Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Azul · Causa 62783
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia de fs. 252/258 en lo principal que decide, y modificarla respecto al alcance de la condena, ya que el demandado Raúl Arcángel Chavari deberá colacionar el 25% del valor del espacio aéreo de la vivienda de sus progenitores sobre la cual construyó su propia vivienda, el cual ha de ser determinado a la época de la partición. Las costas de primera instancia no se modifican a pesar de lo dispuesto en el art. 274 del C.P.C.C., por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión. Las costas de Alzada por las excepciones que progresaron han de ser soportadas por el actor, pues sus agravios contra la admisión de las mismas fueron desestimados, mientras que la correspondientes al fondo de la cuestión se imponen en un 80% al actor y en un 20% al demandado atendiendo prudencialmente al progreso parcial y recíproco de los agravios (arts. 68, 71 y conc. del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14967.
1-62783-2017 - "BRUN AGUSTIN HECTOR C/ CHAVARI RAUL ARCANGEL Y OTRO/A S/ACCION DE COLACION"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
Nº Reg. ............
Nº Folio ..........
En la Ciudad de Azul, a los ........... días del mes de Junio de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Esteban Louge Emiliozzi y Lucrecia Inés Comparato y, encontrándose vacante la restante vocalía, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BRUN AGUSTIN HECTOR C/ CHAVARI RAUL ARCANGEL Y OTRO/A S/ACCION DE COLACION ", (Causa Nº 1-62783-2017), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores LOUGE EMILIOZZI-COMPARATO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fs. 252/258?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
I. El presente proceso es promovido por el Sr. Agustín Héctor Brun, quien deduce acción de colación contra los cónyuges Raúl Arcángel Chavari (hermano de la madre del actor, Teresa Elsa Chavari, fallecida el día 25.01.2007) y Norma Edith Estelrrich, pretendiendo colacionen a la sucesión de los causantes Hiriberto Raúl Chavari y Dolores Elsa Labin el valor del inmueble sito en calle Álvaro Barros 2081 P.A. de la ciudad de Olavarría que éstos últimos donaron a los codemandados (fs. 16/17).
A su turno, los accionados contestaron demanda y opusieron excepciones de prescripción en relación al causante Hiriberto Raúl Chavari y de falta de legitimación pasiva respecto a Norma Edith Estelrrich (fs. 89/93).
II. Tras haberse contestado las excepciones previas (fs. 102/104), transitado por la etapa probatoria (fs. 112/113 a 243/244) y presentado alegatos (fs. 247/249), se arriba a la sentencia de primera instancia obrante a fs. 252/258 en la que la Sra. Juez de grado falla: “1º) Haciendo lugar a las excepciones de prescripción y falta de legitimación activa opuestas por los demandados Raúl Arcangel CHAVARI y Norma Edith ESTELRRICH por los fundamentos expuestos en el considerando II, puntos a) y b). 2°) Haciendo lugar a la demanda por colación incoada por Agustín Héctor BRUN, en su carácter de heredero (en representación de su madre prefallecida) de Dolores Elsa LABIN y, en consecuencia, computar el valor del 50 % del inmueble Matrícula 5332/2 (078) a la masa correspondiente; valor que se determinará en la etapa de ejecución de sentencia, de acuerdo a los parámetros establecidos en el considerando III (arts. 3279, 3282, 3410, 3476, 3477, 3478, 3482 3953 Cód. Civ. y arts. 163, inc. 6°, 375, 384, 474 del CPCC). 3°) Imponiendo las costas al actor por las excepciones admitidas en el considerando II, y al demandado Raúl Arcángel CHAVARI por la acción de colación a que se hace lugar (art. 68 y ccdtes. C.P.C.C.). 4°) Difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad que se encuentre determinado el valor del inmueble de marras, conforme lo dispuesto en el considerando III.”
III. El aludido decisorio fue apelado por ambas partes.
En efecto, el codemandado Raúl Chavari apeló a fs. 261 y expresó agravios a fs. 287/292, sin obtener respuesta de la contraria.
Mientras que el actor apeló a fs. 263, expresó agravios a fs. 281/285 y obtuvo respuesta del codemandado Raúl Chavari a fs. 301/303.
Al contenido de los agravios lo iré mencionando infra, a medida que los vaya abordando, para ganar en claridad expositiva y evitar reiteraciones.
IV. A fs. 309 se llamó autos para sentencia y a fs. 311 se practicó el sorteo de ley, por lo cual las actuaciones se encuentran en estado de resolver.
V. Como ya fuera anunciado, a continuación enunciaré y trataré los agravios vertidos por ambos recurrentes, procurando hacerlo en orden lógico. a) La Sra. Juez de grado trató en primer término la excepción de prescripción en relación al causante Hiriberto Raúl Chavari (fs. 254vta./255) y luego la de falta de legitimación pasiva respecto a la Sra. Norma Edith Estelrrich (fs. 255/256), haciendo lugar a ambas defensas. Contra lo así decidido vierte agravios el actor perdidoso, siguiendo el mismo orden que adoptara la “a quo” (fs. 281vta./282 y 282/284).
Ahora bien, es dable observar que en la sentencia en crisis se resolvió la excepción de prescripción aplicando los principios que rigen la prescripción de la acción de colación. Y si bien ello no es expresamente atacado en los agravios vinculados al progreso de la excepción de prescripción, es lo cierto que en los agravios vinculados al progreso de la excepción de falta de legitimación pasiva se argumenta que, en virtud del principio iura novit curia, se podría haber recalificado la pretensión incoada contra la Sra. Norma Edith Estelrrich como una acción de simulación (fs. 283 tercer párrafo) o de reducción (fs. 283vta., 2do. párrafo).
Es dable reparar en esta circunstancia pues, si por hipótesis fuera atendible este planteo, ello podría impactar respecto a la prescripción, al menos respecto a la Sra. Norma Edith Estelrrich, ya que tal vez no serían aplicables los principios que rige la prescripción de la acción de colación, sino los de la simulación o la reducción. Más aún, como bien se aclara en un valioso precedente de la Cámara de Junín, las acciones de reducción, colación y simulación pueden interponerse en forma acumulada, y en esos casos se genera un arduo debate en torno a cuál es el plazo de prescripción aplicable, ya que los mismos difieren (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, causa Nº 43855 caratulada: "MASCHERONI LAURA MARGARITA C/ MASCHERONI HUGO RODOLFO Y OTROS S/ Acción de Reducción", sentencia del 18.02.2010, disponible a texto completo en base JUBA). Por tales motivos es que, dado el tenor de los agravios, considero metodológicamente más adecuado comenzar por el tratamiento de las críticas vertidas contra la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva de la Sra. Norma Edith Estelrrich, ya que ello nos permitirá esclarecer si la acción de colación deducida contra ella en la demanda puede ser recalificada como una acción de simulación y/o de reducción. Aclaro, a los fines de que este pasaje de mi propuesta no sea desinterpretado, que si por hipótesis arribáramos a una respuesta afirmativa, se abriría todo un abanico de interrogantes en torno a las posibilidades judiciales de modificar el plazo de prescripción aplicable, ya que la pretensión deducida en la demanda contra ambos codemandados fue de colación (fs. 16/17) y, coherente con ello, los accionados plantearon la prescripción de dicha acción (fs. 90). Por otro lado, y si ello fuere posible, restaría analizar cuáles son los plazos de prescripción y cómo se computan. Sin embargo, es apresurado avanzar en tales conjeturas sin antes dar respuesta al planteo que introduce la actora respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva que prosperó, a lo que me abocaré a continuación b) Como recién fuera dicho, la pretensión deducida en la demanda contra ambos codemandados fue de colación (fs. 16/17), y los accionados plantearon sus defensas en base a dicha acción (fs. 90 y vta.). En lo que aquí particularmente interesa, sostuvieron que la Sra. Norma Edith Estelrrich no puede ser sujeto pasivo de la colación por no resultar heredera de la donante.
