Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120003
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.003, "Anchaval, Diego Ángel Damián contra Fiscalía de Estado - Pcia. Bs. As. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, de Lázzari, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 188/197).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 215/222 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por el señor Diego Ángel Anchaval y condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagarle la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 188/197).
Juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente que sufrió el día 3 de febrero de 2013, mientras cumplía sus tareas en el Cuerpo de Infantería de Junín dependiente del Ministerio de Seguridad provincial, el accionante padece una incapacidad laboral permanente que lo invalida en un 20% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 188/190).
En la sentencia destacó que la Ley de Riesgos del Trabajo había sido objeto de innumerables modificaciones, encontrándose en vigencia a la fecha del infortunio la reforma instituida por la ley 26.773. No obstante -expresó- a través del dictado de resoluciones de la Secretaría de Trabajo, se aumentó periódicamente la base mínima de las prestaciones sistémicas (v. sent., fs. 194 y vta.).
En ese orden de ideas, subrayó que -a su entender- las sucesivas reformas introducidas al régimen de riesgos del trabajo, con relación al monto de las prestaciones dinerarias, debían aplicarse a las contingencias acaecidas -aún con anterioridad- que a la fecha del dictado del pronunciamiento de mérito se encontraran incumplidas. Remarcó que esta conclusión no importaba su aplicación en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada (v. fs. 194 vta.).
Agregó que no se podía castigar al trabajador, con el pago histórico reparatorio del infortunio, al amparo de la ley anterior y que a la fecha de vigencia de la ley 26.773 aún no se le había efectuado o se le hubiera efectuado en forma mermada, siendo ello concordante con el principio de progresividad; agregó que las aseguradoras no se verían perjudicadas, dado la actualización permanente de las alícuotas que perciben en base al salario (v. fs. cit.).
En ese contexto, dispuso la aplicación al caso de autos del art. 2 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 28/15 vigente al momento del pronunciamiento (v. fs. cit.).
A continuación, determinó que el actor resultaba acreedor a la suma de $183.125,92. Destacó que este importe no resultaba alcanzado por la resolución 28/15 dado que el piso allí establecido ($168.371,20) era inferior a la fórmula polinómica, debiendo en consecuencia tomarse aquélla y no éste; por lo tanto, a aquel monto le adicionó el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 y "ajustó" el importe resultante según el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), ascendiendo la cifra total a $406.539,53 (v. fs. 195 y vta.).
Finalmente, estableció los intereses desde la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia (digital).
II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 215/222 vta.).
II.1.a. Cuestiona el modo de aplicación del índice RIPTE establecido en la ley 26.773.
Por un lado, alega, en tal sentido, que de la correcta interpretación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, reglamentados por decreto 472/14, dicho coeficiente se aplica exclusivamente a las prestaciones adicionales de pago único y a los pisos mínimos indemnizables, contrariamente a lo decidido por el tribunal de grado que empleó el índice que indicó multiplicándolo por el capital total obtenido.
Señala, además, que la reglamentación confirma ese criterio toda vez que las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13, 3/14, 22/14, 6/15, 28/15 y siguientes han ajustado -y expresamente así lo indican- los valores de las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 conforme lo dispuesto por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
Concluye que el fin de la ley 26.773 en nada difiere de aquel perseguido por los decretos 1.278/00 y 1.694/09. En todos los casos -sostiene- el propósito ha sido incrementar los montos de las indemnizaciones previstas para las contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo, pero a diferencia de lo que sucedió con los anteriores decretos que fijaban un tope y un piso respectivamente, el objetivo fue que tales importes se ajusten semestralmente, para evitar la corrección periódica mediante decretos como ocurrió en el pasado.
Añade que esta interpretación es la única posible y se encuentra en armonía con las leyes 23.928 y 25.561 que prohíben expresamente la indexación de los créditos.
II.1.b. Desde otroángulo, controvierte la aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 28/15 que -expresa- es la vigente al tiempo del dictado de la sentencia y no al momento del hecho.
En ese orden, postula la aplicación de la resolución 34/13 pues alega que los ajustes semestrales dispuestos por la Secretaría de Seguridad Social, en cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, deben aplicarse en base a la resolución vigente al momento de la contingencia laboral y no a la del pago, tal como lo manifestó el tribunal de origen.
II.2. Luego, cuestiona la tasa (pasiva digital) a la que fueron calculados los intereses adeudados sobre el capital de condena, toda vez que -afirma- el tribunal de grado liquidó tales accesorios apartándose de la doctrina de esta Corte vigente sobre el punto y alega que tal decisión conduce a la imposición de intereses a una tasa que se equipara, en rigor, a la tasa activa establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. Luego, corresponde señalar que la eventual revisión de los criterios plasmados en el pronunciamiento que se impugna ha de ajustarse al entramado normativo vigente en la fecha en que sucedieron las circunstancias fácticas ventiladas en la causa.
III.3. En ese marco, asiste razón al recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y del decreto 472/14, agraviándose del modo en que el tribunal a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE, haciéndolo operar como multiplicador directo.
Ello así, pues -como lo expresé al emitir mi sufragio en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017)- el examen conjunto de las normas que integran el sector del ordenamiento jurídico laboral, que regula la materia objeto de este litigio, indica que el controvertido índice RIPTE ha de aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 y 3/14 -en una línea que continúa con la resolución 6/15- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
Adicionalmente, cabe señalar que el criterio expuesto se condice con el adoptado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párr.).
III.4. Ahora bien, en el caso, corresponde hacer una consideración con relación al reproche vinculado a la pretendida aplicación de la resolución 34/13 en razón de la fecha de acaecimiento del accidente de trabajo.
