Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78599
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 78.599, "Otegui, Tomás Ignacio contra Prov. Bs. As. Inconstitucionalidad arts. 3 inc. 'e' de la ley 5.177 y 3 inc. 'a' de la ley 10.973", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
I. Tomás Ignacio Otegui promueve acción originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, por la que solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 3 inc. "e" de la ley 5.177 y 3 inc. "a" de la ley 10.973 en cuanto prohíben el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y de martillero y corredor público. Sostiene que resultan contrarios a los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 de la Constitución provincial, sus similares de la Constitución nacional y concordantes de los contenidos en los tratados internacionales de rango constitucional.
Con fundamento en la eventual afectación que la sentencia de autos pueda causar en sus intereses y en los de otros profesionales, pide la citación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio de Abogados de La Plata, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Zárate.
Requiere, además, que con carácter precautorio se declare la suspensión de la aplicación a su caso de las prohibiciones contenidas en las normas que impugna, dejando a salvo una incompatibilidad relativa respecto a su título de abogado cuando actúe en una causa judicial en la que eventualmente pudiera existir una colisión de intereses con motivo del ejercicio de la profesión de martillero y corredor público como auxiliar de la justicia.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. Mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2023, el Tribunal hizo lugar, bajo caución juratoria, a la medida cautelar solicitada y ordenó que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata se abstengan de aplicar al actor el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 —texto según ley 12.277—. Idéntica manda impuso al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Zarate, con relación al art. 3 inc. "a" de la ley 10.973. Ello, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas, para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el actor abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
III. Corrido el traslado de ley, se presentó a contestar la demanda el señor Asesor General de Gobierno, oportunidad en la que se allanó a la pretensión de inconstitucionalidad. En razón de ello, solicitó que se exima a su parte de tener que cargar con las costas, de conformidad con lo que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación de 10-IV-2023).
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires se presenta como tercero citado y también se allana. Solicita que se haga lugar a la demanda, con eximición de costas (v. presentación de 31-III-2023).
IV. Se presentan el Colegio de Abogados de La Plata y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, contestan la citación como terceros efectuada oportunamente por la actora y solicitan se desestime la acción de inconstitucionalidad interpuesta (v. presentaciones de 20-IV-2023 y 17-IV-2023).
V. Agregada la prueba documental, oído el señor Procurador General —quien dictaminó en sentido favorable al progreso de la demanda— y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El actor relata que finalizó sus estudios de abogacía el 30 de junio de 2003 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se matriculó en el Colegio de Abogados de La Plata, dando cuenta de ello el Libro de Registro de matrículas en el Tomo LI, Folio 192.
Continúa narrando que, con posterioridad, el 12 de octubre de 2021 finalizó con éxito la carrera de martillero y corredor público en la Universidad Argentina John F. Kennedy y al querer matricularse en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Zárate obtuvo una respuesta negativa, fundada en la vigencia de su matrícula habilitante como abogado.
Postula la arbitrariedad de las referidas normas por no evidenciarse motivo o fundamento legal a la prohibición de ejercer estas profesiones en forma simultánea ni el perjuicio que ello pudiera provocar.
Dice que no se advierten incompatibilidades absolutas, ya que el título profesional que se obtiene en ambas carreras habilita a realizar tareas que se complementan, enriquecen el conocimiento y garantizan al cliente un asesoramiento completo e integral. En cuanto a las incompatibilidades relativas, solo surge la de ejercer como auxiliar de la justicia en los juicios en los que actúe como abogado y viceversa.
Asevera que las normas impugnadas son absurdas, irrazonables, genéricas, vagas e imprecisas, vulneran derechos consagrados en la Constitución provincial, en la Constitución nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Aduce que resultan violatorias de los derechos constitucionales a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo, a la propiedad, a enseñar y aprender (arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39, 42, 56 y 57, Const. prov. y 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 y concs., Const. nac.).
Señala, además, que las normas que por esta acción cuestiona son inconstitucionales por no superar los parámetros de razonabilidad previstos. Cita al respecto el art. 57 de la Constitución provincial y precedentes de este Tribunal.