Al contestar el traslado de dicha defensa (fs. 103/104) la actora admitió que no se puede demandar por colación a la Sra. Estelrrich, pero solicitó que por el principio iura novit curia se aplique la figura de la simulación (ya que el verdadero beneficiario de la donación es el cónyuge de la Sra. Estelrrich, Sr. Raúl Arcángel Chavari, quien sí reviste el carácter de heredero forzoso) o de la reducción.
La Sra. Juez de grado, al sentenciar, entendió que la recalificación pretendida por la actora al contestar las excepciones implicaba una modificación y/o ampliación de la demanda que ya no resultaba posible por haber operado el límite temporal que fija el art. 331 del C.P.C.C.
Contra lo así decidido se alza la actora, quien –como ya fuera anticipado- insiste en que por el principio iura novit curia bien se podría haber entendido que la acción incoada contra la Sra. Norma Edith Estelrrich era de simulación o de reducción.
Cierto es que los jueces, al sentenciar, deben pronunciarse sobre las pretensiones deducidas en juicio “calificadas según correspondiere por ley” (art. 163 inc. 6 del C.P.C.C.). Ahora bien, en esa tarea es necesario encontrar un prudente punto de equilibrio, ya que una incorrecta aplicación del principio “iura novit curia” podría llevar a transgredir la congruencia, en contra de lo que disponen ese mismo precepto –según el cual el juez debe fallar “de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio”- y el art. 34 inc. 4 del mismo Código. En tal sentido, nuestro Superior Tribunal ha dicho que “Según el principio "iura novit curia", la aplicación e interpretación de las normas legales pertinentes queda reservada a los jueces con abstracción de las alegaciones de las partes, es decir que los magistrados pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, y esto hace que sea necesario pronunciarse acerca de cuál es la ley aplicable al caso. Ello es así sin infracción al principio de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto, no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida.” (SCBA LP C 118128 S 08/04/2015 Juez PETTIGIANI (SD), “Rearte, Walter Edgardo c/ Chere, Miguel Ángel y otro. Daños y perjuicios”, entre muchas otras; esta Sala, causas n° 60273, “Hospital Ramón Santamarina”, del 01.12.2015; n° 60596, “Modafari”, del 05.04.2016, entre otras).
i. Sentados estos principios, analizaré en primer término si la pretensión deducida en la demanda puede ser recalificada como de simulación.
Como punto de partida, es dable señalar que es muy frecuente que se acumulen las acciones de simulación y colación. Ello ocurre cuando el causante efectúa una liberalidad a favor de uno de sus herederos forzosos bajo la apariencia de un acto oneroso. En esos casos, el objeto principal del litigio es la obligación de colacionar, ya que la de simulación es el medio a que debe acudir el heredero forzoso para acreditar que el causante efectuó una liberalidad; así, la finalidad de la acción principal queda subordinada al éxito de esta última, donde debe quedar demostrada la liberalidad que ha sido encubierta por el acto fingido (SCBA causa Ac. 76.373, “Urbonas”, sentencia del 30.08.2000; esta Sala, causa n° 56.359, “Del Zotto”, del 18.09.2012, primer voto de mi estimada colega Dra. Lucrecia Comparato; Cám. Apel. Civ. y Com. de Junín, causa Nº 43855, “Mascheroni”, del 18.02.2010).
Ahora bien, en el caso de autos no hubiera tenido ningún sentido acumular ambas pretensiones a esos fines, ya que el acto por el cual los causantes Hiriberto Raúl Chavari y Dolores Elsa Labin dispusieron del bien a favor de uno de sus hijos y su cónyuge (Raúl Arcángel Chavari y Norma Edith Estelrrich, respectivamente) fue a título gratuito (conforme copia de escritura de donación de fs. 158/160 e informe de dominio de fs. 233). Se entiende que es por tal motivo que al contestar el traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva el actor trajo a colación la figura de la simulación, más no alegando que se hubiera encubierto un acto gratuito bajo la apariencia de un acto oneroso, sino porque –según sus conjeturas- el verdadero beneficiario de la donación era el heredero Raúl Arcángel Chavari y no su cónyuge (fs. 103).
Aclarado ello, entiendo que existen dos obstáculos que impiden recalificar la pretensión como lo pretende el actor en sus agravios.
En primer término, coincido con la anterior magistrada (ver especialmente fs. 255vta.) en cuanto a que en el sucinto escrito de demanda no se vierte razonamiento o conjetura alguna en tal sentido, es decir, no se sugiere que la donación efectuada a favor de los cónyuges Raúl Arcángel Chavari y Norma Edith Estelrrich hubiera tenido como verdadera finalidad beneficiar sólo al primero. Así las cosas, no podría recurrirse al principio “iura novit curia" con el alcance que pretende el recurrente, ya que ello implicaría introducir hechos y razonamientos que ni siquiera fueron insinuados en el escrito de inicio.
En segundo lugar, y a modo de argumento meramente coadyuvante –ya que lo anterior es por sí mismo dirimente para rechazar este agravio-, si la intención de los causantes Hiriberto Raúl Chavari y Dolores Elsa Labin hubiera sido la de beneficiar exclusivamente a su hijo, no se explicaría por qué motivo efectuaron la donación también a favor de su cónyuge, es decir, faltaría la causa simulandi. En tal caso, les habría bastado con donar el bien a su hijo, y el inmueble hubiera pasado a ser un bien propio de aquél (art. 1271 del Código Civil derogado, aplicable al caso conf. considerando I de la sentencia apelada).
ii. Siguiendo con los argumentos empleados en los agravios contra la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva respecto a la Sra. Norma Edith Estelrrich, resta considerar si la pretensión deducida contra ella puede ser recalificada como de reducción. Como ya fue dicho, las acciones de reducción, colación y simulación pueden interponerse en forma acumulada, y así ocurrió en el precedente ya citado de la Cámara de Junín, donde la actora había deducido esas pretensiones contra su hermano, la cónyuge de éste, una sociedad y sus socios (Cám. Apel. Civ. y Com. de Junín, causa Nº 43855, “Mascheroni”, del 18.02.2010).
