Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65381
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, Pettigiani, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 65.381, "Gianichini de Massera, María Esther c/ Prov. Bs. As. (IPS). Demanda Contencioso Administrativa".
I. María Esther Gianichini de Massera, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), solicitando la anulación de la resolución 437.473/00, mediante la cual la accionada denegó el beneficio pensionario solicitado, así como la resolución 446.577 que rechazó la revocatoria contra la primera.
Como consecuencia de ello, pide se le otorgue la pensión definitiva y se le abonen los haberes adeudados desde que el mismo debió hacerse efectivo, con la imposición de costas a la demandada (v. fs. 7/12).
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado (v. fs. 22/28). Alega la legitimidad del obrar del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires y solicita, en consecuencia, el rechazo de la pretensión promovida.
III. Agregadas las actuaciones administrativas y el alegato de la actora (v. fs. 79/81), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el representante de la actora que, quien fuera en vida esposo de su mandante, el señor Juan Miguel Massera, falleció el día 31 de marzo de 1997 como consecuencia de un cuadro de asfixia por ahorcadura, al haberse suicidado colgándose de una viga.
Agrega que arribó a esta decisión desesperada como derivación directa del padecimiento psiquiátrico que lo afectaba desde hacía varios años, conforme surge de los antecedentes médicos y clínicos aportados al expediente administrativo. Entre ellos destaca el certificado extendido por el doctor Oliver, corroborado por el doctor García Poitevin, quien manifestara que el señor Massera "era portador de depresión endógena reactiva de varios años de evolución cuadro irreversible que condujo al deterioro de las funciones básicas intelectuales" (expte. adm. 2350-43824/98, alcance 3, de 31-V-2000).
Indica que ocurrido el deceso sin que el causante hubiera dado inicio a los trámites tendientes a obtener el beneficio jubilatorio con fundamento en la incapacidad denunciada, su viuda se vio obligada a realizar las diligencias a fin de cobrar la pensión del caso ante el organismo previsional.
Explica que presentada la documentación y antecedentes requeridos por la Administración (expte. 2350-043824/98) el organismo se expidió por resolución 437.473 de fecha 30 de marzo de 2000, denegando el beneficio pensionario solicitado por la señora Gianichini tras considerar que "de las constancias agregadas en autos se desprende que no son suficientes para determinar el grado de incapacidad del causante al 24-IX-93 y 3-VI-96 por lo cual el causante no podría acceder al beneficio de jubilación por invalidez".
Señala que posteriormente la actora solicitó la reapertura del procedimiento administrativo acompañando nuevos elementos de prueba a fin de revertir el decisorio. Expresa que la respuesta del organismo previsional continuó siendo negativa, al dictar con fecha 14 de febrero de 2001 la resolución 446.577 en función a los antecedentes médicos analizados.
Objeta el informe negativo de la Junta Médica del IPS por sucinto y carente de motivación. Asimismo cuestiona que en el mismo no se hubiera podido determinar el grado de incapacidad presentado por el señor Massera, cuando -manifiesta- de los antecedentes médicos acompañados surgiría claramente la afección psiquiátrica denunciada que, según los baremos aplicables, generaría una incapacidad del 70% de la total obrera.
Advierte que la Suprema Corte ha reconocido que la incapacidad del causante podría posibilitar el otorgamiento de la pensión cuando el fallecimiento ocurriere dentro del año de la desvinculación laboral y las causas generadoras del mismo existiesen en esos momentos.
Destaca que en el caso el fallecimiento se produjo nueve meses después de la fecha de egreso laboral, por lo que entiende que esa situación debió interpretarse a favor de la peticionante y concederse el beneficio pensionario a la viuda.
Cita fallos, ofrece prueba y deja planteado el caso federal.
II. La Fiscalía de Estado sostiene la legitimidad de los actos cuya anulación pretende la actora, fundada en que los mismos se ajustan a las normas que rigen la materia.
En primer lugar, menciona una serie de circunstancias que considera relevantes. Así señala que el señor Juan Miguel Massera realizó aportes por un total de 25 años 8 meses con fecha de cese el 3 de junio de 1996.
Advierte que si bien el 23 de julio de 1993 inició trámite a fines de obtener la jubilación ordinaria ante el Instituto de Previsión Social, el mismo resultó archivado el 6 de septiembre de 1993 en virtud de carecer de los años de servicios requeridos. Agrega que el fallecimiento del señor Massera se produjo el 31 de marzo de 1997.
Indica que con fecha 10 de julio de 1998 María Esther Gianichini se presentó ante el IPS solicitando el beneficio pensionario fundado en la incapacidad laborativa de su esposo acompañando historia clínica del difunto.
