi a él lo reconocí y me acerque por que vi que entro rengueando y ahí vi también que entraba gente, lo que más me llamo la atención era una señora que entro con la cabeza sangrando y le pregunte a el que paso y me dijo que tuvieron un accidente con el colectivo, le pregunte si había chocado y me dijo que fue una frenada fuerte y todos los pasajeros se cayeron para adelante y él es ahí cuando se cae por que estaba sentado y le queda la pierna bajo el asiento. (…) para que diga si sabe la fecha: sé que fue a fines de 2012 porque yo estaba ya con problemas de vesícula y en el año 2013 me operaron (…) para que diga si volvió a ver al Sr. Brizuela después del accidente: si, lo volví a ver a la semana, a los días y lo vi caminando que rengueaba le pregunte que si iba a ir a trabajar y me dijo que si por que como trabajaba en negro muchos días no podía faltar porque le descontaban pero me acuerdo que seguía dolorido (...) para que diga si noto cambios en la salud: si como los veo seguido, los días que están feos el medio que renguea siempre se queja de la rodilla”. Destaco que esta testigo declaró que vio al chofer en el nosocomio público, donde traslado al actor junto a otros pasajeros.
Finalmente, a fs. 380/380 vta. declaró Zeballos Jorge Gastón Maximiliano, conocido del actor, quien, si bien no resultó testigo presencial del hecho, expuso que: “para que diga si sabe si el Señor Brizuela sufrió un accidente viajando en colectivo: si, por que me lo comentó el cuándo lo fuimos a ver a la casa y lo vimos con la pierna hinchada y la rodilla hinchada. Lo fuimos a ver cuándo volvió del Hospital a los dos o tres días (…) para que diga si puede precisar la fecha del accidente: fue 2012 o 2013 por ahí habrá sido lo sé porque era la época que mi señora estaba por bautizar al nene. (…) para que diga si sabe si debió guardar reposo el Sr. Brizuela: por lo que me contó si, cuando fui estaba acostado con la pierna hinchada”.
Estos dos últimos testimonios son creíbles por cuanto guardan verosimilitud y corroboran y avalan el primer testimonio del testigo presencial del accidente.
Con respecto a estas declaraciones, considero que no encuentro mérito para apartarme, todas resultan complementarias y sin contradicciones, las cuales analizadas bajo el sistema de apreciación regido por la sana crítica - esquema de persuasión racional- (arts. 384 y 456, C.P.C.) me llevan a otorgarle validez probatoria. Se advierte que básicamente las impugnaciones se basan en demostrar que la totalidad de los testigos no resultan idóneos, pues argumentan que sus declaraciones se hallan teñidas de parcialidad o que poco aclaran. No obstante, lo cierto es que el hecho de que los testigos conocieran con anterioridad al actor no importa desechar sin más sus declaraciones, toda vez que al considerárselos como testigos necesarios, al resultar sus relatos de los hechos suficientemente fundados, causan convicción en el ánimo de este juzgador.
Asimismo, el testigo Lobo –único testigo presencial del accidente- ha logrado dar un relato sumamente preciso sin encontrar en sus manifestaciones contradicción alguna. Por lo tanto –a mi juicio- dicho testimonio en su conjunto ostenta de credibilidad y sinceridad, pues se aplica la regla de la libre apreciación del juez, a los efectos de evaluar la idoneidad subjetiva del testigo, apreciando judicialmente los testimonios bajo la óptica de la lógica y la experiencia. Resulta que a los efectos de su credibilidad todo depende de la idoneidad, moralidad, intelectualidad, verosimilitud, efectividad, concordancia, exposición, razón de sus dichos, etc. En nuestro caso, este último testimonio presencial del hecho se encuentra corroborado por otros medios probatorios que le dan credibilidad, entre ellos la asistencia médica brindada en el hospital público, acreditada documentalmente por profesional galeno antes referenciada, los estudios radiológicos realizados según da cuenta documentación glosada en autos y finalmente la pericia médica practicada, todos estos medios probatorios que demuestran, avalan y corroboran que el actor el día en que era transportado onerosamente sufrió un accidente que le causó daños a su salud psicofísica y moral (arts. 375, 384 y 456 del Cód. Proc.).
Por lo cual, juzgo que su declaración es creíble y su relato de lo sucedido en el teatro de los hechos se encuentra corroborado y avalado por la prueba aportada en la causa. Como surge de la narración de los hechos producida por su testimonio, se advierte la explicación de las distintas secuelas sucesivas, enlazadas y conectadas unas con las otras, calificadas como verosímiles, lógicas y razonables.
Además, el Hospital Gral. de Agudos informó con fecha 10/06/2019 que, compulsados los registros obrantes, surge que el paciente (Brizuela) solicitó turnos para ser atendido en los consultorios externos de traumatología (rodilla izquierda) para el día 21/02/2013, cuyo otorgamiento fuera el día 13/02/2013 por traumatismo por accidente en vía pública.
El presente “sub-judice” se refiere a los contratos verbales, pues precisamente en este juicio, sometido a esta jurisdicción de Alzada, se trata de acreditar la comisión de un acto ilícito, es decir un incumplimiento contractual, dentro del marco de la ejecución de un contrato “verbis” de transporte oneroso de personas, cuyo consentimiento o acuerdo de voluntades se presta en forma tácita (art. 914 del Cód. Civ.), obrando las partes con cuidado y previsión (art. 902 del Cód. Civ.) y actuando de buena fe en el cumplimiento o la ejecución del contrato (art. 1198 del Cód. Civ.), requisitos o extremos legales, estos últimos, no cumplidos por la demandada, responsable directa del accidente.
Del mismo modo, he sentenciado reiteradamente que las empresas de colectivos o transporte de personas están en mejores condiciones, administrativas, contables, jurídicas, etc. para acreditar los fundamentos expuestos en sus escritos de contestación de demanda, ello de conformidad al principio del derecho procesal de la “distribución dinámica probatoria”. Por lo cual, en virtud de dichas consideraciones no puedo dejar de advertir que los accionados –considerando que se encontraban en mejores condiciones de probar- no han aportado a la causa ningún elemento probatorio idóneo tendiente a desvirtuar los dichos del actor, como de los testigos propuestos y la documental glosada en autos.
Es así, que si bien la citada en garantía basa su fundamentación de agravios en la idea que el accionante no acreditó que los daños tuvieran relación causal con el hecho, ningún instrumento probatorio han arrimado hasta el momento que neutralice los dichos y prueba aportada y producida por la parte actora.
El tercer párrafo del artículo 53 de la reformada ley 24.240 expresamente establece que “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.
Esto implica la aplicación directa de la inversión de la carga probatoria, la entronización del deber de buena fe, y la aplicación de los principios fundantes del Derecho del Consumo, entre ellos el in dubio pro consumidor. (Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, “Quiroga, Edith Elizabeth c/ Arcos Dorados S.A. s/Daños y Perjuicios”. 9/04/2018). Aquí entra a jugar la buena fe procesal exigible a todo litigante. Así, la citada en garantía, no debió válidamente limitarse a negar los hechos sin aportar prueba alguna. Ciertamente, no puede dejar de valorarse la actitud remisa de los accionados, quienes se limitaron a efectuar una serie de negativas, sin intentar siquiera desvirtuar la prueba obrante en su contra.
