Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el recurso diferido que se tuviera presente en PE 786413/2024.
2Rechazar la pretensión de declaración de deserción del recurso por aplicación del art. 90 de la ley 1444 que solicitara la demandada al contestar agravios en PE 1960706/2025.
3No hacer lugar al recurso interpuesto por el actor en PE 1945601/2025 y confirmando la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de los agravios vertidos.
4Imponer las costas de la instancia al actor en su calidad de vencido de conformidad con lo dispuesto por el art. 68 del CPCC y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación en la instancia de grado.
5Tener presente las reservas del caso federal formulada en PE 1945601/2025 y PE 1960706/2025. 6º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9053/25 Sentencia: Definitiva Actor: Brizuela Jorge Demandada: Estelar Resources S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 10-12-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los diez días del mes de diciembre de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “BRIZUELA, Jorge c/ESTELAR RESOURCES S.A.- recaratulado” Expte. 1.339 del año 2023 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Puerto Deseado, que tuvieron ingreso en esta instancia bajo el Nº9053. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe denegarse el recurso tenido presente en PE786413/2024 y declararse desierto el recurso de la parte actora? SEGUNDO: En caso negativo ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento debemos dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Dra. Maura N. Cabaña en representación de Jorge Armando Brizuela promueve, en PE 1047244/2023, demanda por indemnización por despido contra ESTELAR RESOURCES S.A. con una falsa causal. Hace un relato de los hechos y refiere que el 19 de mayo de 2023 al ingreso al yacimiento fue sometido a una prueba de droga y alcohol mediante una muestra de orina que arrojó lo que considera un aparente positivo al igual que la contraprueba. Refiere estar sorprendido manifestando no haber consumido ningún tipo de droga en su vida y denunció irregularidades en la realización del test. Agrega que, como consecuencia de esos resultados, le impiden el ingreso al yacimiento y al regresar a su casa se encuentra con una notificación labrada por escribana comunicando la extinción de la relación por su exclusiva responsabilidad. Señala no haber recibido sanción durante la relación de más de tres años. Aún para el supuesto de haber consumido el actor alguna droga plantea la incógnita acerca de si merecía tan drástica decisión en lugar que lo protegiera y cuidara por tratarse de una persona con patología de consumo y sostiene que el programa de la empresa de “control de consumo problemático de sustancias prohibidas” sólo existe para perseguir y despedir trabajadores infringiendo el art. 19 de la Constitución Nacional funda el derecho que entiende asiste a su representado. Practica liquidación de los rubros reclamados, considera inaplicable la ley 24.432 y en subsidio su inconstitucionalidad. Reserva el caso federal y denuncia pacto de cuota litis.
II. Que la Dra. Rocío Marsicano se presenta representando a Estelar Resources S.A. en la audiencia del art. 47 y en PE 1197413/2023 contesta la demanda. Reconoce la relación laboral, fecha de ingreso, tareas que realizaba el actor, lugar de trabajo y jornada que cumplía. Formula negativas. Respecto del despido invoca la pérdida de confianza que volvió imposible proseguir la relación laboral que motivó el despido con justa causa. Relata la prueba realizada al actor el 19/5/23en el puesto 1 de ingreso al yacimiento Cerro Moro dando detalles que se tienen presente y que arrojó resultado positivo a droga en orina así como la contraprueba. Hubo infracción al procedimiento control de consumo problemático de sustancias prohibidas (alcohol y drogas) que fuera aceptado por el actor. Relata que para prevenir riesgos la empresa tiene tolerancia cero en alcohol y drogas en el trabajo que es riesgoso, de allí los controles aleatorios. Dice que al comprobarse en la fecha arriba indicada la presencia de drogas en la orina del actor se procedió a despedirlo por la pérdida de confianza que tornó imposible la prosecución de la relación. Abunda sobre la decisión de proceder al distracto en términos que se tienen presente. Impugna la liquidación, rechaza el plateo de inconstitucionalidad de la ley 24.432, se opone a prueba, funda en derecho y reserva el caso federal. En PE 1274465/2023 se abre la causa a prueba que desestima la realización de las prueba pericial y se la intima a presentar la tableta utilizada en el test realizado al actor. La demandada en PE 1281399/2023 interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Se le deniega la revocatoria y se tiene presente apelación con efecto diferido en PE786413/2024. Producida la prueba se fija la audiencia de alegatos sin la asistencia de las partes pero presentan alegatos. En PE 1842317 se produce el llamado de autos y se dicta la sentencia en PE 1935587/2025 que en su parte dispositiva rechaza la demanda interpuesta por Jorge Armando Brizuela; rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.432 conforme lo dispuesto en los considerandos; impone las costas por su orden (art. 68 del CPCC) y difiere la regulación de honorarios hasta tanto la sentencia se encuentre firme. Manda registrar y notificar la sentencia.