En su ilustrado voto, el Dr. Guardiola se refirió a las semejanzas y diferencias entre ambas acciones (reducción y colación) con palabras que me permitiré transcribir en honor a su precisión:
“… entiendo útil formular algunas disquisiciones dado que en el sub-lite se han acumulado, además de la simulación instrumental, dos acciones de fondo: la de colación y de reducción, las que pese a sus tantos puntos de contacto reconocen a su vez diferencias basadas en las peculiaridades de cada una (v. Fornieles "Tratado de las sucesiones" TEA 4ª ed. p. 120).”
“… esas acciones se asemejan en cuanto a ambas tienden a defender la integridad de las porciones hereditarias de los herederos forzosos, por lo que también concuerdan en cuanto a la legitimación activa. Asimismo ambas, sin perjuicio de lo que más adelante señalaré, cuando funcionan autónomamente, tienen igual plazo decenal de prescripción (art. 4023 CCivil). Sin embargo presentan marcadas diferencias, entre ellas: 1) la acción de reducción exige agravio a la legítima, en tanto la de colación que tiene por objeto proteger la igualdad entre los herederos funciona aunque no se haya afectado la misma; 2) la acción de reducción es de orden público mientras que la de colación suple la voluntad no expresada por el causante, lo que hace que aquella no sea dispensable mientras que la obligación de colacionar sí; 3) el sujeto pasivo de la acción de colación es necesariamente un coheredero forzoso, lo que no sucede en la de reducción en que puede ser un tercero; 4) mientras la colación se desarrolla en el proceso sucesorio ab intestato, la reducción procede ya en la intestada o la testamentaria;
5. la acción de reducción deja subsistente la mejora hecha en los límites de la porción disponible, mientras que la de colación prospera con respecto al todo restableciendo la equiparación de porciones de los herederos; 6) la acción de reducción puede significar un aumento del patrimonio que se transmite ya que se debe traer a la masa la parte que excedió la porción disponible; la de colación es solamente una operación contable que se traduce en recibir menos, no recibir nada o tener que restituir lo que excede a la porción hereditaria del demandado, ya que no se deben traer los bienes respetivos sino el valor de la liberalidad que se computa en la masa partible y oportunamente se imputa a la hijuela del heredero donatario (v. Córdoba-Levy-Solari- Wagmaister "Derecho sucesorio "Ed. Universidad To. II p. 132/3; Luis Alejandro Ugarte "Acción de colación: afinidades y diferencias con la reducción. Requisitos, sujetos, funcionamiento y prescripción" en La Ley 1987-E-620 y ss).” A la luz de lo dicho, resulta claro que no se trata sólo de una cuestión terminológica, es decir, de una misma acción que recibe nombres distintos según sea ejercida contra herederos forzosos o contra terceros, sino de acciones distintas cuyos requisitos difieren sustancialmente. Se ha dicho, en esa misma línea, que el art. 3481 del Código Civil derogado resultaba totalmente innecesario, en tanto aclaraba –en cuanto aquí interesa- que el esposo o esposa no estaba obligado a colacionar lo donado a su consorte por el suegro o suegra. Ello así, pues “sólo están obligados a colacionar los herederos forzosos que han recibido alguna donación de su causante; si en vez de ellos la reciben otros parientes, es una cuestión totalmente ajena al instituto de la colación.” (Pérez Lasala y Medina, “Acciones judiciales en el derecho sucesorio”, Rubinzal Culzoni, 2da. edición ampliada y actualizada, págs. 298/299, el destacado me pertenece).
Por estos motivos, entiendo que tampoco podría recurrirse al principio “iura novit curia" para concluir que la acción incoada contra la Sra. Estelrrich fue de reducción y no de colación, ya que ello implicaría tergiversar la naturaleza de la acción deducida, sustituyéndola por otra distinta. Y, dado que –como la propia actora lo admite y surge de todo lo dicho hasta aquí- la acción de colación sólo procede contra herederos forzosos, ha de confirmarse la sentencia apelada en tanto hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Norma Edith Estelrrich.
c) Si lo dicho en el apartado anterior es compartido, la única pretensión articulada en la demanda fue la de colación, lo que margina de esta litis a la codemandada Norma Edith Estelrrich. Así las cosas, siguiendo el orden trazado, abordaré ahora, y sobre esas bases, los agravios contra la admisión de la excepción de prescripción opuesta por Raúl Arcángel Chavari en relación al causante Hiriberto Raúl Chavari.
Tal como lo señaló la Sra. Juez de grado, la acción de colación es una acción personal cuyo término de prescripción no estaba especialmente contemplado en el Código Civil. De ahí que se entendía que resultaba de aplicación el término de 10 años establecido en el art. 4023, el cual se contaba desde el momento de la muerte del causante (Pérez Lasala y Medina, “Acciones…”, cit., pág. 285, con cita de la CCiv. 1ª Cap., 7-5-28, J.A. 27-730). En el mismo sentido se ubica Ugarte, quien explica que el comienzo del plazo está dado por la muerte del causante y no por el inicio de su proceso sucesorio, posición esta última que había sido sostenida por un sector minoritario (Luis Alejandro Ugarte "Acción de colación: afinidades y diferencias con la reducción. Requisitos, sujetos, funcionamiento y prescripción" en La Ley 1987-E-620 y sig.).
Al expresar agravios, el actor no controvierte el plazo de prescripción aplicable, sino que alega que su parte recién tomó conocimiento de la donación al fallecer la restante donante (su abuela Dolores Elsa Labín) el día 01.04.2012. También argumenta y destaca que el bien era ganancial y que tras el fallecimiento de su abuelo la Sra. Labín siguió habitando en él.
Así expuestas –en prieta síntesis- las críticas del actor, anticipo que las mismas no son de recibo. En efecto, conforme surge de los elementos reunidos en este proceso y en las sucesiones conexas, podemos destacar los siguientes datos: a) la donación se efectuó el día 18.11.1983 (conforme copia de escritura de donación de fs. 158/160 e informe de dominio de fs. 233 de estos actuados); b) el Sr. Hiriberto Raúl Chavari (uno de los donantes) falleció el día 15.09.1992 (fs. 3 de los autos “Chavari, Hiriberto Raúl y otro/a s/ Sucesión Ab- Intestato”; c) la Sra. Teresa Elsa Chavari (hija de los donantes y madre del actor) falleció el día 25.01.2007 (fs. 3 de los autos “Chavari, Teresa Elsa s/ Sucesión Ab-Intestato”; d) la Sra. Dolores Elsa Labín (es decir, la restante donante, cónyuge del primero, y abuela del actor) falleció el día 01.04.2012 (fs. 4 de los autos “Chavari, Hiriberto Raúl y otro/a s/ Sucesión Ab-Intestato”; e) el día 30.10.2014 el Sr. Agustín Héctor Brun inició el proceso sucesorio de sus abuelos (fs. 9 de los autos “Chavari, Hiriberto Raúl y otro/a s/ Sucesión Ab-Intestato”); f) el día 10.08.2015 la misma persona (Sr. Agustín Héctor Brun) inició esta acción de colación (fs. 17vta.).