En consecuencia, considero que existen pruebas directas suficientes que me llevan a tener por acreditado la existencia del hecho, el daño al actor y responsabilizar a la demandada. El actor ha brindado elementos y datos concretos que valorados determinan la responsabilidad de la accionada “La Cabaña SA”, a saber: a) la declaración efectuada por el testigo presencial del hecho Lobos, corroborado con el resto de las declaraciones de quienes vieron posteriormente lesionado al actor b) las constancias de atención médica, c) la relación de consumo que uniría a las partes y que me permiten aplicar el principio “pro victima” y en caso de duda, la solución más favorable al consumidor y finalmente, d) la postura de la accionada quien contando con mejores condiciones económicas, logística, financiera y de organización no ha presentado ningún elemento tendiente a desvirtuar lo acreditado por el Sr.
Brizuela Por lo cual, observo que la existencia del hecho denunciado por el accionante, el daño a su salud ocasionado a causa del transporte, todo ello interpretado bajo la lupa de la “sana crítica” (art. 384 del Cód. Proc.), la libre convicción del juez, las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano, la experiencia de la vida diaria o el conocimiento de la vida y de los hombres y las máximas de experiencia del juez, sin descartar la aplicación de la “prueba compuesta”, denominada también como “apreciación global”, se encuentra acreditado el nexo causal entre el hecho del transporte y el daño causado a la víctima, según el curso ordinario y natural de las cosas, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez.
(art. 901, 906 del C.C. y 375 del CPCC), sin que la demandada acreditara algún eximente de responsabilidad (art. 184 del Cod. Com), entre ella, la invocada al responder la demanda, denominada como la culpa o el hecho de un tercero por el cual no debe responder.
En consecuencia, reitero se encuentran acreditados todos los extremos legales para atribuir la responsabilidad contractual objetiva a la empresa demandada por ser la dueña del automotor causante del siniestro, entre ellos: a) el contrato de transporte y el daño a la salud de la víctima; b) la relación de causalidad adecuada según el curso natural y ordinario de las cosas (arts. 901 y 906 del CC), de conformidad a la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez, existente entre el incumplimiento contractual o deficiente cumplimiento contractual (al considerarse al transporte de pasajeros una actividad riesgosa) causante del daño a la salud de la víctima, es decir el nexo de causalidad, toda vez que constituye el presente extremo legal un juicio, cuyos caracteres jurídicos son los siguientes: 1) empírico, 2) expost-facto, 3) inabstracto y 4) probabilístico (art. 901 y 906 del Cód. Civ.); c) la antijuricidad, interpretada como la violación de las cláusulas contractuales, entre ellas la violación del deber de seguridad como obligación de resultado. d) El factor de atribución objetivo de responsabilidad civil. Concretamente el pasajero usuario del servicio público, no llegó a destino sano y salvo. Toda vez que el juez al preguntarse: ¿Se encuentra acreditado el nexo de causalidad adecuado existente entre el acto ilícito generador del daño causado a la salud del actor?; en respuesta a que sí, se encuentra acreditado este extremo legal, debe retrotraerse mentalmente en su pensamiento razonable, lógico y prudente al día en que se produjo el accidente y ubicarse en el teatro o escenario de los hechos, recreando los mismos, demostrando y comprobando con los elementos probatorios incorporados en el juicio, que avalan la plataforma fáctica, que el incumplimiento o el deficiente cumplimiento contractual fue la causa adecuada, idónea y con aptitud suficiente para generar daños a la salud del actor. Por lo tanto, considerando los diversos medios probatorios analizados, estimo que se presume legalmente la responsabilidad contractual objetiva y directa de la empresa demandada “La Cabaña SA”, la cual resulta extensiva a la citada en garantía –en la medida del contrato de seguro- ello por no haberse acreditado ningún eximente de responsabilidad. Dicha forma de decidir, importa rechazar los agravios de la aseguradora y confirmarse la sentencia apelada en este aspecto.
Así las cosas, atento a como ha prosperado la responsabilidad, corresponde dar tratamiento a los agravios que giran en torno a los diversos rubros indemnizatorios.
IV. Incapacidad física de Brizuela Cristian Eduardo Vengo reiterando en mis votos, en otros casos similares al presente, que el daño a la persona incide, en cualquier aspecto del ser humano, designándoselo como daño a la integridad psicosomática, con lo cual se cubre lo que de naturaleza posee y tiene el hombre. Se entiende por salud, según la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud, “...un estado de completo bienestar físico, mental y social”.
Todo daño a la persona repercute en la salud del sujeto al alterar, en alguna dimensión, su estado de bienestar integral y general. En la especie, estamos frente a un daño a la salud, mientras compromete el entero modo de ser de la persona y representa un déficit en lo que atañe al bienestar integral de la persona humana.
Que el art. 12 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. As., determina que todas las personas en la Provincia tienen derecho a la vida, a la “integridad física, psíquica y moral “. Por ello la afectación de dicha integridad configura un daño indemnizable. No se trata de reparar una incapacidad, sino todo daño real ocasionado a una persona humana, en cuanto ésta tiene derecho a conservar frente a lo demás aquella integridad, a que su cuerpo no se vea dañado o alterado (art. 1.068, 1.069, 1.083 del Cód. Civ.).
Dentro del concepto de incapacidad sobreviniente corresponde que se incluya a toda disminución física, que deje una secuela permanente para el trabajo o la vida de relación al sujeto que lo sufre, considerando el juzgador de tal forma a la salud en su cabal integridad. Las secuelas, aunque parciales, habrán de acompañar siempre a la víctima del accidente, produciéndole una minusvalía que la indemnización pecuniaria tratará de remediar en una suerte de equivalencia, sobrellevando de tal manera el menoscabo de su plenitud física, que la víctima solía gozar con total plenitud y con la debida amplitud y libertad. En suma, se trata de resarcir a la persona humana por la totalidad de los menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1 Convención Americana de Derechos Humanos).
Transita la vigencia de la “tesis de la inviolabilidad de la persona humana “, y el que daña a un tercero debe resarcir el mal causado, sobre la base del apotegma romanista “no dañar al prójimo”, -con fundamento cristiano- que cobra lozanía con raíz constitucional en el art. 19 de la C. N. En el Congreso Internacional de Derechos de Daños (junio de 1991) la Comisión n° 1, al tratar el Daño a la persona, aprobó las siguientes conclusiones: 1°) La inviolabilidad de la persona humana, como fin en sí misma, supone su primacía jurídica como valor absoluto. 2°) La persona debe ser protegida no sólo por lo que tiene y puede obtener, sino por lo que es y en la integrad de su proyección...” “...3°) El daño a la persona configura un ámbito lesivo de honda significación y trascendencia en el que pueden generarse perjuicios morales y patrimoniales...“.
El Juzgador no puede estar ajeno al principio de progresividad que enuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), recordando que la dignidad de la persona humana constituye el centro o eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional, haciendo presente el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Es por ello que, en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, no está ausente la evaluación del daño como frustración del desarrollo de la plena vida.
El art. 1.086 del Cód. Civ., no menciona a la incapacidad permanente, sin embargo el art. 89 del Cód. Penal se configura el delito de lesiones, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño; disponiendo el art. 90 del mismo cuerpo legal que si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o se hubiese puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubiere inutilizado para el trabajo se le impondrá reclusión o presión de 1 a 6 años; pero es éste, el renglón principal del resarcimiento y se configura cuando el delito o cuasi-delito deja en la victima una secuela irreversible, que se traduce en la invalidez permanente del lesionado para el desempeño de cualquier trabajo sea la incapacidad total o parcial.