IV. Que este pronunciamiento no satisface las expectativas de la parte actora que en PE 1945601/2025 interpone recurso de apelación y funda el recurso con reserva del caso federal. Le es concedido en PE 1161454/2025 libremente y con efecto suspensivo y manda correr traslado de los agravios. La demandada solicita se declare desierto el recurso por constituir una simple disconformidad y en subsidio contesta los agravios con reserva del caso federal. Por providencia simple de PE 1170439/2025 se tiene por contestado el traslado en tiempo y forma. Trataré en esta cuestión dos cuestiones previas. La demandada como había referido en PE 1281399/2024 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio que se le denegó y se tuvo presente apelación con efecto diferido en PE786413/2024 demandada. Conforme el segundo párrafo del art. 91 de la ley 1444 la demandada debió mantener el recurso mediante el sólo requisito de expresar los agravios correspondientes cuando se dictó sentencia. No obstante haberse fundado la revocatoria debió haberse mantenido el recurso como establece el citado artículo referido y habida cuenta ello se debe hacer lugar a la sanción del art. 92 de la ley 1444 y denegar el recurso que se tuviera presente. La demandada al contestar agravios plantea la deserción del recurso por considerar que los pretendidos agravios constituyen una mera disconformidad o desacuerdo con el análisis efectuado por la Juez.
Como sabemos el art. 91 de la ley 1444 establece en su segundo párrafo:
“ . . .El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el apelante considere equivocadas para lo cual no bastará remitirse a presentaciones anteriores. Si no se cumpliera este requisito el Tribunal de Alzada declarará desierto el recurso”
? Y, ello es así, por cuanto, el ámbito de conocimiento de este tribunal tiene una doble limitación: La primera, se encuentra en las pretensiones de las partes en los escritos de demanda y responde. La segunda, está dada por la medida de los agravios. Estas limitaciones, derivan de los principios dispositivos y de congruencia.
Recordado ello debo manifestar que este tribunal con diversas integraciones entendió que los fines de la aplicación de la sanción de este artículo debía existir sólo disconformidad y faltar discurso jurídico que indicada donde se encontraba el error o errores de la sentencia para ingresar al examen de los agravios. Cabe señalar que ello es sin perjuicio que de éste examen se llegara a la conclusión que técnicamente se encuentra cubierto el recaudo de la crítica concreta los agravios no conmovieran la sentencia. Somos renuentes en la aplicación de este artículo como una forma fácil de rechazar un recurso cuando, como en este caso, se ha expresado con un discurso jurídico los errores que a juicio de la parte recurrente se imputan a la sentencia. Propongo al Acuerdo por estas razones denegar el recurso en subsidio tenido presente en PE786413/2024 y rechazar la pretensión de deserción del recurso con la que comienza la contestación de agravios de 1960706/2025.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
V. Coincido con el análisis efectuado por el preopinante de los planteos procesales en examen. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VI. Que, como se resumiera más arriba la sentencia en PE 1935587/2025 en su parte dispositiva rechazó la demanda interpuesta por Jorge Armando Brizuela; rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.432 conforme lo dispuesto en los considerandos; impuso las costas por su orden (art. 68 del CPCC) y difirió la regulación de honorarios hasta tanto la sentencia se encuentre firme. Contra esta sentencia la parte actora interpuso y fundó recurso de apelación haciendo reserva del caso federal en PE 1945601/2025. El recuso se le concedió libremente y con efecto suspensivo, en PE 1161454/2025 corriendo traslado que es contestado en PE 1973076/2025. En su recurso el actor imputa graves falencias entre las que señala la omisión de tratar planteos deducidos conducentes a la correcta resolución; falta de motivación suficiente; ausencia de fundamentos sólidos; afirmaciones dogmáticas; prescindencia del análisis de prueba decisiva lesionando el debido proceso y el derecho de defensa.
