Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122936
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.936, "Navarro, Nancy Esther contra Fiscalía de Estado - Pcia. Bs. As. Y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. de fecha 7-XI-2022 y sent. de fecha 8-XI-2022).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 30-XI-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 7-VII-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que resulta de interés, hizo lugar —por mayoría— a la demanda promovida y condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar a las señoras Nancy Esther Navarro y Dora Esther Scott las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4 apartado "c" y 18 inc. 1 de la ley 24.557.
Para así decidir, tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 15 de septiembre de 2017, el señor Néstor Fabián Chaparro —agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires— perdió la vida al colisionar el vehículo en el que se trasladaba como acompañante con otro que circulaba en sentido contrario por la Ruta Nacional n° 5, a la altura de la localidad de Carlos Casares (v. vered., primera cuestión).
Luego, juzgó que tanto la cónyuge supérstite separada de hecho —Dora Esther Scott—, como la conviviente —Nancy Esther Navarro—, debían ser consideradas legitimadas activas con derecho al cobro, de modo concurrente y en partes iguales, de las prestaciones previstas en el régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo derivadas del fallecimiento del señor Chaparro.
En tales condiciones, calculó el importe de la prestación dineraria del art. 18 apartado 1 de la ley 24.557, así como el de la compensación adicional establecida por el art. 11 inc. 4 apartado "c" de la misma ley y condenó a la Provincia de Buenos Aires a su pago.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-XI-2022).
En el primero, denuncia que el tribunal de origen incumplió con las formas establecidas por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y violó los derechos de propiedad e igualdad procesal; así como el principio de congruencia.
Sostiene que el sentenciante omitió tratar una cuestión que reviste carácter esencial, tal como lo es —a su juicio— la circunstancia de hallarse extinguida la obligación de pago aquí reclamada.
En ese orden, señala que el tribunal de grado soslayó valorar la documental adjuntada a la causa, mediante la cual se acreditó que, en el juicio sucesorio de la madre del agente fallecido, que tramitó ante el Juzgado de Paz de la localidad de 9 de Julio, Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. abonó sumas resarcitorias por idénticos conceptos a los que se demandan en estas actuaciones.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021; L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez", sent. de 29-XII-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; e.o.).
III.2. En el caso, lo argumentado por el recurrente lejos de evidenciar la preterición de una cuestión esencial, remite a la atribución de eventuales errores de juzgamiento —vinculados a la forma en que fue resuelta la controversia y a planteos relativos a la apreciación de la prueba—, resultando tal imputación ajena al acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 128.401, "Marino", resol. de 21-X-2022; L. 127.674, "Geri", resol. de 15-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 130.914, "Rodríguez", sent. de 26-XI-2025; e.o.).
III.3. Por otro lado, y más allá de su orfandad argumental, no es acertada la invocada violación del art. 171 de la Constitución local, desde que dicho precepto solo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022; L. 130.490, "Van Pamellen", sent. de 24-II-2025; L. 128.640, "Ruiz Díaz", sent. de 26-XI-2025; e.o.), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la Fiscalía de Estado denuncia que el tribunal de origen ha violado y aplicado erróneamente los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 18 de la ley 24.557; 53 de la ley 24.241; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 47 de la ley 11.653; 4 del decreto reglamentario 334/96 y de la doctrina legal que cita.
I.1. Sostiene que el pronunciamiento de grado es absurdo y contradictorio, toda vez que de las constancias obrantes en el expediente administrativo 2020-26903462, surge demostrado el pago efectuado a la señora María Petrucci (madre del agente policial fallecido) en concepto de prestación dineraria por fallecimiento en los términos del art. 18 de la ley 24.557.
Señala que en la sustanciación de tales actuaciones han intervenido distintos organismos provinciales —Asesoría General de Gobierno, Dirección de Personal, Contaduría General de la Provincia, etcétera—, habiendo sido resuelta adecuadamente la contienda en sede administrativa con la participación de todos los interesados y de conformidad a la normativa vigente y puesta en conocimiento dicha circunstancia al tribunal de trabajo y a las demandantes de autos.
En este último aspecto, manifiesta que con la prueba oficiaria quedó probado que en diciembre de 2021 el Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio informó sobre la existencia de las actuaciones caratuladas "Petrucci, María s/ Sucesión ab-intestato", de trámite por ante ese órgano jurisdiccional. También, sobre el dictado de la resolución emitida por el Ministerio de Salud provincial en el expediente 21100843967/17 y demás constancias que resultaron demostrativas de que la causante (progenitora) fue declarada única derechohabiente del fallecido Néstor Fabián Chaparro, considerándose insuficiente la documentación incorporada por las señoras Nancy Esther Navarro (concubina) y Dora Esther Scott (esposa separada de hecho) para acreditar los vínculos que invocaron.
En tales condiciones, afirma, habiendo sido establecido el derecho de la señora Petrucci a la percepción de la indemnización de la ley especial, aplicando para ello la normativa vigente, y habiendo sido esta oportunamente abonada, luce evidente el desacierto en que incurrió el tribunal de trabajo al desconocer el carácter extintivo del pago respecto de la obligación que pesaba sobre el Estado empleador autoasegurado con relación a la prestación dineraria objeto de este proceso.