Cuando la incapacidad es parcial y permanente – caso de autos- debe en primer lugar establecerse el déficit de capacidad en que quedó afectada la víctima en comparación con la aptitud completa del sujeto para el trabajo, lo que se mide en términos de porcentaje y a partir de pericas médicas. Sobre dicha base el juez efectúa la estimación del monto indemnizatorio teniendo presente la actividad desplegada normalmente y los ingresos que la misma significa, es decir lo que produciría un sujeto en un 100 % de su capacidad.
La doctrina judicial ha elaborado en este tema las siguientes pautas: el cómputo de la incapacidad se hace atendiendo a las posibilidades genéricas de la vida y no sólo al déficit para determinado trabajo; a tal fin se computarán las cualidades personales de la víctima, edad, sexo, salud, etc., la lesión de carácter permanente debe ser indemnizada ocasione o no un daño económico actual, pues su reparación no comprende solamente el aspecto laborativo sino el valor del que la víctima se ve privada en el futuro, sobre todas las consecuencias que afecten su personalidad.
Dice Kemelmajer de Carlucci que en nuestros días tiende a prevalecer el criterio de que todo menoscabo o detrimento que se sufra en áreas como las relaciones sociales, deportivas, artísticas, sexuales, etc., debe también computarse como incapacidad materialmente indemnizable. Una fervorosa defensa de esta posición puede consultarse en MossetIturraspe, Responsabilidad por daños, II-B, nº 234, b, p. 208. CNCiv. Sala D, 5/6/79, ED, 87-643; CNCiv. y Com. Fed. Sala III, 11/11/81, LL, 1982-C-182, cit. por Kemelmajer de Carlucci A., en la obra colectiva de Belluscio-Zannoni, Cód. Civ. Comentado, Ed. Astrea, año 1990, p. 220).
La incapacidad física permanente sea para las actividades laborales o de otra índole, deber ser indemnizada, aunque la víctima no haya dejado de ganar, pues la integridad física o corporal, tiene en sí misma un valor indemnizable. Se entiende por incapacidad cualquier disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que afecten la capacidad productiva o que se traduzca en un menoscabo de su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades, ya sean productivas o no productivas que el lesionado solía realizar con la debida plenitud, amplitud y libertad. En suma, por el bien afectado, estas incapacidades físicas pueden afectar la capacidad laboral o la vida de relación social, familiar, de esparcimiento o entretenimiento, etc., en todas sus gamas. En definitiva, lo que se resarce o indemniza –reponiendo las cosas al estado anterior (art. 1.083 del Cód. Civ.)- y en forma subsidiaria mediante una compensación dineraria, es precisamente ese daño a la integridad corporal, o ese ataque a la vida de relación social.
Es innegable que el daño a la vida de relación de un sujeto que puede haber sufrido, debe ser contemplado al momento de fijar el resarcimiento integral por el daño patrimonial, toda vez que la denominada “vida de relación familiar y social o de esparcimiento o de recreación y de disfrute”, debe ser merituada al momento de fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, y está destinada a poner de relieve una comprensión integral de la proyección existencial humana, pues refiere un conjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, y actividades íntimas como lo son vivir en pareja, tener sexo libremente, procrear y cultivar el contacto con terceros, sin ser objeto de prevención o discriminación. El daño que las facetas extralaborativas del individuo sufran, constituye también un daño indemnizable. También es indemnizable la incapacidad de quien sólo se dedicaba a tareas del hogar, ya que las mismas han sido tenidas en cuenta por la sociedad, que otorga beneficios previsionales a las amas de casa, pudiendo computarse por analogía el monto de un salario mínimo. Es que el derecho civil a diferencia del derecho laboral que toma en cuenta la capacidad funcional o productiva, atiende la tutela de la integridad psicofísica de la víctima en cualquiera de sus manifestaciones, por consiguiente la reparación por la incapacidad sobreviniente comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada (Trigo Represas- López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, Cuantificación del daño, Ed. La Ley, Bs. As., año 2.006, págs. 238/9). En este sentido, en las Jornadas sobre temas de responsabilidad civil en caso de muerte o lesión de personas (Rosario, 1979), se recomendó: “Para la fijación del resarcimiento debe tenerse en cuenta la persona humana en su integridad, con su multiforme actividad. Debe computarse y repararse económicamente toda lesión sufrida, sea en sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, religiosas, sexuales”.
Por lo tanto, la incapacidad que corresponde indemnizar en sede civil no es solo la laborativa, debiendo considerarse la disminución de la aptitud genérica del sujeto afectado en su vida de relación familiar, social, etc. Así las cosas, adentrándonos al tratamiento de la cuestión de fondo se observa que a fs. 311/316 (27/12/2016) surge la pericia médica efectuada por el Dr. Eduardo Vicente Cacchione, quien determinó conforme destaqué al tratar el capítulo de la responsabilidad: “Antecedentes Médicos Traumatológicos de interés médico legal: A FS. 12: Consta certificado médico extendido al actor en Centro Comunitarios el 02 de enero de 2013 donde se pide RNM de rodilla izquierda por presentar síndrome meniscal interno en rodilla izquierda de tipo traumático. Firmado por el Dr Fernández Martínez, Traumatólogo, MN Nº 107.820. A fs. 13: Consta certificado médico extendido al actor en Centro Medico Comunitario por el mismo Traumatólogo, con fecha 30-11-12, donde se deja constancia que se inmoviliza la rodilla izquierda con tres semanas de reposo total por síndrome meniscal interno. A fs. 14. Consta indicación al actor de una férula inmovilizadora para la rodilla izquierda, firmado por el mismo traumatólogo el 30-11-13 A fs. 15: Consta indicación del traumatólogo asistente del actor, de tres ampollas de XIDENOL B12 con indicación de una ampolla intramuscular por dia. A fs. 16: El traumatólogo asistente del actor con fecha 02- 01-13 indica tratamiento fisiokinesio al actor por síndrome meniscal interno en rodilla izquierda por esguince. A fs. 18: Consta la Epicrisis de la Historia Clínica del actor del policlínico de San Justo, certificando que fue asistido el 29-11-12 por traumatismo de rodilla izquierda. A fs. 19: Consta solicitud de RNM de rodilla izquierda el 21-02-13 por síndrome meniscal de rodilla izquierda. A fs. 20: Consta pedido de RNM de rodilla izquierda al actor en el Hospital Fernández con fecha 14-03-13 A fs. 22: Consta informe de RNM del 26-03-13 que informa: 1-Desgarro del cuerno posterior del menisco interno. 2-Indemnidad de ligamentos cruzados y colaterales. 3-Aumento de líquido sinovial intraarticular. A fs. 23: Consta presupuesto de intervención quirúrgica de rodilla izquierda para menicectomia izquierda posterior, a un costo de $ 9.800 al 09-05.-13 (…)
EXAMENES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS A LA ACTORA A PEDIDO
DE ESTE EXPERTO: A fs. 299: Constan las radiografías de rodilla izquierda frente y perfil donde no se aprecian lesiones óseas. A fs. 298: RNM de rodilla izquierda del 14-11-15 que muestra desgarro meniscal interno en cuerno posterior. Que este experto pueda informar a VS, que el actor presenta: 1- Sufrio accidente de trabajo in itinere donde se lesiono el menisco interno de la rodilla interna en el cuerno posterior que debió ser tratada de manera incruenta. Como secuela queda una sinovitis reactiva, hipotrofia muscular del muslo y la gonalgia residual por desgarro del cuerno posterior del menisco interno configurando un síndrome meniscal interno crónico de tipo traumático. 2- Estimo una incapacidad parcial y permanente del 12 % de la total Obrera.