En el primer agravio ataca el rechazo de la demanda calificando la sentencia de infundada y arbitraria con violación de principios constitucionales en términos que serán analizados.
En un segundo agravio plantea la nulidad de la causal de despido por inexistencia de prueba cierta, violación de los arts. 242 y 243 de la LCT y afectación del derecho de defensa.
En el tercer agravio sostiene el incumplimiento del protocolo interno y vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento de control.
En el cuarto agravio plantea la nulidad del protocolo empresarial por falta de homologación administrativa y ausencia de control de legalidad.
En el quinto agravio se refiere a lo que considera arbitrariedad en la valoración de las pruebas y la legitimación de un test sin garantías al convalidar una prueba manifiestamente invalida, invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio del trabajador.
En el sexto agravio critica la sentencia acusando una incorrecta valoración de pruebas testimoniales por falta de imparcialidad y contradicciones evidentes.
En el séptimo agravio se queja por injustificada imputación de mala fe al trabajador y validación de un despido fraudulento.
Luego en conclusiones finales sostiene la necesidad de revertir un fallo arbitrario y “poner un freno a la práctica empresarial lesiva de derechos laborales”. Reserva el caso federal.
VI. Que en PE1960706/2025 la representante de la demandada contesta el traslado conferido e ingresando a los temas no tratados respecto del primer agravio sosteniendo que se trata de manifestaciones genéricas y las analiza una por una para rebatirlas en términos que se tienen presente.
Respecto del segundo agravio por el que se pretende que el despido con causa fue nulo por inexistencia de prueba cierta descarta cada una de las afirmaciones en que se pretende no probada la causal y señala que la comunicación del despido no fue redargüida de falsa y en ella se dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 243 de la LCT y recuerda los términos transcribiéndolo. Recuerda la prueba de la causal que a su juicio fue contundente. Cita doctrina y jurisprudencia. Se refiere a la proporcionalidad entre la injuria y el despido. Califica de clara la sentencia en párrafos que transcribe. Contesta el tercer agravio respecto de incumplimiento del protocolo interno y vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento de control. Sostiene que no existen norma que regule los controles toxicológicos y analiza los cuestionamientos en términos que tengo presente y no transcribo en homenaje a la brevedad.
Contesta el cuarto agravio afirmando que es incorrecto sostener que para conferir valor al “control de consumo problemático de sustancias prohibidas- alcohol y drogas” debe estar homologado por autoridad administrativa, toda vez que no existe norma que lo imponga. Agrega que no obstante ello era de conocimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia como surge del expediente administrativo acompañado como prueba. Resalta en negritas que, para la actividad de la demandada, los trabajadores se deben encontrar completamente aptos. Al contestar el quinto agravio en que se quejaba la parte actora por haberse omitido valorar el resultado negativo del test privado y haberse legitimado un test sin garantías, reitera que no hay reglamentación de los protocolos, que era conocido por el actor. Se refiere a la fiabilidad del test como se determinó en la pericia y respeto del análisis privado realizado por el actor afirma que se realizó sin control de su parte de la toma de orina y posterior cadena de custodia y recuerda que con el paso del tiempo las concentraciones de drogas en el cuerpo disminuyen, con cita de jurisprudencia. Respecto del sexto agravio en que se acusa de arbitrariedad en la valoración de las pruebas y contradicciones recuerda que la magistrado valoró el carácter de dependientes de los testigos y transcribe sus palabras.
Respecto del séptimo agravio respecto de la imputación de mala fe al trabajador y la validación de un despido que el actor considera fraudulento, los considera infundado recordando que en la demanda se planteó la inexistencia del protocolo, los alcances del mismo o tener conocimiento del mismo o haber sido notificado. Negó haber consumido drogas y expresa que, de haber consumido, eran decisiones personales por lo que sostiene que el incumplimiento del actor es innegable y que existió mala fe con cita de jurisprudencia. Subraya la gravedad de la falta y que el despido es proporcional. Formula una serie de conclusiones que se tienen presente y reserva el caso federal.