A la luz de lo dicho, queda en claro que el plazo de prescripción de la acción de colación respecto al donante Hiriberto Raúl Chavari comenzó a correr el día de su fallecimiento, es decir, el 15.09.1992, por lo que los diez años se cumplieron el día 15.09.2002. Durante todo ese tiempo, ninguno de los dos hijos del Sr. Chavari (recuérdese que su hija Teresa Elsa Chavari, madre del actor, falleció el día 25.01.2007) promovieron su juicio sucesorio, pese a que se encontraban facultados para hacerlo por revestir su carácter de herederos (art. 3565 del Código Civil; 724 del C.P.C.C.). Y en nada modificaba ello el hecho de que el bien fuera ganancial, e inclusive que la cónyuge supérstite siguiera habitando en el inmueble, ya que la mitad ganancial del Sr. Chavari se transmitió a sus dos hijos, limitándose su viuda a conservar su propia mitad ganancial a título de socia (art. 3576 del Código Civil; Borda, Guillermo “Tratado de Derecho Civil. Sucesiones”, 9ª edición actualizada por Delfina Borda, La Ley, T. II, págs. 29 y 38/39).
Tal como lo señala Ugarte en el trabajo antes citado (“Acción de colación…”), no existe norma alguna que prevea la suspensión de la prescripción entre la fecha del fallecimiento y la de iniciación del juicio sucesorio. Al contrario, el Código Civil establecía en el art. 3978 que la prescripción corre a favor y en contra de la sucesión, inclusive durante el tiempo concedido para hacer inventario y deliberar sobre su aceptación, así como también corre durante la indivisión (art. 3976) y contra una sucesión vacante (art. 3977).
Por lo expuesto, cabe concluir que la demora en la iniciación del sucesorio fue lo que impidió conocer con anterioridad la situación dominial del bien que nos ocupa. En consecuencia, el agravio no es de recibo. d) Creo conveniente considerar ahora el segundo agravio vertido por el accionado, quien critica el decisorio en tanto lo obliga a colacionar el valor de un porcentaje del inmueble donado, sito en Álvaro Barros 2081, planta alta, de la ciudad de Olavarría, cuya tasación se difiere para la etapa de ejecución de sentencia. A esos fines, retoma el argumento defensivo que había esgrimido al contestar demanda, manifestando que esa planta alta, y un garaje que se encuentra en la planta baja, fueron construidos por él y por su cónyuge, a partir del año 1973, con fondos propios, sobre el inmueble de sus progenitores, de modo que la donación efectuada en el año 1983 sólo habría comprendido el “espacio aéreo”, cuyo valor es el que se debe colacionar (fs. 289/292).
Así planteado el agravio, puede apreciarse que en la parcela del decisorio donde se decide esta cuestión la “a quo” recurre tanto a argumentos fácticos como jurídicos, ya que no tiene por suficientemente acreditado que el dinero con el que se afrontaron los costos de construcción provinieran del peculio de los cónyuges Chavari-Estelrrich, pero, como argumento coadyuvante, señala que la donación comprendió el inmueble construido y no sólo el espacio aéreo (esp. fs. 257 y vta.). Contra esos dos aspectos se alza el demandado, quien denuncia una incorrecta valoración de la prueba en cuanto al origen de los fondos empleados para la construcción de la planta alta, y alega que no reconocer que la construcción fue solventada por ellos con anterioridad a la donación implica un enriquecimiento sin causa en favor del actor.
i. Por una cuestión lógica considero conveniente comenzar por el tratamiento de la “cuestión de derecho” que se trae a consideración de esta alzada (conf. terminología del art. 262 del C.P.C.C.). Es que, conforme tendremos oportunidad de ver en el desarrollo que sigue, la situación que se plantea en autos es ciertamente atípica desde el plano jurídico, ya que –a estar a su versión de los hechos- los donatarios habrían realizado mejoras en el inmueble antes de efectuarse la donación. Así las cosas, entiendo que primero es conveniente preguntarse si en esos casos es jurídicamente posible detraer el valor de dichas mejoras a los fines de determinar el valor que debe colacionarse, para luego analizar si el interesado logró probar los hechos en los que funda tal planteo (doctr. art. 375 2do. párrafo del C.P.C.C.).
Ocurre con cierta frecuencia que el donatario introduce mejoras en la cosa donada después de efectuada la donación, como ocurre, por ejemplo, si se construye una vivienda sobre el terreno baldío donado, o si se amplía o mejora una construcción ya existente. Para tales supuestos, la doctrina y la jurisprudencia han entendido, interpretando el art. 3477 2do. párrafo del Código Civil, que las mejoras no pueden ser aprovechadas por la masa hereditaria, pues las cosas acrecen para su dueño (CNCiv., Sala J, 16/12/99, “R., E. y otro”, LL, 2000-E-257, citado por Octavio Lo Prete, “Acciones protectoras de la legítima”, Hammurabi, pág. 156; CNCiv., Sala B, “S., N. A. c/ S., I. C. E., 08/08/2006, LL 2006-D-290, citado por Jorge A. Diegues, “Colación”, Jurisprudencia Agrupada, La Ley del 23/10/2012; Pérez Lasala y Medina, “Acciones judiciales…”, cit., pág. 311). La solución, además, parece de toda justicia, ya que si el aumento de valor es fruto del esfuerzo patrimonial del donatario, sería inequitativo que se beneficien todos los herederos.
Ahora bien, la situación que se plantea en autos difiere sustancialmente de la antes mencionada, lo cual la torna atípica, ya que, según lo relatan los accionados al contestar demanda, ellos habrían edificado su vivienda sobre la vivienda en la que habitaban los progenitores del codemandado Chavari antes de efectuarse la donación, ya que la construcción habría comenzado en el año 1973 y la donación se celebró el día 18.11.1983.
De este modo, no hay dudas de que al momento en que habría comenzado la construcción de la planta alta los dueños del único inmueble eran los cónyuges Chavari y Lavín, es decir, los abuelos del actor. Y de ello se sigue una consecuencia jurídica de relevancia para este caso: todo lo sembrado, plantado o edificado en un inmueble tiene carácter accesorio de éste, de tal modo que pertenece al dueño del suelo (doctr. art. 2315 y conc. del Código Civil), sin perjuicio de los problemas que se pueden presentar entre el dueño de la tierra y el dueño de los materiales, semillas o plantas, a los que el Código Civil da respuesta en los arts. 2587 y sig. (conf. Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales”, 5ª edición actualizada por Delfina Borda, T. I, págs. 290 y 291; Beatriz Areán, comentario a los arts. 2587/2589 en “Código Civil…” de Bueres-Highton, T. 5-A págs. 578 y sig., esp. pág. 580; esta Sala, causa n° 59.195, “Natalle”, del 18.09.2014). Con palabras muy claras explica esta última autora que la adquisición de lo edificado, plantado o cultivado siempre será hecha por el dueño del terreno (art. 2519), ya que en nuestro Derecho no exist(ía) el derecho de superficie, excepto el de superficie forestal. De modo que hay un solo dominio, el del dueño del terreno, extendido a los accesorios, y no un condominio entre éste y el edificador. Como recién decíamos, los problemas que se pueden presentar entre el dueño del terreno y quien edificó, sembró o plantó en él, estaban contemplados en los arts. 2587 a 2589 del Código Civil. Como explicaba Areán, el principio general que regía la materia es que en todos los casos el dueño de la tierra adquiere el dominio de lo edificado, plantado o cultivado, pero deberá las indemnizaciones correspondientes, por aplicación del principio del enriquecimiento sin causa y porque media un factor social que debe tender a la conservación de los valores y a no tornar estéril el trabajo (ob. cit., pág. 580).