El Baremo General para el Fuero Civil de los Dres Altube- Rinaldi, año 2010, Editorial García Alonso, pagina 221, dice: “Sindrome meniscal no operado con signos objetivos (hidroatrosis, Bloqueos, atrofia muscular cuadriciopital y maniobras meniscales positivas y estudios que certifiquen el diagnostico….12 %” 3-Se cumple la relación causal con el accidente de autos porque se cumplen los postulados y surge de los antecedentes de fs.12/20, fs. 22 y fs 41 (…) Las secuelas que presente están consolidadas por el tiempo de evolución. 6-La sinovitis es crónica pero podría mejorar con la cirugía. 7-Costo de equipo quirúrgico, un día de internación y medicamentos aproximadamente $ 40.000. Tiene roto por desgarro traumático el cuerno posterior del menisco interno.
Ver RNM de fs. 41 y de fs. 298. 5-tiene una incapacidad parcial y permanente del 12 % en relación a la total obrera.6-No tiene dolencias preexistentes según los antecedentes de autos de fs. 12/20; 22; 23.”. Dicha pericia, recibió pedido de explicaciones de la parte demandada 329/330 y citada en garantía a fs. 331/331 vta. (10/04/2017), las cuales fueron contestadas por el experto a fs. 350/353 (10/06/2017), habiendo referido el perito que: “Con respecto a la actividad anterior habitual del actor, este perito no puede expedirse con certeza, porque solamente tiene lo sostenido por el actor en el interrogatorio al realizar el examen traumatológico y ello no cuenta al momento de establecer incapacidad física médico legal.
La hidroatrosis es el derrame de líquido sinovial intraarticular que por su composición química y electrolítica puede absorberse nuevamente en su totalidad, sin existir alteración histológica en la capa interna endotelial de la cavidad articular de la rodilla. Cuando el líquido sinovial perdura en la cavidad, cambia su contenido seroso, proteico, celulares y electrolíticos haciéndose más espeso y modificando la composición tisular de la capa interna de la articulación haciendo más dificultoso la reabsorción por lo que se cronifica la inflamación de la capsula articular por el lado interno y se transforma en sinovitis crónica reactiva que con el tiempo de evolución puede formar vellosidades adherentes provocando limitación de la movilidad de la rodilla.
Esos a grandes rasgos son los cambios que diferencian estos distintos estadios de una sinovitis aguda y crónica. (…) la hidrartrosis es el derrame agudo, pero con la evolución, el tratamiento o la falta de él, puede modificar el cuadro anterior dando otros síndromes que alteran la incapacidad calculada. La elección del baremo a utilizar corre por cuenta del perito y es una manera de tener un punto comparativo, porque lo que da la incapacidad no es la aplicación de un baremo determinado sino la experiencia del experto examinante y de lo hallado al examen. (…) los baremos médicos han sido concebidos para ser interpretados por médicos. Esta última es la razón natural de la existencia del auxiliar técnico, que con sus conocimientos específicos, sirve como ayuda al Juzgador.
(…) En consecuencia, el baremo debe de ser amplio, claro, preciso, concreto, de manera que su proyección pueda cumplir el fin previsto, pero en modo alguno podrá esperarse que abarque cada caso en particular. (…) Como principio nadie duda de que los baremos definen muy vagamente las secuelas y preconizan rangos con frecuencia demasiado amplios, tanto que los baremos carecen de verdadero rigor científico y sus tasas son simplemente puntos de referencia aproximativos (…) Los baremos, de múltiples autores y nacionalidades no son más que una guía que podrá sugerirle al perito alguna aproximación acerca de la incapacidad que valora. Todas estas cuestiones particulares no son contempladas en un simple Baremo y se hallan en manos del examinador.
La incapacidad otorgada a cada secuela, según criterio clínico, y dentro del margen de la ciencia, tendrá en cuenta su intensidad y gravedad desde el punto de vista físico, biológico funcional y anatómico, teniendo en cuenta la edad, sexo y profesión, esto es, cada caso en particular. (…) -Las cirugías pendientes son parte del tratamiento a dar por la patología que presenta el actor. Ahora si consta en la Ley o si se sacaron de la misma, ya es un problema legal que lo debe merituar VS y los abogados de las partes y no el que suscribe. (…) Este experto dice que lo relatado como mecanismo de producción de la lesión que presenta el actor, es compatible de guardar relación de causalidad”. Frente a dichas contestaciones, la parte demandada solicitó nuevamente explicaciones a fs. 384/385, las cuales solo serían tenidas en cuenta por S.S. al sentenciar, conforme despacho de fs. 386.
Ahora bien, es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En efecto, esta Sala ha resuelto que: "Los porcentajes de incapacidad, o baremos de aplicación a otros fueros, no son sino uno y no el único elemento a ponderar para la justa indemnización pretendida". (CNCivil, Sala G, 24/9/99, "Miranda de Barca, Ana M. c/ Echeverría Antonio C. y otros s/ daños y perjuicios", cit. por H. Daray, op.cit,, pág. 39, nro. 40). Además no debe perderse de vista que: "En la incapacidad sobreviniente lo importante es la descripción y valoración de las lesiones y sus consecuencias, más que la exactitud de la disminución representada por un porcentual".(CNCivil,Sala F, 13/8/99, "Díaz, Norberto C. c/ Juárez, Luis D. s/ daños y perjuicios", cit. por H.Daray, op. cit. pág. 37, nro. 30).
Cabe recordar que los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos constituyen una calificación genérica y abstracta cuya valoración corresponde a los jueces que han de considerar la trascendencia en el caso particular, es decir sus repercusiones en la faz productiva y de relación del damnificado. De allí que a diferencia del derecho laboral donde los módulos tienen otra trascendencia, en el ámbito de la responsabilidad civil inciden todas las facetas del individuo, especialmente la llamada vida de relación que comprende las distintas actividades, (laborales, deportivas, recreativa, sociales). En todas esas áreas es factible la pérdida de chances. Es decir, se califica con criterio amplio el daño vital y la integridad psicofísica.
(Esta Sala Primera In re: “DOMÍNGUEZ, Delmiro c/ EDENOR S.A., Emp.Distrib..y Comer. Norte S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 707/1, rsd n17/07 sentencia del 22/03/07). En suma, reitero que la pericia realizada por el perito médico Traumatólogo y Legista, como sus explicaciones se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas: las declaraciones testimoniales brindadas a fs. 378/380, quienes refirieron que a raíz del accidente ocurrido en ocasión del transporte, el actor Brizuela resultó lesionado en su rodilla izquierda.
En efecto, el testigo Lobos, expuso que: “para que diga en qué estado se encontraba Brizuela después de la Frenada: él se encontraba con mucho dolor lloraba que le dolía la rodilla tenía mucho dolor en todo el cuerpo, las piernas se le fue abajo del asiento, nosotros estábamos en el asiento de dos en el medio (…) para que diga si sabe y como le consta si vio al actor después del accidente y como se encontraba: si, estaba muy adolorido yo lo vi el sábado creo que dos días después del accidente y estuvo en reposo el fin de semana en la casa, tenía una venda en la rodilla por que le dolía mucho y después lo volví a ver en la semana en el trabajo porque fue a laburar pero no hacia actividades pesadas por que la rodilla le dolía muchísimo”; del mismo modo, que la testigo Gavila, manifestó que: “para que diga si volvió a ver al Sr.