VII. Que resumidos los agravios y su contestación advertimos que la extensión de las piezas obedece a que como se decía antiguamente se repite como el ajo. Y ello obliga a la contraria rebatiendo a repetir los argumentos. En efecto vemos que se acusa a la sentencia de infundada y arbitraria violando principios constitucionales. Y tras discutir sobre el alcance de un fallo de la Corte Suprema se afirma haber prescindido de análisis de irregularidades flagrantes en el procedimiento toxicológico, ausencia de homologación del protocolo interno, inexistencia de prueba científica, negativa de la empresa a conservar y exhibir las muestras, parcialidad de las declaraciones testimoniales. En el segundo agravio afirma no existir prueba válida y fehaciente del hecho invocado como causal del despido.
Sostiene una discrepancia al señalarse en la demanda a la Sra. Ana Almeida como quien le realizó el test mientras que en PE 1197450/2023 figura que el test lo realizó la Dra. Claudia Abud. Critica no haberse determinado la sustancia supuestamente hallada. Critica las condiciones en que se realizó la prueba y la contraprueba y que se omitió presentar la tableta utilizada y la muestra de orina. Por ello entiende que no se le endilgó incumplimiento concreto alguno. En el tercer agravio vuelve sobre la prueba y sostiene que se incumplió los lineamientos del protocolo por no haberse realizado un hisopado de saliva que entiende era obligatorio, sin condiciones de bioseguridad, con instrumental defectuoso, técnica inapropiada, ausencia de profesional habilitado, falta de cadena de custodia, no se explicó al trabajador la metodología o violación de su derecho de defensa y no se identificó la droga detectada.
En el quinto agravio se queja por la arbitrariedad en la valoración de las pruebas legitimando un test sin garantías, deficiente, sin cadena de custodia ni rigor técnico, con inversión de la carga de la prueba validando una prueba manifiestamente inválida. Califica de malicioso la falta de conservación de la muestra inicial al impedirle defenderse adecuadamente pudiendo conservar la muestra hasta 12 meses a -20 grados. En el sexto agravio se queja por la valoración de los testimonios y en el séptimo por la atribución de mala fe al trabajador y validación de un despido fraudulento. Como se ve, para fundar cada uno de los 5 primeros agravios se vuelve una y otra vez en esas circunstancias. Trataré estas cuestiones.
Se critica una sentencia de la Corte Suprema de Justicia invocada en la sentencia como un falso fundamento pero acá se debió indicar los elementos fundamentes no valorados.
Se ataca lo que considera una parcialidad de los testigos los que habían sido objeto de impugnación. En la sentencia se trató en primer lugar el planteo de inidoneidad de los testigos por entender que la circunstancia de que presten servicios para la empresa demandada no es óbice para no considerar su declaración en ataque que no demuestra un error, ni estas se descalifican por las supuestas contradicciones que se plantean. La enfermera no es empleada de la demandada y por otro lado no tiene por qué saber en que puesto se desempeña el actor. Ella se limita a la obtención de muestras y realizar la primera prueba. Cuando es positiva, para la contraprueba se llama a un médico. No advierto elemento que permita sostener la falta de idoneidad de los testigos. El actor impugnó la falta de idoneidad pero no concurrió a las audiencias y por ende no repreguntó a los testigos para demostrar su planteo. Al tratar el sexto agravio volveré sobre el tema de las contradicciones. Se menciona acá “irregularidades flagrantes en los procedimientos toxicológico” sin aclarar. Si se refiere a no haber comenzado con un hisopado, ello no quita ni pone rey, toda vez que lo concreto es que se realizó un primer análisis con una muestra de orina y luego un la contraprueba también con orina con reactivos que responden a alcohol y distintas drogas. Si el hisopado daba negativo no se hacía el análisis de orina, pero ambos dan resultados fiables. El testigo Juan Manuel Moyano Supervisor de Seguridad quien declara conforme acta de PE 1348619/2024 explica que si se realizaba primero el hisopado dependía de la disponibilidad en el mercado de los reactivos por ser importados. Ello tampoco perjudicó