II. En su oportunidad, el señor Asesor General de Gobierno se allanó a la pretensión, invocando lo resuelto por este Tribunal en las causas "Napoli"; "Bergaglio"; "Pavanel Egea" y "Krampitz".
Explica que estos antecedentes y la contundencia de sus argumentos justifican el allanamiento por razones de celeridad y economía procesal. También solicita que se haga lugar al beneficio de exención de costas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, también se allana y solicita se haga lugar a la demanda. Señala que el allanamiento que formula satisface todos los requisitos —real, incondicionado, oportuno, total y efectivo— para que su parte sea eximida en costas (arts. 70 y 307, CPCC).
Indica que el colegio profesional ha propiciado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la modificación del art. 3 inc. "a" de la ley 10.973 con la finalidad de derogar la incompatibilidad absoluta que dispone dicha norma y reemplazarlo por un régimen de incompatibilidades relativas.
Asimismo, afirma que este sistema contraría garantías constitucionales y hace referencia a la causa "Napoli" resuelta por esta Suprema Corte.
IV. El Colegio de Abogados de La Plata y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires al contestar la citación como terceros, solicitan el rechazo de la acción de inconstitucionalidad.
Plantean la razonabilidad del régimen de incompatibilidades y prohibiciones establecido en la ley 5.177 cuyo fin es asegurar y afianzar el rol social del abogado como colaborador del juez, al servicio de la justicia y como defensor de los intereses de los clientes.
Así, explican que la prohibición del martillero y corredor público matriculado para ejercer la profesión de la abogacía, no es una incompatibilidad aislada, sino que está inserta en un régimen establecido por el legislador para salvaguardar una función valiosa que no puede verse distraída por el ejercicio de otras profesiones u otros intereses.
Por otro lado, indican que la disposición en cuestión no vulnera el principio de igualdad, toda vez que se aplica por igual a todos los abogados que quieran ejercer, conjuntamente, como martilleros y corredores públicos.
Sostienen que los derechos constitucionales no son absolutos, sino que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio y a las limitaciones indispensables para el orden social.
Agregan que el legislador tiene a su cargo la facultad de disponer todo lo relativo a las condiciones bajo las cuales es permitido el ejercicio de profesiones ligadas a la administración de justicia, sometida solamente al límite de la razonabilidad.
En lo estrictamente tocante a la ley 5.177, señalan que esta tiene por finalidad asegurar y afianzar el rol del abogado, en virtud de la función social que estos cumplen como colaboradores del juez y del servicio de justicia (art. 58). Para ello, afirman que es necesario establecer un régimen de reglas y prohibiciones como modo de garantizar la ética e independencia de dichos profesionales y el correcto desempeño de sus funciones. Así, entienden que la incompatibilidad cuestionada ha sido prevista como parte de un sistema establecido por el legislador para salvaguardar una función valiosa de la distracción que podría causar el ejercicio de otras profesiones, lo que define su razonabilidad y, con ello, el impedimento para intervenir en la cuestión por parte del Poder Judicial.
En ese mismo orden de ideas, justifican la limitación impuesta con el argumento de que cuanto más experto y prestigioso sea un abogado en áreas ajenas al derecho, menor será la jerarquía del servicio que preste ejerciendo su profesión, en perjuicio de aquellos que lo contraten para que defienda sus derechos.
Finalmente, citan varias disposiciones de las normas de ética profesional del propio Colegio de las cuales se desprende —según su criterio— que la esencia del deber profesional de los abogados radica en consagrarse enteramente a los intereses de sus clientes (art. 1), mantener el honor y la dignidad profesional, siendo una forma la dedicación exclusiva (art. 2) y que deben evitar la acumulación de cargos o tareas susceptibles de comprometer su independencia (art. 15, inc. 2). Asimismo, refieren que el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, que regula la profesión de martillero y corredor público, los inhabilita para el ejercicio de cualquier otra profesión o cargo que requiera título habilitante.