Brizuela después del accidente: si, lo volví a ver a la semana, a los días y lo vi caminando que rengueaba le pregunte que si iba a ir a trabajar y me dijo que si por que como trabajaba en negro muchos días no podía faltar porque le descontaban pero me acuerdo que seguía dolorido (...) para que diga si noto cambios en la salud: si como los veo seguido, los días que están feos el medio que renguea siempre se queja de la rodilla; y finalmente, la declaración de Zeballos, quien expuso que: “para que diga si sabe si el Señor Brizuela sufrió un accidente viajando en colectivo: si, por que me lo comentó el cuándo lo fuimos a ver a la casa y lo vimos con la pierna hinchada y la rodilla hinchada. Lo fuimos a ver cuándo volvió del Hospital a los dos o tres días”, la atención recibida por el actor según constancia de fs. 138/142 el día 29 de noviembre de 2012 en el Policlínico Central de San Justo, en la cual se ha certificado que: “29/11/2012 siendo las 17 hs., Brizuela Cristian, argentino, 31 años, documento n°: 28664394 (…) previa conformidad del interesado y a esos solos efectos y lo que resulte de la misma, digo que presenta lesiones macroscópicamente visibles de reciente data sobre la superficie corporal y/o impresión diagnostica primaria: Traumatismo Rodilla Izquierda.
Se deja constancia que el presente es válido para la hora y día otorgado, debiendo ser examinado por el médico forense. Exámenes complementarios: rx rodilla izquierda sin lesión ósea aparente, tratamiento AINE (…) accidente de tránsito: si”. Se dejó constancia que no se contaba con historia clínica toda vez que el actor resultó paciente ambulatorio”; la contestación del oficio dirigido a Diagnostico Tesla a fs. 119/120 por estudios médicos efectuados con fecha 26/03/2013 por el actor. Del mismo, se observa que: “Brizuela Cristian Eduardo (…) se realizó RNM de rodilla (…) afectación del menisco interno con señal hiperintensa lineal intrasustancia de su cuerno posterior con aparente contacto con la superficie meniscal articular, hallazgo que se interpreta a signos de desgarro”, lo informado por el Hospital Gral. de Agudos 810/06/2019), quien advirtió que compulsados los registros obrantes, surge que el paciente (Brizuela) solicitó turnos para ser atendido en los consultorios externos de traumatología (rodilla izquierda) para el día 21/02/2013, cuyo otorgamiento fuera el día 13/02/2013 por traumatismo por accidente en vía pública y demás estudios complementarios.
Así las cosas, de la atenta lectura del dictamen pericial objeto de estudio, y sus explicaciones, estimo que –como ya se dijo- el mismo en su conjunto, se ajusta a las prescripciones legales enunciadas precedentemente. Por lo tanto, le otorgo pleno valor y fuerza probatoria, el cual ha detectado una incapacidad física parcial y permanente.
Por lo cual, ha quedado debidamente acreditado (no solo por la pericia sino por las demás pruebas referenciadas oportunamente) que el actor ha sufrido como consecuencia del hecho de autos un daño a su salud física, que ha sido graduado en el porcentaje del 12% parcial y permanente, disminución que llevará toda su vida y sin perjuicio de las actividades que realizaba o pueda seguir realizando, puesto que la incapacidad puede afectar la capacidad productiva o traducirse en un menoscabo de su plenitud, por ello este daño es totalmente resarcible, (art. 1083 del CC).
Con respecto a la falta de relación causal, expuesta por la parte accionada al expresar agravios, destaco que en la atención brindada el día del hecho 29/11/2012 –conforme ya expusiera “ut supra”- se ha emitido un certificado médico por el nosocomio del Policlínico Central de San Justo, en el cual se ha consignado que el actor ha padecido “traumatismos de rodilla izquierda” –véase fs. 138-, como así también de las constancias expedidas en el Hospital de Agudos a fs. 409/411, se informó que compulsados los registros obrantes, surge que el paciente (Brizuela) solicitó turnos para ser atendido en los consultorios externos de traumatología (rodilla izquierda) para el día 21/02/2013, cuyo otorgamiento fuera el día 13/02/2013 por traumatismo por accidente en vía pública.
La parte apelante cuestiona la relación causal entre el accidente y la incapacidad detectada por el perito, en virtud de las fechas de dichas atenciones (29/11/2012 y 21/02/2013).
Ahora bien, tanto el perito como este juzgador observan que el actor acompañó en su escrito de inicio constancias de atención médica en centros comunitarios de atención primaria “Asociación San Alberto” glosados de fs. 12 a 17, las cuales sin bien resultarían ser sus originales, con la debida firma de su médico tratante, no se ha librado oficio a los fines de que dicha institución se expida sobre su autenticidad. No obstante ello, considero que tales elementos, corroborados con el resto de la prueba producida en autos, el principio sentado que en caso de duda, la balanza se incline a favor de la víctima del daño –en este caso el consumidor transportado-, generan indicios serios, graves y concordantes para este juzgador de que el actor a raíz del accidente del que fuera víctima, sufrió serias lesiones en su rodilla izquierda, las cuales fueron constatadas por el perito médico.
De la documental glosada, observo que el Sr. Brizuela se ha tratado en las fechas 30 de noviembre de 2012 y 02 de enero de 2013, que se le ha inmovilizado la rodilla y reposo por 3 semanas, medicamentos y diagnóstico: síndrome meniscal interno.
Dicho esto, considero que las lesiones detectadas en el Sr. Brizuela Cristian resultan en relación causal adecuada con la mecánica del accidente y detectado por el medico traumatólogo, por lo cual no encuentro motivo para apartarme de las incapacidades detectadas.
A mayor abundamiento, observo que la demandada refiere en su escrito de agravios que la atención más cercana al hecho del actor data del 29/11/12, es decir 6 días posteriores al hecho por lo que no puede asegurarse o aseverarse fehacientemente que el “desgarro del cuerno posterior del menisco interno” se produjera en el momento del accidente. Sin perjuicio de ello, la parte actora ha denunciado en su escrito de demanda que el hecho acaeció el día 29/11/2012 y no el 23/11/2012. Tampoco de la contestación de la demanda, surge que dicha parte haya denunciado otra fecha de ocurrencia del siniestro, quien incluso trató de eximirse de responsabilidad denunciando la culpa de un tercero, máxime cuando S.S. ha fijado el día 29/11/2012 la fecha en el cual comenzarán a correr los intereses, sin que fuera motivo de queja alguna. Del mismo modo, si bien el perito médico ha referido que el accidente fue “in itinere”, también de la declaración testimonial del Sr. Lobo y Sra. Gavila, como de lo relatado en la pericia psicológica, surge que el actor no se encontraba registrado (trabajo en negro). Asimismo, entiendo que tampoco la parte demandada ha desplegado prueba tendiente a acreditar si el actor contaba con ART o si la cirugía referida por el perito se encontraría entre las prestaciones en especie cubierta al 100 % por las aseguradoras de riesgos del trabajo.