al actor toda vez que como, informa el Laboratorio Regional de Investigación Forense en PE 1683522/2024 al referirse a la diferencia entre el test de saliva y el de orina: “En la muestra de saliva se puede detectar el consumo reciente de drogas, generalmente dentro de los primeros minutos hasta las 24 horas después del consumo. En cambio en la orina, las drogas se detectan en un período más prolongado, que puede variar desde varios días hasta semanas, dependiendo de las sustancias. Es posible que si la persona ha consumido drogas recientemente, la prueba de saliva resulte positiva, mientras que la de orina no, ya que la droga aún no ha sido metabolizada y por lo tanto no aparecerá en la orina.” El informe pericial del Laboratorio Regional de PE 1683522 sostiene:
“El método utilizado por la empleadora que incluye la recolección de muestras de orina se ajusta a los procedimientos establecidos para el control de estupefacientes”
Por esa razón entiendo que no existen pruebas o elementos esenciales que pudieran cambiar la sentencia no analizados No afecta a la exactitud de la muestra de orina en el baño, no veo como puede contaminar a la muestra. A los deportistas la obtención de la muestra se realiza en un baño. Y las mujeres para el clásico EVATEST para detectar la hormona hCG (antes se hacía con un sapo) también se debía obtener una muestra de orina, que se hace en el baño por lo general. Y no tengo referencias de impugnaciones de esas pruebas por haberse obtenido la muestra en el baño. Se hace referencia a una afectación a la intimidad por tomarse las muestra con la puerta abierta, (que entiendo en el caso de una mujer) pero ello es lógico para evitar que el interesado contamine la muestra conducta de la que sí hay antecedentes. Se repite en muchos agravios la crítica por ausencia de homologación del protocolo interno. No es necesaria la homologación administrativa como no la sería un protocolo de vestimenta o de seguridad. Pero el recurrente no funda en norma la necesidad de homologación de ese protocolo. De todas maneras ello no provoca un error en los resultados que arroja la prueba que, como indica el Laboratorio Regional de Investigación Forense del Poder Judicial en PE 1683522/2024:
“Los inmunoensayos son métodos fiables y precisos para la detección de drogas en el cuerpo…” y que “ante un resultado positivo la contraprueba debe realizarse lo antes posible, preferiblemente dentro del mismo día.”
Insiste el actor en varios agravios en que no se conservó ni se exhibió las muestras de orina o las tiras. Si bien de la pericia toxicológica (PE1683522/2024) surge que la orina puede conservarse a -20º grados C hasta 12 meses, “pero la concentración de ciertos compuestos pueden cambiar con el tiempo”.
Se critica que no se hubiera colocado sobre las tiras orina por medio de un gotero en lugar se sumergir las tiras. Pero si vamos a los instructivos oficiales(de MONTEBIO en You Tuve) el procedimiento para utilizar el test de drogas MONTEBIO versión 5 se sigue el siguiente procedimiento: se abre el sobre, se retira el cassete y se retira la protección de las tiras introduciéndolas en la muestra y luego de segundos se la extrae se coloca la protección y en minutos aparece el resultado (el negativo más rápido y en 5 minutos de resultar positivo; y el resultado se puede conservar hasta una hora) Como explicó la testigo Ana Asiria Almeida López enfermera profesional quien le hizo el test al actor, al ser preguntada sobre el procedimiento con las muestras y cassetes contestó (ver PE 1348611/2024):
“son descartados, se eliminan, son residuos patológicos. En el prospecto dice que el resultado es válido por 8 minutos”
Ello concuerda con la presentación de la apoderada de la demandada cuando en PE1283389/2024 acompaña al acta labrada en la oportunidad y fotografías de las tiras donde se advierte el resultado y explica el procedimiento del test que indica que los resultados positivos se deber reportar a los cinco minutos y que no se interpretara los resultados después de los ocho minutos.
En el acto de la prueba y contraprueba la parte no solicitó su conservación para más contrapruebas. Por otra parte no resulta una obligación mantener la muestra y las tiras, sobre todo sí como indica la testigo se realizan centenares de test por mes.