En el caso de autos, asistiríamos a un supuesto de edificación en fundo ajeno con materiales propios, supuesto aprehendido en los arts. 2588 y 2589, que distinguen según que haya existido buena o mala fe del edificador. Retomando lo dicho por esta Sala en la causa “Natalle” (ya citada), por edificador, sembrador o plantador de buena fe debe entenderse no sólo la creencia de poseer el inmueble a justo título sino también la de estar persuadido que la relación contractual que tiene con el dueño (locatario, usufructuario, usuario) le permite realizar la edificación, siembra o plantación (Borda, Guillermo A., “Tratado…”, cit., T. I, págs. 292/294). En similares términos expresa Areán que en este caso –refiriéndose al art. 2588- el edificador está convencido sin duda alguna, no de que es propietario del terreno, sino de que tiene el derecho de sembrar, cultivar o plantar (comentario a los arts. 2587/2589 en “Código Civil…” de Bueres-Highton, T. 5-A págs. 578 y sig., esp. pág. 582). También explica Areán –comentando el art. 2588 del Código derogado- que la indemnización debida por el propietario del terreno debe comprender el valor de los materiales y la mano obra, así como los daños y perjuicios que pudieran haberse producido, y aun el mayor valor, si éste supera el importe de los otros rubros (ob. cit., pág. 584).
A la luz de todo lo dicho, podemos concluir que asiste razón a la anterior magistrada en cuanto a que la donación tuvo por objeto el inmueble ya construido, y no solo el “espacio aéreo”, ya que –a estar al propio relato de los accionados-, la construcción se habría llevado a cabo antes de la donación, dando lugar a un supuesto de accesión artificial (Areán, ob. cit., pág. 579).
Ahora bien, no obstante ello, resultaría palmariamente injusto no computar el valor de estas mejoras, so pretexto de que las mismas son anteriores a la donación, ya que, tal como sucede con las mejoras posteriores a la donación, ello implicaría un enriquecimiento sin causa para los restantes herederos. Por lo demás, si el art. 2588 del Código derogado confería el derecho antes aludido a quien había edificado en terreno ajeno, no se advierten motivos para impedir hacer valer ese derecho frente a un reclamo de colación.
Por estas razones entiendo que el agravio es de recibo en lo que concierne a su arista jurídica.
ii. Pasando ahora a la consideración de los agravios contra la valoración de la prueba del origen de los fondos, entiendo que los mismos también resultan atendibles, en especial por la ponderación de algunos testimonios que mencionaré a continuación (doctr. arts. 384 y 456 del C.P.C.C.).
Ello así, pues si bien es cierto que la circunstancia de que padre e hijo tuvieran un prenombre en común –el primero se llamaba “Hiriberto Raúl” y el segundo se llama “Raúl Arcángel”- pudo generar alguna confusión, a lo que se suma que como el primero vivía en la planta baja también estaba en contacto con quienes efectuaban los trabajos y además eran conocidos suyos, una lectura atenta de los testimonios permite concluir que quienes sufragaron los gastos de la obra fueron los cónyuges Chavari – Estelrrich (ver en especial testimonios de Pedro Luis Bacchiarello –fs. 184/185-, constructor que tuvo a cargo la obra –conf. certificado final de obra de fs. 88-, respuestas a las preguntas 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª –donde reconoce el recibo cuya copia obra a fs. 84- y de Martín Felipe González –fs. 190-, albañil que trabajó en la obra, respuestas a las preguntas 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, a la primera ampliación –donde aclara que cuando menciona a “Raúl” Chavari alude a su primer nombre- y a la primera repregunta –donde aclara que a él lo contrataba “Raúl” y que su padre vivía en la vivienda en ese época-; y en menor medida testimonios de Liliana Marchuetta – fs. 192-, agrimensora contratada para realizar el plano de subdivisión necesario para la donación, respuestas a las preguntas 3ª –más allá de la imprecisión en cuanto a la fecha-, 4ª, primera repregunta y de Horacio Alfredo Ponce de León –fs. 194- quien en la década de 1970 trabajaba en el “Corralón Olavarría”, y en las respuestas a las preguntas 3ª y 4ª dice que quien encargaba y abonaba los materiales era “Raúl Chavari”).
En cuanto a los testigos ofrecidos por la parte actora, el Sr. Osvaldo Matías Beltramella –fs. 187- es un joven que contaba con 27 años al momento de prestar declaración, amigo del actor, y que a razón de su corta edad nada pudo aportar a los fines de esta litis (ver en especial respuestas a las preguntas 6ª, 7ª y 8ª). Por su parte, la Sra. Juana María Laborde –fs. 188-, quien contaba con 74 años de edad al momento de prestar declaración, respondió a la pregunta 6ª que quien ordenó y pagó por la construcción de la planta alta fue el Sr. Hiriberto Chavari. Sin embargo, entiendo que este testimonio aislado no puede conmover la convicción que emana de los referidos en el párrafo anterior, especialmente de los dos primeros, ya que la Sra. Laborde simplemente conocía a la familia Chavari del barrio, por lo cual su testimonio no puede ser equiparado al de los profesionales y albañiles que trabajaron en la obra y que por tal circunstancia tenían un conocimiento directo de quién afrontaba los costos.
Finalmente, también puede valorarse la profusa prueba documental, en especial facturas, recibos y remitos, que la parte demandada acompañó a su contestación de demanda (fs. 28/88), en originales que fueron reemplazados por copias certificadas (conf. despacho de fs. 94, 3er. párrafo).
He de aclarar que la fuerza probatoria de estos documentos se ve menguada por dos circunstancias. La primera es que la gran mayoría de ellos no fueron reconocidos por sus emisores. Sin embargo, ello puede entenderse por la antigüedad de esos documentos, que en su mayor parte datan de la década de 1970. Por otra parte, es doctrina de esta Sala que no puede descartarse todo valor probatorio a los instrumentos privados respecto de los cuales no se ha traído la prueba que permitiera acreditar su autenticidad, toda vez que pueden valer como indicios de los cuales se induzcan presunciones a las que la ley asigne eficacia (causa n° 52995, “De Beláustegui”, del 21.05.2009, con sus citas).