Además, con referencia al agravio que gira en torno a que la sinovitis es crónica pero podría mejorar con una cirugía y ello tendría incidencia en reducir la indemnización, al considerar que la lesión es susceptible de reparación quirúrgica mínimamente invasiva, que si bien sin posibilidad de restitución integral, resulta idónea para disminuir el grado de incapacidad, no siendo imputable al condenado sino culpa concausal sobreviniente de la víctima, quien no ha acatado las indicaciones de tratamiento médico recomendado, adelanto desde ya sin hesitación que este agravio es totalmente improcedente y paso a dar sus fundamentos legales, a saber. Es cierto que el galeno opinó que: “Las secuelas que presenta están consolidadas por el tiempo de evolución. La sinovitis es crónica, pero podría mejorar con la cirugía”; el mismo se expresa con el verbo conjetural “podría”, sin asegurar un resultado que satisfaga el interés del acreedor del daño, pues entiendo y estimo que la obligación que asumiría un cirujano es de medios y no de resultado. Además, el mismo experto informa que las secuelas que presenta el actor están consolidadas por el tiempo de evolución, calificada como incapacidad física parcial y permanente. Repárese especialmente que el susodicho actor se accidentó el día 29 de noviembre de 2.012 y ya han transcurrido casi nueve años, de consolidación del daño físico, considerando a tal efecto que destacada doctrina médico-legal afirma que todo daño a la salud de las personas humanas se consolida a los dos años.
Por otra parte, y “obiter dicta” el efecto hipotético o conjetural reparador de una cirugía ha de ser juzgado en cada caso concreto con un afinado criterio médico legal mensurando sus alcances. Esto es lógico advertirlo, atento a que rara vez son absolutos. Podría eventualmente permitir algún logro en materia laboral, o en la vida de relación, pero rara vez la curación plena de una discapacidad física como en el caso de autos, calificada de parcial y permanente y ampliamente consolidada.
De este modo negar el valor resarcitorio de la incapacidad física sobreviniente, parcial y permanente del actor constituye -a mi juicio- un absurdo y a la vez un abuso de derecho que la ley no ampara, considerándoselo tal al que contraríe los fines del ordenamiento jurídico o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como lícito ningún acto (art. 9, 10 y 11del C.C.y C.).
No se puede ni se debe obligar a una persona humana a que se le practique una cirugía reparadora, pues va en contra de la autonomía o autodecisión de la voluntad, entendiéndose como tal: “ejercer violencia sobre su persona” (doctrina del art. 629 y su nota del Cód. Civ.). El consentimiento informado que debe prestar el paciente, está basado en el principio de la autonomía de su voluntad, el derecho a que le asiste a decidir sobre su propio cuerpo y a aceptar o no tratamientos médicos.
El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. (arts. 1, 2 inc. e, ley 26.529 mod. por ley 26.742 y doc. arts. 51, 55, 56, 59 del C.C.C.). Es un derecho fundamental y personalísimo que los Tratados de Derechos Humanos reconocen y garantían a todo ser humano (art. 75 inc. 22 de la C.N.). En conclusión, en cuanto a la mera rehabilitación funcional de un miembro lesionado, entendemos que ella no debe ser computada a los fines de menguar la indemnización de la incapacidad física parcial y permanente o el lucro cesante, pues una situación o cuestión es saber usar un órgano o miembro lesionado y otra, bien distinta, tenerlo sano. No me parece sensato equiparar la salud plena y rehabilitación a través de un ilógico y semejante razonamiento. Invocar la culpa de la propia víctima porque el actor no se sometió a una cirugía reparadora de su dolencia es un verdadero despropósito que la ley no tutela, careciendo de fundamento ético y moral. Por lo tanto, se rechaza dicho agravio por insostenible.
Sentado ello, debemos destacar que el daño detectado en la persona de la víctima Brizuela, resulta ser una incapacidad física parcial y permanente que le genera un daño patrimonial; la naturaleza y la identidad del daño, son sus caracteres jurídicos: personal, es un daño presente, cierto y tiene actualidad a la hora de sentenciar; en cuando a su magnitud o extensión el perito médico le otorgó un 12% de incapacidad (que sirve de orientación para el magistrado); hay que tener en cuenta que frente a este daño patrimonial por incapacidad: “el daño es la medida de su cuantificación económica o matemática”, dentro del contexto de un sistema económico capitalista; las condiciones personales de la víctima, su edad, ocupación, estado civil, su estado de salud antes de producirse el infortunio, su situación socio-económica, promedio de vida útil del hombre y demás circunstancias que rodean a dicho sujeto, etc. Luego viene la segunda etapa de cuantificación económica o matemática del daño, en donde el Juez liquida y fija el “quantum” indemnizatorio, a modo de compensación – reponiendo las cosas al estado anterior- con aplicación del sentido común, las reglas de la “sana critica” como metodología de apreciación judicial de los hechos y de las pruebas aportadas en el juicio, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez; y que al justipreciar el daño lo hará con razonabilidad, prudencia y equidad, aplicando las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano.
Por ello, sobre la base de las pautas elaboradas precedentemente, estimo que la suma fiada por S. S. en concepto de incapacidad sobreviniente en la persona de Brizuela y que asciende al importe de $1.046.996,61 resulta ser excesivamente onerosa, constituyendo -a mi juicio- un enriquecimiento sin causa, por lo cual estimo que en este punto corresponde hacer lugar parcialmente a los agravios de los apelantes y reducir el monto otorgado por dicho concepto.
En su consecuencia, considerando que la actora tenía a la fecha del accidente 31 años de edad, que su grupo familiar está compuesto por sus hijos y concubina con quien convive, quien trabajaba en una fábrica de zapatos a la fecha del accidente, siendo que a 2019 y al encontrarse desempleado, realizaba trabajos de electricidad por cuenta propia, percibiendo un ingreso aproximado de $15.000,00 (que corresponde jurídica y económicamente, sea actualizado a la fecha de este pronunciamiento, ascendiendo actualmente a la suma de $30.750,00, con aplicación de un 105% aproximadamente de incidencia inflacionaria) e inscripto en monotributo social, su estado de salud previo a la ocurrencia del accidente, el grado de incapacidad del 12% física, parcial y permanente, y con la salvedad de que dicho porcentaje –conforme lo “ut supra” descripto-, constituye una simple pauta orientativa para el magistrado guardando dichas lesiones relación causal con el hecho de autos (arts. 472 y 474 del Cód. Proc.), estimo que corresponde reducir el rubro de incapacidad física sobreviniente en la suma de pesos SEISCIENTOS MIL ($600.000,00), (art. 1.068, 1.069, 1.083, y 1.086 del Cód. Civ., y 165, 375, 384, 456, 472 y 474 del Cód. Proc.).
V. Daño psicológico El daño psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Aquél se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso. Encuentra su encuadre en la norma genérica del art. 1068 CC, que pertinentemente dice: "...Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria... por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades". "El daño psicológico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el medio social". El daño psicológico es una lesión al funcionamiento del cerebro, que altera el razonamiento o las facultades intelectuales de la persona humana y produce una incapacidad a nivel psíquico o de la mente, ya sea transitoria o permanente. En cambio, del daño moral, que sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento de la persona, el psíquico afecta preponderantemente en la del razonamiento. Para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del daño moral, la incapacidad a resarcir que puede derivar del daño psíquico es la permanente y no la transitoria. Además, hay que agregar que el daño psicológico, para que sea resarcible debe ser traumático, patológico e irreversible. Traumatismo, es un término general que comprende todas las lesiones internas y externas provocadas por una violencia exterior, como también es el estado del organismo afectado de una herida grave. Asimismo, llámase patológico a aquello perteneciente o relativo a la patología y dícese de este último término, que es la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo. Celular: Estudio de las alteraciones de los elementos anatómicos como punto de partida del estudio general de los fenómenos morbosos.