No existe discrepancia al señalarse en la demanda a la Sra. Ana Almeida como quien le realizó el test mientras que en PE 1197450/2023 figura que el test lo realizó la Dra. Claudia Abud. La enfermera relata que la primera prueba la realizan ella y cuando aparece un resultado positivo se llama a un médico que es quien realiza la contraprueba.
Otro de los argumentos repetidos es pregonar sobre la falta de cadena de custodia, no se explicó al trabajador la metodología o violación de su derecho de defensa y no se identificó la droga detectada. Entiendo que no era necesaria la cadena de custodia desde como depone como testigo la enfermera Sra. Ana Almeida al ser señalado por el botón rojo el actor fue llevado al sector en que ella se encontraba, que se le da a elegir a quien va ser sometido a prueba de una caja con los recipientes para la muestra sellados y con fecha de vencimiento, vuelve con la muestra que se obtiene en el baño con la puerta abierta y entonces se le da a elegir de una caja con los cassetes o se toma uno al azar se lo saca de su envoltorio, se saca la protección y se lo introduce en la muestra. Cuando el resultado es positivo se convoca a un médico para la contraprueba y en el interín el examinado elige una boquilla y sopla para la detección de alcohol (que dio negativo) mientras llega el médico y en su presencia se realiza la contraprueba. No hace falta la cadena de custodia pues el interesado esta presente durante la prueba y la contraporueba. El testigo Juan Manuel Moyano Supervisor de Seguridad en su declaración testimonial PE1438619/2024 explica que dio charlas a todo el personal cuando se instaló el sistema y que si existía personal con adicciones en ese momento se le facilitó el tratamiento. Respecto de la otra objeción estaba prohibida toda droga fuera mariguana, cocaína, anfetamina o paco por el peligro para sí o para terceros en la actividad minera. No es argumento que conmueva la sentencia. Respecto de la no ponderación de un análisis que realizó el actor de modo particular él se efectuó sin control de la contraria y por otro lado al segundo día del control que se realizó al ingreso al trabajo, y por otro lado al no ser inmediato pudo haberse realizado cuando la droga fue metabolizada y eliminada por el organismo. Para evitar caer en repeticiones analicé los argumentos comunes a los agravios para, de esta forma, rechazar los cinco primeros agravios por ser los fundamentos reiterados y no atendibles por las razones expuestas y ello se transmite a los agravios que se apoyan en esos argumentos.
En el sexto agravio el actor carga todo su esfuerzo en volver a atacar los testimonios por falta de imparcialidad y contradicciones. Entre las contradicciones se señala, respecto del testigo López quien reconoció que no presenció el procedimiento contradiciendo al testigo Moyano. Este último sostuvo al responder a la pregunta Nº 16 del pliego PE 1347064 /2024: “Estaba yo como testigo, Brizuela y no recuerdo el nombre de la enfermera en la primera, en la contraprueba estaba el médico que no recuerdo el nombre y el representante de relaciones laborales Arnaldo López.” Es cierto que López al responder a la 5º pregunta del mismo pliego contesta “… ese día yo estaba en el ingreso, no estaba presente en el procedimiento que se hace en forma individual en el sector con los profesionales del servicio médico.” Pero al contestar la pregunta 15 del pliego referido respecto de ¿qué personas se encuentran presentes en el momento de realizar el test?
Contesta “Se encuentran presentes en el momento de realizar el test la enfermera creo que se llama Ana, el empleado y el de seguridad, en este caso no recuerdo quien estaba presente.” Es decir no estuvo en el procedimiento pero hace referencia a quienes estuvieron. Estimo que la explicación se encuentra en toda la declaración. Refiere el testigo haber estado en el ingreso y al responder a la novena pregunta dice: “Una vez q toca rojo, se acerca al servicio médico habilitado en el puesto uno, donde está la enfermera…” Y si estuvo en el mismo sector pero dentro del ingreso o puesto uno pudo ser señalado como presente aunque no estuviera dentro del sector médico. Debió conocer que al actor le tocó el pulsador y le dio luz rojo para direccionarlo al sector médico.