V. Corresponde, entonces, tratar las cuestiones puestas a consideración de este Tribunal.
La constitucionalidad del inc. "e" del art. 3 de la ley 5.177 —aunque con relación a la incompatibilidad absoluta dispuesta respecto al ejercicio profesional como contador público— fue analizada por primera vez por esta Suprema Corte en la causa I. 73.106, "Nápoli", sentencia de 8-VI-2020. Con posterioridad, ya referida a la posibilidad de ejercer simultáneamente la profesión de abogado y martillero, este Tribunal se expidió en las causas I. 76.850, "Pavanel Egea" e I.77.363, "Krampitz", ambas con sentencia de 30-V-2023. Los fundamentos de estos precedentes guiarán —en lo pertinente— la solución de esta parcela de la pretensión.
V.1. La Provincia de Buenos Aires, en uso del llamado poder de policía en virtud del cual se encuentra facultada para reglamentar la práctica de todas las profesiones liberales, sin otra limitación que la que se deriva del art. 28 de la Constitución nacional, reguló, a través de las leyes 5.177 y 10.379, el ejercicio de las profesiones de abogado y martillero y corredor público, respectivamente (cfr. art. 121, Const. nac.; "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-537).
Tal potestad ha sido expresamente reconocida por esta Suprema Corte al decir que "dentro de dichas facultades y poderes no delegados se encuentra la de reglamentar el ejercicio de las actividades profesionales dentro de sus jurisdicciones, en la medida que con dicha reglamentación no se alteren sustancialmente los requisitos que al efecto exige la norma nacional, pues ésta es suprema respecto de la norma que dictase la provincia, conforme lo que dispone la Constitución en su art. 31" (cfr. doctr. causas I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000 e I. 73.005, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 26-V-2021).
Expresó también que "si el título habilita para ejercer la profesión, puede concebirse que las autoridades potenciadas para reglamentar dicho ejercicio determinen, dentro de lo razonable, los modos de él según las circunstancias y establezcan requisitos complementarios destinados a asegurar la rectitud y responsabilidad con que la profesión ha de ser ejercida" (cfr. doctr. causas I. 2.085, "Souto", sent. de 8-XI-2000; I. 73.005; I. 73.106; I. 74.052; I. 76.850; e I. 77.363, cits.).
V.2. Siendo ello así, corresponde analizar primeramente si el Poder Legislativo provincial, al establecer dentro de las incompatibilidades absolutas previstas en el art. 3 de la ley 5.177, el ejercicio de la actividad de martillero público, hizo un uso razonable de su potestad reglamentaria o si, por el contrario, al hacerlo infringió derechos y garantías tutelados en la Constitución nacional y en la Constitución provincial.
Como se explica seguidamente, esa potestad reglamentaria ha sido ejercida irrazonablemente en este caso, ya que la transgresión a los derechos del actor es palmaria.
La parte actora dirige su embate constitucional a la afectación de las garantías y derechos de igualdad ante la ley, a la libertad individual, a enseñar y aprender, a trabajar, a la propiedad y al ejercicio de las profesiones liberales, previstos en los arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional.
La Provincia tiene constitucionalmente atribuido el poder de policía para reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, en virtud de lo que disponen los arts. 42 y 103 inc. 13 de la Constitución local.
El poder de reglamentación del que goza es indudable; sin embargo, toda norma reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes del individuo, como lo es la impugnada en autos, para gozar de validez constitucional debe descansar sobre el principio de razonabilidad (art. 28, Const. nac.; doctr. causas B. 63.983, "Servipark SA", sent. de 9-XII-2009; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos SA", sent. de 29-VIII-2017; I. 74.078, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", sent. de 19-IX-2018; A. 75.514, "Martín", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
De allí que, en este punto cobre relevancia el juicio de adecuación de los medios instituidos por el precepto puesto aquí en crisis con la finalidad que procura alcanzar. En consecuencia, la cuestión a esclarecer, reside en establecer si la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 respecto al ejercicio de la profesión de abogados y martillero público encierra una justificación objetiva y razonable. Luego, habrá que indagar acerca de la idoneidad de los medios elegidos para obtener aquel propósito y consultar si existe una relación proporcional entre el costo de las medidas y los beneficios que estas reportan, procurando que el resultado al que se arribe se logre sin mengua del contenido esencial de los derechos involucrados.