La simple lectura de los antecedentes de la causa revela la ausencia de un perjuicio concreto que la decisión de grado haya provocado al impugnante respecto de la cuestión que propone debatir.
En efecto, el tribunal de origen cuantificó la prestación establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo a la que resultaba acreedor el actor en la suma de $183.125,92 como resultado de la fórmula allí prevista.
Determinó que tal importe no era alcanzado por la resolución 28/15 -cuya aplicación cuestiona el impugnante- pues el "piso" establecido en dicha norma (en el caso, $841.856 x 20% = $168.371,20) era inferior a la fórmula polinómica y, en consecuencia, calculó la indemnización adeudada según ésta, descartando la suma obtenida por aplicación de la citada resolución (v. sent., fs. 195 y vta.).
Luego, cabe poner de resalto que, en el recurso, el propio interesado postula cuál hubiera sido, a su juicio, la forma correcta de aplicación del índice RIPTE.
En ese orden, señala que el a quo debería haber comparado la suma resultante de utilizar la fórmula establecida en la Ley de Riesgos del Trabajo ($183.125,92; tal como lo expresó el tribunal y que no es motivo de agravio) con aquella obtenida de multiplicar $369.630 por el porcentaje de incapacidad (que es el piso indemnizable establecido en resol. 34/13), cuyo resultado arroja la cifra de $73.926.
Sin embargo, reconoce que en el caso concreto es superior el monto que surge de la fórmula que aquel otro resultante de la aplicación de la resolución que él mismo propone aplicar y, en consecuencia, efectúa el cálculo de las prestaciones adeudadas tomando como pauta la mencionada cifra de $183.125,92 (v. rec., fs. 220).
A partir de lo expuesto, se impone concluir -reitero- que no se advierte el perjuicio invocado por el impugnante ni, por ende, el interés jurídico para recurrir este aspecto del fallo.
Ello así porque, más allá del acierto o desacierto de la resolución utilizada por el tribunal, la comparación entre el valor resultante de la fórmula ($183.125,92) con el de la aplicación de la resolución 28/15 que empleó el tribunal ($168.371,20) -y más aún con el propuesto por el recurrente ($73.926)- arroja como resultado que la primera es superior a las cuantías obtenidas por aplicación de ambas resoluciones. Por ende, es aquella la que debe considerarse en el caso, tal como lo resolvió el tribunal de origen y lo reconoce, además, el propio recurrente.
Siendo ello así, es oportuno recordar que el ejercicio de una vía recursiva, como toda acción en justicia, no se brinda sino a aquellos que justifican un interés que legitime el acceso a la sede extraordinaria, pues a falta de él no hay petición audible en esta instancia (causas L. 90.623, "A., G.", sent. de 6-V-2009; L. 94.899, "Botelli", sent. de 22-XII-2008 y L. 84.094, "Saralegui", sent. de 18-IV-2007), ya que no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 118.475, "Russignan", sent. de 2-III-2016; L. 110.244, "Gallo", sent. de 21-II-2013 y L. 101.214, "Chene", sent. de 26-X-2010).
III.5. Efectuada esta aclaración, y a tenor de lo expuesto en los puntos anteriores, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto al modo en que cuantificó el capital de condena, a partir de una errónea interpretación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773.
III.6. Por último, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
Ello, en definitiva, pues la tasa aplicada por el tribunal de grado (la pasiva en su variante denominada "digital", la más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires) concuerda con aquella que emerge de los lineamientos sentados por este Tribunal -entre otras- en las causas L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016).
Para más, no se suscita en la especie el presupuesto fáctico que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera", sentencia de 18-III-2018 y C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito. Ello así, toda vez que -en el caso- la fijación del quantum indemnizatorio no habrá de traducir la estimación de sus valores actuales, ni importará la utilización de mecanismos indexatorios o de coeficientes de actualización de montos históricos.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en el punto III.5. de la presente.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera en forma parcial.
I.1. Coincido con los fundamentos expresados por el doctor Soria en cuanto destaca que el recurso ha sido bien concedido.
I.2. Luego, acompaño la propuesta decisoria de mi distinguido colega con relación al agravio vinculado al modo de aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773 en el caso, toda vez que se condice con la postura que al respecto asumí en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), a la cual remito por razones de brevedad.
I.3. Adhiero también a lo señalado en el punto III.4. del voto emitido en primer término.
I.4. Finalmente, en lo concerniente a la tasa de interés moratorio aplicada por el tribunal a quo al monto de condena, comparto la solución propuesta en el sufragio inaugural, por las razones que a continuación habré de exponer.
I.4.a. Sobre la presente cuestión, esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059, "Giani" (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sents. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (B.O., 12-XII-2012), que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164, "Abraham"; L. 102.210, "Campana" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12 y 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Luego, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (conf. leyes 26.994, B.O., 8-X-2014 y 27.077, B.O., 19-XII-2014), en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), sostuve que por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el día 31 de julio de 2015, los intereses moratorios están regulados por el art. 622 del Código Civil, por lo que deviene aplicable, en consecuencia, la doctrina legal de esta Suprema Corte conformada en torno a dicha norma en la que se ha sostenido que, a partir del día 1 de abril de 1991, los importes adeudados deberán ser abonados con intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622, cit.). Y, por el período que va del día 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago, ante el cambio normativo que importó el inc. "c" del art. 768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, deberá aplicarse la tasa pasiva de interés "plazo fijo digital a 30 días" a través del sistema Banca Internet Provincia (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.
En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones sostuvo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal. En ese marco, se declaró que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
I.4.b. Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016) y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia conforme lo expresado en el apartado IV del voto que abre el acuerdo.
Costas por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.