Por otro lado el testigo López afirma que “Siempre mi (me) informan los resultados de los testeos que se realizan al ingreso al yacimiento y entonces tomé conocimiento de que dio positivo…” (es lógico que lo supiera como supervisor de relaciones laborales) y al responder a la pregunta 25º explica que “Se le informó que no podía ingresar al yacimiento, se le programa la logística para trasladarlo a su localidad. Lo acompañamos hasta afuera del puesto uno a una casilla y ahí espera su transporte para que lo lleve de regreso a Puerto Deseado.” Por ello entiendo contra lo propuesto por la esforzada defensa del actor que no existe una contradicción esencial que destruye la credibilidad de ambas declaraciones.
Se ataca la declaración de Moyano Abeiro por cuanto este refiere haber tenido una conversación con el actor donde le manifestó que los test no fallaban y que éste le manifestó haber compartido un vehículo con personas que fumaron marihuana por lo que podía ser como un fumador pasivo. Es cierto que el testigo hace referencia a fumador pasivo no solo sino al responder la pregunta 25 cuando se queda con él mientras logística organizaba el traslado pero allí le aclara que “podía hacer un tratamiento/cuidarse de esos lugares, es buena persona Brizuela, es un excelente profesional que ha sido capacitado y tiene condiciones para trabajar en estos sectores, como política de la empresa Estelar no va a poder trabajar más por ser trabajo de alto riesgo, pero sí para otra empresa.” Demostrando a mi juicio no tener mala predisposición contra el actor y por ende intención de perjudicarlo.
Contra la testigo Almeida al responder a la primera pregunta contesta: “No recuerdo quien exactamente, yo le hice el test pero pasa tanta gente que no lo recuerdo.” Y a la 4º contestó: “Porque dió positivo en las dos pruebas” y la acusa de haberla tomado: sin aportar constancia alguna y sin intervención profesional habilitada para un acto de tal trascendencia. Surge de los informes que se trata de una enfermera matriculada y al responder a la 20º explica que: “Yo trabajo hace cuatro años en control de drogas y Cerro Moro desde febrero de 2023 y recibí capacitaciones que da el servicio médico tanto al personal Estelar como al de todas las empresas que prestan servicio en Cerro Moro. Al responder a la pregunta 22º “Dio positivo” y a la 23º “Se que se le hizo la contraprueba porque tengo una carpeta con la foto de los cassetes y los resultados”.
Todos los testigos dan detalles de la operación habitual con quienes el pulsador le da luz roja e incluso con el caso que nos convoca. Son concordantes en lo principal y no veo motivos para dudar de su sinceridad en el caso unido al resto de las pruebas por lo que también rechazo el sexto agravio. En un último ataque contra la sentencia se queja por la imputación de mala fe al trabajador y por la validación de un despido fraudulento. Contraataca imputando mala fe a la empleadora: por haber retenido al trabajador durante horas para enviarlo a su domicilio a altas horas de la noche, improvisó un procedimiento de test toxicológico irregular sin cadena de custodia, sin profesional habilitado, sin identificar sustancia alguna y sin resguardar la muestra, fabricando una causal aparente de despido.
Y negarse a recibir pruebas objetivas de descargo aportadas por el trabajador, destruyendo o dejando perder evidencia clave (muestra de orina y tableta utilizada) impidiendo contraprueba independiente. Y por incumplir su propio protocolo y desconocer los principios de proporcionalidad y razonabilidad del art. 242 de la LCT. No surge de autos que la demandada hubiera retenido al actor para enviarlo a su domicilio a altas horas de la noche. El yacimiento se encuentra a muchos kilómetros de Puerto Deseado en medio de la estepa patagónica y requiere un transporte que conozca la zona. El testigo Moyano declara que luego de la prueba y contraprueba relaciones laborales se comunica con logística para armar su retorno y la persona queda al cuidado de patrimonial, incluso Moyano afirma haberse quedado con él y charlaron.