Subraya que el 27 de abril de 1999 el Área de Juntas Médicas del Instituto de Previsión Social informó que la reclamante no había aportado elementos de diagnóstico que acreditasen fehacientemente incapacidad a las fechas solicitadas (24 de agosto de 1993, ingreso y 3 de junio de 1996, egreso).
Expresa que con fecha 18 de junio de 1999 la señora Gianichini presentó otro informe médico y que en esa oportunidad la auditoría Médica del IPS informó que el certificado médico no resultaba suficiente para determinar incapacidad laboral.
Agrega que previa intervención de los organismos pertinentes que estimaron que debía dictarse el acto administrativo desestimatorio de la pretensión intentada, el IPS resolvió denegar por resolución 437.473/00 el pedido de pensión solicitado por María Esther Gianichini en razón de no reunir el causante los requisitos exigidos por la ley para acceder a un beneficio jubilatorio en los términos de la ley 9.650/80.
Reseña que posteriormente la actora solicitó reapertura del expediente agregando nuevo certificado médico. Con relación a éste, la Junta Médica por informe producido el 9 de agosto de 2000 nuevamente consideró insuficiente la documentación médica para determinar incapacidad en grado invalidante.
Explica que el Instituto de Previsión Social por resolución 446.577 del 14 de febrero de 2001 rencauzó el pedido como recurso de revocatoria y lo rechazó, toda vez que las constancias agregadas por la reclamante no resultaban suficientes para determinar la incapacidad requerida por la norma previsional a las fechas de reingreso y cese en los servicios nacionales.
Señala que con fecha 6 de marzo de 2001 la actora realizó una nueva presentación adjuntando documentación proveniente de la causa penal que se instruyera con motivo del fallecimiento del causante, señalando que el suicidio en que incurriera resultaba demostrativo del estado depresivo que sufría y que lo incapacitaba para cualquier labor.
Advierte que esta nueva presentación fue rechazada por resolución de 7 de febrero de 2002 por entenderse que la misma resultaba improcedente en razón de que se encontraba agotada la vía administrativa.
Manifiesta que ante esta nueva resolución la reclamante se presentó solicitando la nulidad de lo actuado, señalando que su presentación respondía a un pedido de reapertura por medio de la cual se manifestaban nuevos hechos, en virtud de la cual solicitaba al cuerpo profesional del IPS se expidiera si era posible determinar el grado de incapacidad del fallecido Massera.
Finalmente por resolución del 4 de diciembre de 2002 se resolvió rechazar esta nueva presentación, a la cual se le dio el trámite de recurso de revocatoria, con fundamento en que se encontraba agotada la vía administrativa dejando habilitada la instancia judicial, no quedando posibilidad de interponer recurso alguno en sede administrativa de acuerdo con el art. 97 inc. "b" del decreto ley 7.647/70.
Cita fallos de este Tribunal mediante la cual se destaca que la jubilación por invalidez constituye un régimen excepcional.
Destaca que al no haberse acreditado que el señor Massera poseía la incapacidad requerida por el art. 29 del decreto ley 9.650/80 al tiempo requerido, ni haberse probado que la ruptura del vínculo laboral se produjera por un acto de cesantía incausado, no resulta procedente el reconocimiento al derecho jubilatorio por invalidez en los términos de los artículos analizados.
Recuerda por otra parte que el causante no había solicitado el beneficio de jubilación por invalidez, habiendo iniciado los trámites para la obtención de una jubilación ordinaria.
Concluye destacando que la actora no acreditó debidamente la concesión del extremo al que se subordina el otorgamiento de la pensión derivada de la invalidez de quien fuera su cónyuge, por lo cual estima que corresponde el rechazo de la demanda.
Opone prescripción para el supuesto que este Tribunal hiciere lugar a la demanda.
Ofrece como prueba el expediente administrativo y deja planteado el caso federal.
III. De las actuaciones administrativas acompañadas (expte. 2350-43824/98), surgen los siguientes datos útiles para la resolución de la causa:
1. El 10 de julio de 1998, la señora María Esther Gianichini solicitó el beneficio de pensión derivado en la incapacidad laborativa de su cónyuge difunto, Juan Miguel Massera.
Se acompañó certificado de matrimonio de la actora y el causante del 11 de marzo de 1959 (v. fs. 6) y de defunción de Juan Miguel Massera, acaecida el 31 de marzo de 1997 (v. fs. 5).
2. Certificado expedido por la Dirección de Administración de Personal del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de la Provincia de Entre Ríos con el respectivo reconocimiento de Servicios donde consta que el causante al momento del cese acreditó una antigüedad de cinco años y nueve meses (entre 1956 y 1963) habiendo aportado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos (v. fs. 8 y 9).