V.a.1. El bien jurídico protegido. Según Hernán Daray corresponde considerar el campo denotado por la expresión perturbación del equilibrio espiritual, dado que esta última noción constituiría el "bien jurídico protegido". De allí que se diferencie el daño psicológico del agravio moral, por el carácter patológico del detrimento. Con acierto Zavala de González define al daño psíquico como "una perturbación patológica de la personalidad" de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente (autores cits. por Taraborrelli José Nicolás, en Daño Psicológico, J. A. 1997-II-777, Abeledo-Perrot, OnLine. Cit. Lexis, 7/8/04).
V.a.2. Diferencias entre el daño psíquico y el daño moral: El daño psíquico: a) Perturba el equilibrio de la personalidad., b) Tiene uno origen patológico la perturbación del equilibrio espiritual o de la personalidad; asume en el daño psicológico el nivel de las patologías y requiere para su determinación el auxilio de la psiquiatría o de la teoría psicoanalítica. Se caracteriza por ser irreversible o irrecuperable. c) Debe probarse d) Afecta al individuo en actividad laborativa de poder desempeñarse, como en su capacidad, en su vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o capacidad para disfrutar de la vida. Puede constituir una incapacidad permanente o temporaria o transitoria; e) Conforme mi opinión, resulta resarcible en los dos regímenes de responsabilidad; f) En función de la condena, el daño psicológico es siempre resarcitorio. g) Parámetros para la fijación: tiene importancia según se lo pida como grado de incapacidad laborativa o el grado de incapacidad que le produce en la vida de relación social, familiar, deportiva, de esparcimiento, etc., o si se incluyen o no los costos del tratamiento, o si se lo reclama en forma autónoma o integrando otros rubros., h) Legitimación activa: Según el art.
(1079 CC. ) otorga acción no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente,, sino respecto de toda persona,, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta., i) Según Hernán Daray requiere en principio, que el evento desencadenante revista carácter traumático, ya sea por la importancia del impacto corporal y su consecuencia, por la forma de ocurrir el hecho o por la muerte de un ser querido muy allegado al reclamante., j) Constituye un daño material, ya sea que cause un grado de incapacidad psíquica, mensurable en dinero y/o que se reclamen los costos del tratamiento psicológico. En cambio, el daño moral: a) Perturba el equilibrio espiritual. b) No tiene origen patológico. c) El daño moral se presume. d) No causa grado de incapacidad, sino que afecta a la dignidad, al honor de la persona; produce dolor, angustia, pero sin producir grado de incapacidad. e) El daño moral es resarcible tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. f) En función de la condena, para la minoría sostiene que el daño moral se fundamenta en la sanción ejemplar de carácter punitivo (Llambías, etc.), es una pena civil y no resarcitoria como lo afirma la mayoría dela doctrina y jurisprudencia nacional. g) Parámetros para su fijación: para los que afirman la condición punitiva el daño moral evaluará la gravedad del accionar del responsable; los que se apoyan en la naturaleza resarcitoria tendrán en cuenta la importancia o los padecimientos experimentados, la edad, el sexo y demás circunstancias personales de la víctima, según que el menoscabo sea actual o futuro. h) Legitimación activa: La acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán acción los herederos forzosos, no iure hereditatis sino iure propio (art. art. 1078 C.C.). i) La jurisprudencia lo admite aún en el caso de que el reclamante haya padecido lesiones leves. j) Es un daño inmaterial, que afecta a la dignidad, al honor de la persona o es causa del dolor, del sufrimiento, etc.
Por otra parte, hace menester recordar que esta Sala ya se ha expedido manifestando que si bien el daño “psíquico” no constituye un rubro autónomo puesto que integra el extenso campo de las incapacidades, se admite tan solo su cuantificación por separado para una mejor apreciación de su incidencia en la incapacidad psicofísica, no importando en la especie una doble indemnización.
Ahora bien, a fs.176/181 obra glosada la pericia psicológica llevada a cabo por la Lic. Liliana Nora Fernández de Pozzi, quien determino que: “del examen pericial se deduce que la personalidad de base del actor se puede encuadrar de las neurosis y actualmente sufre por estrés postraumático (…) configuran en la actualidad una neurosis de angustia leve. (…) de acuerdo al Baremo de la Dirección de Reconocimientos médicos de la Provincia de Buenos Aires, la incapacidad psíquica sufrida por el periciado es de un 10% de incapacidad psíquica por neurosis de angustia leve”. Dicha pericia recibió pedido de explicaciones por la parte demandada a fs. 195/197 vta., las cuales fueron contestadas por la experta con fecha 30/03/2017, refiriendo que: “2- La incapacidad del periciado es parcial y transitoria, y podría convertirse en permanente sin el tratamiento apropiado, el trastorno por estrés post traumático suele evolucionar favorablemente con la atención adecuada. (…) no puedo asegurar que “curen” completamente ni tampoco estimar lapsos de tiempo”. En efecto, pasando revista a dicha pericia y sus explicaciones, estimo – en primer lugar- que las mismas también se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia de la perito, los principios científicos en que se fundan y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica Dicho lo cual, le otorgo pleno valor y fuerza probatoria al dictamen pericial psíquico incorporado como pieza probatoria en estas actuaciones.
En suma, el daño psicológico o la incapacidad psicológica padecida por el actor en el porcentaje del 10% fue causado con motivo del accidente en ocasión del transporte (art. 901 y 906 del Código Civil), toda vez que se produjo según el curso natural y ordinario de las cosas y conforme la experiencia de la vida diaria, de manera que reúne todos estos caracteres o elementos constitutivos del mismo.
Ya he adelantado que es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
De la lectura y estudio del examen pericial psicológico no surge expresamente la existencia previa como portador de alguna dolencia o patología psíquica pre-existente al accidente, sino que el acto ilícito de autos fue la causa y el origen del daño psíquico calificado como parcial, transitorio o temporario, asignándole la experticia el 10% de incapacidad psíquica, recomendando un tratamiento psicoterapéutico de seis meses.
De este modo valorando dicho daño psíquico, calificado como parcial y transitorio y que con un tratamiento de seis meses podría eventualmente revertiste, sin asegurar la experta su curación, estimo que a los efectos de su cuantificación económica o matemática, atendiendo a las condiciones personales de la víctima descriptas precedentemente y considerando el 10% de incapacidad psicológica, corresponde, atento esa merma del 10% en su capacidad o rendimiento roborativo económico y su repercusión en su vida de relación social, familiar oct., clasificado: como un “lucro cesante” con una duración de seis meses, que sobre la base de un ingreso actualizado como se referenció “ut supra” de $30.750,00, fijar y liquidar en forma prudente, razonable y equitativa la suma indemnizatoria y resarcitoria de pesos DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($18.450,00) por dicho concepto como daño a la salud (arts. 1.068, 1.069,1.083 del Cód. Civ. y art. 165 del Cód. Proc.).
VI. Tratamiento psicológico La experta recomendó la necesidad de tratamiento psicológico, manifestando que: “para superar este trastorno debería someterse a un tratamiento psicológico que le permita superar la sintomatología descripta (…) debería durar por lo menos seis meses a razón de una entrevista semanal (…) el Sr Cristian Brizuela presenta características que hacen prever una buena respuesta a la terapia y por lo tanto posibilidades de recuperación…”–véase fs. 181/182-. Por lo cual, desde ya adelanto que este rubro es totalmente resarcible.