En segundo lugar, y tal como lo señaló la “a quo”, muchos de esos documentos tienen el inconveniente de que están extendidos a nombre de “Raúl Chavari”, lo cual nos reenvía al problema de identificación antes aludido. Sin embargo, algunos de esos documentos fueron extendidos a nombre de “Raúl A. Chavari” (fs. 48, 61, 71) y otros a nombre de su cónyuge Sra. Estelrrich (fs. 32, 39, 49), lo que corrobora que eran ellos quienes afrontaban los gastos que generaba la obra.
Por todo lo expuesto, entiendo que los agravios vertidos contra esta conclusión fáctica en la que se apoya el fallo también son de recibo, por lo que ha de tenerse por acreditado que la obra fue encargada y solventada por los accionados.
Finalmente, creo pertinente agregar que la versión de los hechos narrada por los accionados, y que en función de lo antes dicho se ve corroborada por la prueba rendida, es verosímil. Ello así, pues en las ciudades del interior, donde abundan las viviendas de una planta o situadas en terrenos cuya superficie no está totalmente ocupada por la construcción, es habitual que los padres permitan que sus hijos que están iniciando su proyecto familiar construyan en la planta alta de su vivienda o en una fracción del terreno no ocupada por su propia vivienda. En el caso de autos, ha quedado demostrado que los demandados construyeron su vivienda sobre la de los progenitores de uno de ellos, naturalmente con su consentimiento, y luego recurrieron a la subdivisión y a la donación como un modo de regularizar la situación dominial.
e) Prosiguiendo con los agravios, en el punto 3 de fs. 284 el actor critica el decisorio en crisis en tanto dispuso que en la etapa de ejecución de sentencia deberá determinarse el valor del bien donado a la fecha del fallecimiento de la causante Dolores Elsa Labín, es decir, al 01.04.2012 (fs. 258, 4to. párrafo). Afirma el recurrente que es de aplicación al caso el art. 2385 del Código Civil y Comercial de la Nación que dispone que el valor del bien se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación, y que una solución distinta resultaría manifiestamente injusta, ya que su parte recibiría una suma insignificante a valores históricos, máxime en un país en el que existe inflación y desvalorización monetaria. En primer lugar, creo necesario aclarar que este agravio conserva virtualidad a pesar de que –en función de lo antes dicho- coincida con los accionados en cuanto a que el valor a colacionar no es el del inmueble sino el del “espacio aéreo” sobre el cual el mismo está construido. Ello así, pues el valor de ese “espacio aéreo” también puede tener variaciones a través del tiempo, tal como quedó reflejado en el punto III de la pericia de tasación obrante a fs. 226.
En segundo lugar, es dable observar que la Sra. Juez de grado fundó esta parcela de decisorio en el art. 3477 del Código Civil derogado, que expresamente cita a fs. 258 2do. párrafo, en consonancia con lo que antes había dicho en el primer párrafo del considerando I (fs. 253vta./254) donde afirmó que la presente litis debe resolverse de acuerdo a dicho ordenamiento pues la donación y el fallecimiento de los causantes acaecieron bajo su vigencia. En este marco, y siendo que el actor no vertió una crítica concreta y razonada (art. 260 del C.P.C.C.) contra ese aspecto del decisorio que fundadamente decidió cuál es la ley aplicable al caso, parecería que asiste razón al Sr. Chavari, cuando al contestar la expresión de agravios afirma que no puede invocarse la aplicación del art. 2385 del nuevo Código (fs. 302vta.). Sin embargo, y por las razones que explicaré a continuación, entiendo que el Sr. Brun recurrió al nuevo Código a modo de doctrina interpretativa y correctora de la ley anterior, ya que no se limitó a invocar la nueva norma, sino que añadió que una solución contraria conduciría a un resultado injusto en atención a la inflación constante que afecta a nuestro país.
El art. 3477 2do. párrafo del Código Civil derogado disponía que los valores a colacionar “… deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, sea que existan o no en poder del heredero.”
Conforme se ha explicado, el texto original del Código de Vélez no determinaba el momento en que debía tomarse el valor de la donación efectuada por el causante y ello dio lugar a tres posturas: a) que correspondía computar el valor al momento en que la donación se había celebrado; b) que debía tomarse el valor de la donación al momento de la muerte del causante porque en ese momento quedaba fijado el activo y el pasivo; c) que la fecha de la cuenta particionaria era más justa porque tenía en cuenta la igualdad de los herederos al momento en que recibían los bienes transmitidos. La reforma de la ley 17.711 puso fin a la controversia al disponer que los valores deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión. Sin embargo, un sector de la doctrina entendió que la solución no es la ideal, porque en las relaciones internas de la comunidad la igualdad entre los herederos se logra computando los valores más cercanos al momento de la partición (Lambois, en “Código Civil…” de Bueres-Highton, T. 6-A, pág. 534, con cita de Zannoni).
Por lo demás, la solución incorporada al Código de Vélez generaba un problema adicional por el fenómeno inflacionario que el actor menciona en la expresión de agravios, por lo que la doctrina y la jurisprudencia habían entendido que los valores debían ser calculados a la fecha del fallecimiento del causante pero corregidos en función de la depreciación monetaria (CNCiv., Sala G, 20/03/07, “H., A. M. R. c/ H., M., J. E. y otro”, LL, 2008-A- 402, citado por Octavio Lo Prete, “Acciones…”, cit., pág. 156 y por Jorge A. Diegues, “Colación”, Jurisprudencia Agrupada, La Ley del 23/10/2012; Pérez Lasala y Medina, “Acciones judiciales…”, cit., pág. 236).
El nuevo Código Civil y Comercial dispone que el valor debe determinarse a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación (art. 2385 2do. párrafo). Conforme se ha explicado, “(s)e procura con esta fórmula lograr la equiparación económica de los herederos y una repartición igualitaria de la herencia, lo que resultaría imposible y se traduciría en una injusticia si se aplican distintas medidas de valor para tasar los bienes de la herencia y los que han recibido como anticipo algunos herederos. Por otra parte, siendo la colación una operación estructuralmente conectada a la partición, resulta coherente colocarse a la época de la partición para determinar la tasación del valor colacionable y de los bienes que componen el acervo sucesorio partible.” (Francisco Ferrer en “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético”, Dirección General de Jorge Alterini, La Ley, t. XI, pág. 439). En función de todo lo dicho, entiendo – como ya lo anticipara- que podemos recurrir al nuevo Código Civil y Comercial como doctrina interpretativa y correctora de los problemas que generaba el art. 3477 2do. párrafo del Código Civil derogado. En consecuencia, el agravio ha de ser admitido, lo que implica que el valor del “espacio aéreo” sobre el cual los accionados construyeron su vivienda ha de ser determinado a la época de la partición.
f) Siguiendo con los agravios, el accionado se desconforma con el porcentaje que la “a quo” dispuso colacionar. Ello así, pues en el decisorio apelado se dispuso que debería tasarse la vivienda de la planta alta a la fecha del fallecimiento de la causante Dolores Elsa Labín para luego “… computar el 50% del mismo a la masa de la cual se extraerá la hijuela del actor, Agustín Héctor Brun …”. Pero el accionado entiende –por los argumentos que desarrolla a fs. 287vta./289, sobre los que volveré infra- que su obligación de colacionar sería la de 1/8 del inmueble, es decir, un 12,5% de su valor.