I.2. Por otra parte, se opone a la definición de grado que declaró a la actora Nancy Esther Navarro con derecho al cobro de la reparación sistémica por la muerte del señor Néstor Fabián Chaparro.
Ello así, aduce, porque no se encuentran reunidos los requisitos para fundar su legitimación, en tanto debió acreditar —y no lo hizo— la convivencia en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento, tal como lo prevé el art. 53 de la ley 24.241, de aplicación obligatoria conforme lo prescripto por el art. 18 de la ley 24.557.
Alega que para sortear tal requisito el tribunal de grado utilizó expresiones ambiguas, inferencias y presunciones que contrastan con los propios dichos vertidos por la accionante en el escrito de promoción de la demanda. Inclusive, añade, hizo mérito de testimonios encontrados, dispersos y confusos que no resultaban en modo alguno contundentes para establecer que en el específico supuesto de autos se había cumplimentado el plazo previsto en la ley especial.
Señala además que el decreto 1.290/94, que reglamenta al art. 53 de la ley 24.241, dispone que la convivencia pública en aparente matrimonio durante el lapso exigido podrá probarse por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente. También estipula que la prueba testimonial debe ser corroborada por otras de carácter documental, existiendo en la causa distintos elementos (constancias de servicios a nombre del señor Chaparro en el domicilio que compartía con la señora Scott del año 2014) que introducen dudas y contrarrestan los testimonios aludidos.
I.3. Por último, objeta que el tribunal sentenciante también declarase a la señora Dora Esther Scott con derecho a la percepción —de modo concurrente y en partes iguales— de las prestaciones por fallecimiento.
Expone que su legitimación para el cobro de los mismos rubros por los que aquí reclama ya fue resuelta de modo negativo en sede administrativa, donde, con sustento en el dictamen de la Asesoría General de Gobierno, se determinó que la documentación por ella incorporada carecía de virtualidad para acreditar de manera fehaciente la calidad de derechohabiente a cargo del señor Chaparro, esto es, que este último hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos se hubieren demandado judicialmente, o que aquel hubiera dado causa al divorcio. Añade que a idéntica conclusión arribó el juez del tribunal de trabajo cuyo voto resultó minoritario.
En suma, sostiene que la ley 24.241 en su art. 53 contempla como derechohabiente al cónyuge supérstite, aunque estuviese separado de hecho, siempre que haya estado a cargo del causante o este hubiera dado causa a la separación personal o divorcio, no encontrándose tales circunstancias acreditadas en autos.
II. El recurso no prospera.
Para ingresar al tratamiento de los reproches ensayados, por cuestiones metodológicas, habré de alterar el orden en que fueron expuestos.
II.1. En primer lugar, no es de recibo el cuestionamiento dirigido a objetar la decisión del tribunal de origen en cuanto declaró a la actora Nancy Navarro con derecho al cobro de las prestaciones dinerarias por muerte previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales.
La crítica que formula la demandada resulta insuficiente, pues no se ocupa de rebatir —como es menester— todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a la conclusión medular de este aspecto de la contienda, la que —en consecuencia— no resulta conmovida.
En efecto, el recurrente se opone a la decisión de grado argumentando —en lo sustancial— que no se acreditaron en autos los requisitos establecidos por la normativa para que a la accionante le asista el derecho al cobro de las prestaciones dinerarias por fallecimiento previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo; y, en particular, la convivencia en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores a la muerte del señor Chaparro.
Nada dice respecto de la argumentación sobre la cual el tribunal apuntaló el fallo, vinculada a que: i) si bien la convivencia pública de Chaparro y Navarro fue de cuatro años y diez meses, también surgió probado que fueron pareja durante más de cinco años, desconociéndose los pormenores de esa vinculación, pero sabiendo que al menos a mediados del año 2012 ya tenían alquilado un departamento en común y que en definitiva fue en el que convivieron; ii) de la interpretación finalista de los arts. 53 de la ley 24.241 y 18 de la ley 24.557 resulta la protección de quien compartió los últimos años con el causante y tiene en miras que pueda atenuar la falta de sostén económico y resarcir el perjuicio experimentado; iii) durante casi los últimos cinco años los ingresos del señor Chaparro derivados de su vida económicamente activa beneficiaban a Navarro, quien trágica e irremediablemente se vio afectada en su equilibrio económico familiar y merece la protección legal para tal supuesto; iv) resulta fundamental considerar la finalidad reparadora y protectora de la ley 24.557 así como también la garantía inherente a la protección integral de la familia (art. 14 bis, Const. nac. y pactos internacionales con igual jerarquía conforme al art. 75 inc. 22, Const. nac.); v) en materia laboral y de seguridad social rigen ciertos principios que tienen como norte la tutela de la parte más débil del contrato de trabajo —el trabajador o sus causahabientes—, tales como el principio protectorio, de irrenunciabilidad, conservación o continuidad de la relación laboral, justicia social, equidad, buena fe, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, indemnidad, progresividad y la garantía de igualdad, por lo que se impone interpretar las disposiciones en juego conforme la finalidad esencial que con ellas se persigue, cual es la de proteger al trabajador y su familia, a fin de eliminar el riesgo de un formalismo paralizante o de soluciones injustas, y; vi) cabe reconocer la protección y compensación económica de quienes constituían el núcleo familiar más estrecho del trabajador fallecido en los últimos años, por considerar que son en definitiva quienes padecen el mayor gravamen ante el irreparable infortunio.