Al respecto esta Alzada ya se ha pronunciado manifestando que: “El daño psíquico indemniza el daño existente al momento de realizarle el examen pericial, es decir, que se trata de un daño cierto y efectivo al momento del análisis; mientras que el tratamiento tiene como finalidad evitar un mayor daño o aún más; intenta en muchos casos corregir el mismo con resultado aleatorio. En virtud de ello ambos ítems no son excluyentes”. (CNCivil, Sala J, 10/8/98, “Grancharoff, Silvina c/ Orellana, Héctor D. y otro s/ Daños y Perjuicios”, citado por H. Daray, op.cit., pág. 84, sum.102). En idéntico sentido se expresó: “El hecho de que se haya concedido una suma por daño psicológico no es obstáculo para que se otorgue otra para el tratamiento psicoterapéutico dado que no se produce una duplicación de la indemnización que suple la minoración. El tratamiento apunta a evitar el empeoramiento de unos estados psicológicos de gravedad, y en todo caso a conseguir un progreso en la salud, pero no a recuperarla totalmente”. (C.N.Civ., Sala B, 15/9/99, “Bartumeus, José y otro c/ Rigo, Roberto H. y otro s/ Daños y Perjuicios”. (H. Daray, op.cit., pág. 15). La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que: “No genera doble indemnización reconocida por el daño psicológico y el tratamiento terapéutico posterior porque en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil. Acreditada la necesidad de tratamiento psicológico, carece de significación el resultado que pudiera arrojar el mismo porque éste obviamente opera para el futuro pero no borra la incapacidad existente hasta entonces, también imputable al responsable del ilícito”. (SCBA, AC. 69476 S 9- 5-2001, Juez Laborde (MA) en autos “Cordero, Ramón Reinaldo y otra c/ Clifer s/ Daños y Perjuicios”, JUBA; DJBA 161, 1). (Jurisprudencia citada por esta Alzada en los autos “Medina Ramona Orfelia C/ Transporte Ideal San Justo S.A. y Otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa N°1173/1, RSD: 70/07, Folio: 464, Sentencia del 23 de Agosto de 2007, voto de este suscripto).
En consecuencia, habiendo prosperado el rubro y considerando las sesiones recomendadas por la experta (24 sesiones), de las cuales no encuentro motivo para aparatarse, siendo el lapso requerido por la parte demandada (4 meses aprox.) una valoración subjetiva de la apelante y el costo promedio, entiendo que corresponde CONFIRMAR el monto fijado por V. S. en la suma de VEINTE MIL ($20.000,00) en concepto de tratamiento psicoterapéutico (art. 165 del C. P. C.C.).
VII. Daño Moral Surge del artículo 522 y 1.078 del C. Civ. con claridad suficiente que el bien perjudicado puede ser la persona humana y se requiere una traducción o estimación pecuniaria, directa o indirecta. De donde no habría daño a la persona por un mal a ella causado, si no fuera posible una cuantificación dineraria. El llamado daño moral no es, entonces, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (MossetIturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, RubinzalCulzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss. , Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.). En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial.
Sin perjuicio, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad de la víctima, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas en el momento del accidente, las angustias, etc.. Como se observa todas estas pautas giran en torno a la víctima y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico.
Se ha sentenciado que la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre lesión a las afecciones intimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (C. N. C. Civ. sala F, 18-08-92 LL, 1994-B-277). Finalmente, la jurisprudencia se ha orientado a considerar que “la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual – conforme a la doctrina tradicional de la S.C.B.A. – ha sido morigerada en los últimos tiempos cuando se trata de relaciones de consumo, y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor, objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional” (esta Sala causa nro. 117.024 del 18/12/2018; SCBA LP 115486 S 30/09/2014, CC0002 AZ 62827 85 S 05/06/2018, CC0201 LP 120537 rsd 286/16 S 25/10/201, CC0102 MP 161454 263-S S 03/11/2016, CC0002 QL 16462 113/15 S 07/08/2015, CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015, CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; JUBA; Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, Astrea, 2008, p. 481, con cita de C.N.Civ. y Com. Fed., Sala III, 19/02/08, “Borlenghi c. Cubana de Aviación”). (“ACUÑA NESTOR ANTONIO C/ LUXCAR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC.
ESTADO)”. Expte. Nº SI-117437. Sala I. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, 07/05/2019).
Con respecto a la suma de $500.000,00 fijada por la Sra. Juez en concepto de daño moral, estimo y entiendo que resulta ser excesiva produciendo un enriquecimiento sin causa en su patrimonio y que no guarda relación esa cuantificación económica con la verdadera valorización del daño moral como daño extramatrimonial, toda vez que –como argumenté precedentemente- la valoración del daño es la medida de su cuantificación económica y debe guardar proporción, equivalencia y equilibrio.
Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima mencionadas “ut supra” al tratar el resarcimiento de la incapacidad psicofísico, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos, más precisamente de la pericia médica, las constancias de la atención médica, la pericia psicológica, prueba testimonial, circunstancias y padecimientos vividos por el accidente, estimo que el monto fijado por S.S. en la sentencia de Primera Instancia en concepto del resarcimiento de daño moral debe ser reducido en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00), a favor de Brizuela Cristian suma que considero justa y equitativa de conformidad con las pruebas aportadas en autos.
VIII.-Gastos de farmacia, asistencia médica y traslado Sabido es que para la procedencia de estos reclamos no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las afecciones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de quedar librada al prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal.
En otro orden de ideas, deben admitirse tales gastos, aun cuando la asistencia se hubiere brindado por intermedio de obras sociales, hospitales públicos, o bien por un sistema privado de medicina pre-pago, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas en tales servicios y de una parte del precio de los medicamentos. El monto a liquidar por el juez debe guardar relación con la prueba documental agregada en autos y con la pericia médica producida.
En función de tales consideraciones, atento las constancias de la causa (pericia médica, atenciones médicas, estudios, declaraciones testimoniales, etc.) las afecciones que sufriera el actor y que de acuerdo a la naturaleza de lo que aquí se reclama, propongo se CONFIRME la suma de pesos DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500,00) por dichos conceptos, la cual considero justa y equitativa. (arts. 1.069 y 1.083 del Cód. Civ.).
IX. Las costas de Alzada Atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial y habiendo prosperado la responsabilidad absoluta en cabeza de la accionada y los daños reclamados, máxime el criterio en el que se encuentra enrolado esta Sala Primera, respecto al principio de reparación integral, estimo que las costas generadas en ésta Instancia recursiva deben ser impuestas a la demandada y la citada en garantía en la medida de la contratación. Ello, por estricta aplicación del principio objetivo de la derrota. (art. 68 del C.P.C.C.).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos al Dr. Taraborrelli, el Doctor Pérez Catella y Doctor Posca adhieren y también VOTA PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que:
1. SE MODIFIQUE LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) SE REDUZCA la suma otorgada en concepto de daño físico al importe de pesos SEISCIENTOS MIL ($600.000,00); b) SE REDUZCA la suma otorgada en concepto de daño psicológico en el importe de pesos DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($18.450,00); c) SE REDUZCA la suma otorgada en concepto de daño moral al importe de pesos TRESCIENTOS MIL ($300.000,00); 2º) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia recursiva a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogos fundamentos, el Dr. Pérez Catella y Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1º)
MODIFICAR LA SENTENCIA APELADA de la siguiente manera: a) REDUCIR la suma otorgada en concepto de daño físico al importe de pesos SEISCIENTOS MIL ($600.000,00); b) REDUCIR la suma otorgada en concepto de daño psicológico en el importe de pesos DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($18.450,00); c) REDUCIR la suma otorgada en concepto de daño moral al importe de pesos TRESCIENTOS MIL ($300.000,00); 2º) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) IMPONER las costas generadas en esta instancia recursiva a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.DEVUELVASE.
Fin de la sentencia