Previo a todo, se impone aclarar que con este agravio se presenta una situación similar a la analizada en el apartado anterior; es decir, el mismo conserva virtualidad más allá de que el valor a colacionar no sea el de la vivienda situada en la planta alta sino el del “espacio aéreo” sobre el cual la misma se construyó.
Conforme explican Pérez Lasala y Medina (“Acciones…”, cit., págs. 237/241), es frecuente distinguir dos formas de colacionar, que dan lugar a sistemas diferentes: el sistema de colación real, que es el que exige el aporte de los bienes donados in natura, y el sistema de colación de valores, que sólo exige el aporte del valor de los bienes donados. Sin embargo, siguen diciendo estos autores que, con el fin de pretender mayor precisión, es conveniente distinguir tres tipos o sistemas fundamentales de colación: sistema de colación en especie o “in natura”, sistema de colación de carácter crediticio y sistema de colación por imputación, también llamada “colación de valor”. Nuestro Código Civil había adoptado este último sistema (art. 3477). El mismo implica que la colación es efectuada trayendo a la masa hereditaria los valores de las cosas donadas, no las cosas en sí. Se imputa en la cuenta del colacionante el equivalente del valor de lo donado, tomando de menos el equivalente en bienes hereditarios. En esa misma línea, con claridad se ha dicho que “La colación se efectúa en oportunidad de realizarse la partición, mediante dos pasos: computación del valor de la donación en la masa hereditaria, e imputación de ese valor a la hijuela del coheredero donatario” (CNCiv., Sala C, 2/3/77, “Vieyra de Durañona, Susana c/ Vieyra, Jaime”, ED 78-327, citado por Lo Prete, “Acciones…”, cit., pág. 153).
Aplicando estos principios al caso de autos, entiendo que el agravio ha de prosperar parcialmente. En efecto, asiste razón al accionado al señalar que la mitad (1/2) del bien ganancial donado era de propiedad de su padre y por ende queda marginado del valor a colacionar a razón de la prescripción de la acción, y que la otra mitad (1/2) correspondiente a su madre fue donada en un cuarto (1/4) a él y en un cuarto (1/4) a su cónyuge Norma Edith Esterrich respecto a quien la acción no prospera en virtud del progreso de la excepción de falta de legitimación pasiva. De modo que lo que debe colacionarse es el 25% del valor del “espacio aéreo”, y no un 50%. Hasta allí el agravio es de recibo.
Ahora bien, el accionado pretende otra reducción del valor a colacionar, alegando que “… la única propiedad en cabeza de mi madre era de 1/4 transmitida al suscripto, y que dicha porción debiera compartirla con mi hermana, Teresa Elsa Chavari, nos correspondería como herederos (hijos) de Dolores Elsa Labin, la mitad a cada uno, es decir, la porción de 1/8 a cada uno respecto del inmueble.”
Entiendo que este argumento no es de recibo pues atenta contra el principio lógico de no contradicción, ya que el donatario que recibió el bien a título singular y mediante un acto entre vivos (la donación), no puede pretender recibir el mismo bien por la vía sucesoria. El bien ya está incorporado al patrimonio del heredero porque lo recibió por la donación, y no debe restituirlo a la masa porque en nuestro sistema no rige la colación en especie o “in natura”. Pero, naturalmente, ese donatario no puede afirmar que también le asista un derecho a recibir el bien por vía sucesoria, ya que el mismo está fuera del patrimonio del causante y por ende no se transmite por esa vía universal.
Además, el razonamiento esgrimido por el apelante se aparta de los dos pasos antes enunciados para llevar a cabo la colación: debe computarse (todo) el valor de la donación en la masa hereditaria, e imputar (todo) ese valor a la hijuela del coheredero donatario. Por el contrario, computar la mitad del valor de la donación en la masa hereditaria –como lo propone el recurrente- conduce a un resultado objetivamente injusto. Un ejemplo servirá para graficarlo. Pensemos en una persona que al momento de fallecer tiene un patrimonio de 100, dos herederos que lo suceden por partes iguales, y antes de morir donó a uno de ellos un bien que vale 20 (de modo que todo su patrimonio, antes de la donación, era de 120). Los pasos correctos que deberían seguirse según lo antes expuesto son los siguientes: a la masa hereditaria (100) se le suma el valor del bien donado (20), totalizando 120; en las hijuelas, al heredero no beneficiado por la donación se le adjudicarán 60 que se tomarán íntegramente de la masa, mientras que al heredero beneficiado por la donación se le contabilizará el valor del bien donado (20) más el resto de la masa hereditaria (40), de modo que ambos quedarán equiparados en 60 y la sumatoria de ambas hijuelas es de 120, coincidiendo con el patrimonio original del causante. En cambio, según el proceder propuesto por el recurrente, a la masa hereditaria (100) debería sumarse solo la mitad del valor del bien donado (10), totalizando 110; en las hijuelas, al heredero no beneficiado por la donación se le adjudicarán 55 que se tomarán íntegramente de la masa, mientras que al heredero beneficiado por la donación se le contabilizará la mitad del valor del bien donado (10) más el resto de la masa hereditaria (45), totalizando 55. Nótese que en este último caso las hijuelas quedan igualadas (55 para cada uno), lo cual es correcto, pero ello es objetivamente injusto porque el total del patrimonio del causante antes de la donación era de 120 y no de 110. La distorsión se produce, claramente, porque no se está sumando a la masa todo el valor del bien donado. Por lo expuesto, entiendo que el agravio debe prosperar con el alcance antes apuntado, es decir, debe colacionarse el 25% del valor del “espacio aéreo”.
g) Finalmente, el accionado –en rigor, su letrado- se agravia por el diferimiento de la regulación de honorarios.
Como punto de partida, creo pertinente aclarar que si bien –en caso de compartirse esta propuesta decisoria- el presente pronunciamiento resultará modificatorio del de primera instancia, y como consecuencia de ello deberán adecuarse las costas y los honorarios (art. 274 del C.P.C.C.), el agravio conserva cierta actualidad, por lo que se justifica su tratamiento.
Al respecto, es dable recordar que la Sra. Juez de grado difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en que se encuentre determinado el valor del inmueble, conforme lo dispuesto en el considerando III (punto 4 de la parte resolutiva de la sentencia, obrante a fs. 258vta.). De modo que si nos remitimos a ese considerando III, la regulación de honorarios fue diferida para la oportunidad en que se tasara el bien determinando su valor a la fecha del fallecimiento de la causante Labín.
Contra lo así decidido se alza el letrado del actor, quien alega que es de aplicación al caso el art. 27 inc. a) de la ley 14967, y por ende ha de estarse a la tasación ya practicada en autos.