En tal cometido, no pueden desconocerse las amplias atribuciones con las que cuenta el legislador en materia de creación y reglamentación del gobierno de las matrículas profesionales y del control interno de los respectivos colegios. Empero, el principio de razonabilidad marca el límite al que se halla sometido para su validez constitucional el ejercicio de la potestad pública y reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (cfr. doctr. causas I. 2.026, "Busada", sent. de 10-V-2000; I. 2.110, "Iriarte Madoz", sent. de 6-X-2004; I. 2.260, "FEB", sent. de 27-II-2008; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; I. 2.522, "Medivid", sent. de 21-IX-2011; I. 2.445, "Lunghi", sent. de 2-X-2012; I. 2.888, "Chicote", sent. de 12-VI-2013; entre muchas otras). Así las limitaciones a los derechos han de basarse en la razón y no ser arbitrarias ni caprichosas, vale decir, que deberán estar impuestas por la necesidad y proporcionadas al fin propuesto (cfr. doctr. causas I. 3.353, "Valentín", sent. de 30-XI-2011 e I. 3.252, "Salvemini", sent. de 21-XII-2012).
V.2.a. El art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 reza: "No podrán ejercer la profesión de abogado por incompatibilidad: Absoluta: [...] e) Los abogados y procuradores que no cancelen su inscripción como escribanos públicos, doctores en ciencias económicas, contadores públicos, martilleros públicos, o cualquier otra profesión o título que se considere auxiliar de la justicia".
Es posible, suponer que el legislador, al prohibir el ejercicio simultáneo de ambas profesiones de forma total, intentó impedir que se generaran eventuales conflictos de intereses, alentando así a los abogados a que desempeñen su profesión con exclusividad.
V.2.b. Dicho esto, corresponde analizar si los medios empleados son idóneos para la obtención del fin perseguido. En este punto advierto que, al consistir la disposición impugnada en una incompatibilidad absoluta, sin distinguir entre la vasta cantidad de supuestos en los que podría converger el ejercicio del derecho con la actividad de martillero público, entonces, no puede sino concluirse en que no existe una adecuada relación entre los costos de la medida con los pocos claros beneficios que podría reportar.
Aun si fuera posible que una prohibición así contribuyera a la prestación de un servicio de excelencia por parte de los abogados provinciales o evitara los conflictos de intereses en los que pudieran quedar inmersos quienes desempeñan ambas profesiones, se evidencia que la decisión de prohibir en forma total no admite matices en el ejercicio de los derechos en juego, lo que genera una fuerte convicción acerca de que la reglamentación los infringe.
V.2.c. Para más, el ejercicio del poder de policía de la Provincia no resulta suficiente para justificar una incompatibilidad absoluta como la cuestionada en autos, en tanto el desarrollo de la función reglamentaria debe propender a equilibrar la práctica de los derechos involucrados en su vinculación con el resto de los intereses que concurren, orientándolo al bien común. Así lo ha considerado este Tribunal al afirmar que "...reglamentar no es prohibir, sino establecer condiciones para determinada actividad, en forma que ésta pueda cumplirse mediante el acatamiento de los requisitos administrativos de forma que el reglamento impone por razones de policía..." (cfr. causas I. 74.078; I. 73.106; I. 74.052; I. 75.716; I. 76.850 e I. 77.363, cits.).
V.2.d. De tal manera, sin perjuicio de la potestad reglamentaria con la que cuenta el legislador provincial, la incompatibilidad absoluta dispuesta en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 que le impide a todos los martilleros públicos, sin distinción alguna, matricularse en el Colegio de Abogados sin antes renunciar a dicha profesión, resulta irrazonable (arts. 28, Const. nac. y 57, Const. Prov.) y con ello, contraria a lo preceptuado en los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional y 11, 27, 31, 39 y 42 de la Constitución provincial que garantizan los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad de industria y comercio, a la propiedad, al trabajo y al ejercicio de las profesiones liberales, en tanto les prohíbe hacer uso del título habilitante que válidamente obtuvieron y los coloca en una s
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