3. Certificación de Servicios expedida por la Municipalidad de Ramallo de donde resulta que el señor Massera aportó al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, por todo el tiempo en que estuvo en actividad desde el año 1975 hasta 1993, totalizando una antigüedad de diecisiete años, diez meses y veinticinco días (v. fs. 10/16).
4. Planilla de reconocimiento de servicios de Anses, Delegación Concepción del Uruguay, donde se le reconoce la antigüedad de dos años, ocho meses y dieciséis días, desde septiembre de 1995 hasta junio de 1996 (v. fs. 18).
5. Resumen de historia clínica del 16 de diciembre de 1997 emitida por el Director del Centro de Salud Bajada Grande de Concepción del Uruguay (v. fs. 19).
6. Presentación del apoderado de la actora donde se practica una reseña de los distintos servicios prestados por el señor Massera (v. fs. 23/24).
7. Expediente administrativo 2918-244432 iniciado el 23 de mayo de 1993 por el causante donde solicitaba el reconocimiento de servicios, que finaliza con su archivo en julio de 1993 (v. fs. 34).
8. Nuevo resumen de historia clínica de fecha 22 de julio de 1997 donde se reiteran y amplían los términos de la anterior (v. fs. 38/39).
9. El 27 de abril de 1999 el Área de Juntas Médicas del Instituto de Previsión Social informó que la reclamante no había aportado elementos de diagnóstico que acreditasen fehacientemente incapacidad a las fechas solicitadas (24 de agosto de 1993, ingreso y 3 de junio de 1996, egreso) -ver fs. 43-.
10. Con fecha 18 de junio de 1999 la hoy actora presentó otro informe médico de similar tenor al anterior (v. fs. 45 -alcance 2 fs. 2 expte. 2350-43824/98-). La auditoría Médica del IPS informó el 9 de agosto de 1999, que el certificado médico no resultaba suficiente para determinar incapacidad laboral a las fechas 24 de septiembre de 1993 y 3 de junio de 1996 (v. fs. 47).
11. La Asesoría de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Fiscalía de Estado estimaron que debía dictarse acto administrativo desestimatorio de la pretensión intentada, toda vez que no se hallaban reunidos los recaudos del decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994).
12. El Instituto de Previsión Social resolvió el 30 de marzo de 2000, denegar por resolución 437.473/00 el pedido de pensión solicitado por María Esther Gianichini en razón de no reunir el causante los requisitos exigidos por la ley para acceder a un beneficio jubilatorio en los términos de la ley 9.650/80 (v. fs. 57).
13. La actora se presentó solicitando reapertura del expediente agregando nuevo certificado médico (v. fs. 60 -fs. 1 alcance 3-).
14. La Junta Médica por informe del 22 de agosto de 2000 nuevamente consideró insuficiente la documentación médica para determinar incapacidad en grado invalidante (v. fs. 64).
15. Con fecha 14 de febrero de 2001 mediante resolución 446.577 se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto (v. fs. 71).
16. Con fecha 6 de marzo de 2001 la actora realizó una nueva presentación adjuntando documentación proveniente de la causa penal que se instruyera con motivo del fallecimiento del causante, señalando que el suicidio en que incurriera resulta demostrativo del estado depresivo que sufría y que lo incapacitaba para cualquier labor (v. fs. 73).
17. Esta nueva presentación fue rechazada por resolución del 7 de febrero de 2002 por entenderse que la misma resultaba improcedente en razón de que se encontraba agotada la vía administrativa (v. fs. 80).
18. Ante esta nueva resolución la reclamante solicitó la nulidad de lo actuado, señalando que su presentación de fs. 73 respondía a un pedido de reapertura por medio de la cual se “manifestaban” nuevos hechos (v. fs. 83/88).
19. Por resolución del 4 de diciembre de 2002 se resolvió rechazar esta nueva presentación, a la cual se le dio el trámite de recurso de revocatoria, con fundamento en que se encontraba agotada la vía administrativa dejando habilitada la instancia judicial (fs. 97).
IV. Conforme han quedado expuestos los antecedentes de la causa, el asunto objeto de decisión se circunscribe a determinar si a la actora le corresponde el beneficio pensionario solicitado como consecuencia del fallecimiento del señor Juan Miguel Massera.
1. A efectos de decidir respecto a la viabilidad de lo solicitado, es preciso analizar si al producirse su deceso, el señor Massera estaba en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio por invalidez.
2. No existe discusión en torno a la norma aplicable a la situación de autos, toda vez que las partes coinciden -atento la fecha en que se produjo el cese (3 de junio de 1996) y posterior deceso (31 de marzo de 1997) en que el régimen jurídico que rige el caso es el previsto en el decreto ley 9.650/80 (t.o. 1994).