Así formulado el agravio, lo primero que cabe aclarar es que la regulación por las tareas efectuadas en primera instancia ha de efectuarse de conformidad con las pautas de la ley 8904, ya que aquellas se llevaron a cabo bajo la vigencia de dicha ley (art. 7 CCyC; Excma. S.C.B.A., Causa I-73016, “Morcillo”, del 08.11.2017.
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, el agravio sigue teniendo actualidad, dado que los textos del art. 27 inc. a) de ambas leyes arancelarias –la derogada y la vigente- son análogas. Y, en cuanto aquí interesa, la jurisprudencia ha dicho que “Tratándose de una acción que persigue la declaración de nulidad de transmisiones de dominio atacadas por simulación a efectos de comprobar judicialmente la verdadera realidad jurídica -oculta bajo una falsa apariencia- y de preparar el camino a una ulterior acción de colación en los términos del artículo 3483 del Código Civil, debe calcularse su base regulatoria, conforme el mecanismo del artículo 27 inc. "a" del Dto. Ley 8904/77, que prevé el supuesto de "juicio sobre bienes inmuebles o derechos sobre los mismos". Por ello, debe considerarse como monto del juicio a los fines arancelarios, el valor del inmueble objeto del acto atacado (arts. 3483 del Cód. Civil y art.27 inc. "a" del Dec. Ley 8904/77)”. (CC0002 SM 34790 RSD- 462-93 S 23/11/1993 Juez CABANAS (SD) “Antona, Alberto y ot. c/Antona, Luz s/Nulidad de venta por simulación”).
En el caso de autos, si bien es cierto que existe una tasación del bien (conforme pericia de fs. 226), la “a quo” no la tuvo en cuenta a los fines de determinar el valor a colacionar porque dispuso tasar el bien a la fecha del fallecimiento de la causante Labín, de modo que es natural que tampoco haya considerado adecuado tomar ese valor a los fines regulatorios. Y a ello cabe adunar que –como ya vimos- fue el propio actor quien requirió que el valor se estimara a la fecha de la partición, lo que estimamos correcto al analizar dicho agravio, y dado que aún no se arribó a la instancia de la partición, tampoco se cuenta con una tasación a los fines regulatorios.
Y si bien, conforme lo propongo en este voto, no deberá tasarse el valor de la totalidad de la vivienda construida en la planta alta sino solamente el “espacio aéreo” sobre el cual fue edificada, entiendo que las consideraciones que anteceden resultan aplicables, mutatis mutandi, al nuevo escenario. Es que, conforme surge de fs. 226, el Perito Martillero estimó el valor del “espacio aéreo” en la suma de $ 150.000, pero lo hizo con ciertos reparos por entender que la tarea encomendada excedía su incumbencia. Por lo demás, ese valor fue calculado a la fecha de la realización de la pericia (14.09.2016), pero, a razón de la procedencia del agravio que el propio actor formuló, el valor deberá ser nuevamente estimado a la fecha de la partición. Por todo lo expuesto, entiendo que el decisorio era acertado en este aspecto, y que la necesidad de diferir la regulación de honorarios sigue vigente pese a que aquél resulte modificado en algunos aspectos, por lo que el agravio no es de recibo.
Así lo voto.
La Señora Jueza Doctora Comparato adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor ESTEBAN LOUGE EMILIOZZI, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo confirmar la sentencia de fs. 252/258 en lo principal que decide, y modificarla respecto al alcance de la condena, ya que el demandado Raúl Arcángel Chavari deberá colacionar el 25% del valor del espacio aéreo de la vivienda de sus progenitores sobre la cual construyó su propia vivienda, el cual ha de ser determinado a la época de la partición.
En cuanto a las costas de primera instancia, ellas fueron impuestas al actor por las excepciones admitidas y al demandado por la colación a la que se hizo lugar (punto 3 de la parte resolutiva, a fs. 258vta.). Así las cosas, si bien este decisorio resultará parcialmente modificatorio de primera instancia, entiendo que no debe modificarse la condena en costas en los términos del art. 274 del C.P.C.C. Ello es así, respecto a las excepciones, porque en este aspecto la sentencia de alzada es confirmatoria. Y, respecto a la demanda que prospera, la circunstancia de que no lo haga en su totalidad no quita al demandado la calidad de vencido a los efectos de las costas, pues la admisión parcial de la demanda no resta relevancia a la necesidad de litigar a la que se vio sometido el accionante (S.C.B.A., C 120628, “Hospital”, del 08.03.2017). Respecto a las costas de Alzada es sabido que rigen otros parámetros, ya que ha de estarse al resultado del recurso (S.C.B.A., C. 89.530, “Díaz”, del 25.02.09., entre muchas otras; esta Sala, causas n° 53.223, “Orella”, del 21.10.09.; n° 60.002, “De Liberato”, del 22.12.15., entre muchas otras).
En el caso de autos, resulta claro que las costas de Alzada por las excepciones que progresaron han de ser soportadas por el actor, pues sus agravios contra la admisión de las mismas fueron desestimados. En lo que hace al fondo de la cuestión se verifica un vencimiento parcial y mutuo, ya que prospera el agravio del demandado respecto a que el valor a colacionar no es el de la vivienda sino el del “espacio aéreo” sobre el cual la misma fue construida, prospera el agravio del actor respecto a la época que ha de tomarse en cuenta para calcular el valor, y prospera parcialmente el agravio del demandado sobre el porcentaje del valor a colacionar. En este escenario, atendiendo prudencialmente al resultado obtenido en esta instancia por cada uno de los recurrentes, y ponderando especialmente que el primero de los agravios antes enunciados tiene una trascendencia económica muy significativa, propongo al acuerdo distribuir las costas de alzada un 80% al actor y en 20% al demandado (art. 71 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14967.
Así lo voto.
La Señora Jueza Doctora Comparato adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.- Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se Resuelve: Confirmar la sentencia de fs. 252/258 en lo principal que decide, y modificarla respecto al alcance de la condena, ya que el demandado Raúl Arcángel Chavari deberá colacionar el 25% del valor del espacio aéreo de la vivienda de sus progenitores sobre la cual construyó su propia vivienda, el cual ha de ser determinado a la época de la partición. Las costas de primera instancia no se modifican a pesar de lo dispuesto en el art. 274 del C.P.C.C., por los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión. Las costas de Alzada por las excepciones que progresaron han de ser soportadas por el actor, pues sus agravios contra la admisión de las mismas fueron desestimados, mientras que la correspondientes al fondo de la cuestión se imponen en un 80% al actor y en un 20% al demandado atendiendo prudencialmente al progreso parcial y recíproco de los agravios (arts. 68, 71 y conc. del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14967. Notifíquese y devuélvase.
Esteban Louge Emiliozzi Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Lucrecia Inés Comparato Juez -Sala 1-
-Cám.Civ.Azul- Ante mi Dolores Irigoyen Secretaria -Sala 1-
-Cam.Civ.Azul-
Fin de la sentencia