El testigo López a su turno declaró “Se le informó que no podía ingresar al yacimiento, se le programa la logística para trasladarlo a la ciudad…”. Que entiendo es más difícil que dentro de la ciudad y requiere cierto tiempo aparte de la duración del viaje. La notificación por medio de escribana no es humillante. Ya me referí al procedimiento validado por la pericia del Laboratorio Regional de Investigación Forense y me remito a lo expuesto. Ya aclaré que la prueba realizada por el actor con posterioridad no contó con control de la demandada y por el paso del tiempo pudo haber metabolizado la sustancia del organismo del actor por lo que no podría certificar que ese l9 de mayo no las hubiera.
Que se hubiera destruido la muestra o la tableta no cambia nada pues en las tabletas una vez usadas no se puede realizar contraprueba. En autos el actor no tuvo una conducta de buena fe. Nadie está obligado a declarar contra sí, pero una distinta es realizar negativas que luego se demuestran contrarias a lo ocurrido y en autos se ha negado la existencia del protocolo de Control de Consumo Problemático de Sustancias Prohibidas, y negó tener conocimiento y haber sido notificado de su contenido y alcances. Negó haber consumido y de haberlo hecho la empresa no debía inmiscuirse en sus decisiones personales y para despedirlo no era suficiente con el consumo. Comparto con la sentenciante en que el despido ha sido proporcional y razonable.
Es razonable la política de consumo cero de la empresa para integrar su masa laboral pues no se puede confiar en una persona que incurre en el consumo de drogas en cualquier actividad, pero más en la industria minera en que el peligro puede estar en cualquier actividad mal ejecutada. Cuando se puso en marcha el protocolo se avisó a los trabajadores que si dentro del personal existían adictos podían denunciarlo a la empresa que le daría acceso a tratamientos y con ellas se tendría consideración. No creo que muchas personas subirían a un medio de transporte con un chofer o un piloto de avión bajo los efectos de sustancias. Ni lo admitirían para realizar muchas tareas. Pudo el actor sí incurrió en un consumo social o involuntario, no presentarse al trabajo y perder el día o días pero pasados los efectos presentarse y no perder el trabajo.
Aclaro que el control de alcohol y drogas empresarial no es lesivo de derechos laborales.
Entiendo por estas razones no atendibles los agravios del recurrente. Ello por haber rechazado los argumentos en que se pretendió fundar los agravios. La sentencia en crisis luce justa y debe ser confirmada rechazando los agravios vertidos con costas al recurrente como vencido (art. 68 del CPCC).
Propongo al Acuerdo responder en forma afirmativa la segunda cuestión sometida a estudio. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VIII. Entiendo, como el preopinante, que la sentencia recurrida es justa. Adhiero al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que en función de las consideraciones vertidas propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Denegar el recurso diferido que se tuviera presente en PE 786413/2024. 2º) Rechazar la pretensión de declaración de deserción del recurso por aplicación del art. 90 de la ley 1444 que solicitara la demandada al contestar agravios en PE 1960706/2025. 3º) No hacer lugar al recurso interpuesto por el actor en PE 1945601/2025 y confirmando la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de los agravios vertidos. 4º) Imponer las costas de la instancia al actor en su calidad de vencido de conformidad con lo dispuesto por el art. 68 del CPCC y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación en la instancia de grado. 5º) Tener presente las reservas del caso federal formulada en PE 1945601/2025 y PE 1960706/2025. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
X. La propuesta se ajusta a lo establecido en el Acuerdo y resulta justo. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 10 de diciembre de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Denegar el recurso diferido que se tuviera presente en PE 786413/2024. 2º) Rechazar la pretensión de declaración de deserción del recurso por aplicación del art. 90 de la ley 1444 que solicitara la demandada al contestar agravios en PE 1960706/2025. 3º) No hacer lugar al recurso interpuesto por el actor en PE 1945601/2025 y confirmando la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de los agravios vertidos. 4º) Imponer las costas de la instancia al actor en su calidad de vencido de conformidad con lo dispuesto por el art. 68 del CPCC y diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista regulación en la instancia de grado. 5º) Tener presente las reservas del caso federal formulada en PE 1945601/2025 y PE 1960706/2025. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. La Dra. Bard no firma por no existir disidencias. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara a/c Presidencia; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201068S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3164 Folio Nº: 119/128 Secretaria: 1
Fin de la sentencia