Siendo ello así, y sin abrir juicio respecto del acierto de la decisión de fondo, queda evidenciada la insuficiencia técnica del embate, desde que, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que exhibe un desencuentro entre la impugnación y los argumentos del pronunciamiento apelado, que evidencia un ataque parcial a los fundamentos del fallo o que soslayando la referencia a otras motivaciones que, siendo esenciales por sí mismas, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023; e.o.).
En nada mejora la suerte de la réplica las apreciaciones personales que exhibe el quejoso en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, en especial, de las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa.
El interesado no logra evidenciar que la labor axiológica desplegada por el tribunal interviniente resulte absurda, desde que la disímil interpretación que formula acerca de los testimonios rendidos carece de idoneidad para demostrar el mentado vicio invalidante. Es conocida aquella jurisprudencia que indica que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de la prueba testimonial atento que, al apreciar "en conciencia" tales declaraciones, el tribunal de trabajo ejerce una facultad privativa respecto del mérito y la habilidad de los testigos (causas L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023; L. 130.180, "Samica", sent. de 30-XII-2025; L. 131.447, "Blanco", sent. de 11-III-2026; e.o.).
II.2. Algo similar a lo recién expuesto sucede en relación al cuestionamiento que porta el recurso sobre lo decidido respecto de la señora Dora Scott, cónyuge supérstite separada de hecho del agente Chaparro.
El juzgador tuvo particularmente en cuenta los deberes de alimentos y asistencia mutua que mantienen los esposos a pesar de la separación de hecho en los términos de los arts. 431 y 432 del Código Civil y Comercial de la Nación.
También señaló que la señora Scott fue declarada heredera universal del señor Chaparro en su juicio sucesorio; que se había negado a formalizar la presentación judicial de divorcio; que no fue de ninguna forma declarada culpable en la separación; que en el legajo del causante aún figuraba como su cónyuge al momento del deceso y la demandada de autos le abonó el subsidio previsto en el art. 2 del decreto ley 9.507/80.
Por lo tanto, no se presenta como eficaz la impugnación que se desentiende de la línea argumental del fallo y se dedica a censurarlo con su propia interpretación del tema —apoyada, esencialmente, en un dictamen recaído en un expediente administrativo— dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento.
II.3. Firme entonces la conclusión del pronunciamiento que declaró como legitimadas activas a las señoras Navarro y Scott con derecho al cobro —de manera concurrente y en partes iguales— de las prestaciones dinerarias por fallecimiento previstas en la ley 24.557, se desvanece la réplica que se sustenta en el invocado efecto extintivo del pago que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. habría llevado a cabo en la cuenta del sucesorio de la señora Petrucci.
Ello es, así pues, de un lado, la crítica se estructura en base a la insistente remisión a constancias obrantes en el expediente administrativo 2020-26903462, el cual no ha sido agregado, ni se ha ofrecido su incorporación, como elemento probatorio a la causa.
Del otro, porque el pago de las prestaciones dinerarias regladas por la ley 24.557 que la demandada denuncia efectivizado no le es oponible a la actora Nancy Esther Navarro, ni a la señora Dora Esther Scott, quienes no intervinieron en las actuaciones caratuladas "Petrucci, María s/ sucesión ab intestato ", donde tramitara el sucesorio de la madre del agente policial fallecido.
No está demás resaltar en el caso la desidia evidenciada por el Fisco provincial durante la sustanciación del proceso, ya que, frente a la concreta petición formulada por el letrado de la parte actora en el escrito electrónico de fecha 5 de noviembre de 2021 —intimándolo para que informe el monto depositado en las actuaciones "Petrucci, María s/ Sucesión ab intestato ", expediente 51753/2019, de trámite por ante el Juzgado de Paz de 9 de Julio, como así también el concepto y fundamento para efectivizarlo; solicitando además se libre oficio al mencionado órgano jurisdiccional para que ordene la indisponibilidad de tales fondos—, y corrido el pertinente traslado por parte del tribunal de trabajo para que se expida (v. proveído de fecha 7-XII-2021), nada hubo de manifestar al respecto.
A ello se agrega que tampoco resulta idónea como sustento del recurso de inaplicabilidad de ley la remisión al análisis y a las ponderaciones plasmadas en el voto del juez del tribunal de grado que quedó en minoría, pues —al no haber hecho mayoría— solo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, pero no constituye el sustento del fallo, el cual se expresa a través de la opinión concordante de los otros dos jueces (causas L. 117.888, "Garrogou", sent. de 29
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