El art. 29 de dicho régimen establece: "Tendrán derecho a la jubilación por invalidez, cualesquiera fueren su edad y antigüedad en el servicio, los afiliados que se incapaciten física y/o psíquicamente en forma total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes laborales, siempre que la incapacidad se hubiera producido durante la relación de empleo, salvo el supuesto previsto en el art. 32...".
Agrega dicho precepto que "la invalidez que produzca en la capacidad laboral una disminución del sesenta y seis por ciento (66%) o más, se considera total".
Por su parte el art. 32 prevé que "cuando se acredite no menos de diez (10) años de servicios con aportes [...] también se tendrá derecho a jubilación por invalidez, si la incapacidad se produjera dentro de los dos (2) años siguientes al acto de cesantía incausado...".
Tal como se desprende de las disposiciones transcriptas, el hecho generador del beneficio de jubilación por invalidez es la existencia de una disminución en la capacidad laborativa del afiliado en el grado establecido por la norma, de modo concomitante a la fecha en que éste dejó de prestar servicios o dentro de los dos años siguientes al acto de cese incausado.
Corresponde, entonces, analizar si la prueba aportada en autos ha logrado acreditar tales extremos.
3. La actora manifiesta que el causante -respecto de quien pretende obtener el beneficio pensionario- sufría una patología psiquiátrica desde hacía varios años, que lo incapacitaba laborativamente. Sostiene que prueba de ello resulta la circunstancia de la muerte producida por asfixia por ahorcadura por parte del señor Massera, al haberse suicidado colgándose de una viga el 31 de marzo de 1997, es decir nueve meses después de la fecha de su egreso.
A fin de acreditar la enfermedad denunciada, la actora acompañó en las actuaciones administrativas varias certificaciones médicas de similar tenor, de los años 1997, 1999 y 2000 de donde resulta que Juan Miguel Massera era un "paciente con antecedentes de depresión endógena tratada con antidepresivos y ansiolíticos desde hace varios años. Presentó recaídas en tres oportunidades, con falta de interés, desaseo personal, apatía [...] ultima recaída [...] en junio de 1996 hasta la fecha del deceso [...] Fdo Dr. Servio Oliver, Director Centro Salud, Bajada Grande, 22-XII-1997" (fs. 38).
Por su parte en la historia clínica agregada a fs. 2 del Alcance 2 del expediente 2350-43824/98, el mismo profesional junto con el doctor Juan A. Barbieri, agregaron que Massera "comenzó a tratarse el 24-IX-1993 con episodios de [...] intentos de suicidio...".
A su vez, fueron incorporados al trámite administrativo, las constancias de la causa penal seguida por la muerte de Massera de donde resulta la causal de asfixia por ahorcadura (v. fs. 73).
Pese a ello, de la documentación acompañada no resulta acreditado que el causante, durante el período posterior al cese, hubiere padecido un deterioro de su capacidad psicofísica que implicara una disminución de la capacidad laborativa mayor al 66%.
Si bien de las certificaciones de historia clínica expedidas por médicos particulares puede suponerse un diagnóstico de depresión endógena sufrida por el causante (v. fs. 19, 39, 45 -Alc. 2, fs. 2-, 73 -Alc. 4-), no se acompañaron estudios complementarios que acrediten la incapacidad invalidante en el grado exigido por el legislador a la fecha jurídicamente relevante.
Pero todos estos elementos fueron contemplados por la Administración al momento de denegar el beneficio (Juntas Médicas de fs. 43, 47 y 64 y resol. fs. 97 expte. adm.); y las Juntas Médicas intervinientes determinaron de modo concluyente que los certificados presentados no eran suficientes para acreditar la dolencia.
Es decir, no pudo demostrarse a lo largo del procedimiento antecedente que las aludidas dolencias hubieran afectado la capacidad laborativa del ahora causante.
Lo propio sucede con la pericia obrante a fs. 60/63. Allí, para comenzar el perito aclara que las conclusiones a las que arribe serán "hipotéticas" y "no de franca certeza absoluta", lo cual da una pauta acerca de la imposibilidad de acreditar la dolencia incapacitante a través de esta medida de prueba. Para más, el experto señala la contradicción que existe en el diagnóstico de depresión "endógena reactiva"; pues, como allí se señala ambos términos serían incompatibles. Ello desmerece aún más las conclusiones de las constancias acompañadas por la actora (v. fs. 61 in fine ).
También se pone de manifiesto la imposibilidad de determinar las características de la patología y el grado de incapacidad laborativa (v. fs. 61 vta.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.